El artículo examina críticamente el estado actual de la educación superior en Defensa Nacional, identificando los problemas estructurales que enfrenta la UNDEF bajo la gestión iniciada en 2024, las contradicciones de una política que oscila entre el discurso militarista y el desfinanciamiento real del sector, y la necesidad imperiosa de repensar este campo desde una perspectiva de política de Estado que trascienda las urgencias coyunturales. Asimismo, se proponen líneas estratégicas para un eventual gobierno popular que aspire a reconstruir la defensa nacional como instrumento de soberanía y desarrollo.
Por Guillermo Díaz
Introducción
La educación superior en materia de Defensa Nacional constituye un ámbito estratégico fundamental para cualquier proyecto nacional que aspire a la soberanía y la autonomía. En Argentina, la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) representa el epicentro institucional de esta formación, congregando tanto a militares como a civiles en carreras de pregrado, grado y posgrado orientadas al pensamiento estratégico y la gestión de la defensa. Sin embargo, este espacio neurálgico atraviesa una profunda crisis de conducción que amenaza su misión fundacional y compromete la capacidad del Estado para formar cuadros especializados en un área vital para los intereses nacionales [1][2][3].
El presente análisis examina críticamente el estado actual de la educación superior en Defensa Nacional, identificando los problemas estructurales que enfrenta la UNDEF bajo la gestión iniciada en 2024, las contradicciones de una política que oscila entre el discurso militarista y el desfinanciamiento real del sector, y la necesidad imperiosa de repensar este campo desde una perspectiva de política de Estado que trascienda las urgencias coyunturales. Asimismo, se proponen líneas estratégicas para un eventual gobierno popular que aspire a reconstruir la defensa nacional como instrumento de soberanía y desarrollo, en un contexto geopolítico caracterizado por la incertidumbre y la multipolaridad emergente [4][5].
La UNDEF: trayectoria institucional y misión estratégica
La Universidad de la Defensa Nacional fue creada el 12 de noviembre de 2014 mediante la Ley 27.015, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y bajo la conducción del ministro Agustín Rossi [6]. El ministro expresó claramente la misión fundacional de la institución: “El mayor desafío que tiene la UNDEF es convertirse en un faro y un foro de discusión de debate sobre la problemática de la Defensa Nacional” [7]. Su establecimiento respondió a un objetivo político de largo alcance: afirmar la conducción civil de la defensa nacional y fortalecer la incorporación plena de la educación militar en el sistema de educación superior argentino, consolidando así uno de los pilares fundamentales de las relaciones cívico-militares democráticas [6][8].
La UNDEF se constituyó integrando los institutos universitarios preexistentes de las tres Fuerzas Armadas, incluyendo la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar, configurando una estructura compleja con múltiples unidades académicas distribuidas territorialmente [6][9]. Su misión abarca las ciencias militares en sus tres dominios (tierra, mar y aire), junto con la ingeniería, tecnología, ciencias de la salud, navegación y ciencias sociales aplicadas a las políticas de defensa y el pensamiento estratégico [6]. Esta arquitectura institucional buscaba superar la fragmentación histórica en la formación de recursos humanos para la defensa, que tradicionalmente había estado reservada a las Fuerzas Armadas o a iniciativas puntuales dentro del sistema universitario [9].
El proyecto fundacional de la UNDEF contenía tensiones inherentes entre dos lógicas a menudo contradictorias. Por un lado, la necesaria heteronomía de la educación militar, que responde a objetivos estratégicos definidos políticamente y a necesidades operativas específicas de las Fuerzas Armadas. Por otro, los principios tradicionales de la universidad argentina: autonomía, libertad académica, cogobierno de los estamentos universitarios y gratuidad de la educación pública estatal [6]. Esta tensión constitutiva ha marcado el desarrollo institucional de la universidad a lo largo de sus primeros diez años de existencia, evidenciando los desafíos de integrar la formación militar al sistema universitario sin perder de vista su especificidad estratégica.
Entre 2020 y 2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández, el Dr. Jorge Battaglino fue rector de la UNDEF (2020-2023) y desarrolló una agenda académica orientada a la profesionalización de cuadros civiles y militares, con énfasis en la investigación sobre defensa nacional y la cooperación regional [10][11]. Como señala Battaglino en su análisis académico publicado en la Revista Defensa Nacional, la Defensa Nacional debe comprenderse en tres niveles analíticos distintos: el de las definiciones conceptuales, el de los medios, y el de los fundamentos. Sostiene que “la dimensión de los fundamentos de la Defensa Nacional ha sido virtualmente olvidada tanto en el debate público como en el análisis académico sobre el tema”, siendo que “el nivel de los fundamentos gira en torno a la identificación y explicación de las condiciones políticas que incentivan el interés de los políticos y la sociedad en la Defensa Nacional” [12]. Además, Battaglino advierte que “No hay Defensa Nacional viable sin medios adecuados”, pero que existe un error común al reducir la defensa a una discusión sobre los medios: “Esta aproximación, que reduce la Defensa a una discusión sobre los medios (que obviamente son de suma importancia) no advierte la relevancia conceptual y política de identificar sus determinantes o fundamentos” [12].
Durante el período 2020-2023 se amplió la oferta académica con 16 nuevas carreras de grado y posgrado, incluyendo el Doctorado en Defensa, el primero en su tipo en América Latina, orientado a la investigación estratégica en defensa y seguridad [9]. Se impulsaron políticas de bienestar para el personal de las Fuerzas Armadas, se creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) para el reequipamiento militar, y se publicó el Libro Blanco de la Defensa 2023, que estableció lineamientos de una política de “defensa cooperativa, autónoma y con capacidad de disuasión” [13][14].
Diagnóstico crítico: la crisis de conducción bajo la gestión Milei-Petri-Spota
La asunción de Javier Milei como presidente en diciembre de 2023 y la designación de Luis Petri como ministro de Defensa marcaron un giro radical en la orientación de las políticas del sector [1][2]. El 31 de enero de 2024, el Dr. Julio César Spota asumió como rector de la UNDEF por un período de tres años, en un contexto caracterizado por el discurso gubernamental de “recuperación” de las Fuerzas Armadas [1][2].
Sin embargo, el diagnóstico presentado por el propio rector Spota sobre la situación encontrada al asumir revela una narrativa profundamente sesgada que merece un análisis crítico riguroso. Según el rector, la UNDEF se encontraba en una “composición de lugar colapsada”, con una ratio presupuestaria de 97% destinada a remuneraciones y solo 3% para el resto de las actividades, transformando al rectorado y la Facultad de la Defensa Nacional en “una suerte de cajeros automáticos sin ofrecer por ello prestaciones educativas al público en general” [3][15].
Esta descripción apocalíptica contrasta significativamente con los datos objetivos del período anterior. Durante la gestión 2020-2023, la UNDEF amplió su oferta académica con 16 nuevas carreras de grado y posgrado, incluyendo el primer Doctorado en Defensa de América Latina, orientado a la investigación estratégica [9]. Se promovió la vinculación con organismos científicos nacionales e internacionales, se fortaleció la investigación aplicada a la industria de la defensa, y se consolidó el sistema de formación militar integrado al sistema universitario nacional [9][11]. Estos avances difícilmente pueden conciliarse con la imagen de parálisis institucional que presenta el actual rectorado.
Más revelador aún resulta el contenido ideológico del diagnóstico de Spota, quien afirma que “el kirchnerismo puso énfasis en la política de género y las relaciones cívico-militares” y “se ocupó de todo menos de la Educación en Defensa Nacional” [3]. Esta caracterización desestima arbitrariamente dos áreas fundamentales de cualquier política de defensa democrática: la equidad de género en las instituciones militares y el fortalecimiento de las relaciones cívico-militares como garantía de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político constitucional [16][17].
La acusación del rector de que la gestión anterior intentó “destruir el sistema de Defensa detrás de la idea que los militares son intrínsecamente golpistas” carece de todo fundamento empírico [3]. Por el contrario, durante el período 2003-2023 se construyó en Argentina un modelo de relaciones cívico-militares democráticas reconocido internacionalmente, caracterizado por la estricta separación entre defensa nacional y seguridad interior, un marco institucional y normativo sólido, y el comportamiento profesional de las Fuerzas Armadas en el marco de la vida democrática [18][19][20].
La UNDEF como universidad oficialista: excepción privilegiada en el contexto del ajuste universitario nacional
Uno de los aspectos más paradójicos y reveladores de la política de Milei hacia la educación superior es el trato diferenciado que ha recibido la UNDEF en comparación con las demás universidades públicas nacionales. Mientras que el gobierno mantiene un congelamiento presupuestario brutal para el resto del sistema universitario, la UNDEF ha recibido incrementos presupuestarios extraordinarios que la posicionan como la única universidad oficialista del país.
El ajuste generalizado del sistema universitario
Según datos de créditos vigentes y devengados del Presupuesto Nacional disponibles en el portal Datos Abiertos del Presupuesto Nacional (PEN), entre 2023 y 2025 las universidades públicas nacionales han experimentado una contracción presupuestaria acumulada significativa [21]. El presupuesto total universitario en 2023 fue de $1.385.290 millones. En 2024, este presupuesto fue prorrogado formalmente desde 2023, manteniéndose la cifra de $1.440.397 millones de crédito vigente, pero con recortes reales significativos cuando se ajusta por inflación.
Para 2025, el gobierno asignó $3,8 billones de pesos al sistema universitario nacional. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las más de 60 universidades públicas del país, había solicitado $7,19 billones de pesos, lo que representaría aproximadamente el 1% del PBI nacional. Esta diferencia de $3,39 billones entre lo solicitado y lo asignado refleja el recorte presupuestario sistemático que sufre el sistema universitario argentino bajo la administración Milei.
El gobierno de Milei decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para todo 2024 y extendió esta prórroga hasta 2025, algo que, según referentes del movimiento universitario, nunca había ocurrido en la historia argentina [22].
Esta política ha generado consecuencias catastróficas para la operatividad de las universidades públicas. Dado que más del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios de docentes y no docentes, el congelamiento de recursos ha convertido al personal en la principal variable de ajuste [23]. Los salarios de trabajadores universitarios han experimentado una pérdida significativa respecto a la inflación entre 2023 y 2024, situándolos por debajo de la media del sector público y privado [22][23]. Las transferencias del Gobierno a las universidades nacionales registraron una caída acumulada considerable [24].
La Universidad de Buenos Aires (UBA), como principal institución del sistema, fue declarada por su propia rectoría en crisis de funcionamiento en 2024, con imposibilidad de mantener servicios básicos como iluminación, climatización, mantenimiento de infraestructura y sostenimiento de residencias estudiantiles y comedores [23]. La UBA proyectó que de mantenerse esta situación “podría cerrar sus puertas a mediados de año” [23], alertando además que la medida representaba una amenaza para la continuidad de la educación gratuita que ha formado a varias generaciones de argentinos [23].
El presupuesto extraordinario de la UNDEF: incrementeo destinado a la creación de cargos
En marcado contraste con el ajuste generalizado, la UNDEF ha recibido un tratamiento presupuestario radicalmente distinto. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, representando un incremento interanual del 106% respecto a 2023. Esto significa que mientras la totalidad del presupuesto universitario nacional experimentaba congelamiento y contracción real, la UNDEF recibía un aumento más que duplicado en términos nominales, posicionándola como la institución educativa privilegiada del régimen y evidenciando claramente su rol como universidad oficialista. [25]
Sin embargo, este incremento presupuestario no se expresó ni en aumento real de sueldos para el personal militar y civil, ni en mejoras sustanciales en el funcionamiento académico, ni en fortalecimiento de la investigación o la extensión universitaria [25]. El destino principal de este aumento fue la creación de nuevas posiciones administrativas y la designación de funcionarios de confianza política en cargos de dirección y coordinación.
La gestión Spota ha implementado, según su propio reporte, la “modificación de 17 planes de estudio, creación de institutos de investigación, iniciación de un profesorado universitario y diseño de tres nuevas licenciaturas de grado en la FADENA (Defensa Nacional, Ciberdefensa y Gestión Pública)” [3][26]. Sin embargo, estas iniciativas académicas se presentan como evidencia de “gestión moderna” cuando en realidad fueron acompañadas por la expansión de una estructura burocrática gigantesca, con proliferación de secretarías, direcciones, coordinaciones y asesores que consumieron la mayor parte del incremento presupuestario.
Contradicción ideológica: oficialismo presupuestario vs. autonomía universitaria
La asignación diferenciada de recursos a la UNDEF en el contexto del ajuste generalizado revela una contradicción fundamental en el discurso del gobierno de Milei sobre la educación superior. Mientras el Ejecutivo acusa a universidades como la UBA de “adoctrinamiento, falta de transparencia y gasto irresponsable” [23], castiga con el ajuste presupuestario brutal su pretendida autonomía y capacidad de decisión, otorga a la UNDEF financiamiento extraordinario precisamente porque es una institución donde el gobierno puede ejercer control directo sobre el gasto y la orientación política.
La UNDEF se convierte así en la universidad “modelo” del régimen: dependiente presupuestariamente del Ejecutivo, carente de tradición de resistencia política, con rector designado por decreto, y con personal militar subordinado jerárquicamente. El incremento presupuestario no responde a una evaluación de necesidades académicas o investigativas, sino a la lógica del clientelismo político y la construcción de un aparato de poder ideológico dentro de la institución.
Esta situación viola los principios más elementales del federalismo universitario y constituye una forma de captura institucional. Mientras se desfinancia drásticamente a universidades con tradición de autonomía y pensamiento crítico como la UBA, UNLP, UNC o Universidad Nacional de Rosario, se privilegia presupuestariamente a una universidad de reciente creación, carente de masa crítica de investigadores independientes, y predispuesta a servir como caja de resonancia de las políticas del gobierno de turno.
Los problemas reales: desfinanciamiento y contradicciones de la gestión actual
Desfinanciamiento estructural del sector defensa
A pesar del discurso pro-militar del gobierno de Milei, el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 revela contradicciones flagrantes entre las declaraciones públicas y las asignaciones presupuestarias reales [4][27]. Si bien el presupuesto 2025 contempla nominalmente un aumento en los recursos destinados a Defensa y Seguridad, este incremento nominal debe contextualizarse en el marco de una inflación superior al 200% anual y la devaluación del peso argentino [4][27].
Más grave aún resulta el desfinanciamiento del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), el instrumento legal más importante para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas creado en 2020. La Ley 27.565 estableció que el FONDEF debía recibir porcentualmente del presupuesto nacional: 0,35% en 2020, 0,5% en 2021, 0,65% en 2022 y 0,8% a partir de 2023[28]. Sin embargo, en la práctica, el gobierno de Milei ha suspendido contratos plurianuales del FONDEF y reducido drásticamente su ejecución, eliminando en los hechos este instrumento fundamental de planificación a largo plazo [25][29]. El proyecto de presupuesto 2026 incluye cambios que derogan el inciso 1 del artículo 4° de la Ley N° 27.565, eliminando la progresión de recursos basada en porcentajes del presupuesto nacional [29].
Esta situación ha generado que en 2024 porcentajes significativos del presupuesto del Ministerio de Defensa se destinen a gastos de personal, lo que reduce aún más los recursos disponibles para entrenamiento, adiestramiento y reequipamiento [30]. El impacto en la operatividad del instrumento militar ha sido dramático, con consecuencias visibles en todos los estamentos de las Fuerzas Armadas [30].
Éxodo de personal y crisis operativa
Las consecuencias del desfinanciamiento y la falta de una política salarial sostenible se manifiestan dramáticamente en las cifras de deserción del personal militar. Según datos oficiales, en lo que va del gobierno de Milei, ha habido un porcentaje significativo de uniformados que abandonaron las Fuerzas Armadas [25]. Esta sangría de recursos humanos compromete gravemente la operatividad del instrumento militar y revela la brecha entre el discurso oficial de “respaldo” a las Fuerzas Armadas y la realidad cotidiana de miseria salarial y abandono institucional [25].
La situación se agrava con la profundización de problemas operativos preexistentes: falta de insumos básicos, racionamiento logístico, deterioro de la infraestructura edilicia, y estancamiento en la recomposición salarial [25]. Varios programas de modernización y adquisiciones clave se encuentran paralizados o con ejecución mínima, comprometiendo tanto el sostenimiento de capacidades actuales como la planificación futura [25]. Esta situación contrasta radicalmente con los logros del período 2020-2023, cuando se avanzó en equiparación salarial con las Fuerzas de Seguridad, recuperación de capacidades, aumento del adiestramiento y alistamiento, y fortalecimiento de la conjuntes operativa [25].
Militarización de la seguridad interior y desvío de la misión constitucional
Una de las decisiones más controvertidas del gobierno de Milei ha sido habilitar a las Fuerzas Armadas para colaborar en cuestiones de seguridad interior, derogando el Decreto 727/2006 que establecía límites claros a esta intervención [31]. El Decreto 1112/2024 de diciembre de 2024 establece disposiciones que significan un cambio en la doctrina de relaciones cívico-militares que Argentina había construido durante cuatro décadas [31][32].
Esta decisión implica un retroceso significativo en la construcción de relaciones cívico-militares democráticas en Argentina, país que se caracteriza precisamente por mantener la estricta separación entre defensa nacional y seguridad interior desde la recuperación democrática de 1983[18][19][33]. Como señala el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “la militarización tiende a otorgar mayores niveles de autonomía a las fuerzas militares, a desequilibrar las relaciones cívico-militares y, en consecuencia, a reducir la conducción política del poder civil” [34]. La militarización de la seguridad interior desvía a las Fuerzas Armadas de su misión constitucional de defensa ante agresiones externas, las expone a desgaste operativo en tareas policiales para las cuales no están preparadas ni equipadas, y abre la puerta a potenciales violaciones de derechos humanos [20][33][34].
Crisis en la UNDEF: más allá de la retórica del “orden”
En el caso específico de la UNDEF, más allá del discurso oficial de “racionalización del entramado institucional” y “ordenamiento jurídico-administrativo” [3], las medidas efectivamente implementadas revelan una orientación preocupante. La gestión Spota se jacta de haber modificado 17 planes de estudio, creado institutos de investigación, iniciado un profesorado universitario y diseñado tres nuevas licenciaturas de grado en la FADENA [3][26][2].
Si bien estas iniciativas pueden tener valor académico, su implementación se ha realizado sin debate amplio con la comunidad universitaria, sin evaluación externa de pares, y bajo una lógica verticalista que contradice los principios básicos del cogobierno universitario [3]. La creación del “Portal de Transparencia” que el rector presenta como evidencia de gestión democrática contrasta con el secretismo impuesto mediante disposiciones sobre la adquisición de material de defensa, que establece restricciones en torno a transacciones que involucran recursos públicos [4].
Más preocupante aún resulta la orientación ideológica explícita de la gestión actual. El rector Spota afirma que “el kirchnerismo bregó, y casi consiguió, destruir el sistema de Defensa” y que la UNDEF debe reorientarse hacia “la Defensa Nacional, la Estrategia y la Geopolítica” en contraposición a las “relaciones cívico-militares” [3][35]. Esta falsa dicotomía desconoce que las relaciones cívico-militares democráticas son precisamente la garantía de una defensa nacional eficaz, subordinada al poder político legítimo y orientada a los intereses estratégicos de la Nación [6][18][19].
El déficit de la educación superior argentina en materia de Defensa Nacional
Existe un déficit estructural en la formación sobre Defensa Nacional en el conjunto del sistema universitario argentino. La inclusión de contenidos de Defensa Nacional en carreras afines como Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Administración Pública es limitada en comparación con otras disciplinas estratégicas [36][37].
Como ha documentado Luciano Anzelini, investigador especializado en política de defensa y actualmente Investigador Adjunto del CONICET, la inclusión de contenidos específicos sobre defensa nacional es limitada en muchas carreras universitarias [38]. Su análisis colaborativo titulado “Política de defensa y política militar en Argentina (1983-2015): los desafíos del gobierno político de la defensa” enfatiza que el mayor problema de la Defensa en Argentina no radica únicamente en “el bajo presupuesto militar, la falta de renovación del equipamiento militar”, sino fundamentalmente en “la dimensión de los fundamentos y a cómo operaban desalentado el interés político y social en ella” [39].
Su análisis coincide con el enfoque de Battaglino: el nivel de los fundamentos —es decir, los factores políticos, sociales e ideológicos— es decisivo para explicar la viabilidad de la Defensa Nacional como política pública. Anzelini ha enfatizado que “el gobierno político de la defensa” requiere tanto subordinación militar al poder político como “desempeño de un rol protagónico” de las autoridades civiles “en el establecimiento de definiciones estratégicas para la defensa nacional” [39]. Este énfasis en la conducción política civil es fundamental para comprender los desafíos que enfrenta actualmente la UNDEF en su rol de formar tanto militares como civiles.
La UNDEF, como institución especializada, ha desarrollado una oferta académica que incluye carreras de pregrado, grado y posgrado orientadas específicamente a la formación en defensa nacional. La Facultad de la Defensa Nacional (FADENA) busca “formar cuadros de conducción y gestión tanto civiles como militares bajo principios y valores comunes orientados por la Política de Defensa Nacional en un marco de libertad académica y pluralidad de opiniones” [40]. Sin embargo, esta oferta se limita a una única institución del sistema universitario, cuando debería ser un componente fundamental de la formación en todas las carreras vinculadas a las relaciones internacionales, la ciencia política, y las políticas públicas.
Esta deuda de la educación superior con la inclusión de la Defensa Nacional en sus programas radica en la importancia de formar cuadros civiles especializados que puedan sostener en el tiempo la conducción política de la defensa, preservando tanto la definición de objetivos estratégicos por parte de la política como el carácter profesional de las Fuerzas Armadas [18][39][40]. Sin esta formación sistemática, el Estado carece de perfiles profesionales con capacidades técnicas y estratégicas, generando un vacío con consecuencias visibles en la calidad de las políticas públicas del sector [12][39].
El contexto geopolítico: desafíos para la Defensa Nacional en el siglo XXI
La reflexión sobre la educación superior en Defensa Nacional no puede desvincularse del contexto geopolítico global y regional que enfrenta Argentina en el siglo XXI. El sistema internacional atraviesa un proceso de transición desde un orden unipolar estadounidense hacia un sistema multipolar emergente, caracterizado por la incertidumbre, la crisis de la gobernanza global, y el surgimiento de nuevas potencias que disputan los términos del orden internacional [4][13].
La invasión rusa a Ucrania en 2022, la disputa tecno-comercial entre China y Estados Unidos, y las consecuencias persistentes de la pandemia de COVID-19 han acelerado esta transición, evidenciando la parálisis de las Naciones Unidas como mecanismo de resolución de conflictos y la fragmentación de la arquitectura de seguridad internacional de posguerra [4]. En este contexto, países con estrategias crecientes de autonomía despliegan un comportamiento internacional cada vez más autónomo, articulando recursos de poder y participando activamente en la gobernanza de la agenda global de seguridad internacional [4].
Para América Latina en general, y Argentina en particular, este escenario plantea desafíos y oportunidades estratégicas significativas. La región se caracteriza por un bajo grado de conflictividad interestatal, un porcentaje reducido de gasto en defensa respecto de otras latitudes, y una lógica de seguridad dominada por amenazas no tradicionales o transnacionales, especialmente el crimen organizado y el narcotráfico [13][41]. Sin embargo, la presencia cuasi hegemónica de Estados Unidos a través del Comando Sur y las asimetrías de poder en el hemisferio condicionan la autonomía estratégica de los países latinoamericanos [4][13].
Argentina, como octavo país del mundo en superficie, con recursos naturales estratégicos y un potencial de desarrollo inmenso, enfrenta el desafío de definir una política de defensa que preserve su soberanía e integridad territorial, proteja sus intereses vitales —incluyendo la reivindicación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur—, y contribuya a la estabilidad regional [13][42]. Esto requiere capacidades militares adecuadas, una industria de defensa robusta, cuadros profesionales formados, y una estrategia nacional de defensa consensuada que trascienda los ciclos políticos y constituya una verdadera política de Estado [13][41][42].
El gobierno de Milei, sin embargo, ha optado por una “reorientación estratégica hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos”, marcando un cambio significativo en su política exterior respecto a su antecesor [4]. Esta opción de alineamiento automático con Washington, ejemplificada en la compra de material militar específico y el abandono de proyectos de cooperación Sur-Sur, limita drásticamente el margen de autonomía estratégica del país y subordina la defensa nacional a los intereses geopolíticos de la potencia hegemónica occidental [4][13].
Propuestas para un gobierno popular: reconstrucción estratégica de la educación en Defensa Nacional
Un eventual gobierno popular que aspire a recuperar la soberanía nacional y reconstruir las capacidades estratégicas del Estado argentino debe abordar integralmente la crisis de la educación superior en materia de Defensa Nacional. Las siguientes propuestas se articulan en torno a cinco ejes estratégicos fundamentales:
1. Restitución de la UNDEF como universidad pública democrática y plural
Es imperativo restablecer en la UNDEF los principios básicos de la universidad pública argentina: autonomía académica, libertad de cátedra, cogobierno de los estamentos universitarios, y pluralismo ideológico [6][18]. Esto implica:
Reforma del Estatuto de la UNDEF para fortalecer los órganos colegiados de gobierno (Consejo de Dirección, Consejo Consultivo, Consejos Académicos) con participación efectiva de docentes, estudiantes, graduados y personal no docente, garantizando que las decisiones estratégicas de la universidad sean el resultado de un debate democrático y no de imposiciones verticalistas [6][18].
Designación de autoridades mediante concursos públicos y abiertos, con evaluación de antecedentes académicos por pares, en lugar de designaciones político-partidarias que subordinan la universidad a las urgencias coyunturales del gobierno de turno [11][19].
Recuperación del equilibrio presupuestario que permita destinar recursos suficientes no solo a remuneraciones sino también a investigación, extensión, infraestructura, bibliotecas, y becas estudiantiles. El objetivo debe ser recuperar ratios tradicionales que permitan una universidad multidimensional [3][23].
Fortalecimiento de la carrera docente con concursos transparentes, dedicaciones exclusivas para investigadores, y salarios dignos que permitan atraer a los mejores profesionales civiles y militares al ámbito académico de la defensa [25][38].
Creación de un Consejo Asesor Académico Internacional con participación de universidades de defensa de países de la región (Brasil, Chile, México, Colombia) y socios estratégicos extrarregionalas, que evalúe periódicamente la calidad académica de la UNDEF y proponga mejoras [11][13].
2. Expansión federal de la oferta académica en Defensa Nacional
La formación en Defensa Nacional no puede limitarse a una única universidad ubicada en Buenos Aires. Un proyecto nacional requiere federalización del acceso al conocimiento estratégico [26][40]:
Creación de Centros Regionales de la UNDEF en las distintas regiones del país (NOA, NEA, Cuyo, Patagonia, Centro), aprovechando la infraestructura de las guarniciones militares y estableciendo convenios con universidades nacionales regionales para la dictación conjunta de carreras y posgrados [9][26].
Desarrollo de programas de formación a distancia de alta calidad, con tutorías personalizadas, encuentros presenciales periódicos, y uso de tecnologías educativas avanzadas, que permitan el acceso de estudiantes de todo el país sin necesidad de migración a los grandes centros urbanos [26][40].
Becas integrales para estudiantes del interior que deseen cursar presencialmente en la UNDEF, cubriendo no solo la matrícula (que debe continuar siendo gratuita) sino también alojamiento, alimentación, material de estudio y pasajes, con prioridad para sectores populares históricamente excluidos de la formación universitaria [23][40].
Programas de articulación con escuelas secundarias técnicas y orientadas, que despierten vocaciones tempranas en áreas estratégicas vinculadas a la defensa (ciberseguridad, ingeniería aeroespacial, tecnologías navales, inteligencia estratégica) y preparen a los jóvenes para el ingreso a carreras de la UNDEF [36][40].
3. Inclusión transversal de la Defensa Nacional en el sistema universitario
La formación en Defensa Nacional no puede quedar circunscrita a la UNDEF. Debe constituir un contenido relevante en múltiples carreras del sistema universitario nacional [38][39][40]:
Inclusión obligatoria de contenidos de Defensa Nacional en todas las licenciaturas en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Administración Pública, Historia, Geografía, y otras disciplinas vinculadas al estudio del Estado y las políticas públicas, superando el déficit actual en la mayoría de las instituciones [36][38].
Creación de una red interuniversitaria de estudios de Defensa y Seguridad Internacional, que articule grupos de investigación de distintas universidades nacionales, promueva la movilidad de docentes y estudiantes, y genere publicaciones académicas de alto nivel que contribuyan al debate estratégico nacional [11][13].
Cátedras libres de Defensa Nacional y Soberanía en universidades públicas de todo el país, abiertas a la comunidad, que difundan la cultura de la defensa entre la ciudadanía y superen los prejuicios ideológicos que impiden el debate maduro sobre estos temas estratégicos [13][19].
Posgrados interdisciplinarios en Defensa Nacional dictados conjuntamente por la UNDEF y otras universidades nacionales, que formen especialistas en áreas críticas: geopolítica sudamericana, industria para la defensa, ciberdefensa, inteligencia estratégica, economía de la defensa [40][43].
Programas de investigación científica aplicada financiados por el Estado, que vinculen universidades, institutos del CONICET, y empresas del complejo militar-industrial para el desarrollo de tecnologías críticas (radares, satélites, drones, ciberseguridad, energía nuclear) con participación de investigadores civiles formados en las universidades públicas [9][38].
4. Formación de cuadros civiles para la conducción política de la Defensa
Una de las carencias más graves del sistema argentino de defensa ha sido la escasez de profesionales civiles con formación específica para ejercer la conducción política del sector [39][40]:
Programa Nacional de Formación de Cuadros Civiles en Defensa, con becas integrales para graduados universitarios de excelencia que deseen especializarse en gestión de la defensa, política militar, inteligencia estratégica, y otras áreas críticas, con compromiso de incorporación posterior al Ministerio de Defensa, el Congreso Nacional, o gobiernos provinciales [12][19][39].
Escuela de Altos Estudios de Defensa Nacional, dependiente de la UNDEF, que forme anualmente a funcionarios civiles de carrera (diplomáticos, legisladores, asesores ministeriales, intendentes, gobernadores) en temas estratégicos de defensa, fortaleciendo la comprensión política del sector más allá de los especialistas técnicos [11][40].
Fortalecimiento de la Maestría en Defensa Nacional con orientaciones específicas en política de defensa, inteligencia estratégica, industria para la defensa, ciberdefensa, y defensa y desarrollo, que formen cuadros superiores para la conducción estratégica del sector [40][43].
Creación del Doctorado en Estudios Estratégicos y Defensa Nacional, que forme investigadores de alto nivel capaces de producir conocimiento original sobre las problemáticas específicas de Argentina en materia de defensa, seguridad internacional, y geopolítica regional [9][38].
Concursos transparentes para cargos de conducción en el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto, y los estados mayores de las Fuerzas, priorizando la idoneidad técnica y la formación académica específica por sobre las lealtades político-partidarias, garantizando continuidad de políticas más allá de los cambios de gobierno [18][39][40].
5. Reconstrucción de una política de Estado en Defensa Nacional
La educación superior en Defensa Nacional solo tendrá sentido estratégico si se articula con una política de Estado integral que devuelva a la defensa la centralidad que merece en el proyecto nacional [13][39][41]:
Elaboración de una Estrategia Nacional de Defensa consensuada en el marco del Consejo de Defensa Nacional (CODENA) con participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y organismos científico-tecnológicos, que establezca objetivos estratégicos, escenarios de conflicto, capacidades militares necesarias, y recursos requeridos para un horizonte de 20 años [13][41][42].
Restablecimiento y fortalecimiento del FONDEF como instrumento central del reequipamiento de las Fuerzas Armadas, garantizando la asignación de recursos según lo establecido por ley, priorizando la industria nacional, la sustitución de importaciones, y la generación de empleo calificado [28][29][41].
Reactivación de la industria de defensa nacional (FAdeA, TANDANOR, Astillero Storni, fábricas militares) como polo de desarrollo tecnológico con capacidad de exportación, articulando con universidades públicas para la formación de ingenieros y técnicos especializados, y con el sistema científico para I+D aplicada [44][45]. Como señala el análisis especializado, resulta imperativo que “el sistema de I+D+P+i Nacional domine y desarrolle de manera autónoma, al menos, el conjunto de aquellas tecnologías definidas como estratégicas”, lo que “repercutirá indefectiblemente en un incremento de la soberanía de nuestra Nación” [46].
Plan de equiparación salarial y mejora de condiciones laborales para el personal militar y civil de las Fuerzas Armadas, que detenga la sangría de recursos humanos calificados y permita la profesionalización efectiva del instrumento militar [25][29].
Reafirmación de la separación estricta entre defensa nacional y seguridad interior, derogando el Decreto 1112/2024 y restableciendo el marco legal que impide la militarización de las tareas de seguridad pública, garantizando que las Fuerzas Armadas se concentren en su misión constitucional de defensa ante agresiones externas [31][33][34].
Fortalecimiento de la cooperación regional en defensa, en el marco de iniciativas sudamericanas como el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) —en el contexto de UNASUR si se reconstituye, o a través de MERCOSUR— y acuerdos bilaterales con Brasil, Chile y otros socios estratégicos, promoviendo la autonomía sudamericana frente a las presiones de las potencias extrarregionalas y construyendo una identidad de defensa regional basada en valores compartidos de paz, democracia y desarrollo[43][47][48]. Como ha señalado la literatura especializada, “la participación regional en mecanismos de cooperación militar hasta hace décadas impensadas, como la creación de fuerzas de paz combinadas, representa un impulso hacia la cooperación entre los países y sus Fuerzas Armadas” [43].
Política de transparencia y control democrático sobre las adquisiciones de material militar, con informes periódicos al Congreso, participación de la Auditoría General de la Nación, y publicación de los contratos principales (respetando las necesarias reservas operativas pero evitando el secretismo que facilita la corrupción) [4][20].
Conclusión: la Defensa Nacional como proyecto estratégico popular
La crisis actual de la educación superior en materia de Defensa Nacional en Argentina no es un problema meramente técnico o administrativo. Es, fundamentalmente, una cuestión política que refleja la ausencia de un proyecto nacional estratégico de largo plazo, la subordinación a intereses geopolíticos externos, y el desmantelamiento sistemático de las capacidades estatales construidas durante décadas de esfuerzo colectivo [25][29][13].
La UNDEF, como institución clave en este campo, atraviesa una crisis de conducción caracterizada por el verticalismo autoritario, el sesgo ideológico explícito, la retórica triunfalista que oculta el desfinanciamiento real del sector defensa en general, y el abandono de los principios básicos de la universidad pública democrática [3][25][40]. La paradoja más evidente es que la UNDEF ha recibido un incremento presupuestario extraordinario mientras el resto del sistema universitario público sufría ajustes significativos, pero ese aumento extraordinario fue canalizado exclusivamente hacia la creación de cargos administrativos y designaciones político-partidarias, sin impactar positivamente en la calidad académica, los salarios del personal, o la investigación estratégica [25].
Esto revela el carácter oficialista de la institución y su transformación en instrumento de consolidación del poder político antes que en universidad al servicio del conocimiento estratégico nacional. Esta situación se inscribe en una política más amplia del gobierno de Milei hacia el sector defensa, marcada por la contradicción entre el discurso militarista y el ajuste presupuestario brutal, la militarización de la seguridad interior, el desmantelamiento del FONDEF, y el alineamiento automático con Estados Unidos que limita la autonomía estratégica nacional [25][29][31][4].
Un eventual gobierno popular que aspire a reconstruir la soberanía nacional debe comprender que la Defensa Nacional no es un gasto prescindible sino una inversión estratégica fundamental para un país con las dimensiones territoriales, los recursos naturales, y las potencialidades de desarrollo de Argentina [13][41]. Como expresó el ministro Agustín Rossi en su caracterización de la importancia de la política de defensa: “Hace a la autoestima de un pueblo tener política de defensa” [49]. Esto requiere repensar integralmente la educación superior en este campo, transformando a la UNDEF en una verdadera universidad pública democrática y plural, expandiendo federalmente la oferta académica, incluyendo transversalmente los contenidos de defensa en el sistema universitario, formando cuadros civiles para la conducción política del sector, y articulando todo esto con una política de Estado en Defensa Nacional consensuada por las fuerzas políticas nacionales y populares[13][39][40][41]. La formación de profesionales civiles y militares en Defensa Nacional no es un lujo académico sino una necesidad imperiosa para cualquier proyecto de país que aspira a la independencia, la soberanía, y el desarrollo autónomo en un sistema internacional crecientemente multipolar e incierto [4][13][39]. El desafío histórico que interpela a las fuerzas nacionales y populares argentinas es el de construir en democracia y con conducción política civil, una defensa nacional que sea instrumento de soberanía, garantía de paz regional, y palanca de desarrollo nacional. Ese esfuerzo de largo plazo, contraponiendo los intereses populares a las lógicas del ajuste, la militarización de lo social, y la subordinación a potencias hegemónicas, constituye una de las pruebas decisivas de un eventual gobierno popular.
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