Foto: APN, Archivo Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.
Parques Nacionales involucra a ONG ligadas a Estados Unidos en el control de áreas marinas protegidas. El vacío que va dejando el Estado en materia de conservación marina y terrestre está siendo ocupado por organizaciones filantrópicas norteamericanas que operan como terminales de la élite corporativa de ese país. Esta privatización del control y vigilancia de nuestras costas y mares es otro golpe a la ya agraviada soberanía nacional.
Por Jorge Poblette
Mientras las llamas devoran el Parque Nacional Los Alerces y otros parques con bosques milenarios como el Lanín y Nahuel Huapi han sido gravemente dañados por las llamas, el Estado argentino ejecuta un recorte presupuestario de los fondos destinados a evitar estos siniestros, que roza el abandono: para este 2026, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego sufrió una poda real del 69% respecto a 2023 y un recorte del 53,6% en comparación con el ciclo anterior. Es más, en el caso de la Iniciativa Pampa Azul, no se ha tratado de un recorte presupuestario, sino del desfinanciamiento total y absoluto de PROMAR, el fondo creado por ley para financiar la investigación científica marina.
En este escenario de asfixia presupuestaria, la Administración de Parques Nacionales (APN) acaba de oficializar una “articulación estratégica” que, bajo el seductor paraguas de la filantropía, habilita la gestión compartida de recursos marinos y costeros con un consorcio de fundaciones estrechamente vinculadas con empresas tecnológicas radicadas en Silicon Valley y a cuadros técnicos con pasados laborales en agencias estratégicas del gobierno de los Estados Unidos.
Existen fundadas sospechas de que en el caso de las ONGs internacionales la ayuda no es filantrópica ni desinteresada; hay sobrados antecedentes del avance que concretan sobre áreas de altísimo valor geológico, biológico y geopolítico, donde la recolección de información y datos sensibles, y el control y monitoreo de espacios estratégicos queda a merced de instituciones fuertemente ligadas con intereses de potencias extranjeras o de corporaciones transnacionales. En el contexto actual de alineamiento automático e incondicional del presidente Milei con los Estados Unidos, el avance del oenegismo transnacional aparece como una amenaza para los objetivos de una soberanía que el gobierno milieista ha decidido tercerizar.
En la nota y fotos publicadas en la página oficial de Parque Nacionales, puede verse a su presidente, el arquitecto Sergio Álvarez, reunido con una comitiva encabezada por miembros de la Fundación Por el Mar (PEM) y la organización internacional WildAid. Según ese mismo comunicado estos esfuerzos conjuntos estarían orientados a las tareas de “monitoreo, control y vigilancia en áreas protegidas marino-costeras”; puntualmente en enclaves críticos de Santa Cruz como los parques Makenke y Monte León. Sin embargo, tal como lo revela el mismo comunicado, el peso financiero y la dirección estratégica de estos proyectos recaen en un consorcio con domicilio en el hemisferio norte: Oceans 5, Oceankind, la Paul M. Angell Family Fundación y Tanka Foundation. Detrás de estos nombres se despliegan intereses que exceden largamente el conservacionismo marino para identificarse más con apellidos influyentes del poder corporativo y político norteamericano.
En la mesa de la APN se sentó Julia Luthringer, representante de la Paul M. Angell Family Foundation, quien hasta hace poco operaba como analista estratégica y enlace parlamentario para la NOAA, la agencia climática y comercial del gobierno de EE. UU.
Otro de los nuevos aliados de la APN es el fondo Oceankind, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), el formato opaco que prefirieren los megarricos de Silicon Valley para mover dinero filantrópico, ligada al cofundador de Google, Larry Page.
De la reunión participaron también Martina Sasso, de la Fundación Por el Mar y Javier García Espil, exdirector nacional en el área de Ambiente en la época de Mauricio Macri, quienes promovieron el boom del onegeísmo en Argentina. Esta Fundación está aliada con Oceans 5, organización filantrópica internacional que actúa como el brazo ejecutor de un consorcio de donantes liderado por la fundación de Michael Bloomberg, tres veces alcalde de Nueva York y hoy pilar del control de datos globales y ciudades inteligentes (Smart Cities).
También asistieron a la reunión representantes de la Gordon and Betty Moore Foundation, cofundadores de Intel, pioneros en Sillicon Valley y con un historial masivo de financiamiento en sensores, radares y seguimiento satelital. Charles Fox es el director ejecutivo de Oceans 5, quien antes trabajó en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama.
Como antecedentes es necesario conocer que la comunicadora social Martina Sasso dirigió, durante cinco años (2017-2022), el programa marino “Sin Azul No Hay Verde” de la Fundación CLT (Conservation Land Trust) y de su heredera la Fundación Rewilding Argentina, propiedad del fallecido Douglas Tompkins y de Kris Tompkins, dueños de The North Face y Esprit, que utilizaron su fortuna para comprar grandes extensiones de campos y bosques, principalmente en el sur de Chile y Argentina, para restaurarlos y luego exigir al Estado que las transforme en Parques Nacionales bajo sus propias condiciones. El Parque Nacional Iberá en Corrientes, el Parque Nacional Monte León en Santa Cruz en coordinación con Fundación Vida Silvestre y el Parque Nacional Patagonia en Santa Cruz son ejemplos de esta metodología.
En el año 2020, la organización pionera de los Tompkins (CLT), cambió oficialmente su nombre a Fundación Rewilding Argentina bajo los auspicio de Kristine Tompkins, el nexo con los grandes donantes internacionales y socio estratégico de Tompkins Conservation, la organización que brinda cobertura global a esta institución.
Martina Sasso fue parte de esta nueva organización, como coordinadora “Sin Azul No Hay Verde” como ya lo señalamos, que expandió su modelo de “producción de naturaleza” desde los ecosistemas terrestres hacia el Mar Argentino. En ese rol cobró visibilidad pública al trabajar política y comunicacionalmente en campañas de alto impacto, como la prohibición de la cría de salmones en Tierra del Fuego y la creación de los Parques Nacionales Marinos Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II durante el macrismo.
En una entrevista realizada por la revista Forbes, Sasso declara que “pretende llegar a proteger el 30% del mar argentino”, una meta coincidente con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, lo que llevaría a que casi un tercio del Mar Argentino esté bajo este modelo de gestión filantrópico-corporativa.
Actualmente, al frente de su propia organización, Por el Mar, esta gestora no solo proyecta una organización de conservación marina con un enfoque estratégico en el Atlántico Sur, sino actuar como un puente entre la filantropía internacional y el Estado argentino. Su Fundación, cuya creación fue formalizada recién en 2022, también es cercana a WildAids una organización con sede en California, que promueve un cambio de paradigma en la gestión de áreas marinas como ya lo hizo en Galápagos: la introducción de sistemas de radares, drones de largo alcance y software de monitoreo de embarcaciones. Entre sus donantes se encuentran la Gordon and Betty Moore Foundation (Intel) y la familia Walton (Walmart), además de trabajar bajo el paraguas de Bloomberg.
Por el contexto y la permisividad reinante, este desembarco de organizaciones conservacionistas financiadas por grandes corporaciones tecnológicas no es casual; es la evolución del modelo que inició la Fundación CLT de Douglas Tompkins de comprar grandes estancias para convertirlas en parques. Hoy esta particular forma de filantropía ya no se conforma con donar tierras, sino que busca auditar y vigilar las costas y el mar argentino con tecnología provistas por sus mecenas estadounidenses.
Hay una frase en el comunicado que es aún más reveladora de los verdaderos fines que persigue este conservacionismo de manual: la APN admite que este convenio es apenas un eslabón en una “hoja de ruta de mayor escala”, lo que podría preanunciar la cesión del control integrado de nuestro litoral marítimo. Al “articular” las áreas costeras terrestre con las áreas marinas protegidas bajo los sistemas de control de estas ONG, el Estado argentino estaría delegando parte de la gestión de una de las áreas más sensibles del Atlántico Sur a organizaciones conservacionistas extranjeras.
Las concesiones hechas por la Administración de Parques Nacionales no deben leerse como un hecho aislado producto de necesidades financieras o simple “ahorro fiscal”. Este paso es parte de una escalada sistémica que opera con la misma lógica con la se permitió la instalación de un Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Hidrovía, el control de la infraestructura crítica en la ciberdefensa o la proyección de una base logística en Tierra del Fuego bajo la excusa de “cooperación” portuaria.
El programa Pampa Azul, que buscaba la autonomía tecnológica en el mar, queda hoy desdibujado ante un modelo de gestión que prefiere ceder soberanía en lugar de financiar las campañas científicas de los institutos nacionales. Bajo la gestión de Cristian Larsen al frente de Parques Nacionales (2024-2025) se marcó un punto de inflexión crítico para la gestión de las áreas marinas protegidas en el marco de la Iniciativa Pampa Azul, llevándolo de ser una política de Estado soberana a una situación de parálisis y desfinanciamiento. Tal como lo señala Guillermo Carmona, con la desarticulación de Pampa Azul “la Argentina ha sido privada de un instrumento fundamental para su desarrollo científico, para el aprovechamiento sustentable de los recursos del mar y para la consolidación de la soberanía sobre los espacios marítimos argentinos.”
Mientras el Estado se retira de la protección de sus bosques milenarios y deja que el fuego los consuma, el gobierno abre las puertas del mar y sus costas al control y vigilancia de los estos nuevos consorcios filantrópicos.
Si bien es justo reconocer que muchas organizaciones no gubernamentales realizan una labor genuina y desinteresada, no se puede ignorar la proliferación de instituciones financiadas por agencias extranjeras que hoy reemplazan a funciones esenciales del Estado, ejerciendo una suerte de poder de policía delegado. En esta nueva arquitectura de poder, donde el gobierno está más interesado por las amenazas a la seguridad de sus aliados que por la de los argentinos, el Estado ya no protege ni sus recursos ni a su población; se ha transformado en un simple peón de los nuevos comisarios de nuestros mares y territorios.
