La subordinación incondicional a Washington, que utiliza a la DEA y el USACE, profundiza la securitización de la Hidrovía en beneficio de los intereses hemisféricos de EE. UU. El costo es la pérdida de soberanía sobre ese corredor fluvial. El plan se puso en marcha sin participación de las provincias ni comunidades ribereñas y un alto riesgo de conflictos diplomáticos al soslayar los acuerdos con los países de la Cuenca del Plata y debilitar así los mecanismos de integración regional.
Por Jorge Poblette
Bajo el argumento de combatir el Crimen Organizado Transnacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación, por Resolución 1307/2025, lanzó el “Plan Paraná”, una iniciativa destinada al control integral de las actividades ilícitas, en particular las que despliegan las redes de narcotráfico y contrabando que utilizan la Hidrovía Paraná – Paraguay para sus negocios criminales. También son delitos graves y habituales en ese corredor fluvial el contrabando de soja, la evasión de impuestos por parte de las grandes cerealeras, la trata de personas, la corrupción y los delitos ambientales con la consiguiente pérdida de recursos y de soberanía. Sin embargo, se está utilizando la implementación de una política pública urgente y necesaria, para facilitar y profundizar la subordinación estratégica y el injerencismo de los Estados Unidos que utiliza a la argentina para resolver sus propios asuntos de seguridad nacional y disputa hemisférica con China.
El camino hacia Plan Paraná, anunciado por la ministra Patricia Bullrich, ya venía siendo pavimentado desde meses antes. En marzo de 2024, el Gobierno argentino anunció la firma de un memorándum de entendimiento para la cooperación técnica entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). La excusa, elusiva y superficial, fue que este organismo administra la hidrovía del río Misisipi que, según el comunicado, “comparte muchas características con la vía navegable troncal argentina: son columnas centrales para el comercio internacional, así como para el transporte de las cosechas agroindustriales”. Pero a pesar de la sobreactuada naturalidad del gobierno nacional, el invitado a colaborar en la gestión de la Hidrovía no era una consultora civil o una ONG sino el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. Un organismo que, aunque reconocido en ingeniería civil, es fundamentalmente una rama del Pentágono con responsabilidades en defensa, seguridad nacional y logística estratégica.
Tercerizando la soberanía.
La naturaleza política de la cooperación con el USACE quedó de manifiesto ese mismo 15 de marzo de 2024 con la declaración pública del ex Embajador de EE. UU en Argentina, Marc Stanley, realizada desde un buque anclado sobre la Hidrovía. El funcionario afirmó que ambos países “reconocen los objetivos compartidos de garantizar operaciones portuarias de vías navegables eficientes y transparentes en medio de dinámicas ambientales en evolución, incluyendo las realidades del cambio climático y la necesidad de mejorar las medidas de seguridad para combatir actividades ilícitas en las operaciones de vías navegables.” El espejismo técnico esgrimido por el gobierno argentino para justificar el acuerdo se esfumó con esa declaración.
La mención al “cambio climático” por parte del ex Embajador Stanley en el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los EE. UU no es más que un intento por solapar su verdadero objetivo político. Aquí el cinismo es doble: por un lado, Donald Trump es un negacionista radical del Cambio Climático que incluso retiró a su país del Acuerdo de París al que calificó de “debilitante, desventajoso e injusto”. También el presidente Javier Milei, que mezcla con original talento la ciencia con la ideología, ha calificado públicamente el calentamiento global como una “mentira del socialismo”. Con dos mandatarios abiertamente negacionista del calentamiento global, se cae cualquier pretensión moral o ambiental de la cooperación con la USACE.
El clima no era el objetivo, sino una excusa para justificar la presencia estratégica de Estados Unidos en la vía navegable más importante de Argentina. Dónde sí tuvo razón el entonces embajador norteamericano es cuando afirma “la necesidad de mejorar las medidas de seguridad para combatir actividades ilícitas en las operaciones de vías navegables.” Esta declaración, despojada de su fachada climática, es donde se revela la verdadera razón de este Memorandum. Es un claro ejemplo de “intervención por invitación” en los términos en que Arlene Tickner utilizó para caracterizar la política exterior colombiana ya que se trata de una estrategia concertada, de una decisión política del gobierno argentino da facilitar las tareas de control y vigilancia, por parte de los Estados Unidos, sobre uno de los corredores agroindutriales más importantes del mundo, por donde se moviliza más del 80% de la producción agroindustrial argentina y de cinco los países de la Cuenca del Plata, un mercado que disputan principalmente empresas norteamericanas como ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y la china COFCO.
“Como provincia que integra el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, estamos preocupados por el contenido de dicho memorándum de entendimiento, ya que podría afectar tanto los intereses de nuestra provincia como el respeto a nuestra Soberanía Nacional”, expresó el ministro de Gobierno Carlos Bianco de la provincia de Buenos Aires que integra el gabinete de Axel Kicilloff. También el Congreso de la Nación reaccionó. El Diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli señaló que “Tampoco se ha presentado una solicitud de autorización ante el Congreso de la Nación para el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país, tal como lo establece la Ley 25.880” En esta misma dirección se manifestó el Editor Responsable del Portal Atlántico Sur, Guillermo Carmona quien señaló en ese momento que “Es un hecho realmente grave que merece más explicaciones. Es un acuerdo con un país que evidentemente busca incrementar su influencia hemisférica sobre América Latina e involucra a una fuerza armada extranjera. Claramente atenta contra la soberanía nacional en una vía estratégica desde el punto de vista geopolítico y económico”.
La ruta de la droga y los riesgos de la cooperación.
El primer paso había sido ejecutado. El gobierno del presidente Milei facilitó la instalación de bases logísticas sobre el corredor fluvial para compartir el control sobre la Hidrovía con los Estados Unidos. Sobre esta base es que despliega el Plan Paraná, con sus requerimientos de “tecnologías avanzadas” como drones, radares, scanners y tecnología de vigilancia de última generación y la inclusión específica, en la Resolución 1307/2025, de la DEA, la Agencia de Control de Drogas de los EE.UU. A la concesión de la logística al Pentágono, se suma ahora las tareas de control, vigilancia e inteligencia de la que se hará cargo la DEA.
Al analizar la trazabilidad del narcotráfico que circula sobre la Hidrovía, los datos que proveen las agencias internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito son categóricas: la Hidrovía Paraná-Paraguay se ha consolidado como una “superautopista” de salida de cocaína con destino primordial a Europa Occidental y, en menor medida, a África Occidental. En cambio, la inmensa mayoría de la droga que ingresa a Estados Unidos lo hace a través de rutas marítimas y terrestres del Pacífico, Centroamérica y México. Este argumento geográfico desarma por completo la justificación de la asistencia de la DEA bajo la premisa de proteger las fronteras de los EE. UU de la droga del Atlántico Sur. Sin dudas que la lucha contra el narcotráfico es el caballo de Troya perfecto para que Estados Unidos obtenga una ventaja estratégica sobre China al acceder de manera privilegiada al control de la Hidrovía.
Como puede conjeturarse, los riesgos de este tipo de cooperación son muy altos. Además, en el esquema de la DEA, que ya opera en el NOA y NEA en los llamados Grupos Operativos Conjuntos, se organizan unidades de élite con miembros de las fuerzas de seguridad del país, que terminan funcionando bajo estándares norteamericanos y operan con inteligencia provista por la Agencia. Esta dinámica conlleva el peligro de terminar funcionando casi como una fuerza paralela y al servicio de sus intereses. Y más delicado aún, se desplegará sobre la Hidrovía, la principal arteria económica de la Argentina.
Por otra parte, hay que señalar que los organismos de seguridad y de inteligencia nacionales poseen una capacidad y experiencia probadas para las tareas vigilancia y control fluvial. Fuerzas como la Prefectura Naval, con su jurisdicción específica sobre el río, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal tienen décadas de conocimiento y trabajo sobre la Hidrovía, sea en el control de la navegación, el combate al contrabando o en actividades de inteligencia criminal en el corredor fluvial. El verdadero déficit no es técnico ni humano, sino de voluntad política. Al tercerizar la inteligencia y el control operativo, el Gobierno Nacional desvaloriza intencionalmente estas estructuras nacionales, creando una imagen de “incapacidad” que solo sirve para justificar la subordinación y la dependencia tecnológica en lugar de fortalecer la autonomía.
Ausencia de la comunidad y potenciales riesgos diplomáticos.
La sociedad civil también tiene un papel relevante en la lucha contra la delincuencia y especialmente contra el crimen organizado. Hay una cultura de la legalidad en la mayoría de la población argentina que se debe aprovechar porque, entre otros efectos, resiste y no permite la radicación del crimen organizado sobre su territorio. Sin embargo, el Plan Paraná no contempla en ningún apartado su participación, Se trata entonces de un proyecto exclusivo de securitización, que solo ofrece punitivismo y control. También este es un camino peligroso que, como lo prueba la historia argentina, puede derivar en criminalización y represión sobre las poblaciones más vulnerables. El Plan Paraná, en este aspecto, prioriza el control de la logística de Hidrovía por sobre el bienestar y los derechos de los habitantes de la Cuenca.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es un corredor fluvial de gobernanza compartida que involucra a cinco países de la región: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Sin embargo, el Plan Paraná fue lanzado sin consultar ni coordinar con los socios regionales. Esta conducta unilateral genera un alto riesgo de conflicto diplomático, especialmente con Paraguay y Bolivia, cuya soberanía y comercio dependen totalmente del libre tránsito por la Hidrovía. Priorizar los intereses de una potencia extra regional en el corazón de Sudamérica es desconocer los mecanismos de integración propios y sustituirlo por las necesidades de seguridad hemisférica de una potencia ajena al bloque.
El 20 de noviembre los argentinos celebraron el Día de la Soberanía, en memoria de la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. En aquel acto heroico, el gobierno de Juan Manuel de Rosas se opuso a la flota anglo-francesa, defendiendo la soberanía contra la pretensión de las grandes potencias de la época de navegar libremente el río Paraná para imponer sus intereses comerciales. Hoy, 180 años después sobre ese mismo cauce, el Gobierno Nacional ha decidido tercerizar esa soberanía para profundizar el alineamiento de Argentina con los intereses de Estados Unidos en su disputa global contra China. La sangre que se derramó para cerrar el Paraná a la injerencia extranjera, hoy irónicamente se la sacrifica en el altar del olvido y la codicia.
