Foto: 12ava. Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, junio de 2022
La Organización Mundial de Comercio adoptó el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, un instrumento multilateral que prohíbe el apoyo gubernamental a las actividades pesqueras ilegales y la sobreexplotación de las poblaciones de peces, contribuyendo así a la protección de la vida marina. La parálisis de la acción diplomática argentina respecto de la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur, y los diálogos que la Cancillería sostiene con el gobierno británico levantan dudas y sospechas respecto del uso de ese instrumento.
Por Jorge Poblette y Guillermo Carmona
La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha dado un paso fundamental para la sostenibilidad de los recursos pesqueros, al adoptar el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca. Tal acuerdo fue aprobado en junio de 2022, tras más de dos décadas de negociaciones, las que comenzaron formalmente en la Ronda de Doha de 2001.
Un total de 114 países ya han presentado sus instrumentos de ratificación. Con este número, que supera los dos tercios de los Estados que integran la OMC, ha entrado en vigencia a mediados de setiembre. El documento multilateral establece nuevas normas vinculantes para detener las subvenciones perjudiciales, un factor clave en el generalizado agotamiento de las poblaciones de peces del mundo.
La República Argentina contribuyó al logro del acuerdo, el que ha sido concebido como una herramienta que puede poner límites a la sobreexplotación pesquera en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), más allá de la milla 200, área en la que año a año se produce una alta concentración de embarcaciones de distintos países que subsidian las actividades de sus flotas. Pero, sobre todo, la Argentina sufre dentro de la ZEEA la pesca ilegal que se concreta en el área usurpada por el Reino Unido en los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El gobierno británico intenta evitar la aplicación del nuevo régimen en los “territorios de ultramar”, es decir en las colonias que mantiene en contra del derecho internacional, pero resulta evidente la presencia de flotas subsidiadas (taiwanesa, española y coreana, principalmente) en el área de las Islas Malvinas.
Por esas razones, el gobierno del presidente Alberto Fernández promovió la adopción del acuerdo. Bajo el liderazgo de la entonces secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca, Argentina participó activamente de las negociaciones. Tras ser adoptado por la OMC, el acuerdo fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en mayo de 2023 . Su aprobación parlamentaria se concretó en octubre de 2024 mediante la sanción de la Ley 27.761. En julio de 2025 la Cancillería argentina informó que la Argentina había ratificado formalmente el acuerdo.
Las subvenciones que se prohíben con este acuerdo son aquellas que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); las relativas a poblaciones sobreexplotadas y la pesca o actividades relacionadas con la pesca en alta mar no regulada.
Según cálculos de la OMC las subvenciones a las actividades pesqueras marinas ascienden a un total de 35 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. De esta cantidad, se considera que alrededor de 22 mil millones de dólares son perjudiciales, ya que contribuyen al agotamiento de las poblaciones marina. Además, calcula que las pérdidas económicas totales causadas por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ascienden a 50 mil millones de dólares.
La directora general de la OMC, Okonjo-Iweala, elogió el logro como “un hito para la gobernanza del comercio mundial” y afirmó que el acuerdo no sólo es benéfico para el planeta y los océanos, sino también para las personas en todas partes, en especial para las generaciones más jóvenes. También agregó que “La entrada en vigor de este acuerdo nos recuerda que muchos de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos se abordan con mayor eficacia a nivel multilateral. Las personas y las naciones necesitan un multilateralismo que dé resultados, y por eso hoy es un día tan alentador”.
Una de las implicaciones más significativas del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC, reside en la obligación de transparencia impuesta a los países miembros. Este nuevo marco normativo multilateral, obliga a los países miembros a suministrar a la OMC información detallada y exhaustiva relacionada con las subvenciones que otorgan a su sector pesquero y las actividades conexas. El organismo estima que este Acuerdo eleve drásticamente los niveles de fiscalización global.
Se espera también que este acuerdo logre eliminar las subvenciones perjudiciales a la pesca para proteger los medios de subsistencia de las personas y promover la seguridad alimentaria. En el comunicado emitido por la OMC se afirma que “Más de 260 millones de personas dependen del pescado para su sustento. Al prohibir las peores formas de subvenciones perjudiciales, el Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca puede ayudar a limitar y revertir el agotamiento de las poblaciones mundiales de peces y a proteger los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de la pesca para su alimentación, ingresos y empleo.
El artículo 7 del Acuerdo dispone adicionalmente la creación de un Mecanismo de Financiación para la Pesca destinado a proporcionar asistencia técnica y creación de capacidades específicas a fin de ayudar a los países en desarrollo.
Luego de casi veinte años de negociaciones, la OMC estima que se está en posesión una nueva y poderosa herramienta en la lucha mundial contra este tipo de actividades pesqueras, protegiendo poblaciones sobreexplotadas y estableciendo nuevas formas de protección en aguas internacionales. Entre los subsidios más nocivos que promueven la sobrepesca están los recursos que financian los combustibles, las ayudas a la construcción y renovación de buques y equipamientos, exenciones fiscales y créditos con tasas bonificadas. De entre los 114 países que ya suscribieron este Acuerdo se encuentran China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea (una vez que logre la firma de dos tercios de sus miembros).
Una mirada argentina sobre la pesca en Malvinas y el área adyacente a la ZEEA
La República Argentina consolidó una estrategia en materia de pesca en el Atlántico Sur, tanto en el campo diplomático, en el control de los espacios marítimos y en la planificación y gestión de las políticas oceánicas. En particular tuvo una alta relevancia la Iniciativa Interministerial Pampa Azul por su carácter articulador de los esfuerzos de los distintos ministerios e instituciones gubernamentales. Esa estrategia otorgó alta a relevancia a las acciones en el plano multilateral y regional.
En ese contexto, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur resaltó en un documento preliminar elaborado entre 2022 y 2023 sobre la pesca en el Atlántico Suroccidental que “principalmente desde la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Argentina procura y promueve, junto con países con intereses afines, la generación y aplicación de normas que incrementen la capacidad de control de los Estados ribereños sobre sus espacios marítimos, en el marco del firme compromiso con el ODS 14 que plantea “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Ello es coherente con la postura adoptada en la OMC, donde nuestro país ha impulsado la adopción de un acuerdo para la eliminación de subsidios a la pesca. Esto es de particular interés para nuestro país, ya que la mayoría de los buques que operan en el área adyacente son subsidiados por sus países de origen; además, con las medidas acordadas recientemente sobre este tema en el marco de la OMC se abre un nuevo escenario para abordar la cooperación con los países que pescan en el área adyacente”.
En el plano regional, el documento expresaba “la necesidad de fortalecer la cooperación para enfrentar la pesca INDNR, particularmente en relación a los mecanismos de vigilancia, monitoreo y control, incluyendo el intercambio de información respecto de inspecciones a buques de bandera extranjera”, y destacaba que “en 2017 los Estados Partes y Estados Asociados del MERCOSUR adoptaron una “Declaración Especial sobre la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada” (Mendoza, 21 de julio de 2017), en la que coincidieron respecto de la necesidad de reforzar y coordinar acciones para hacer frente a la pesca INDNR en relación con los recursos marinos de la región. Y recordaba que “el MERCOSUR había adoptado la “Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados sobre buques que enarbolan la bandera ilegal de las Islas Malvinas” (Montevideo, 20 de diciembre de 2011) mediante la que reiteraron el compromiso oportunamente asumido de adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas y de aquellas embarcaciones que hubiesen sido rechazadas previamente en su acceso a algún puerto de la región, mientras sean portadoras de dicha bandera”.
El gobierno de Milei, con su desprecio por el multilateralismo, su combate a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su política rupturista en la región, ha desandado ese camino que había sido consolidado por gobiernos anteriores. La desactivación de la Iniciativa Pampa Azul, la decisión de no protestar el unilateralismo británico en materia pesquera, la falta de exigencia del cumplimiento de los compromisos asumidos por los países del MERCOSUR en relación con las flotas que operan ilegalmente en las Islas Malvinas y la adopción de una política de colaboración con el Reino Unido a partir del pacto Mondino – Lammy de setiembre de 2024 implican la desarticulación de la estrategia integral y la inutilización de las palancas con las que la Argentina condicionaba y presionaba al Reino Unido respecto de la depredación pesquera que habilita ilegalmente.
La situación en el Atlántico Suroccidental
Para el Atlántico Sur, el acuerdo de la OMC puede tener un valor estratégico: al aumentar el control sobre el apoyo financiero que reciben las flotas pesqueras de larga distancia, se proporciona a los países costeros, como Argentina una herramienta más potente para identificar y combatir de manera efectiva la pesca INDNR, un factor clave de inestabilidad ambiental y económica en la región. Para ello se requerirá una intensa acción gubernamental y diplomática que haga valer el nuevo marco normativo frente a los países que subsidian a sus flotas pesqueras que operan en el Atlántico Suroccidental.
El hecho de que la República Argentina haya contribuido a la entrada en vigor del acuerdo mediante su ratificación demuestra el interés y compromiso por su aplicación. La Cancillería estima que “para la Argentina, se trata de una herramienta clave en la lucha contra las flotas de distintos países que operan en la milla 201 -justo fuera del límite de nuestra ZEEA-, que se benefician de subsidios otorgados por sus países para mantener artificialmente su presencia en el Atlántico Sur”. Sin embargo, no ha hecho mención de las flotas subsidiadas que operan en aguas argentinas con licencias ilegales otorgadas por el ilegítimo gobierno británico de las Islas Malvinas. Se trata de la principal actividad de pesca ilegal en el Mar Argentino.
Sin dudas que el beneficio más importante para Argentina es la prohibición de subvenciones a empresas que se dedican a la pesca INDNR. Este esquema de negocios de flotas de distintos países que operan en el Atlántico Suroccidental depende en gran medida de estos subsidios para ser rentable. Al eliminarlos, se dificulta y encarece la actividad de estas flotas, reduciendo la presión sobre los recursos marinos argentinos. Al mismo tiempo constituye un marco para evidenciar y denunciar el accionar unilateral e ilegal del Reino Unido en materia pesquera en las aguas correspondientes a las Islas Malvinas.
Las orientaciones del gobierno libertario conspiran contra esas posibilidades. Sin una estrategia integrada para nuestra Pampa Azul, sin una fuerte apuesta por la diplomacia multilateral y sin una adecuada articulación con los países de la región –tanto del MERCOSUR como de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur- el marco jurídico vinculante creado por el Acuerdo de la OMC no representará para la Argentina más que un catálogo de buenas intenciones.
El instrumento de la OMC para la lucha contra la pesca INDNR ya está en vigor. Corresponde ahora a la Argentina comenzar un despliegue político y diplomático para el uso de las herramientas que el acuerdo ha creado. Esto no será posible sin una profunda reorientación de la política exterior y de las políticas oceánicas que se han instaurado desde la gestión libertaria.
