Los presidentes Gabriel Boric y Xi Jinping. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores RPCh.
A pocos días del cambio de mando, la Casa Blanca de Trump condiciona el futuro de la política chilena. Con amenaza de sanciones y el desgastado argumento de su seguridad nacional, hizo naufragar el Chile-China Express, un proyecto de fibra óptica que prometía autonomía digital entre ambos socios del Pacífico.
Por Jorge Poblette
La política exterior de Donald Trump se ha caracterizado por una extensa suma de fracasos que lo ha hundido en el descrédito externo y en la caída interna de su popularidad. Con su eslogan “Estados Unidos primero” dejó de lado todo marco ético y moral, toda cortesía diplomática, y ha escalado sus pretensiones imperiales hasta rozar el ridículo.
El listado de los países sometidos a chantaje, para mencionar solo los de América Latina, es extenso. La estrafalaria amenaza de anexión de Groenlandia y partes de Canadá, el ataque a Venezuela; la presión constante de aranceles punitivos contra México, el endurecimiento de bloqueo contra Cuba; amenazas de ataques terrestres a suelo colombiano, la imposición de vigilancia militar directa a Perú y la injerencia judicial en Brasil revocando visas a jueces del Tribunal Supremo y sancionar a funcionarios, exigiendo el fin de los procesos judiciales contra su amigo, el presidiario Jair Bolsonaro. Ahora, le ha llegado el turno a Chile.
También, con la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos, se han endurecido las políticas de control sobre la infraestructura digital. No solo el propietario de Meta, Mark Zuckerberg, fue amenazado con la cárcel si no accedía a realizar cambios que se ajustaran a las necesidades de inquilino de la Casa Blanca, sino que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos busca prohibir la conexión de cables submarinos que usen componentes chinos o de cualquier otra empresa que se considere una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Los documentos filtrados en su oportunidad por Edward Snowden revelaron cómo la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha interceptado tráfico digital directamente desde los cables submarinos.
Este fue el pecado de Chile: ejercer soberanía intentando construir su propia infraestructura digital. El pasado 20 de febrero, el rústico secretario de Estado Marco Rubio, anunció la revocación de las visas de ingreso a EE. UU de tres altos funcionarios del gobierno de Gabriel Boric. La medida, que la Cancillería chilena calificó de “inédita y arbitraria”, apuntó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario Claudio Araya y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
La ofensa que cometió el gobierno chileno contra “la gran democracia del Norte”, y por lo cual fueron castigados algunos de los funcionarios trasandinos, fue haber avanzado en la licitación de un proyecto de fibra óptica, denominado Chile-China Express, que uniría la ciudad de Concón, en la V Región de Valparaíso, con Hong Kong, una región ubicada al sur de China. Un cable de 20.000 kilómetros que representaba, para Chile, la posibilidad de conectarse directamente con su principal socio comercial sin pasar por los filtros de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense.
La extorsión como diplomacia cotidiana
La secuencia de los hechos revela el mecanismo extorsivo utilizado. El 27 de enero de 2026, el ministro Muñoz firmó el decreto para otorgar la concesión del cableado al gigante asiático China Mobile. Solo 48 horas después, tras una reunión “de urgencia” con el embajador de EE.UU., Brandon Judd, el gobierno chileno anuló el documento por “errores de tipeo”, como califica el hecho un popular meme que circula entre los chilenos. La realidad, sin embargo, era muy otra: Washington había entregado un documento con amenazas concretas de sanciones si Chile no acompañaba el bloqueo tecnológico a China.
El propio embajador Judd, en un ejercicio de soberbia diplomática, afirmó que la presión no constituía una intromisión, sino el ejercicio de una ‘decisión soberana’ de EE.UU. para salvaguardar su seguridad nacional. Con esto, Washington redefinió la soberanía: la de Chile se puede sacrificar, mientras que la estadounidense es extraterritorial. No conforme con la humillación diplomática, el diplomático amenazó con bloquear la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver, un mecanismo que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por un periodo de hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa física en la embajada. “Si Chile quiere participar, debe asegurar que sus telecomunicaciones estén protegidas”, declaró el diplomático, usando este beneficio migratorio en una herramienta de chantaje político.
Mientras el canciller Alberto van Klaveren envía notas de protesta que son “cajoneadas” en Washington y el gobierno chileno dice que el proyecto está en una “revisión profunda” la situación política juega a favor de Trump. El presidente electo, el pinochetista José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo, ya ha dado señales de lealtad absoluta a los deseos de EE.UU. Su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, seguramente sepultará definitivamente el proyecto para demostrar su alineamiento incondicional. Sin dudas que la derecha latinoamericana prefiere el garrote estadounidense a las oportunidades chinas. “Es lamentable ver cómo decisiones soberanas de un Estado independiente se desvanecen en menos de 48 horas tras recibir instrucciones de una potencia extranjera” señaló en tono irónico la embajada china en Santiago.
Chile abandona así los módicos gestos de multilateralismo para subordinar su infraestructura crítica, no a las necesidades de los chilenos, sino a los intereses y caprichos que les imponen desde los Estados Unidos.
