El Reino Unido no solo usurpa territorio argentino, sino que además depreda sus recursos ictícolas mientras sostiene, sin inmutarse, el relato de la conservación y la protección de los bienes naturales y ambientales. De las 100 mil toneladas que extraían hace tres años hoy debe suspender la zafra por no contar con una biomasa mínima que alcance las 10.000 toneladas.
Por Jorge Poblette
Las ilegitimas autoridades isleñas de Malvinas optaron el pasado viernes por cerrar abruptamente, diez días antes de lo previsto, el caladero que rodea los archipiélagos como consecuencia de la enorme reducción de la biomasa disponible. Con registros de capturas que rondaban por esos días las 18.000 toneladas compuesta de merluza, calamar patagónico, el calamar illex y el codiciado calamar loligo gahi, la flota gallega que forman 16 buques arrastreros que tienen su base en Vigo, fue notificada sorpresivamente de esta decisión, un síntoma de la depredación que genera la sobrepesca en la parte este y sureste de las islas.
Estrictamente, la noticia, aunque muy preocupante, no es novedosa. Ya en el año 2023 se acortó la segunda temporada debido a las claras evidencias que mostraban el progresivo agotamiento de las pesquerías, como también la ausencia de una estrategia que asegurara la recuperación de los bancos de peces. Según medios especializados, ese año se sumaron, en la primera temporada, unas 45.000 toneladas, pero en la segunda solo alcanzaron 15.000 toneladas antes de que se decidiera suspender la zafra. Esas cifras se encuentran muy lejos del promedio histórico de 60.000 toneladas por campañas.
Hay que tener presente que las zafras pesqueras, en especial la de la especie calamar loligo, se realiza en dos campañas: la primera es la temporada invierno/primavera y la segunda en verano. Si bien en la primera temporada la zafra del 2024 concluyó con 47.500 toneladas de calamar loligo, por primera vez en la historia de la pesquería de este territorio que usurpa el Reino Unido, el ilegitimo gobierno isleño decidió no realizar la segunda zafra por la abrupta caída de la biomasa. La situación es tan crítica que el ilegítimo gobierno isleño no ha podido disimular en la información publicada los preocupantes datos que justifican las decisiones. Es que después de algunos estudios científicos se descubrió que el extremo inferior de la estimación de biomasa estuvo por debajo del umbral seguro de reposición de existencias del FIFD de 10.000 toneladas métricas (TM), el total más pequeño desde 2008. Considerando estos resultados, las ilegítimas autoridades pospusieron el inicio de la temporada de pesca como medida de precaución, y programaron otro estudio para agosto.
En una nota publicada en pAS, se informaba que la pesca es la actividad económica más importante de las Islas Malvinas, representando aproximadamente el 58,3 % del PIB nominal en 2024 lo que representa casi £168 millones, añadiendo que “Entre 2014 y 2024, la participación de la industria pesquera en el PIB nominal ha oscilado entre el 38 % y el 63 %. Es evidente que el sostenimiento de esa colonia o territorio de ultramar como cínicamente lo designan los británicos, deben sus ingresos a los recursos obtenidos de la pesca ilegal.
Con la prórroga de los permisos por 25 años más a partir del 2022, fueron beneficiadas tanto las empresas gallegas como las compañías inglesas con las que forman las joint venture. Se trata de un total de siete compañías que de forma conjunta forman las sociedades mixtas que operan los 16 grandes arrastreros vigueses que participan en la lucrativa captura de calamar loligo. Esta fue la forma en que la flota gallega se aseguró su futuro en este vital caladero situado en el Atlántico suroccidental para 25 años. A cambio, estas nuevas firmas conjuntas pasan a estar bajo el control accionario de los isleños, dado que la condición para acceder a esta nueva licencia exigía que al menos tuviesen un 51% de las acciones de la nueva empresa. Negocio redondo: recursos pesqueros apropiados ilegalmente a la argentina en buques gallegos ahora controlados por los ingleses. Las nuevas licencias otorgadas bajo este esquema corresponde a Argos Group (socio de Pereira), Beauchene Fishing (Marfrío y Copemar), Fortuna (Pescapuerta), RBC (Rampesca), Southern Cross (Chymar) y Seafish y Seaview (Lafonia). Son estas las empresas que los ingresan a España con el producto recogido, los reprocesan y comercialización en toda la Unión Europea como de origen español.
La actividad ilegal realizada por los buques españoles aparece como disruptiva respecto de las posiciones sostenidas por España. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez, con motivo de la visita que hiciera a la Argentina en junio del 2021, acordó con el entonces presidente Alberto Fernández profundizar la asociación estratégica que ambos países vienen desarrollando desde el 2005 en áreas clave como la cooperación, el comercio y la inversión. En aquella oportunidad el mandatario español no dejó lugar a dudas de la posición española en la cuestión Malvinas. Los mandatarios coincidieron en la necesidad de que, en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y de los objetivos de la Carta de Naciones Unidas, incluido el principio de integridad territorial, se reanuden las negociaciones bilaterales con el Reino Unido con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y definitiva a la cuestión de las Islas Malvinas y la de Gibraltar, algo que, como es ya recurrente y conocido, los británicos se niegan a cumplir. Es más, los presidentes acordaron “coordinar posiciones y explorar líneas de trabajo en todos los foros del ámbito multilateral pertinentes”, algo que el gobierno libertario le ha dejado de recordar al gobierno español en un contexto de enfriamiento de las relaciones bilaterales.
La captura de loligo, que alguna vez fue símbolo de prosperidad y estabilidad para las flotas que operan ilegalmente en territorio argentino, se ha transformado en una actividad marcada por la inseguridad y la fragilidad, ya que existe evidencia que muestra que en los últimos cinco años se ha producido un declive persistente y pronunciado, que pone en entredicho la capacidad del recurso para regenerarse a un ritmo suficiente. Esto podría desembocar en un escenario crítico para la sostenibilidad económica y ambiental de la pesquería en la zona de Malvinas.
Aunque el Reino Unido pretende presentarse como líder en desarrollar economías marinas sostenibles en todo el mundo, proteger especies marinas de la sobrepesca y encabezar un esfuerzo internacional para proteger al menos el 30% del océano en 2030, las medidas de conservación ictícola aplicada en esta región usurpada del Atlántico Sur, no han pasado de ser solo una retórica conservacionista que se utiliza como excusa para mantener y en muchos casos expandir el control de un territorio de alto valor geopolítico que además goza, gracias a la explotación de sus recursos naturales, de autosuficiencia económica. Con este objetivo se declaró por ejemplo, la Zona de Conservación y Administración de las Islas Malvinas, una medida unilateral adoptada en 1986, que quintuplicó los ingresos de los isleños y a la vez vulneró la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 1 de diciembre de 1976, y que llama a las partes en disputa a “no innovar.
Argentina, además de seguir haciendo el trabajo político y diplomático en todos los foros internacionales, construyendo oportunidades y nuevas alianzas debe aplicar con severidad las sanciones y multas que prevé la ley para quienes pesquen ilegalmente en aguas argentinas, reforzado significativamente sus capacidades de control marítimo y aéreo mediante la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina, a través del Comando Conjunto Marítimo.
Es fundamental que el patrullaje marítimo y aéreo se continúe complementando con tecnología de monitoreo satelital con Imágenes SAR de la CONAE y el Sistema Guardacostas que emplea la Prefectura Naval Argentina para vigilar y proteger su soberanía y sus recursos en el Atlántico Sur. Son muchas las iniciativas que pueden emprender en forma conjunta países de Sur Global para controlar la sobrepesca y asegurar sus conservación. Mejor coordinación, mas tecnologías, nuevos marcos legales, fomentar el intercambio de información entre muchos otros.
Es evidente que el Reino Unido resiste y en nombre de la seguridad y la preservación busca ampliar su radio de influencia. Con este argumento continúa controlando recursos naturales estratégico en el Atlántico Sur. Desde el punto de vista militar el Reino Unido desde su “Collar de Perlas” atlántico (Islas de Ascensión, Santa Helena y Tristán de Acuña) junto a la ocupación ilegal de Malvinas, proyecta su poder en tres continentes (África, América del Sur y Antártida), estableciendo además sobre tres océanos (Atlántico, Pacífico, e Indico) un control aéreo y marítimo. Esto se expresa en una militarización de toda la región desde la base instalada a partir de 1982 en Monte Agradable en las Islas Malvinas.
Aunque el Reino Unido se ilusiona por perpetuar formas anacrónicas de colonialismo, todos los pueblos del Sur Global han roto la jaula de acero de los imperialismos tardíos. Un nuevo contexto multilateral está en marcha y con él la esperanza de encontrar nuevas formas de construir un sistema internacional donde la fuerza de lugar a la razón y la prepotencia a la justicia.
