Tras la intervención del Puerto de Ushuaia decidida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación alegando supuestas irregularidades administrativas, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego emitió un comunicado en el que deja abiertos los canales del diálogo con la Nación, pero confirma que avanzará en un reclamo judicial inmediato. Crecen las sospechas de vinculaciones de la intervención con el interés de Estado Unidos de consolidar su presencia en la capital fueguina.
Por pAS
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur emitió un duro comunicado en el que rechaza de plano la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dependiente del Gobierno nacional, calificándola como un “avasallamiento” sin fundamentos a la autonomía provincial.
El gobernador Gustavo Melella había manifestado su rechazo tras conocerse el miércoles la medida. En la misma línea, el comunicado conocido hoy califica la decisión nacional como una “abrupta intervención” y representa una escalada en la tensión política e institucional entre el gobierno provincial y la administración milelista. Las autoridades fueguinas sostienen que no existe ninguna razón objetiva que justifique la intervención, señalando incluso contradicciones en el propio acto administrativo que la dispone.
Desde el Gobierno provincial destacaron el óptimo funcionamiento y la expansión de la terminal. En contraposición a los supuestos que motivarían la intervención, aseguran que el puerto atraviesa un momento de gran actividad:
· Se esperan más de 525 recaladas de cruceros y buques en la temporada.
· En las últimas dos semanas se batieron récords, atendiendo a 16 embarcaciones internacionales en menos de 24 horas y más de 30 en una semana.
· Más de 30 mil personas (pasajeros y tripulantes) transitaron por el puerto en ese período.
· Recientemente se completó una obra de extensión del muelle de 104 metros, que duplicó la capacidad de atraque simultáneo.
“El puerto crece y funciona con total normalidad. Hay confianza comercial de operadores internacionales”, afirmaron desde la administración fueguina.
El comunicado oficial aborda dos puntos que podrían estar en el centro del conflicto. Por un lado, aclara que, si bien la Legislatura Provincial sancionó por unanimidad la Ley N° 1596 (que estipula usar parte del superávit portuario para la obra social OSEF), ningún fondo ha sido transferido aún, por lo que esta norma no afecta la operatividad del puerto.
Por otro lado, aunque el Gobierno provincial dice desconocer las razones del gobierno nacional para avanzar en la medida hizo referencia a la instalación de “narrativas preocupantes” que circulan. Las autoridades provinciales insinúan que detrás de la medida podrían existir “intencionalidades geopolíticas o económicas no explicitadas”, que exceden la mera administración portuaria. Denuncian que los interventores no han presentado informes detallados que justifiquen su alcance.
Camino doble: diálogo y tribunales
Frente a esta situación, la provincia anunció una estrategia dual: por un lado, señaló que mantiene conversaciones con los más altos niveles del Gobierno Nacional para exigir argumentos y una solución rápida y, por otro, anunció que en paralelo, avanzará con un reclamo judicial inmediato para revertir la intervención.
El rechazo a la intervención ha sumado el apoyo de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), organización gremial que calificó a la medida como “arbitraria, excesiva e ilegal”, recházandola categóricamente. Según el portal Sitio Gremial, desde el gremio denunciaron que la implementación de la intervención de madrugada y con presencia de fuerzas de seguridad “quedará en la historia como uno de los mayores agravios de un gobierno federal contra la autonomía de una provincia. Además, advirtieron que la decisión no solo afecta al puerto más austral del mundo, sino que “constituye un llamado de atención para todas las provincias con puertos marítimos y fluviales” y denunciaron que “solo se permitió el ingreso de 22 trabajadores, se reemplazó al personal de seguridad por una empresa privada y se designó verbalmente como Gerente General a la misma persona que, a partir de la denuncia falsa, habría dado origen a este inexplicable avance interjurisdiccional”.
Por su parte, Matías Lapadula, legislador provincial integrante del espacio que lidera el intendente de Río Grande, Martín Pérez, lanzó duros cuestionamientos a la medida adoptada por el gobierno mileista afirmando que “La intervención del Gobierno Nacional sobre el Puerto de Ushuaia es de extrema gravedad. Es una intromisión indebida sobre bienes, competencias e ingresos que pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego. No sorprende. Estamos frente a un gobierno nacional que desprecia el federalismo, desconoce a las provincias y avanza sin límites sobre sus recursos estratégicos”.
Lapadula cuestionó también a la actuación del gobierno provincial: sostuvo que las declaraciones del gobernador Melella “llegan tarde y llenas de contradicciones” y apuntó contra la falta de autocrítica de la “paupérrima gestión de la DPP (Dirección Provincial de Puertos). “Exigimos al Gobierno Provincial que actúe de manera inmediata, con las herramientas políticas, administrativas y judiciales necesarias, para revertir esta medida”, afirmó el legislador.
El contexto político y geopolítico
La intervención del Puerto de Ushuaia ocurre en momentos en que la provincia patagónica sufre fuertes ataques del Gobierno Nacional. El apoderado del Partido Provincia Grande, Gonzalo Ferro, lo sintetizó en un posteo en la red social X señalando que, en solo una semana, el Gobierno Nacional eliminó a los aranceles cero a la producción provincial, desobligó a las empresas radicadas en la provincia al amparo de la 19.640 a aportar al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina e intervino el puerto de Ushuaia.
La arremetida nacional contra Tierra del Fuego no solo estaría relacionada con el carácter opositor del gobernador Gustavo Melella respecto del gobierno de Milei, sino también con un escenario geopolítico marcado por el declarado interés de Estados Unidos por la posición estratégica de Ushuaia en el Atlántico Sur y su papel clave en la logística antártica, coincidente con la creciente influencia estadounidense en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Ushuaia ha sido reiterado destino de los jefes del Comando Sur de Estados Unidos, tanto en la gestión de Biden como en la segunda presidencia de Trump, y lugar elegido para la participación en ejercicios militares conjuntos entre fuerzas argentinas y estadounidenses. El argumento principal y declarado para justificar tal interés ha sido una supuesta amenaza china en la región. El presidente Milei se ha manifestado dispuesto a habilitar la presencia estadounidense en la Base Naval Ushuaia. Esta temática viene siendo objeto de análisis en portal Atlántico Sur, especialmente en las notas del director editorial Guillermo Carmona, a las que se puede acceder haciendo click en los vínculos resaltados.
Sin embargo, la mano del expansionismo de Donald Trump no solo se evidencia en la acción de los jefes del Comando Sur. Estados Unidos ha logrado un importante involucramiento en las acciones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a partir del acuerdo para la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en la gestión de la estratégica Vía Troncal Navegable que involucra principalmente al Rio Paraná y se concretó mediante la firma de un memorándum a pocos días de la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación.
