Mediante un fallo escandaloso, la Corte Suprema de Justicia argentina ha confirmado el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri, de los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de ocho agentes de ese organismo en la causa por el espionaje ilegal que padecieron los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La mayor tragedia militar ocurrida en la Argentina desde la Guerra de Malvinas suma así nuevas tragedias provocadas por la impunidad consagrada por el Poder Judicial.
Por Guillermo Carmona
Dentro de dos semanas se cumplirán ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan en el que perdieron la vida sus tripulantes, 43 hombres y una mujer, integrantes de la Armada Argentina. A pesar del enorme cúmulo de pruebas contra funcionarios políticos, militares y de inteligencia que reunieron las causas judiciales abiertas, de una minuciosa investigación legislativa que determinó responsabilidades políticas y administrativas, y de las sanciones del Consejo de Guerra a los militares involucrados, no se han determinado responsabilidades penales. Como si eso no fuera suficientemente grave, en una de esas causas, en la que se encontraban bajo proceso por el espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes el ex presidente Mauricio Macri, los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y ocho agentes de ese organismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de confirmar el sobreseimiento de quienes estaban sometidos a juicio por razones formales. Debe tener en cuenta que en este caso lo formal no tiene que ver con vicios de forma en el proceso penal, sino con lo formal en sentido literal: el formato con el que se presentó el recurso de queja a la Corte, es decir la cantidad de páginas, el tipo y tamaño de letra utilizado, el interlineado… Un verdadero escándalo si se tiene en cuenta la gravedad de los delitos atribuidos a los procesados.
La noticia de la confirmación del sobreseimiento en la causa por espionaje ilegal se conoció tras las elecciones del pasado domingo en las que se impuso el oficialismo. Fue parte de una catarata de fallos en los que se beneficiaron figuras aliadas del mileismo, entre ellos Mauricio Macri y otros ex funcionarios de su gobierno, y se rechazaron en tiempo record apelaciones que habían sido planteadas por dirigentes opositores en diversas causas.
Estos fallos confirman que la conducta de los integrantes del máximo tribunal de la Argentina y sus decisiones se acomodan al contexto político y son expresión de una escandalosa doble vara judicial que favorece a oficialistas y condenar a opositores del actual gobierno. El propio presidente Javier Milei se jactó semanas atrás, durante la campaña electoral, de haber logrado la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En medio de esa trama de abierta partidización de la administración de justicia quedó atrapada la causa por el espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes. A partir de esa decisión quedó consagrada la impunidad de los responsables de acciones de espionaje contra quienes sufrían el dolor por la pérdida de sus familiares y padecían el maltrato y hostigamiento del macrismo.
El espionaje contra los familiares
Escribo esta nota embargado por un sentimiento de profunda indignación. Como diputado nacional fui impulsor e integrante de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición y Búsqueda del Submarino ARA San Juan y testigo de los múltiples padecimientos a los que fueron sometidos los familiares de los tripulantes por Macri y su gobierno. He sostenido públicamente en distintos ámbitos y ocasiones la existencia de un plan de impunidad para blindar a los ex funcionarios macristas de las responsabilidades que les corresponden por las circunstancias de la búsqueda y por la desaparición del submarino. En la Comisión Bicameral tuvimos que lidiar con la ejecución de ese plan y considero que logramos ponerlo en evidencia y desarticularlo. Sin embargo, en el ámbito judicial el plan macrista ha obtenido claros resultados, entre ellos la dilación del proceso penal que se tramita en la Provincia de Santa Cruz y, ahora, el sobreseimiento en la causa de espionaje ilegal. El fallo de la Corte, su contenido y las circunstancias que lo rodean lamentablemente confirman mis aseveraciones.
Aunque la denuncia por el espionaje ilegal cobró fuerza en 2020, cuando la interventora de la AFI Cristina Caamaño hizo público y aportó pruebas sobre la existencia durante gobierno de Macri de un sistema de espionaje ilegal con finalidades políticas, los familiares ya habían planteado en 2018 ante la Comisión Bicameral la sospecha de que estaban siendo espiados. Abundaron los testimonios en tal sentido: “Los familiares habíamos hecho una queja sobre este tipo de espionaje, sentíamos que el gobierno nos perseguía. Había infiltrados en los grupos que se hacían pasar por amigos de los tripulantes. El teléfono se me tildaba o se reiniciaba solo. Compartíamos información entre los familiares de lo que encontrábamos en las computadoras de los tripulantes y, a los días, el celular se formateaba y la información se perdía. Las mujeres eran seguidas en la calle por personal de civil”, comentó en una entrevista Miguel Toconás, hermano de uno de los tripulantes.
La Comisión Bicameral hizo la denuncia penal correspondiente y exigió explicaciones al Poder Ejecutivo. Los hechos fueron negados y minimizados por el oficialismo. La derrota electoral del macrismo y la llegada del Frente de Todos al gobierno provocó un giro inesperado. En 2020 fue encontrada en los discos duros de una computadora en la base de la AFI en Mar del Plata la información de las tareas de inteligencia realizadas contra los familiares, quedando evidenciado que lo denunciado por los familiares efectivamente había ocurrido. La interventora Caamaño y el ministro de Defensa Agustín Rossi hicieron público el hallazgo y el aporte de las pruebas al Poder Judicial. En esa ocasión, Rossi señaló que “En lugar de contener y lograr apoyar el reclamo, por parte de los familiares, los investigaron, lo cual muestra una cabeza absolutamente perversa para haber tomado una decisión de esas características”.
Los hechos de espionaje son incontrovertibles. La propia justicia reconoció que el organismo de inteligencia realizó seguimientos, tomó fotografías y recolectó información personal de los familiares entre 2017 y 2018, mientras estos reclamaban saber el paradero de sus seres queridos. Los informes detallaban, por ejemplo, la infiltración de agentes en grupos de familiares o el monitoreo de quienes se acercarían a reunirse con el entonces presidente Macri.
La polémica surgió a partir de la justificación judicial de tales actividades. La Sala I de la Cámara Federal porteña, cuyos jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron incorporados durante el gobierno de Cambiemos, revocó en 2022 el procesamiento inicial de Macri. Argumentó que el espionaje se enmarcaba en la protección de la seguridad del Presidente y la seguridad nacional.
Posteriormente, la Cámara de Casación, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, confirmó este criterio. Yacobucci fundamentó que el Estado tiene la potestad de controlar “desde manifestaciones de apoyo […] hasta protestas sociales si existe algún riesgo para el Poder Ejecutivo”. En disidencia, la jueza Ángela Ledesma advirtió que este razonamiento “habilitaba una implicación adecuada de las funciones de inteligencia por fuera del marco legal” y equivalía a dar “vía libre a los servicios de inteligencia”.
El caso de espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan es una de las manifestaciones más dolorosa de un sistema de espionaje ilegal mucho más extenso orquestado desde el Estado durante la presidencia de Macri.
La justicia ha sepultado investigaciones sobre otros casos de espionaje durante el macrismo, lo que consolida la percepción de un “encubrimiento que practica el partido judicial”, según criticó el diputado Leopoldo Moreau. Entre estas causas se encuentran:
· El caso “Súper Mario Bros”, en el que la Cámara Federal exculpó a la cúpula de la AFI argumentando que los agentes que espiaban lo hacían como “cuentapropistas”.
· El espionaje con las “bases AMBA”: Donde la impugnación vino por la forma de recolectar la evidencia, lo que terminó beneficiando a los imputados.
· La llamada “mesa judicial”: Una causa que investigaba aprietes a jueces y fiscales y que fue cerrada rápidamente por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Fuera de estos expedientes, fiscales federales han pedido investigar si Macri encabezó un “plan sistemático” de espionaje que incluyó a figuras políticas de todo el espectro, desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta aliados como el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora María Eugenia Vidal. Asimismo, se han revelado operativos de inteligencia sin autorización judicial contra más de 400 periodistas, académicos y líderes sociales, para quienes la AFI confeccionaba perfiles ideológicos y políticos.
