La Administración de Parques Nacionales (APN) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 25/2026, mediante la cual establece los nuevos lineamientos estratégicos para la gestión de las áreas protegidas del país. El documento oficializa, entre otros puntos, un marco normativo para regular las relaciones entre el Estado y actores externos, como las ONGs, en la administración de los recursos naturales nacionales.
En sus puntos más sensibles, la resolución institucionaliza la privatización una porción del recursos bajo el eufemismo de la “autonomía financiera”. A través de figuras administrativas como las concesiones, los permisos de explotación y el “apadrinamiento”, el Estado se desentiende de sus obligaciones presupuestarias para subordinar la conservación de las áreas protegidas al equilibrio fiscal y al lucro privado. La norma blanquea sus “alianzas estratégicas” y abre las puertas para que el financiamiento y la gestión de los proyectos de conservación dejen de ser una política pública y queden bajo el control discrecional de corporaciones y organismos internacionales.
Esta medida se conoce apenas días después de que este portal revelara el desembarco de un consorcio de ONGs vinculadas a Silicon Valley y a ex-funcionarios de agencias de EE. UU. para el monitoreo de áreas marinas estratégicas en Santa Cruz. La resolución valida legalmente la “hoja de ruta” denunciada por este medio, confirmando que la asfixia presupuestaria de planes como Pampa Azul tiene como contrapartida la delegación del control territorial y tecnológico del Atlántico Sur, a un núcleo duro de fideicomisos y ONGs internacionales, quienes se harán cargo de la agenda y aportarán una porción sustancial de recursos económicos.
Foto de portada: Drones de Vigilancia de Áreas Protegidas.
