El Reino Unido de Gran Bretaña, violando nuevamente las Resoluciones de Naciones Unidas y la legislación argentina, autorizó el inicio de la extracción hidrocarburíferas en la Cuenca Norte de la Islas Malvinas. Tras fuertes críticas por la inacción oficial ante la noticia y la presión de Tierra del Fuego y la PBA, la Cancillería rechazó la decisión británica y a las empresas infractoras. A pesar de los fuertes vínculos de Navitas con el oficialismo israelí y el alineamiento del gobierno libertario con Israel, Milei no desalentó la participación clave de capitales de ese país en el proyecto.
Por Jorge Poblette y Guillermo Carmona
La empresa petrolera británica Rockhopper anunció formalmente esta semana la Decisión Final de Inversión (FID) para la explotación y desarrollo del campo petrolífero León Marino (Sea Lion), un yacimiento off shore ubicado a 200 kilómetros norte de las Islas Malvinas, sobre la Plataforma Continental Argentina. Se trata de un proyecto que había naufragado por problemas de financiamiento y logró salir a flote gracias a la llegada de la empresa israelí Navitas Petroleum. El gobierno de Milei no ha informado de gestiones ante Israel por la participación de esa compañía a pesar de sus numerosos viajes a ese país y el excepcional tratamiento de alineamiento automático e incondicional que le ha otorgado.
El comunicado de prensa de la petrolera británica confirmó que su socio operador, la firma israelí Navitas Petroleum de capitales israelíes, también ha aprobado el multimillonario proyecto. Tras el anuncio empresarial, el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas confirmó que procedió a extender las licencias a la Fase de Explotación a 35 años. La inversión total asciende a $2.100 millones y tiene como objetivo comenzar la producción en 2028.
El total de las reservas cuantificadas son aproximadamente de 917 millones de barriles. En el pico de producción se estiman extraer unos 50.000 barriles de petróleo diarios, lo que al precio internacional actual del crudo promete ingresos multimillonarios sostenidos a lo largo de los 35 años de la licencia otorgada.
Según un informe presentado por Navitas al gobierno ilegitimo de las Islas Malvinas, “Durante el pico de producción petrolera, Navitas prevé la generación de 181 millones de libras esterlinas anuales en impuestos de sociedades, además de 99 millones de libras esterlinas anuales en regalías que se pagarán al Gobierno (ilegítimo) de las Islas Malvinas”. La luz verde para la explotación petrolera se produce a pesar de que la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son objeto de una prolongada e irresuelta disputa entre el Reino Unido y la Argentina.
Al aprobar licencias y planes de explotación a 35 años el Reino Unidos de Gran Bretaña viola lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) como también la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU que insta a las partes se abstengan de introducir modificaciones unilaterales en el territorio en disputa.
También las dos empresas petroleras transgreden el marco legal argentino que califica estas actividades de ilegales por estar autorizada por una potencia que usurpa territorio argentino. Son las leyes 26.659 y 26915 las normas que establecen las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos a la realización de dichas actividades, y sanciones por su incumplimiento con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los 5 a 20 años, entre otras penalidades.
La reacción del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur frente al reciente anuncio fue inmediata. Ayer mismo en un comunicado oficial informó que “rechazó el anuncio del ilegitimo y pretendido gobierno británico que ocupa nuestras Islas Malvinas sobre la decisión final de inversión tomada por la empresa israelí Navitas para avanzar en el yacimiento denominado «Sea Lion» en la cuenca Malvinas Norte.” En otra parte del comunicado insta al gobierno nacional a adoptar todas las medidas diplomáticas y jurídicas necesarias en todos los foros disponibles para frenar esta acción que, de concretarse, afectaría de forma irreversible nuestros derechos soberanos y los recursos que pertenecen a la Provincia y a todo el pueblo argentino”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires también se manifestó respecto del tema a través del ministro de Gobierno Carlos Bianco, quien en un extenso hilo en la red social X interpeló al gobierno nacional: “Exigimos que el gobierno movilice urgentemente al servicio diplomático para impedir esta acción unilateral que viola nuestra soberanía y contradice el derecho internacional. La Argentina tiene instrumentos jurídicos, políticos y multilaterales para actuar, pero debe utilizarlos”. Y agregó: “Debemos defender nuestras Islas Malvinas, sus espacios marítimos circundantes y sus recursos naturales, que pertenecen a todos los argentinos. No hay desarrollo posible ni dignidad nacional sin una política exterior que ponga la soberanía por encima de la subordinación”.
Tras más de 24 horas de silencio, la Cancillería Argentina manifestó que “La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion” ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina.” ”. Luego de repasar la normativa internacional que se están transgrediendo con esta decisión, , el comunicado afirma que “El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas”.
Como antecedente y por Resolución de la Secretaría de Energía N° 240/2022 del mes de abril de 2022, vale recordar que la empresa Navitas Petroleum fue declarada clandestina y sus actividades calificadas de ilegales por el gobierno argentino por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin autorización de las autoridades competentes.
El comunicado del Palacio San Martín ratifica que “El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, para agregar que “Por la gravedad de lo expuesto, y en plena conformidad con el derecho internacional, la República Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.
El comunicado se cierra afirmando que “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Las licencias de explotación petrolera sobre la Plataforma Continental argentina, otorgadas por el Reino Unido abre un nuevo conflicto diplomático ya que, mediante la política de hechos consumados, se pretende extender indefinidamente el control sobre los recursos naturales de un Estado soberano del Sur Global como los es Argentina. Frente a este nuevo avance sobre la soberanía nacional y sobre estos estos activos estratégicos, el gobierno argentino deberá dar curso a un reclamo diplomático y aplicar las leyes nacionales que tipifican estas operaciones como ilegales, lo que implicará la adopción de sanciones contra las empresas infractoras, tal como se anunció en el comunicado oficial. Sin embargo, aun no es posible conjeturar cuales podrían ser los alcances de reclamaciones diplomáticas jurídicas y administrativas, dado el férreo alineamiento del presidente Javier Milei con Israel, y en medio de los anuncios sobre conversaciones que dice tener con el Reino Unido, para levantar las restricciones sobre la compra de armamento, que ese país mantiene con Argentina desde la Guerra de Malvinas.
La tardía reacción del gobierno argentino no logra disimular la ausencia de acciones diplomáticas para lograr que Israel, uno de los países a los que Milei ha decidido alinear incondicionalmente a la Argentina, desalentara la participación de Navitas, compañía estrechamente ligada al oficialismo israelí.
Esta situación ya la advertimos en pAS en setiembre pasado cuando después de casi veinte meses de inacción la Cancillería emitió un comunicado de rechazo al procedimiento de evaluación ambiental del proyecto. En esa oportunidad Guillermo Carmona advirtió que “Ni Milei ni Werthein, en sus viajes a Israel, ni la embajada argentina en ese pais pusieron el tema en agenda con un gobierno al que todo otorgan y nada exigen. No hicieron planteo alguno, no tomaron medidas ni realizaron gestiones para evitarlo”.
Asimismo, el accionar de Milei expresa un nivel de funcionalidad a los intereses británicos inédito: aún cuando el miércoles pasado ya era público el anuncio del avance del proyecto hidrocarburífero de Rockhopper y Navitas, el presidente anunció en declaraciones a el periódico Daily Telegraph que viajará a Londres en abril o mayo del 2026 y que su gobierno negocia con Gran Bretaña un acuerdo en materia militar.
