Imágen de portada: la corbeta HMS Clio ( pintura de 1824) y foto de buques militares estadounidenses operando en el Caribe (2025).
Las posiciones oficiales del gobierno de Milei sostenidas ayer frente a la usurpación británica en Malvinas y el ataque estadounidense contra territorio venezolano revela graves contradicciones políticas y jurídicas, También preanuncian las graves consecuencias que traerá para la Argentina asumir como propia una agenda marcada por un alineamiento automático con Estados Unidos que no contempla la defensa de los intereses nacionales de nuestro país.
Por Guillermo Carmona y Jorge Poblette
Este 3 de enero se cumplieron 193 años de la invasión británica a las Islas Malvinas. En portal Atlántico Sur teníamos prevista la publicación de notas alusivas a ese hecho ocurrido en 1833, una agresión militar por la cual Gran Bretaña usurpó el archipiélago y expulsó a las autoridades y a la población establecida por decisión soberana argentina. Como ha sido documentado con precisión por sucesivos gobiernos, la naciente Argentina había dado continuidad al ejercicio de soberanía sostenido por España hasta la Revolución de Mayo de 1810 mediante actos administrativos; impulsó la formal posesión en 1820 con el primer izamiento de la bandera nacional y la realización de actos de control de la pesca ilegal que allí llevaban adelante buques europeos y estadounidenses. Acompañó estas decisiones con la promoción de la radicación de población, la habilitación de actividades económicas y el establecimiento de la Comandancia Política y Militar bajo las órdenes de Luis Vernet, formalizada mediante decreto del gobierno de Buenos Aires el 10 de junio de 1829. La acción británica, emprendida aquel 3 de enero de 1833 contra Puerto Soledad por la corbeta HMS Clío, bajo el mando del comandante James John Onslow, constituyó una agresión militar que forzó a los habitantes y autoridades argentinas a retirarse ante la amenaza del uso de la fuerza en territorio argentino.
Lo que resumimos en esta apretada síntesis preveíamos desarrollarlo en distintas notas; sin embargo, la conmoción provocada por la noticia de una acción militar estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela, conocida durante la mañana de ayer, alteró nuestros planes y motiva, en su lugar, la publicación de este texto. El gobierno libertario hizo públicas sus posiciones sobre ambos hechos, tanto sobre la conmemoración de la usurpación británica como respecto de la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Hemos decidido, por lo tanto, realizar un análisis integrado que exponga las evidentes contradicciones que tiene la posición adoptada como oficial por el gobierno argentino, más allá de la distancia temporal e histórica que separa a ambos acontecimientos. Estamos ante la adopción por parte del gobierno argentino de una práctica de doble estándar, accionar típico de los países hacia los cuales Milei ha declarado el vasallaje de su gobierno.
Malvinas 1833 – Venezuela 2026
Es que, en efecto, las circunstancias de lo ocurrido permiten establecer un paralelismo entre aquel acto ilegal de 1833 protagonizado por Gran Bretaña y la agresión militar desplegada hoy por Estados Unidos contra Caracas y otras localidades venezolanas. Esta última, que implicó el ataque a unidades militares e infraestructura estratégica, así como la abducción del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ha provocado, según los informes preliminares, la muerte de militares y civiles venezolanos, replicando la lógica del uso de la fuerza por sobre el respeto de la soberanía territorial.
En primer lugar, ambas situaciones tienen en común la violación del derecho internacional vigente en sus respectivas épocas; además, se han desarrollado en tiempos de paz, es decir, sin que medie una previa declaración de guerra. La ocupación británica de las Islas Malvinas se produjo en circunstancias que implicaban un acto ilegal según las reglas de derecho que regían entre las potencias europeas de la época, las cuales validaban el ejercicio de actos de soberanía por parte de España primero y de las Provincias Unidas del Río de la Plata después, en el marco del uti possidetis iuris. Por su parte, la agresión estadounidense a Venezuela se ha realizado hoy en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas, sin que haya mediado el aval del Consejo de Seguridad para una intervención militar ni una declaración de guerra por parte del Congreso de Estados Unidos en el marco de su propio régimen constitucional.
En segundo lugar, ambos hechos, pese a estar separados por 193 años, coinciden en la vulneración de la soberanía y de la integridad territorial de dos Estados latinoamericanos. En el caso de las Islas Malvinas, la afectación de los derechos territoriales argentinos fue denunciada por el gobierno de Buenos Aires inmediatamente después de ser conocida, lo que dio lugar a firmes protestas diplomáticas tanto ante el Consulado británico local como ante el gobierno en Londres. Esa postura se mantuvo inalterable a lo largo del tiempo: primero a través de constantes reclamos bilaterales y, tras la incorporación de la Argentina a las Naciones Unidas, mediante la formulación de reservas y la denuncia formal por la violación de nuestra integridad territorial. Todo ello, bajo el amparo de la Carta de la ONU y, posteriormente, de las Resoluciones 1514 (1960) y 2065 (1965). Por su parte, la agresión contra Venezuela ocurrida ayer constituye una abierta violación de la soberanía en el marco de una decisión declarada por el gobierno de Donald Trump para tomar el control político del país y apropiarse de sus recursos naturales, tal como el propio presidente estadounidense reconoció en conferencia de prensa.
En tercer lugar, ambas situaciones se enmarcan en acciones abiertamente imperialistas contra Estados de América Latina: la de 1833, ejercida contra la Confederación Argentina por un Imperio británico en plena expansión colonialista; y la de hoy en Venezuela, perpetrada por una potencia que, desde la segunda presidencia de Trump, ha relanzado la Doctrina Monroe en la versión más brutal y desafiante del derecho internacional: el “Corolario Trump.” Se trata de la reedición del viejo imperialismo con connotaciones marcadamente coloniales, paradójicamente en una era donde el derecho internacional ya ha condenado al colonialismo como una práctica anacrónica e inadmisible.
Tanto en 1833 como en 2026, los Estados de la región reaccionaron con firmeza frente a la agresión imperialista: Bolivia y Brasil fueron los primeros en condenar la invasión inglesa a las Malvinas apenas conocida la noticia; hoy, la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe han repudiado la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela e incluso algunas se han manifestado contra el secuestro del presidente en ejercicio y su esposa. En cambio, el gobierno de Milei ha quebrantado la histórica tradición de solidaridad regional hacia los países agredidos; una fraternidad de la que Argentina ha sido beneficiaria en múltiples ocasiones, tanto por la Cuestión Malvinas como ante ataques externos de los fondos buitres u organismos multilaterales de crédito. Milei y su gabinete han actuado con una alevosía que implica la traición a las doctrinas de los juristas argentinos Calvo y Drago, quienes sentaron las bases universales para la igualdad jurídica de los Estados, la no injerencia en asuntos internos y el respeto absoluto a la integridad territorial.
El doble estándar libertario
La doble vara aplicada por el gobierno libertario se ha manifestado de manera cruda, contradictoria y perjudicial en la jornada de ayer en la que coincidieron la conmemoración de los 193 años de la invasión británica a Malvinas con el bombardeo y secuestro del presidente en ejercicio de Venezuela. Mientras en la Casa Rosada y la Cancillería se recordaba formalmente la agresión y ocupación del archipiélago, Milei aplaudía en redes sociales el ataque estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro, celebrando una incursión militar en suelo extranjero por meras afinidades ideológicas con la potencia invasora. En la misma sintonía, el canciller Pablo Quirno justificó la violación de la integridad territorial y la injerencia en los asuntos internos venezolanos, culminando con un comunicado oficial de la Cancillería argentina que consagra como loable está abierta transgresión del derecho internacional.
El doble estándar o doble rasero es la práctica que implica la utilización política y selectiva del derecho internacional, aplicándolo de manera rigurosa frente a unos Estados y de manera laxa o inexistente frente a otros, en función de los intereses de las grandes potencias o alianzas coyunturales, vaciando de contenido el principio de la igualdad soberana de los Estados. Tal práctica tiene como víctima a la coherencia, legitimidad y credibilidad del derecho internacional que se percibe como un instrumento de los poderosos en lugar de un orden jurídico justo.
Este doble estándar del gobierno libertario no es solo un acto diplomático aberrante que denota insolidaridad regional, desprecio por las víctimas de un ataque brutal y un vasallaje descarado hacia los Estados Unidos. La postura del gobierno de Milei, además de romper con la coherencia elemental que exige la diplomacia de una nación seria es, fundamentalmente, un acto ilegal que quiebra los compromisos internacionales asumidos por la Argentina ante la ONU y la OEA y, sobre todo, una concesión de una funcionalidad sin precedentes a los intereses británicos en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.
Por un lado, el presidente Milei dinamita con sus inconsistencias los cimientos de nuestras alianzas en la región y con el Sur Global, principales soportes de la Argentina en la Cuestión Malvinas. Por otro, esta flagrante contradicción otorga una ventaja estratégica al Reino Unido, potencia que ha sido fuertemente cuestionada por el doble estándar que ha aplicado a diversas situaciones, pero en especial a su posición de denuncia de la violación de la integridad territorial de Ucrania por la invasión rusa mientras vulnera la correspondiente a la Argentina en Malvinas.
La posición asumida por el gobierno de Milei se ve agravada por ocurrir en la misma semana en que el presidente volvió a insistir con la consagración de los “deseos” de los isleños como una razón superior a los legítimos derechos argentinos declarados y reconocidos expresamente en la Cuestión Malvinas por el derecho internacional, y consagrados por el orden jurídico nacional en la Constitución Nacional que el propio presidente se dedica a bastardear y vulnerar de manera sistemática.
La política exterior argentina sostuvo consistentemente una posición de respeto del derecho internacional y, en particular, de principios fundamentales como la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de las controversias internacionales, la no injerencia en asuntos internos y la integridad territorial. Esta debe ser la única vara tanto para repudiar la agresión británica del 3 de enero de 1833 como la agresión que sufre hoy el pueblo venezolano. El abandono de esa posición a partir de la adopción como propia de la política exterior imperialista de una potencia extranjeras traerá aparejadas graves consecuencias.
