En un sorprendente giro que ha levantado sospechas, la administración libertaria de la Cancillería argentina rechazó mediante un comunicado oficial las operaciones de la petrolera israelí en el yacimiento León Marino, al norte de las islas Malvinas. A pesar de haber sido duramente sancionada en 2022, el gobierno de Milei había tolerado nuevas violaciones al derecho internacional y a la legislación argentina por esa compañía y por el ilegítimo gobierno isleño.
Por Jorge Poblette
Mediante un comunicado oficial, la Cancillería Argentina expresó que “reitera su más enérgico rechazo a las actividades ilegales llevadas a cabo por la empresa NAVITAS PETROLEUM LP en las Islas Malvinas, que opera de manera ilegítima en territorio argentino sin contar con los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos otorgados por la autoridad competente de la República Argentina”.
El comunicado contextualiza el rechazo en la sanción impuesta por el anterior gobierno peronista, al recordar que “mediante la Resolución de la Secretaría de Energía N° 240/2022 del 18 de abril de 2022, la empresa NAVITAS PETROLEUM LP fue declarada clandestina y sus actividades calificadas de ilegales por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin autorización de las autoridades competentes”.
Asimismo, el comunicado manifiesta que el rechazo “incluye las ilegítimas ‘Declaración de Impacto Ambiental’ y ‘Evaluación de Impacto Socioeconómico’ del proyecto ‘Sea Lion’, la extensión de pretendidas ‘licencias’ de producción, la contratación de proveedores de servicios, así como los recientes anuncios de NAVITAS sobre la recaudación de fondos para el desarrollo del reservorio hidrocarburífero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas”.
La sorpresa provocada por la emisión del comunicado radica precisamente en que el rechazo se produce más de un año después de que la mayoría de esos hechos ocurrieran. Navitas presentó la manifestación para la evaluación del impacto ambiental del proyecto en junio de 2024, el llamado a consulta pública en el proceso de evaluación ambiental impulsado por el ilegítimo gobierno isleño fue lanzado el 2 de julio de 2024, la consulta pública estuvo abierta entre julio y agosto de 2024, y la ampliación de ilegítimas “licencias” a favor de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se concretó en octubre de 2024.
Todas esas instancias fueron ampliamente difundidas por la prensa isleña e informadas por medios de comunicación argentinos. El silencio de la Cancillería argentina dio lugar a fuertes y reiterados cuestionamientos de parte del gobierno provincial y de municipios de Tierra del Fuego, de legisladores nacionales y de organizaciones de veteranos de guerra. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue uno de los más críticos. Calificó al gobierno nacional como “cómplice del avance de la explotación ilegal de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur”.
De los hechos rechazados en el comunicado solamente aparecen como novedosos “los recientes anuncios de Navitas sobre la recaudación de fondos”. Tras una exploración exitosa y cumplidas las exigencias de la evaluación ambiental, el proyecto requiere de inversiones para afrontar la etapa de explotación. La posibilidad de un inminente anuncio de ese logro por parte de Navitas sería una de las claves para la interpretación del giro del gobierno libertario. Abriendo el paraguas ante esa posibilidad ahora dice la Cancillería que “la Argentina insta a la empresa referida y a otras entidades a abstenerse de financiar o participar en dichas actividades ilegales, las cuales se encuentran sujetas a acciones legales, administrativas y judiciales conforme a la normativa argentina”. Se trataría de un intento de control de daños, en medio de un escenario crítico marcado por denuncias de corrupción, profundización de la crisis económico-financiera y estruendosa derrota en las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El comunicado “recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales, renovables y no renovables, en el área en disputa resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización”, mencionando en particular a “la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”.
A pesar de este acto de rechazo formal contra Navitas Petroleum, el gobierno de Javier Milei sigue sin condenar el impulso del gobierno británico a acciones que implican actos unilaterales que violan la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la legislación argentina vigente en la materia. Se trata de las Leyes 26.659 y 26.915, las que hacen pasibles de sanciones administrativas y penales a quienes participen en actividades hidrocarburíferas no habilitadas por las autoridades argentinas. De hecho, el comunicado no menciona al Reino Unido, la potencia usurpadora que promueve y autoriza las actividades ilegales de empresas tanto en la actividad hidrocarburífera como en la pesca.
La decisión del gobierno de Milei de no protestar ni difundir comunicados críticos frente a las acciones unilaterales y provocaciones británicas, aun a riesgo de poner en juego los intereses argentinos en la Cuestión Malvinas, ha sido uno de los rasgos más característicos de su política exterior. Diana Mondino, primera canciller del gobierno libertario, llegó subestimar el valor de las protestas diplomáticas como “cartitas que Argentina continuamente ha enviado”.
Tanto el discurso del presidente Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre de 2024 como los discursos de Mondino y su sucesor Gerardo Werthein ante el Comité de Descolonización omitieron toda expresión de condena al colonialismo británico y evitaron exigir que el Reino Unido cese las actividades económicas ilegales que implican la apropiación actual y potencial de recursos naturales en los territorios argentinos que usurpa.
Por el contrario, el gobierno de Milei ha comprometido una posición de cooperación que ha quedado plasmada en el acuerdo Mondino – Lammy, el que reedita las condiciones favorables al Reino Unido que establecía el Pacto Foradori – Duncan de 2016, que fue denunciado por la Argentina el 2 de marzo de 2023 por su carácter lesivo de los intereses nacionales.
Las reacciones al comunicado
La publicación del comunicado de la Cancillería argentina reavivó las críticas a la pasividad del gobierno frente a las acciones y provocaciones británicas. El ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y director editorial de portal Atlántico Sur, Guillermo Carmona a través de su cuenta en la red social X enfatizo en la morosidad de la reacción del gobierno argentino: “Tarde, muy tarde y tras un larguísimo silencio, la Cancillería mileista rechazó los avances de la actividad ilegal de Navitas Petroleum en Malvinas, empresa sancionada en 2022 por violación de la Ley 26.659. Mientras tanto, esa empresa israelí contribuyó financiera y operativamente a que el proyecto León Marino (Sea Lion) alcanzara las condiciones para iniciar la explotación de hidrocarburos” afirmó.
Además, apuntó a la falta de gestiones ante el gobierno israelí, situación que se presenta en un contexto de alineamiento automático e incondicional de Milei y su gobierno con el Estado de Israel. Carmona afirmó que “Ni Milei ni Werthein, en sus viajes a Israel, ni la embajada argentina en ese país pusieron el tema en agenda con un gobierno al que todo otorgan y nada exigen. No hicieron planteo alguno, no tomaron medidas ni realizaron gestiones para evitarlo”.
Por su parte, Gastón Díaz, candidato a Senador Nacional por “Defendamos Tierra del Fuego” y ex Secretario de Gobierno de la Municipalidad fueguina de Río Grande, expresó que lo que parece un giro positivo en la acción del gobierno nacional resulta altamente sospechoso. Desde que Milei asumió, su gobierno nunca hubo condenas ni gestiones ante el gobierno de Israel para frenar estas actividades, ni protestas firmes contra el Reino Unido por la continuidad de la explotación petrolera en territorio argentino ocupado”. Y agregó que “Hoy, justo en vísperas de la llegada a Buenos Aires de un nuevo embajador británico con fuertes vínculos en la industria hidrocarburífera, aparece este pronunciamiento. La coincidencia no es casual y plantea serias dudas sobre si el gobierno está intentando cubrirse frente a las críticas por su inacción o si, por el contrario, prepara el terreno para negocios aún más grandes a costa de la soberanía nacional”.
La sospecha de Díaz se sustenta en los fuertes vínculos que tiene el nuevo Embajador de Reino Unido, David Cairns, con la actividad hidrocarburífera. Diplomático de carrera, Cairns viene de desempeñarse como vicepresidente de la petrolera noruega Equinor y se prevé que asuma su nuevo rol en los próximos días. Esa compañía es titular de permisos en los proyectos de exploración offshore en la plataforma continental argentina y, según informa en su página web oficial, participa “en licencias de exploración tanto en tierra como costa afuera. En tierra firme también tenemos una participación en un bloque productor”. Los vínculos de Cairns con Equinor generaron el rechazo de su nominación por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.
El comunicado oficial de rechazo a las actividades de Navitas Petroleum fue publicado el mismo día en que la Argentina votó en las Naciones Unidas en contra de una resolución que la Asamblea General adoptó en apoyo de la «Declaración de Nueva York», destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, y que pide a Hamás que entregue las armas. De esta manera, el gobierno de Milei demostró una vez más su posición de apoyo incondicional al gobierno de Netanyahu y a los Estados Unidos. En ese contexto resulta improbable que el rechazo a la participación de Navitas Petroleum en actividades ilegales en territorio argentino vaya más allá de lo meramente declarativo.
