La crisis del clima que hoy reúne al mundo en la COP30, en la ciudad brasilera de Belém, no es un hecho casual sino el resultado claro y catastrófico de un sistema económico fallido, autodestructivo. Con moderada expectativa se vienen desarrollando las primeras etapas del encuentro que ha puesto en el centro de la agenda la justicia ambiental para el Sur Global y su financiamiento.
Por Jorge Poblette
A pesar del negacionismo climático de quienes priorizan el beneficio económico destruyendo vidas y naturaleza, está fuera de discusión la relación causal y sistémica que existe entre el capitalismo occidental, en la forma que adquirió tras la Revolución Industrial, y la aceleración destructiva que produce el cambio climático.
Oleadas de calor cada vez más intensas y frecuentes que provocan incendios y degradación de bosques y selvas; sequías prologadas, inundaciones repentinas y lluvias torrenciales; ciclones y huracanes cada vez más potentes y destructivos; acelerado deshielo de los glaciares de montañas y de los hielos de los polos con el consiguiente aumento del nivel de mar y el incremento de las temperaturas de los océanos y su creciente acidificación son algunas de las evidencias que solo una falta absoluta de conciencia ambiental puede desconocer. Pero la maquinaria consumista no parece detenerse. Por el contrario, esta sigue estimulando el uso indiscriminado de petróleo y gas, priorizando la acumulación de riqueza económica por encima de la supervivencia del planeta. Esta mezcla de cinismo y destrucción, la negación de la realidad que sostienen las grandes potencias industrializadas responsables de esta crisis, está condenando a las naciones pobres y emergentes del Sur Global —las menos contaminantes— a sufrir las peores calamidades de este fenómeno. Por ello, la COP30 de Belém no es solo un cónclave sobre Cambio Climático, sino el escenario de una confrontación política donde el Sur deberá exigir el cobro de una deuda histórica y el fin de esta injusticia ambiental.
El cambio climático es, de manera ineludible, una crisis de derechos humanos. A medida que aumentan las temperaturas, se agravan los riesgos para las poblaciones más vulnerables, ubicadas principalmente en los países del Sur Global. Estos riesgos impactan directamente derechos fundamentales como la salud, la vivienda, la alimentación y el agua. La situación se complica aún más por la contaminación del aire derivada de la quema de combustibles fósiles y la aparición de nuevas enfermedades transmitidas por insectos y otros vectores epidemiológicos. También la destrucción de cosechas por eventos climáticos extremos encarece los alimentos y obliga a millones de personas a desplazarse de sus hogares y lugares de origen. Es evidente que la alteración del clima, del cual dependen los sistemas naturales y humanos, rompe el delicado equilibrio de los ecosistemas y desencadena esta crisis.
La COP30, también conocida como Conferencia de las Partes N° 30, es la cumbre anual más importante de las Naciones Unidas, donde casi 200 países están pasando revista a sus compromisos climáticos, negociando acuerdos y medidas para frenar el calentamiento global. Es aquí donde alrededor de 50.000 personas de comunidades científicas, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil arribaron a Belem con un propósito común: decidir cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una transición energética justa.
Fue en la COP21 en el año 2015, con la firma del Acuerdo de París, donde los países miembros fijaron como meta que el planeta no sobrepasara el umbral de calentamiento 1.5°C de temperatura en comparación con el promedio que se registró entre los años 1850 y 1900. Ahora bien, la única forma conocida y viable de lograr esta meta es mediante la reducción drástica y rápida de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente del dióxido de carbono (CO2). El CO2 es un gas natural que existe en la atmósfera y que ayuda a retener el calor que se necesita para mantener la vida en la tierra. Pero desde la Revolución Industrial hace unos 200 años atrás, el capitalismo occidental ha liberado una cantidad masiva de CO2 a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón. Este exceso de CO2 actúa como una “manta” demasiado gruesa que está sobrecalentando el planeta, alterando el clima a límites extremadamente peligrosos. En esencia, la meta 1.5°C es el objetivo, y la reducción de CO2 (y de otros GEI) es el medio para alcanzarlo.
Sin embargo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que es el organismo científico de la ONU encargado de estudiar este fenómeno, en un informe publicado en el año 2023 advirtió que, aunque en teoría es posible alcanzar la meta de 1.5°C, “la realidad es que estamos peligrosamente lejos de dicha ruta y es probable que excedamos el límite de 1,5°C en los próximos 10-15 años. El problema es que un calentamiento global mayor a los 1,5°C nos acercaría a puntos de inflexión peligrosos y agudizaría la gravedad de los impactos climáticos.” En ese mismo informe del 2023 advierte que el calentamiento global causado por las actividades humanas ha alcanzado aproximadamente el 1,1°C por encima de los niveles preindustriales. A la tasa actual de aumento, el organismo científico advierte que es probable que el calentamiento global alcance el límite crítico de 1,5°C entre los años 2030 y 2052. Aunque, como lo señaló en su discurso de apertura el presidente brasileño Lula da Silva, “El año 2024 fue el primero en el que la temperatura media de la Tierra superó en un grado y medio los niveles preindustriales”. Por eso advirtió que “la COP30 será la COP de la verdad. Es el momento de tomarse en serio las advertencias de la ciencia. Es hora de afrontar la realidad y decidir si tendremos o no la valentía y la determinación necesarias para transformarla.”
Aunque en teoría sea aún posible moverse en torno al rango de los 1,5°C, como lo expresó el presidente Lula da Silva, “la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente”. Se trata en definitiva de un tema de celeridad. Para mantener viva esta meta se requiere que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan a la mitad para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050.
Cumbre de los Líderes.
Días previos al inicio de la Cumbre, y para dar impulso político a la mismas, se realizó la llamada Cumbre de los Líderes. Asistieron a ese cónclave 57 jefes de Estado y de Gobierno, un número relativamente moderado, pero con ausencias importantes. Por un lado, faltaron mandatarios abiertamente negacionistas del cambio climático, como Donald Trump y Javier Milei. Ambos buscan siempre, aunque por razones distintas, debilitar el consenso en torno al cambio climático. También faltaron grandes emisores como China que envió a su viceprimer ministro o México que con su ausencia resta fortaleza a los compromisos de más alto nivel. También se hizo notorio la falta del primer ministro de la India Narendra Modi, que representa al tercer emisor mundial de GEI. Por razones de agenda también faltaron a la cita climática Giorgia Meloni de Italia; Mark Carney primer ministro de Canadá; Tayyip Erdoğan presidente de Turquía; el Canciller alemán Friedrich Merz y Vladimir Putin de Rusia entre los más importante. La escasa presencia de líderes latinoamericanos resulta paradójica y preocupante. Además de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y anfitrión y principal impulsor de la cumbre en la Amazonía, asistieron de la región Gabriel Boric presidente de Chile, Gustavo Petro presidente de Colombia y Xiomara Castro presidenta de Honduras. Sin dudas que, aunque asistieron representantes técnicos de todos los países, una menor representación política de América Latina que en anteriores ediciones, debilita la fortaleza de los compromisos que allí se asuman.
En la apertura de la Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes, el presidente de Brasil y anfitrión del encuentro, afirmó que “los intereses egoístas e inmediatos prevalecen sobre el bien común” cuando se trata de la preservación del medio ambiente recordando que este es “el momento de tomar en serio las advertencias de la ciencia”, citando proyecciones que muestran miles de muertes y pérdidas financieras debido al avance del calentamiento global.
En otra parte de su discurso, Lula ataca directamente la conducta hipócrita del Norte Global. Señala primero la desviación de recursos al afirmar que “Las rivalidades estratégicas y los conflictos armados desvían la atención de los recursos que deberían destinarse a combatir el calentamiento global”. Desde una perspectiva geopolítica remarca que los conflictos y las guerras consumen miles de millones de dólares que podrían destinarse a los países del Sur Global para adaptarse al Cambio Climático y acelerar la transición energética. Luego entra de lleno en la demanda de Justicia Climática cuando afirma que “El cambio climático es consecuencia de la misma dinámica que fractura nuestra sociedad entre ricos y pobres. Será imposible contenerlo sin superar las desigualdades entre las naciones”. Con esta afirmación Lula señala que la crisis climática no es consecuencia solo de la emisión de GEI sino de un sistema económico que crea desigualdades, que fractura profundamente a las sociedades. Por un lado, el Norte Global capitalista que está lanzado a acumular riqueza sin limitaciones y por otro el Sur Global que es sometido a un esquema de extractivismo y vulnerabilidad permanente, reproduciendo un esquema injusto de que quienes menos contaminan son los que más sufren los efectos devastadores del calentamiento global.
El financiamiento climático fue otro eje fundamental de la Cumbre. Con el fin de movilizar miles de millones de dólares para que los países en desarrollo puedan implementar sus planes de mitigación y adaptación, se presentó la llamada “Hoja de Ruta de Bakú a Belém”, un plan para movilizar 1.3 billones de dólares anuales en financiamiento climático hasta el año 2035 para financiar acciones contra la crisis climática, con especial atención a los países en desarrollo.
Si bien los países desarrollados son los responsables de aportar la mayor parte de los recursos para que los países menos desarrollados puedan cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NCD), la propuesta subraya la necesidad de redireccionar el financiamiento privado, reestructurando el sistema financiero global para reducir el costo del capital en el Sur Global. El dinero no solo se destinaría a la mitigación, adaptación o protección de la naturaleza como energías renovables, infraestructura y protección de la naturaleza como el Fondo Bosques Tropicales, sino que reconoce que es necesario desvincular la inversión verde de la deuda externa asfixiante que padecen muchas economías emergentes. Solo resolviendo simultáneamente las crisis de la deuda y del clima se podrá garantizar que el Sur Global tenga el margen económico suficiente para liderar la transición energética sin sacrificar su desarrollo.
El papel marginal de la Argentina
La crisis climática en Argentina tiene rostro de sequía y desastre económico, con inundaciones y calores extremos que golpean el corazón productivo del país. A pesar de ello, Javier Milei ha convertido la agenda ambiental en un campo de batalla ideológico. Su exclusivo y temerario alineamiento ideológico y estratégico con Estados Unidos e Israel lo ha transformado en una figura intrascendente para el resto del mundo. En materia de cambio climático su posición es negacionista, escéptica y marginal. Repite, ya sin efecto político alguno, que la crisis climática es un “engaño” o un invento de “socialistas”, rechazando la base científica y el consenso global y mostrando las marcada limitaciones o el grado de malicia que manifiesta para comprender este fenómeno. Una muestra de esta distorsión conceptual fue la que expresó, mediante un escrito, en la reunión de G20 del año 2024, donde se opuso al impuesto a los “superricos” del mundo, una propuesta de Brasil destinada a financiar la lucha contra los grandes problemas globales. El impúdico argumento que utilizó para dejar a los pobres a merced de los poderosos fue afirmar que gravar a los superricos con mayores impuestos impuestos es establecer “un trato desigual ante la ley”. Su insostenible defensa de las sociedades opulentas y de la élite de multimillonarios, así como su cerrada sumisión al relato hipercapitalista deja en claro donde están sus intereses y prioridad de su gestión.
Como resultado, Argentina llegó a la COP30 con una agenda debilitada y una delegación mínima y de bajo perfil. El único compromiso formal fue la presentación de la Tercera Contribución Nacional Determinada (NDC 3.0), un documento cuya ambición ha sido puesta en duda por expertos debido a cambios metodológicos amañados que habilitan mayores emisiones. Argentina subordinó los problemas ambientales al fanatismo ideológico. En este vacío que deja el gobierno nacional, todo el peso de la acción climática recayó en las provincias que, sabiendo las consecuencias económicas de este abandono, se han organizado y resistido como es el caso la Alianza Verde Argentina que conforman Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones y Santa Fe.
La COP30 ha tenido un comienzo moderado debido a las ausencias y tibias promesas de las grandes potencias. El debate continúa en Belem y la promesa de justicia climática esta aún pendiente. Seguiremos de cerca el desarrollo de las negociaciones y la presión social para que las palabras se traduzcan, finalmente, en acciones que aseguren el futuro del planeta.
