Foto: familiares de los tripulantes del ARA San Juan encadenados en Plaza de Mayo exigiendo la continuidad de la búsqueda del submarino, 2018.
Con un fallo escandaloso, la Corte Suprema de Justicia argentina ha confirmado el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri, de los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de ocho agentes de ese organismo en la causa por el espionaje ilegal que padecieron los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La mayor tragedia militar ocurrida en la Argentina desde la Guerra de Malvinas suma así nuevas tragedias provocadas por la impunidad que consagra el Poder Judicial.
Por Guillermo Carmona
Dentro de dos semanas se cumplirán ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan en el que perdieron la vida sus tripulantes, 43 hombres y una mujer, integrantes de la Armada Argentina. A pesar del enorme cúmulo de pruebas contra funcionarios políticos, militares y de inteligencia que reunieron las causas judiciales abiertas, de una minuciosa investigación legislativa que determinó responsabilidades políticas y administrativas, y de las sanciones del Consejo de Guerra a los militares involucrados, hasta el momento no se han determinado responsabilidades penales.
Como si eso no fuera suficientemente grave, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de confirmar el sobreseimiento de quienes estaban sometidos a juicio en una de esas causas, en la que se encontraban bajo proceso por el espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes el ex presidente Mauricio Macri, los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y ocho agentes de ese organismo. El fallo rechaza el recurso planteado por uno de los familiares razones formales, pero en este caso lo formal no tiene que ver con vicios de forma en el proceso penal –como sería, por ejemplo, el incumplimiento de garantías procesales para los acusados o irregularidades en el procedimiento-, sino con formalidades en sentido literal, es decir relativas al formato con el que se presentó el recurso de hecho referidas a la cantidad de páginas, el tipo y tamaño de letra utilizado, el interlineado, etc. De esta manera la Corte impuso el ritualismo por sobre la verdad de los hechos (incurriendo en lo que se denomina en la doctrina “exceso ritual manifiesto”), utilizándose el argumento formal para liberar de responsabilidades a un ex presidente que logró blindarse judicialmente mediante la designación de jueces y fiscales. Un verdadero escándalo.
El contexto de la decisión de la Corte importa y mucho. La noticia de la confirmación del sobreseimiento en la causa por espionaje ilegal se conoció tras las elecciones del pasado domingo en las que se impuso el oficialismo. Fue parte de una catarata de fallos en los que se beneficiaron figuras aliadas del mileismo, entre ellos Mauricio Macri y otros ex funcionarios de su gobierno, y se rechazaron en tiempo record apelaciones que habían sido planteadas por dirigentes opositores en diversas causas.
Tales fallos confirman que se mantiene incólume el esquema de impunidad que construyó Mauricio Macri mediante la designación de fiscales y jueces afines, que las decisiones de los integrantes del máximo tribunal de la Argentina ocurren siguiendo el ritmo de la política y que son expresión de una escandalosa doble vara judicial que favorece a oficialistas y condena a opositores, por un lado. El grado de explicitación de la parcialidad y funcionalidad al poder quedó al descubierto cuando el propio presidente de la Nación se jactó semanas atrás, durante la campaña electoral, de haber logrado la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En medio de esa trama de abierta partidización de la administración de justicia quedó atrapada la causa por el espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes. A partir de esa decisión quedó consagrada la impunidad de los responsables de acciones de espionaje contra quienes sufrían el dolor por la pérdida de sus familiares y padecían el maltrato y hostigamiento del macrismo mientras reclamaban por la búsqueda de sus seres queridos.
El plan de impunidad
Escribo esta nota embargado por un sentimiento de profunda indignación. Como diputado nacional fui impulsor de la creación de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición y Búsqueda del Submarino ARA San Juan e integrante de la misma. En tal rol fui testigo de los múltiples padecimientos a los que fueron sometidos los familiares de los tripulantes por Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad y altos mandos militares. He sostenido públicamente en distintos ámbitos y ocasiones la existencia de un plan de impunidad para blindar a los ex funcionarios macristas de las responsabilidades que les corresponden por las decisiones que derivaron en el hundimiento del submarino y por las irregularidades en su búsqueda.
En la Comisión Bicameral tuvimos que lidiar con los obstáculos que el oficialismo oponía para que la investigación no avanzara, la atención se desviara y los funcionarios macristas evitaran tener que dar explicaciones. En el diseño de ese plan participaron altos funcionarios del ejecutivo y las principales espadas legislativas del oficialismo en la Comisión Bicameral. El principal exponente de la política obstaculizadora y dilatoria fue el entonces diputado Luis Petri, hoy ministro de Defensa.
En el ámbito parlamentario, la ejecución del plan de impunidad quedó frustrada por la conjunción de la presión de una opinión pública altamente sensibilizada con la tragedia, la presencia y reclamo constante de los familiares, y la acción incisiva de los legisladores y legisladoras opositores que integrábamos la comisión. La participación en carácter de asesores de especialistas en las materias involucradas en la investigación aportó rigurosidad a la investigación. La Comisión Bicameral desarrolló sus tareas de acuerdo a la agenda acordada, recabó y sistematizó la información exigida a organismos estatales –tanto civiles como militares-, logró la comparecencia de funcionarios políticos y militares, recibió testimonios, y emitió un informe que hasta el momento constituye el aporte más importante para el conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido.
En el ámbito judicial, en cambio, el plan macrista obtuvo resultados favorables, entre ellos la dilación del proceso penal que se tramita en la Provincia de Santa Cruz –lejos de la atención mediática y política del escenario porteño- y, ahora, el sobreseimiento en la causa de espionaje ilegal. El fallo de la Corte, su contenido y las circunstancias que lo rodean confirman lamentablemente mis aseveraciones en torno a la trama de impunidad que se montó en torno a los procesos judiciales en curso.
El espionaje contra los familiares
Aunque la denuncia por el espionaje ilegal cobró fuerza en 2020, cuando la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció y aportó a la justicia pruebas sobre la existencia de un plan sistemático de espionaje ilegal con finalidades políticas durante gobierno de Macri, los familiares ya habían planteado en 2018 ante la Comisión Bicameral la sospecha de que estaban siendo espiados. Abundaron los testimonios en tal sentido. Uno de ellos, el testimonio de Miguel Toconás, hermano uno de los tripulantes, lo sintetizó con claridad: “Los familiares habíamos hecho una queja sobre este tipo de espionaje, sentíamos que el gobierno nos perseguía. Había infiltrados en los grupos que se hacían pasar por amigos de los tripulantes. El teléfono se me tildaba o se reiniciaba solo. Compartíamos información entre los familiares de lo que encontrábamos en las computadoras de los tripulantes y, a los días, el celular se formateaba y la información se perdía. Las mujeres eran seguidas en la calle por personal de civil”.
La Comisión Bicameral formalizó la denuncia penal correspondiente y exigió explicaciones al Poder Ejecutivo. Los hechos fueron negados y minimizados por el oficialismo. La derrota electoral del macrismo y la llegada del Frente de Todos al gobierno provocó un giro inesperado. En 2020, la información de las tareas de inteligencia realizadas contra los familiares fue encontrada en los discos duros de una computadora de la base de la AFI en Mar del Plata, quedando evidenciado que lo denunciado por los familiares efectivamente había ocurrido. Las pruebas del espionaje ilegal contra los familiares fueron localizadas en el marco de otro procedimiento ordenado por el Juzgado Federal de Dolores en el caso de espionaje y armado de causas contra empresarios y opositores que tuvo como protagonista al falso abogado Marcelo D’Alessio.
La interventora Caamaño y el ministro de Defensa Agustín Rossi hicieron público el hallazgo y el aporte de las pruebas al Poder Judicial. En esa ocasión, Rossi señaló que “En lugar de contener y lograr apoyar el reclamo, por parte de los familiares, los investigaron, lo cual muestra una cabeza absolutamente perversa para haber tomado una decisión de esas características”. Luego, como interventor de la AFI en reemplazo de Cristina Caamaño, Rossi sostuvo que “Macri no solamente ordenó el espionaje, sino que fue usuario directo de lo producido por ese espionaje” ya que la información obtenida ilegalmente “fue utilizada por el propio Macri en la reunión que tuvo con los familiares del ARA San Juan”.
La investigación judicial, que inicialmente estuvo a cargo del juez federal Martín Bava, tuvo un giro significativo. En diciembre de 2021, Bava procesó a Macri, Arribas, Majdalani y a agentes de la AFI, considerando que se habían realizado “tareas de inteligencia expresamente prohibidas” con el fin de anticipar los reclamos de los familiares en un tema de alta sensibilidad política. Tras ese procesamiento, Bava fue apartado de todas las causas de espionaje ilegal que tramitaban en su juzgado, las que pasaron a los tribunales de Comodoro Py, en una típica maniobra macrista para quedar en posición de obtener los favores de jueces amigos. La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini, uno de los jueces sindicados como integrante de la “mesa judicial” del macrismo.
Los hechos de espionaje son incontrovertibles. La propia justicia reconoció que el organismo de inteligencia realizó seguimientos, tomó fotografías y recolectó información personal de los familiares entre 2017 y 2018, mientras estos reclamaban saber el paradero de sus seres queridos. Los informes detallaban, por ejemplo, la infiltración de agentes en grupos de familiares o el monitoreo de los movimientos de quienes participarían en reuniones con Macri y Aguad.
La justificación judicial de tales actividades dio lugar a una catarata de cuestionamientos a la parcialidad de los magistrados. La Sala I de la Cámara Federal porteña –cuyos jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron incorporados durante el gobierno de Cambiemos y sus vínculos personales con Macri han quedado al descubierto- revocó en 2022 el procesamiento inicial de Macri y del resto de los procesados. Argumentó que el espionaje se enmarcaba en la protección de la seguridad del Presidente y la seguridad nacional.
Posteriormente, la Cámara de Casación, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, confirmó este criterio. Yacobucci fundamentó que el Estado tiene la potestad de controlar “desde manifestaciones de apoyo […] hasta protestas sociales si existe algún riesgo para el Poder Ejecutivo”. En disidencia, la jueza Ángela Ledesma advirtió que este razonamiento “habilitaba una implicación de las funciones de inteligencia por fuera del marco legal” y equivalía a dar “vía libre a los servicios de inteligencia”.
La justicia ha sepultado investigaciones sobre otros casos de espionaje durante el macrismo, lo que consolida la percepción de un “encubrimiento que practica el partido judicial”, según criticó el diputado Leopoldo Moreau. Entre estas causas se encuentran:
· El caso “Súper Mario Bros”, en el que la Cámara Federal exculpó a la cúpula de la AFI argumentando que los agentes que espiaban lo hacían como “cuentapropistas”.
· El espionaje con las “bases AMBA”: Donde la impugnación vino por la forma de recolectar la evidencia, lo que terminó beneficiando a los imputados.
· La llamada “mesa judicial”: Una causa que investigaba aprietes a jueces y fiscales y que fue cerrada rápidamente por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Fuera de estos expedientes, fiscales federales pidieron investigar si Macri encabezó un “plan sistemático” de espionaje que incluyó a figuras políticas de todo el espectro, desde Cristina Fernández de Kirchner cuando ejercía la vicepresidencia de la Nación hasta aliados como el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora María Eugenia Vidal. Asimismo, se han revelado operativos de inteligencia sin autorización judicial contra más de 400 periodistas, académicos y líderes sociales, para quienes la AFI confeccionaba perfiles ideológicos y políticos.
El caso de espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan es una de las manifestaciones más dolorosa de un sistema de espionaje ilegal mucho más extenso orquestado desde el Estado durante la presidencia de Macri. La decisión de la Corte ha consagrado la impunidad en esa causa, pero además acrecienta las dudas respecto de la posibilidad de que se haga justicia en el proceso penal que se encuentra abierto en la provincia de Santa Cruz. Los familiares querellantes han señalado graves irregularidades en la actuación de la jueza Marta Yáñez, entre ellas las reuniones que mantuvo con funcionarios macristas que se encontraban denunciados en la causa mientras realizaba la investigación. La magistrada ordenó el procesamiento de los militares denunciados, pero no proceso a Macri, Aguad y al jefe de la Armada Argentina al momento de la tragedia, Marcelo Srur. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de los militares involucrados y ordenó que continuara la investigación: “Deberá indagarse y acreditarse en el expediente el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”.
La justicia federal ha fijado fecha de inicio al juicio para marzo de 2026. Serán sometidos a juzgamiento cuatro militares que se encuentran procesados. A pesar de la orden de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Macri, Aguad y Srur no se sentarán en el banquillo de los acusados.
