Foto: Estancia Leleque Grupo Benetton
La obsesión de Javier Milei por derogar la Ley de Tierras solo tiene un objetivo: eliminar los límites y controles para profundizar la acumulación y la entrega de tierras rurales a capitales extranjeros. De lograrlo, se consolidaría el modelo extractivista y especulativo con la pérdida del control soberano de estos bienes estratégicos.
Por Jorge Poblette
Hace algunas semanas atrás, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que el gobierno enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley para, no lo dijo en estos términos, demoler los últimos vestigios de soberanía que aún quedan en pie: la modificación de la Ley de Tierras, de la Ley de Manejo del Fuego y la ley de Glaciares entre ellas. La reforma a la Ley de Tierras eliminaría los porcentajes a la propiedad extranjera y los controles en zonas de frontera y la flexibilización de las leyes de Glaciares y de Manejo del Fuego liberaría el camino para la explotación sin límites de estos recursos naturales como el agua, los glaciares y los bosques nativos entre otros bienes.
La ley de Tierras y fracaso de su derogación
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, piedra fundamental de la soberanía territorial desde 2011, no es otra de las tantas regulaciones que impone el Estado. Fue un límite legal y político a la extranjerización de la tierra: la misma prohíbe que más del 15% del suelo nacional, provincial y/o departamental esté en manos foráneas y pone un techo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo por titular. Esto último aplica tanto para ciudadanos extranjeros como cualquier empresa donde más del 51% del capital esté en manos extranjeras. Este 51% fue una reforma por Decreto 820/16 de Mauricio Macri, amigo del criminal confeso Joe Lewis dueño de Lago Escondido, ya que el texto original fijaba el 25% como tope. También la Ley 26.737 prohíbe explícitamente que los extranjeros adquieran tierras rurales que se encuentren en Zonas de Seguridad de Frontera o sean titulares de tierras que contengan o sean ribereñas a cuerpos de agua de envergadura y permanentes (como ríos, lagos o lagunas).
En el mensaje enviado entonces al Congreso por el gobierno justicialista y aprobada con apoyo de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner advertía que la tierra y el agua dulce no son mercancías comunes, sino “recursos estratégicos escasos y no renovables” con consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria de los argentinos. Se tenía claro que si estos recursos se dejaban al arbitrio de las fuerzas del mercado se comprometería seriamente la soberanía nacional.
El intento fracasado de Javier Milei de borrarla de un plumazo mediante el DNU 70/2023, afirmando que la ley limita las inversiones extranjeras, restringe el derecho de propiedad y envía señales negativas al mercado, fue una muestra explícita que su objetivo es profundizar la acumulación y la entrega de las tierras rurales a capitales extranjeros, comprometiendo no solo el agua, los glaciares y los bosques sino el derecho inalienable de las comunidades locales a habitar, producir y desarrollarse con dignidad en su propio suelo. Fueron los excombatientes de Malvinas (CECIM) quienes lograron ponerle un freno judicial a este intento cuando la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación, entendiendo que la integridad del territorio es indivisible de la soberanía nacional.
El mapa de la extranjerización
Argentina, según investigaciones del CONICET, tiene una superficie de tierras en manos extranjeras por encima de las 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a toda la superficie de Inglaterra o Grecia. Encabeza la lista por país, los Estados Unidos con 2,7 millones de hectáreas, seguido por empresas italianas que acumulan 2,1 millones de hectáreas dejando en un tercer lugar a firmas de España con 1,1 millones de hectáreas. También están en la nómina de la extranjerización nacional, propietarios de Suiza, Chile, Uruguay, Canadá, Holanda, Francia, China y Alemania.
Desde los Benetton con sus 900.000 hectáreas en la Patagonia, una extensión mayor que varios países europeos, hasta el Emir de Qatar con 280.000 hectáreas, cercando las nacientes de agua en Río Negro, el patrón de acumulación es el mismo: apropiarse de los recursos estratégico más valiosos del país. En las provincias del litoral, el caso de la chilena Arauco es una muestra de esta concentración: controla el 27% de las tierras forestales de Misiones, donde no solo es dueña de la tierra, sino que ejerce un dominio sobre la industria maderera y de celulosa. Cuando sumamos las 600.000 hectáreas que los británicos de la Walbrook Group tienen en Malargüe y se contabiliza el avance minero de la suiza Glencore en el norte, entendemos que derogar la Ley de Tierras no es abrirse al mundo para atraer inversiones sino asegurar a los terratenientes extranjeros, ahora sin ningún control, que podrán acaparar libremente esos recursos para disponer de ellos según sus exclusivos intereses. Se podría enlistar al Grupo Heilongjiang Beidahuang de China con 330.000 hectáreas; Grupo Somuncurá de Francia con 155.000 hectáreas en Río Negro; al Rabino Elimeir Libersohn de EE.UU. con 140.000 hectáreas en Río Negro, Santa Cruz y La Pampa y la hoy fusionada Goldcorp de Canadá con 130.000 hectáreas en Santa Cruz entre otras.
Un personaje conocido por los argentinos es el magnate británico Joe Lewis. A través de su firma “Hidden Lake” posee la estancia Lago Escondido, una extensión de 38.000 hectáreas en una zona de seguridad de frontera en Río Negro. Más que una propiedad, su estancia funciona como un lobby a cielo abierto, donde el poder político y judicial suele ser invitado de honor, mientras se niega el acceso público al lago y se desobedecen las órdenes de jueces argentinos.
Amigos son los amigos
Para comprender la urgencia de Milei por demoler la Ley de Tierras, también hay que tener presente la promiscua relación de intereses que tiene el Ejecutivo Nacional con Eduardo Elsztain. Elsztain no es solo el mayor terrateniente inmobiliario del país, es un socio estratégico en Argentina de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo y principal tenedor de la deuda externa argentina. A través de Cresud, donde BlackRock y otros gigantes como Vanguard Group tienen participación según ha declarado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Elsztain gestiona un patrimonio de 883.000 hectáreas, destinando casi medio millón de ellas a “reservas de tierra”: áreas hoy protegidas (bosques nativos y humedales) que el Gobierno busca desregular para la especulación inmobiliaria.
El propietario de los hoteles Libertador, Inter Continental, Sheraton Libertador en CABA y Llao Llao en Bariloche y dueño, a través de IRSA, de los 16 centros comerciales (shoppings) más importantes de la Argentina, Elsztain no solo fue el anfitrión y financista clave de la campaña de Milei, sino que también sería uno de los beneficiarios de la derogación o cambio de la ley. Al eliminar las restricciones de compra para corporaciones trasnacionales, el Gobierno abre la puerta a un mercado global de especuladores inmobiliarios para las 883.000 hectáreas del grupo, provocando una revalorización inmediata de su patrimonio. En caso de tener libre disponibilidad para vender estos activos, estos recursos naturales se convierten en un bien de alta rentabilidad financiera, despojándola ahora de su función social, ambiental y soberana.
El inventario de Cresud esconde una cifra que explicaría por sí sola la urgencia derogatoria: 433.000 hectáreas están catalogadas como “reservas de tierra”. Las Finca El Tejar y Los Pozos en Salta; áreas boscosas del Impenetrable de Chaco, estancias como El Tigre o La Juanita en San Luis y La Pampa y otras Reservas Ganaderas y Hídricas en la Patagonia forman parte de estas reservas. Se trata de bosques nativos y montes vírgenes que, bajo la Ley de Tierras actual, representan activos de baja liquidez debido a los límites de superficie por titular extranjero. Sin embargo, la derogación de la ley y la flexibilización de las normas ambientales (como la Ley de Manejo del Fuego) transformarían estos inmuebles en activos financieros de venta libre y alta rentabilidad.
Más allá de todo límite
La ocupación extranjera de la tierra argentina no es arbitraria. Los capitales transnacionales no buscan cualquier suelo, sino aquellos que facilitan el control del agua dulce, el acceso a minerales críticos o la mayor rentabilidad agrícola. Esta avidez por zonas de alto valor, ha provocado que en algunas zonas se hayan sobrepasado todos los límites fijados por la Ley 26.737, creando reductos donde la soberanía nacional es virtualmente inexistente.
A través del “Observatorio de Tierras” (UBA-CONICET) un mapa interactivo de gran valor informativo, se puede identificar qué zonas superan el límite legal de propiedad extranjera, fijado en 15% por ley. El caso de Lácar, en Neuquén, es uno de ellos: allí la extranjerización supera el 53%, dejando más de la mitad de uno de los territorios más bellos y ricos en recursos hídricos de la Patagonia en manos ajenas. Pero no es el único. En Salta, los departamentos de San Carlos y Molinos han perforado el techo legal alcanzando un 58% y 57% de extranjerización respectivamente, afectando valles históricos y fuentes de agua esenciales para la vida local. En General Lamadrid provincia de La Rioja, la cifra también alcanza al 57%. En total, 36 distritos exceden la norma, muchos con acceso a recursos estratégicos como agua dulce y minerales.
Estos territorios dejados al arbitrio del capital transnacional demuestran que allí donde hay un recurso vital, como el Acuífero Guaraní en el Litoral o las nacientes de ríos en la Cordillera, la ley ha sido ignorada o burlada. La derogación que impulsa el Ejecutivo no viene a regularizar una situación como se argumenta, sino a legalizar un modelo que ya ha segregado grandes porciones de territorio argentino.
Zonas de Frontera y Parque Nacionales
La Ley 26.737 también fija un régimen de protección de áreas de fronteras en defensa de la integridad territorial. Allí se prohíbe la venta de tierras a extranjeros y cualquier transferencia en estas áreas requiere la intervención del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Sin embargo, desde Malargüe hasta Humahuaca, el mapa de nuestras fronteras está siendo perforado por un loteo silencioso pero incontenible. No es relato, son 600.000 hectáreas en Mendoza, un lago encerrado en Río Negro y ocupaciones en las nacientes de agua con dueños qataríes. Cuando el Estado se retira, queda una zona liberada que puede ser rematada al mejor postor, poniéndose en riesgo la seguridad y la soberanía nacional.
Un dato que la mayoría de los argentinos desconoce es que hoy existen propiedades de extranjeros dentro de los límites de nuestros Parques Nacionales, mercantilizando el espacio público y donde los privados compiten con Estado para que el paisaje se puede convertir en un producto para la venta y para el consumo.
Hoy, la Ley de Manejo del Fuego establece que, si un bosque nativo se incendia, esa tierra queda “congelada” por 60 años o 30 años si son pastizales. Durante ese tiempo, no se puede cambiar el uso del suelo para proyectos inmobiliarios u otros de igual índole. Es una forma de evitar que alguien queme un bosque a propósito con el fin de “limpiar” el terreno y hacer un negocio millonario. La reforma que propone el gobierno de Milei busca eliminar esos plazos de espera. Si además se suman las nuevas alianzas estratégicas de Parques Nacionales y se consideran los efectos de las Resoluciones 61/25 y 62/25, este organismo deja su papel de protector de los bosques y la biodiversidad para transformarse en un agente de concesiones privadas, facilitando que el turismo de élite reemplace definitivamente al interés nacional en los rincones más valiosos de nuestra geografía.
Mientras la justicia ignora los discursos de odio de funcionarios que estigmatizan como terroristas a quienes defienden su suelo, el gobierno se prepara, usando el Consejo de Mayo como Caballo de Troya, para terminar de abrir las puertas a las corporaciones extranjeras, mientras pisotea vergonzosamente la ley y los derechos constitucionales de los pueblos originarios.
