Reino Unido financia parte del costo del régimen colonial en Malvinas con la explotación de los recursos pesqueros. Vulnerando el derecho internacional y aprovechando las oportunidades de gobiernos argentinos afines, viene utilizando el relato de la conservación como una acción ambiental pero también como una estrategia geopolítica para ampliar su influencia sobre territorio nacional.
Por Jorge Poblette
Una característica propia de las economías coloniales ha sido la expoliación de los recursos naturales de los territorios usurpados. Muchos de los países que conforman el Sur Global, naciones que hoy se perfilan con voz propia en la política internacional, han sido colonias que han padecido este tipo de sometimiento.
En 1945, año de creación de las Naciones Unidas 750 millones de personas, casi una tercera parte de la población mundial en aquel entonces, vivían en territorios que no eran autónomos y dependían de las potencias coloniales. Desde entonces, más de 80 antiguas colonias han obtenido su independencia o se ha reestablecido la integridad territorial avasallada.
Sin embargo, los casos de ocupación por la fuerza de un territorio no han sido eliminadas por completo del sistema internacional. Es la situación de las Islas Malvinas que ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso de descolonización donde subyace una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
En este caso, a pesar de los legítimos derechos que reafirma la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, la potencia europea ocupante se ha negado sistemáticamente a retomar negociaciones por la soberanía, desoyendo la numerosas Resoluciones emitidas por Naciones Unidas y el llamado de la Organización de Estados Americanos, el G77 más China, CELAC, ALBA MERCOSUR, UNASUR y otros foros multilaterales y regionales.
Fruto de esa concepción colonial histórica que tiene el Imperio Británico, y mientras dilata la respuesta diplomática de fondo, a través del ilegitimo gobierno isleño ha puesto sus esfuerzos en explotar los ricos caladeros argentinos que tienen bajo su control.
Así lo refleja el último informe publicado por el ilegitimo gobierno isleño bajo el título Cuentas Nacionales de las Islas Malvinas 2014-2024. Según los registros “La pesca sigue siendo la actividad económica más importante de las Islas Malvinas, representando aproximadamente el 58,3 % del PIB nominal en 2024” lo que representa casi £168 millones, añadiendo que “Entre 2014 y 2024, la participación de la industria pesquera en el PIB nominal ha oscilado entre el 38 % y el 63 %”.
Estas cifras reflejan el alto impacto que tiene la actividad pesquera en los ingresos que recibe tanto el gobierno ilegitimo de las islas como la población residente. Esos recursos ictícolas provienen principalmente de dos fuentes: de la venta de derechos de pesca, cuya autorización le fue otorgada a los isleños por Londres en 1986 y por lo producido por las empresas locales que, en asociación con otras extranjeras, operan bajo la bandera de Malvinas. Un ejemplo de estas alianzas lo constituyen los 17 buques, de capital compartido entre empresas españolas que operan desde Vigo y el gobierno ilegitimo de las islas, para explotar espuriamente principalmente el calamar illex que se exporta casi en un 90% a la Unión Europea. Entre los cientos de barcos que operan en la zona de Malvinas sobresalen, por su número y dimensiones, las flotas de España, Corea de Sur y Taiwán principalmente siendo la merluza, el calamar illex, el loligo y el langostino las especies más requeridas.
Según el último informe oficial publicado por Falkland Islands Fisheries Department, organismo colonial dependiente del ilegítimo gobierno isleño, “Las capturas de calamar Illex y merluza fueron abundantes en 2024, lo que arrojó una captura pesquera comercial total agregada de 261.903 toneladas, la más alta desde 2021” Sin dudas un gran negocio pero también una señal del alto grado de dependencia de la economía isleña del recurso pesquero.
La falacia de la conservación
Otro aspecto fundamental sobre la cuestión pesquera en la zona de Malvinas es el vinculado con la sostenibilidad de estos recursos.
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos realizada este año en Francia, la FAO expuso la preocupación que existe a nivel global por el avance de la sobrepesca la que aumenta a un índice de un 1% cada año. En el informe sobre el estado de los recursos pesqueros mundiales la FAO ha resaltado que, en general, el 64,5% de las poblaciones marinas se explotan a niveles sostenibles y que el 35,5% restante están sobreexplotadas.
El Área 41 de la FAO es uno de los caladeros más importantes del mundo por su extensión, su biodiversidad, y la variedad de sus especies. El mismo comprende el Atlántico Sur – Brasil, Uruguay y Argentina siendo esta una región que tiene un índice de sostenibilidad del 68,4%. Sin embargo, estos resultados no pueden traspolarse automáticamente a los caladeros de Malvinas donde las poblaciones explotadas a niveles biológicamente sostenibles son desconocidas más allá de los programas de conservación que esgrimen el gobierno británico. Si la economía de las islas crece en función de la venta de derechos de pesca a buques extranjeros, no es arriesgado afirmar que, esta mutua dependencia económica de la actividad pesquera, donde prevalece exclusivamente el costado comercial, tiene como consecuencia un alto impacto ambiental que pone en riesgo el conjunto de ecosistemas altamente vulnerables a la acción de las empresas que operan en el área.
Las medidas de conservación ictícola propuestas por el Reino Unido han sido solo, en la mayoría de los casos, argucias diplomáticas para avanzar en un mayor control de un territorio de alto valor geopolítico que además goza hoy de autosuficiencia económica. La creación de la Zona de Conservación y Administración de las Islas Malvinas, una medida unilateral adoptada en 1986, se implementó con el único objetivo de quintuplicar los ingresos económicos de la isla. El aumento del aporte del sector pesquero al PBI isleño trajo alivio para las cargas fiscales del tesoro británico y mayor control militar en la región. Pesca y geopolítica, dos dispositivos estratégicos que forman parte del menú político británico.
En 2012, el Reino Unido estableció unilateralmente un área marina protegida de uso sostenible (AMP) alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, superficie que amplio en el año 2018 cubriendo un área marítima de 1.070.000 kilómetros cuadrados. Si bien Reino Unido utiliza estos avances en materia de conservación para posicionarse como un líder mundial en su compromiso de establecer áreas marinas protegidas, lo hace en esta área en disputa no solo contraviniendo los mandatos de Naciones Unidas, sino que adopta medidas por fuera del marco multilateral de Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) de la cual es signatario.
En el marco de los Acuerdos de Madrid se repite la maniobra. Argentina y el Reino Unido suscriben la “Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros” de 1990, bajo fórmula de salvaguardia de los derechos de soberanía, en la que se acordó cooperar en la conservación de cinco especies en el Atlántico Sur. Fiel a su estilo, el Reino Unido no solo incumplió sus compromisos, sino que volvió a territorializar el espacio usurpado, nuevamente en clave ambiental, ampliando otra vez la superficie sobre la cual continuó vendiendo licencias de pesca y ejerciendo control militar.
En febrero de 2012 el Reino Unido anunció la creación de un AMP de más de un millón de kilómetros cuadrados en los mares que circundan las Islas Georgias del Sur y de las Islas Sandwich del Sur. El AMP fue dividida una zona de exclusión pesquera y otras dos de exclusión parcial. El espacio abarca aguas jurisdiccionales argentinas y se superpone con la zona administrada por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos CCRVMA). A pesar de los reclamos argentinos, en mayo de 2019, Reino Unido decidió ampliar la declarada AMP a la totalidad de la zona de las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Nuevamente el uso dual de la conservación como fundamento para extender su influencia en territorio argentino.
En setiembre de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri se anuncia el Acuerdo conocido como pacto Foradori-Duncan, mediante el cual “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Las concesiones hechas en favor del Reino Unido fueron tan lesivas para el reclamo de soberanía de argentina que, en 2023, el gobierno peronista lo denunció, dándose por terminado ese acuerdo.
Un último capítulo lo protagonizaron los cancilleres Diana Mondino y David Lammy, de Argentina y Gran Bretaña respectivamente. Con la llegada a la presidencia de Javier Milei, confeso admirador de Margaret Thatcher y quien se había reunido con David Camerón en Davos apenas un mes después de asumir la primera magistratura, este se comprometió a un relanzamiento de las relaciones bilaterales con el Reino Unido. El deseo se plasmó en el Acuerdo Mondino-Lammy donde se “estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías”. El acuerdo, teniendo en cuenta los antecedentes del Reino Unido y las sospechas que despierta tanto el Foreign Office como la política exterior del gobierno libertario, provocaron un amplio rechazo en el espectro político argentino, por ser una reedición del malogrado acuerdo Foradori Duncan.
La posición de la República Argentina siempre ha sido clara al respecto. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución y la legislación nacional consideran a los archipiélagos usurpados y a sus recursos naturales como argentinos. En consecuencia, califica a las actividades pesqueras en la zona de Malvinas, autorizadas con licencias británicas y sin permisos nacionales, como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Concretamente la Ley N° 24.922, que establece el Régimen Federal Pesquero argentino, cuyo objetivo principal es promover la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionar la sustentabilidad de la actividad pesquera, cuenta con el organismo científico – técnico especializado que es Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -INIDEP-. Su misión es generar conocimiento científico y multidisciplinario sobre los recursos pesqueros y los ecosistemas bentónicos del Atlántico Sudoccidental, para fundamentar el manejo sostenible de las pesquerías, fortalecer la conservación de la biodiversidad marina y apoyar estratégicamente el ejercicio de la soberanía argentina.
Es evidente que en su afán de consolidar el control de los espacios marítimos y terrestres usurpados el Reino Unido utiliza el argumento de la conservación con claros fines geopolíticos, violando abiertamente el artículo 4° de Resolución AGNU 31/49 que insta a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales mientras esté pendiente la negociación sobre la disputa de soberanía.
También su incontenible impulso por avanzar sobre jurisdicciones de terceros, con decisiones unilaterales, llevó al Reino Unido a tener conflicto con los países miembros de Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), organismo internacional que tiene por objetivo conservar la vida marina antártica siendo parte además del Sistema del Tratado Antártico. Ejemplo de ello fue la extensión espacial, a principios del año 2024 de las zonas de prohibición de pesca en el Área Marina Protegida de las Islas Georgias del Sur, una zona que, por su ubicación geográfica, está bajo la órbita de la CCRVMA pero que, en su afán de sostener su proyección antártica, el Reino Unido decidió ignorar. Estos no son exactamente gestos de transparencia y confianza en materia de conservación, a pesar de la reputación y el liderazgo que pretende esgrimir el Reino Unido en materia de Conservación.
Mientras el Reino Unido continúe depredando los recursos naturales en el Atlántico Sur, la apelación a argumentos ambientales y de conservación pesquera no será otra cosa que una pantalla para justificar las acciones depredatorias que ilegalmente autoriza con el expreso objetivo de afianzar su posición geopolítica en el territorio ocupado y consolidar su dominio colonial, violando en forma flagrante el derecho internacional.
Solo la solución negociada de la disputa de soberanía permitirá cumplir con el objetivo de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible en el Atlántico Sur Occidental.
[…] una nota publicada en pAS, se informaba que la pesca es la actividad económica más importante de las Islas Malvinas, […]