La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) somete hoy a audiencia pública el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental Estratégica para la futura licitación de la Vía Navegable Troncal. El debate se dará bajo fuertes tensiones y viene precedido de un amparo judicial y en medio de críticas de las organizaciones ambientales ya que pondría en riesgo los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades ribereñas.
Por pAS
El gobierno nacional avanza en el proceso de traspaso a un concesionario privado de los trabajos modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VTN) de la Hidrovía Paraná-Paraguay. El paso inicial es el llamado a la Audiencia Pública para poner en consideración de los interesados y afectados el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la VTN que está programado para el día 3 de noviembre. Esta instancia, abierta a la participación ciudadana, que tiene carácter no vinculante, es un paso fundamental para identificar y prevenir las potenciales consecuencias que las acciones de la empresa concesionaria, especialmente las tareas de dragado, puede tener sobre los ecosistemas, recursos naturales y calidad de vida de las poblaciones que se encuentran a la vera de este corredor fluvial.
El tramo de la Vía Navegable Troncal sujeto al proceso licitatorio abarca desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná-Océano Atlántico. La operatoria sobre la VNT, como ya lo ha señalado el gobierno, corre por cuenta de la empresa y sin aval del Estado.
Sobre la VNT existen alrededor de 60 terminales portuarias a lo largo de su cauce y constituye la ruta fluvial por la que se moviliza aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos del país. Debe tenerse presente además que sobre este corredor fluvial internacional se moviliza casi la totalidad del comercio exterior de Paraguay como también de Bolivia, ambos países integrantes de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH).
Como antecedente hay que tomar nota que el gobierno ya viene de un estruendoso fracaso luego de anular, mediante Resolución N.º 7/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que dirige Iñaki Arreseygor, el primer llamado para licitar estas obras servicios. Esta decisión se produjo al constatarse la presentación de una única empresa interesada, un escenario que se dio en un contexto de graves denuncias de irregularidades y tras la previa disolución de órganos de control clave, eliminando la participación de las provincias ribereñas en la gobernanza de esta arteria vital del Sur Global.
Este segundo intento ya tropezó con serias objeciones procedimentales. El pasado 20 de octubre organizaciones ambientalistas presentaron una medida cautelar contra la realización de la audiencia pública convocada por la Administración General de Puertos y Vías Navegables. Los denunciantes alegaron que la convocatoria vulneraba el derecho a la participación ciudadana efectiva ya que, a criterio de los amparistas, el gobierno difundió un volumen excesivo de documentación, alrededor de 9.000 páginas, con un plazo de tiempo muy escaso para que los interesados pudieran analizar y elaborar objeciones de fondo al Informe de Gestión y Evaluación Ambiental Estratégica. Argumentaron que esto reducía la participación a un acto meramente formal.
“El daño es profundo: esta intervención busca modificar de forma definitiva los humedales y el cauce del Paraná, transformándolo en un canal exclusivamente al servicio de las corporaciones exportadoras, sin vida, sin control y sin retorno, desertificando el sistema de humedales, sus diversidades y culturas”, sostuvo la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
El juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, a cargo de Macarena Marra Giménez, rechazó la medida cautelar al dictaminar que “no se encuentran configurados los requisitos necesarios para admitir la tutela peticionada” y que se “cumplió con los requisitos legales y reglamentarios vigentes”. De esta manera la continuidad del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) sigue adelante. No obstante, el reclamo de las organizaciones ambientales mantiene su relevancia jurídica al sentar un precedente sobre la transparencia de un proceso que prioriza las cuestiones comerciales por sobre los impactos ambientales que se están poniendo en juego. La ausencia de un consenso pleno y la percepción de una participación meramente formal de la ciudadanía, no solo resta legitimidad al mecanismo licitatorio, sino que genera un punto de fricción que podría ser capitalizado por los países socios de la Hidrovía, especialmente Paraguay y Bolivia, en futuras negociaciones relativas al esquema de la gobernanza integral del corredor fluvial, como lo fue el conflicto desatado hace pocos meses atrás por el incremento unilateral del peaje por parte de Argentina.
También en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se ha presentado un proyecto de declaración, firmado por el diputado provincial Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, objetando la solidez de la convocatoria. “El país no puede avanzar con audiencias públicas que no cumplen con los estándares de rigurosidad que exige la ley. Una audiencia sin información suficiente termina siendo apenas un trámite, y la Argentina necesita debates estratégicos, no formalidades”, afirmó el legislador quien también denunció la no inclusión del Canal Magdalena en esta Audiencia Pública.
Esta convocatoria a una Audiencia Pública, a pesar de su naturaleza no vinculante, forma parte sustancial del proceso licitatorio que lleva adelante la administración del presidente Javier Milei. A pesar que la administración libertaria descree profundamente de los temas ambientales, no debería subestimar la participación ciudadana en una concesión que se proyecta a 30 años, sobre uno de las vías navegables más importantes del mundo, en un momento en que el vecino Brasil, socio de la Hidrovía, se prepara para recibir a cincuenta mil visitantes para discutir y evaluar, con los principales líderes del mundo, las políticas contra el Cambio Climático del cual el gobierno argentino descree profundamente. Ya fracasó una vez y el incremento de la oposición social, la judicialización del proyecto o los conflictos diplomáticos podrían estar a la vuelta de la esquina.
