Foto: BIP Víctor Angelescu (INIDEP)
El gobierno de Milei lanzó la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Milla 200”, un título grandilocuente para una política carente de recursos presupuestarios y de acciones concretas que la hagan operativa.
Por Jorge Poblette
Retomando una práctica de gestión que existió hasta diciembre de 2023 y de la que no se tuvo noticias en los primeros dos años de gestión libertaria, el Gobierno Nacional reconvocó una mesa de trabajo interministerial para lanzar una “Estrategia para el fortalecimiento de la milla 200”. Según lo informado en los últimos días del año, la iniciativa, que se coordina entre la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la Cancillería, la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Armada Argentina y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), estaría orientada a controlar la pesca ilegal que se desarrolla sobre la plataforma continental extendida, es decir la de las especies que habitan el fondo del mar. Con el apoyo del Comando Conjunto Marítimo, el plan busca unificar criterios de actuación y protocolos de Notificación Judicial Conjunta, para ejercer una vigilancia efectiva sobre el lecho y subsuelo marino hasta el límite de las 350 millas, de acuerdo a las pautas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas.
Argentina conquistó el reconocimiento internacional de su plataforma continental extendida tras un largo proceso técnico y científico encabezado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), cuya tarea comenzó en 1998, se profundizó y aceleró entre 2003 y 2015 y fue reconocido por la ONU en 2016 y 2017. Este trabajo permitió al país incorporar oficialmente 1,7 millones de kilómetros cuadrados a su plataforma continental, límites que fueron ratificados por Ley 27.557 en el año 2020. Bajo el paraguas de la CONVEMAR, la Argentina ejerce derechos soberanos exclusivos sobre los recursos del lecho y el subsuelo (recursos minerales y especies sedentarias) a partir de la milla 200 y hasta la milla 350 en algunas áreas, pero no sobre la columna de agua suprayacente que siguen siendo aguas internacionales. Lo que el gobierno busca con esta iniciativa es hacer efectivo este derecho estableciendo que cualquier actividad extractiva que impacte en el fondo o subsuelo marino requiere la autorización y control del Estado argentino.
Este sector del lecho marino alberga ecosistemas vulnerables de alta biodiversidad y recursos estratégicos que van más allá de la pesca. En ese espacio marino se encuentran importantes depósitos de recursos minerales, nódulos polimetálicos y potenciales yacimientos de hidrocarburos. Asimismo, es el hábitat de especies de altísimo valor comercial y biológico, como la merluza negra y de comunidades bentónicas como vieiras y corales que son importantes para el equilibrio ecológico del Atlántico Sur. Evitar la degradación de suelos marinos y la explotación indiscriminada de estos recursos es una de las tantas urgencias que debe atender el Estado argentino.
El principal problema que enfrenta esta región es la intensa actividad extractiva que ejerce una flota de más de 500 buques extranjeros, principalmente de banderas de China, Corea del Sur y España, que opera en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva. Esta situación genera la depredación de recursos migratorios y una vulneración del ecosistema marino, ya que muchos de estas embarcaciones utilizan artes de pesca de arrastre que dañan el fondo marino. Para Argentina esta actividad no solo representa un grave perjuicio económico y un riesgo para la sostenibilidad de las especies, sino que pone en cuestión la capacidad de control soberano sobre su plataforma continental extendida.
El anuncio oficial del gobierno argentino ha provocado una reacción en los principales centros pesqueros de Europa, particularmente en Galicia. Según medios especializados de esa región, existe preocupación entre las empresas que operan buques palangreros y arrastreros de fondo dedicados principalmente a la captura de la merluza negra. El temor principal radica en que este ejercicio del “poder de policía” sobre el lecho marino impacte en sus operaciones, exponiendo a sus buques a protocolos de notificación, multas o capturas por parte de la Prefectura Naval o la Armada, en la franja de 150 millas adicionales donde hasta ahora navegan sin restricciones.
Un elemento adicional de preocupación de la flota gallega, es que frecuentemente combina la pesca realizada bajo licencias otorgadas por la ilegitima administración británica en las Islas Malvinas con incursiones en la zona de la plataforma extendida argentina para completar su carga. En esta hipótesis se estaría incumpliendo los nuevos protocolos de la Estrategia nacional y, por el otro, se estaría violando la Ley Federal de Pesca por operar en aguas disputadas sin autorización de la Argentina.
INIDEP y sus capacidades científicas.
Hay que tener presente el papel clave que juega la ciencia en el conocimiento de los recursos en la plataforma continental extendida y la relevancia de esa información para el control y sanción de las actividades ilegales en esa extensa área de territorio argentino. En particular, es el INIDEP el organismo especializado que debe proveer esa información, articulando con otras instituciones científicas como el CONICET y las Universidades Nacionales.
Si bien el INIDEP cuenta con cuadros técnicos de excelencia y buques de investigación pesquera y oceanográfica de última generación, como el BIP Víctor Angelescu y el BIP Mar Argentino, la realidad operativa es crítica. El drástico recorte en las partidas para investigación limita los días de navegación y el mantenimiento logístico necesario para campañas de larga distancia en el talud continental. Sin campañas científicas que releven la plataforma extendida, la nueva política oficial corre el riesgo de no poder sostener con solidez reclamos ante la justicia o ante la comunidad internacional.
Sin insumos críticos, como el combustible naval y los repuestos importados para la instrumentación científica y el congelamiento de vacantes en la administración pública nacional, impide al INIDEP renovar sus cuadros técnicos frente a las bajas por jubilación o renuncia de profesionales, debilitando la masa crítica necesaria para procesar la información recolectada en alta mar. Sin un refuerzo presupuestario extraordinario que hoy no figura en las metas fiscales, la operatividad del buque Víctor Angelescu o el Mar Argentino para campañas de larga duración fuera de la ZEE quedarían reducida solo a salidas esporádicas, lo que dejaría los anuncios de control en la milla 350 como una declaración de intención, pero de imposible ejecución. Solo como referencia, el nuevo presupuesto solo cubre el 24,58% de sus proyectos de inversión prioritarios, dejando al organismo sin los recursos solicitados para renovar equipos críticos de detección.
Los “fierros” de la Armada y Prefectura no son suficientes.
En el plano operativo, la efectividad del control recae sobre la Armada Argentina y la Prefectura Naval (PNA). Si bien se cuenta con cuatro aeronaves P-3 Orión, cuya compra se inició formalmente durante la gestión de Alberto Fernández con Jorge Taiana como ministro de Defensa en 2023, y una flota de cuatro Patrulleros Oceánicos (OPV), comprados bajo la gestión de Mauricio Macri y pagados durante la gestión peronista, la ejecución de patrullajes hasta la milla 350 enfrenta costos logísticos que tampoco podrán ser afrontados con el actual presupuesto. Los gastos de personal absorben el 78,4% de la Jurisdicción Defensa y un 11% para gastos operativos (aquí se incluyen víveres, combustibles y repuestos). Además, con el artículo 30 de la ley derogando de hecho los pisos mínimos de inversión del FONDEF, el sostenimiento de los patrulleros oceánicos y los aviones Orión dependerá de una caja discrecional. En consecuencia, el Ministerio de Defensa deberá gestionar el patrullaje con un presupuesto donde casi el 80% se destina a gastos de personal y jubilaciones, reduciendo el margen para combustible y mantenimiento de los buques y aeronaves a niveles mínimos. Esta contradicción entre las pretensiones de la estrategia y la sequía presupuestaria sugiere que, sin una reasignación urgente de fondos, el anunciado control de la milla 350 podría quedar limitado solo a una presencia simbólica.
Sin días de navegación y horas de vuelo permanente, la vigilancia se volverá solo reactiva y satelital, perdiendo el elemento de disuasión física, tan necesario para abordar y sancionar buques en una zona que las flotas extranjeras perciben como aguas internacionales y muchos, en contra de la legislación vigente, como una licencia para depredar.
Los riesgos diplomáticos.
Finalmente, los resultados de la nueva estrategia de la Milla 200 se dirime en el frente diplomático, donde la Argentina enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad. Cualquier procedimiento para sancionar buques en la plataforma extendida, si bien legítimos, no termina en la captura del buque que infringe las normas nacionales, sino que dispara una compleja trama de diligencias en las que interviene la Cancillería.
En este sentido, el alineamiento irrestricto de Javier Milei con la agenda de Washington y sus desplantes personales con líderes de España y China, dos de los países con buques en el área, debilitan la posición negociadora del país. La reciente exclusión de empresas chinas de la licitación de la Hidrovía y el conflicto que generó en su momento con el gobierno español, colocan a la Argentina en una situación de aislamiento frente a los Estados de bandera de las principales flotas señaladas por pesca ilegal. Esta debilidad y aislamiento diplomático provoca que cualquier incidente en la plataforma continental extendida corra el riesgo de quedar sin resolución o provocar represalias económicas que, a su vez, son apoyos históricos en el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas ante las Naciones Unidas.
La desarticulación y desfinanciamiento de Pampa Azul
Otro aspecto del anuncio oficial que resulta llamativo es que ignora deliberadamente la Iniciativa Pampa Azul y su fondo de financiamiento PROMAR, las únicas estructuras legales y financieras diseñadas por ley 27.167 precisamente para la investigación científica marina en los espacios marítimos argentinos, incluida la plataforma continental extendida. Como ya ha sido analizado en una nota de Guillermo Carmona publicada en pAS, la administración actual ha desarticulado la iniciativa interministerial Pampa Azul y desfinanciado los programas y proyectos que se encontraban vigentes. Al sustituir una política científica de Estado por el anuncio de una estrategia que pone énfasis en la dimensión punitiva, el Gobierno confirma que su prioridad no es el control marítimo sobre la pesca ilegal, sino el ahorro fiscal y la eliminación de políticas probadas y de alto contenido simbólico, aun cuando eso signifique dejar al país sin investigación científica oceánica y sin herramientas para enfrentar los intereses de las grandes corporaciones pesqueras de terceros Estados.
Argentina tiene un reconocimiento internacional de sus derechos sobre la Plataforma Continental Extendida. También cuenta con los recursos humanos y operativos para ejercer soberanía efectiva sobre sus espacios marítimos, incluso en el lecho y subsuelo de la plataforma continental extendida. Cuenta con los patrulleros oceánicos, la autonomía de vuelo de los aviones P-3 Orión y la solidez científica del INIDEP. Sin embargo, estas capacidades pueden quedar reducidas a una declaración de principios si no cuentan con un sólido respaldo presupuestario. Sin embargo, una vez más, la administración de Javier Milei no duda en sacrificar la custodia de los recursos estratégicos y la presencia efectiva en el Atlántico Sur en el altar del equilibrio fiscal y la reducción del Estado. En su visión estrecha de colonia que proyecta su gobierno, el superávit fiscal se paga con territorio, con recursos naturales y con soberanía. Quizá sea esa la razón por la cual, en la nueva estrategia anunciada, no aparezca ninguna mención al territorio usurpado por el Reino Unido ni a la depredación de los recursos pesquero que alimentan las arcas de los ilegítimos ocupantes de las Islas Malvinas.
