Foto: Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico (Londres, Reino Unido)
Bajo el pretexto de la protección ambiental, el parlamentario británico Lord Stevens presiona en Londres para utilizar el nuevo Tratado de Alta Mar (BBNJ) como un caballo de Troya. El objetivo isleño es forzar por esa vía para lograr la creación de una OROP que legitime la presencia británica en Agujero Azul y otorgue a las islas Malvinas un reconocimiento como “Estado Costero” que el derecho internacional les niega.
Por Jorge Poblette
La Cámara de los Lores del Reino Unido está muy atareada por estos días discutiendo la ratificación parlamentaria del Tratado de Alta Mar, oficialmente denominado “Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”, también conocido como Acuerdo BBNJ por sus siglas en inglés, un tema que este Portal abordó en profundidad. En una carrera contra reloj, el Palacio de Westminster quiere ratificar el Tratado antes del 17 de enero de 2026, fecha límite a partir de la cual entrará en vigor la nueva legislación internacional. Sería muy desprolijo que el Reino Unido, después de tantos esfuerzos por construir su versión ecologista, perdiera su “maquillaje verde” que tantos beneficios le ha reportado.
Solo para repasar. Este Tratado es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que busca proteger la vida marina en alta mar, esa enorme porción de los océanos que no está bajo la soberanía de ningún país y que abarca dos tercios de los mares del mundo. Los países tendrán ahora nuevas herramientas para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los océanos. Otro aspecto interesante es que este Tratado de Alta Mar permitirá crear Áreas Marinas Protegidas en esas aguas internacionales, exigir evaluaciones de impacto ambiental a las actividades que se realicen en esa zona y fomentar la cooperación científica, la transferencia de tecnologías y el acceso por igual a los beneficios de los recursos genéticos marinos. Difícil no compartir estos objetivos si, como en el caso de Argentina, un país tiene un extenso litoral marítimo que proteger.
El Tratado de Alta Mar se puso en vigor a nivel mundial el 20 de septiembre de 2025 cuando alcanzó las 60 ratificaciones. A partir de esa fecha este acuerdo entró en un tiempo de descuento de 120 días que se cumplen el 17 de enero de 2026, en el que este Tratado se transformará en una norma obligatoria para todos los países que la hayan ratificado. Existe una abrumadora mayoría de países que comparten la idea de que esta es una gran herramienta para enfrentar, con hecho y acciones concretas, la triple crisis ambiental que sufre el plantea: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.
Como el Parlamento británico no puede modificar el texto del tratado internacional como lo es el BBNJ (de hecho, ninguna Legislatura nacional pude hacerlo), porque es un acuerdo entre 190 países que trabajaron casi veinte años para acordar este texto, lo que hacen los legisladores británicos por estos días es crear las condiciones o elaborar las instrucciones para que ese tratado se pueda cumplir dentro del Reino Unido, incluyendo las dependencias coloniales sobre las que aun ejercen poder, en contravención al derecho internacional.
El interés de Lord Stevens por Agujero Azul
Aquí es donde entra en escena Lord Stevens de Birmingham, un parlamentario de la Cámara de los Lores que está presionando para que en el texto de esa ley nacional se incluyan directivas claras que obliguen al gobierno británico a involucrarse en Agujero Azul, un área ubicada en la plataforma continental argentina de gran riqueza en recursos naturales. Detrás de este parlamentario está el lobby isleño como enseguida veremos.
Es necesario recordar que existe una iniciativa legislativa en el Congreso argentino para crear allí un Área Marina Protegida. En esa área se encuentran los restos del submarino ARA San Juan, cuyo hundimiento con 44 tripulantes a bordo aún enluta a la sociedad argentina. Es importante retener este dato: si bien Agujero Azul está localizada más allá de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), se encuentra dentro de la Plataforma Continental Extendida, que es el área que va desde la milla 200 hasta el límite exterior de la plataforma continental, que en el caso argentino llega en algunos puntos hasta las 350 millas contadas desde la línea de base costera. El proyecto de creación del Área Marina Protegida Agujero Azul tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Argentina y su tratamiento está pendiente en el Senado.
Volviendo a Lord Stevens, el 2 de diciembre del 2025, en el debate sobre el Tratado de Altamar, afirmó en la Cámara de los Lores: “Un caso de prueba temprano para esto (el Tratado) podría ser la oportunidad de desarrollar un área Marina Protegida (AMP) que cubra el llamado Agujero Azul al norte de las Malvinas en el límite de la Zona Económicamente Exclusiva con Argentina…”. Su mención fue utilizó el topónimo británico del archipiélago. El súbito interés de Lord Stevens por Agujero Azul va bastante más allá de una preocupación ambiental. Es un movimiento geopolítico potencialmente perjudicial para los intereses argentinos. Es evidente que lo primero que busca el legislador británico es que el Reino Unido utilice el Tratado de Alta Mar para profundizar su injerencia en el Atlántico Sur. Quienes develaron las verdaderas intenciones de esta movida parlamentaria fueron los integrantes del lobby isleño en Londres –conocidos como “FIG Representative to the UK and Europe”, quienes postearon en la red social X una felicitación a Lord Stevens por colocar a Agujero Azul en la agenda parlamentaria, asociando la iniciativa con la necesidad de “establecer una Organización Regional de Ordenación Pesquera”. De esta forma quedó confirmada la estrategia británica en este asunto.
La iniciativa de Stevens, por lo tanto, no es un gesto inocente ni solo una preocupación por la sobrepesca en altamar. Busca forzar la creación de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) en la zona de Agujero Azul. Este tipo de figura organizativa y jurídica, apunta a sentar en una misma mesa a los países ribereños y a las potencias pesqueras, ya que el llamado Acuerdo de Nueva York de 1995 sobre peces transzonales y altamente migratorios, que crea las OROP, dictamina en el inciso 3, Art. 8, que “Los Estados que tengan un interés real en las pesquerías podrán hacerse miembros de dicha organización o participantes en ese arreglo”. El Reino Unido pretende invocar ilegalmente su ocupación de las Islas Malvinas y reclamar su lugar en esa mesa, en una condición de “Estado Costero” que jurídicamente no tiene, con el fin de obtener reconocimiento internacional y legitimar así la violación a la integridad territorial argentina. Es fácil deducir que, en este esquema que indirectamente propone Lord Stevens, los hasta hoy intrusos, se volverían automáticamente socios. Es importante destacar que la Argentina no ha ratificado el Acuerdo de Nueva York, justamente para evitar que se concrete esa situación contradictoria con los intereses argentinos en la Cuestión Malvinas.
Stevens no puede desconocer el carácter argentino de la plataforma continental en esa área, que tiene reconocimiento internacional. La Argentina tiene derechos soberanos sobre el lecho marino, suelo y subsuelo, a través de su Plataforma Continental Extendida presentada ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU y sancionada como tal como Ley 27.557 de la Argentina. Sin embargo, la columna de agua sobre esa área sigue siendo considerada alta mar. Por eso pretende que el Reino Unido se siente en la mesa de una OROP, ámbito en el que confía que su país imponga sus reglas y expulse a sus potenciales competidores, en especial los buques de bandera asiática, para así garantizar la economía de las Islas Malvinas que dependen vitalmente de estos recursos migratorios, como el calamar illex argentinus.
Hay que tener presente que los ingresos por venta de licencias representan entre el 50-60% de los ingresos fiscales de los isleños. Aunque la jugada es arriesgada y potencialmente conflictiva, ya que no será tarea sencilla establecer una OROP sobre la Plataforma Continental Argentina, está jugando con la posibilidad de contar para este fin con la anuencia del actual gobierno argentino que se ha mostrado afín, en muchos aspectos, a los intereses de la Corona británica.
Sin ninguna mención a la disputa de soberanía con la Argentina sobre los territorios que el Reino Unido usurpa en el Atlántico Sur, el parlamentario británico apela al uso de un argumento muy potente en la agenda global: la emergencia ambiental. Presenta la situación como un desastre ecológico causado por flotas extranjeras y al área de Agujero Azul como “el salvaje oeste”, insinuando que los países ribereños no han actuado con la suficiente firmeza. Omite referirse a las responsabilidades de Gran Bretaña en el saqueo del recurso pesquero argentino en las aguas que rodean a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Stevens expresa así un viejo interés británico de multilaterizar un conflicto que es y sigue siendo, a pesar de sus esfuerzos, de naturaleza bilateral.
La estrategia de Lord Stevens es clara: bajo un calculado “ecoblanqueo”, apunta a utilizar las herramientas que brinda el Tratado de Alta Mar –en particular la creación de áreas naturales protegidas- para conseguir un reconocimiento de la ocupación ilegal de las Islas Malvinas y asegurar el control de los recursos migratorios que sostienen la economía de las islas.
Argentina y los caminos soberanos disponibles
Frente a la embestida de Lord Stevens, la ratificación argentina del Tratado de Alta Mar no debe considerarse como un riesgo o un acto de ingenuidad diplomática, sino una defensa activa de sus propios intereses. La diplomacia argentina trabajó muchos años para lograr, junto a otros Estados, incluir una cláusula de salvaguarda de soberanía en el Artículo 5 que dice textualmente: “Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo perjudicará los derechos, la jurisdicción y los deberes que corresponden a los Estados en virtud de la Convención, incluso con respecto a la zona económica exclusiva y la plataforma continental dentro de las 200 millas marinas y más allá”.
En este sentido, quedarse fuera del Tratado de Alta Mar bajo el pretexto de los riesgos implícitos sería un error estratégico: implicaría poner potencialmente el control de la pesca del Atlántico Sur en manos de potencias extrarregionales como el Reino Unido. Sin la presencia de la Cancillería Argentina en las Conferencia de las Partes (COP) del Tratado de Alta Mar, donde las decisiones se toman por consenso, pero también prevé la posibilidad de decisiones por una mayoría de dos terceras partes, un riesgo potencial a neutralizar por Argentina. La silla vacía no es neutralidad, sería una concesión de ventajas al Reino Unido que Argentina no puede permitirse. Claro, no se trata de ocupar un lugar bajo cualquier condición sino una que es fundamental: evitar por todos los medios que el Reino Unido participe de cualquier medida de conservación en el área que pueda ser utilizada como un antecedente de jurisdicción británica.
Hay que tener presente que el Tratado de Alta Mar permite crear Áreas Marinas Protegidas de Alta Mar sin que necesariamente exista una OROP. Con la declaración de Agujero Azul como Área Marina Protegida Bentónica, Argentina sumaría una herramienta legal poderosa para impedir esta jugada diplomática pero aquí asoman otra serie de aspecto que el Senado argentino debería considerar al momento de abordar su tratamiento.
En el año 2015, cuando en el marco de Pampa Azul se propuso la creación del AMP Bentónica Agujero Azul, trascendió que la misma tendría una superficie de 60.000 Kilómetros cuadrados, que contemplaba porciones de plataforma dentro y fuera de las 200 millas. Sin embargo, el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados establece un área de 148.000 Kilómetros cuadrados, una zona mucho más extensa que la original y que se encuentran íntegramente fuera de la milla 200, en la llamada Plataforma Continental Extendida. Esa ampliación presenta incógnitas que serían útiles despejar antes de avanzar en la aprobación de una norma que podrá ser un camino sin retorno para realizar algunas otras actividades. Un aspecto fundamental a despejar primero cuáles son las razones científicas y los parámetros biológicos que apuntalan la notable ampliación del AMP. El argumento de la conservación, con un débil soporte científico, la volvería muy vulnerables frente a los ataques internacionales que va puede recibir la iniciativa.
Otro aspecto que fue modificado del proyecto original es la categoría de manejo que se propone: Reserva Nacional Marina Estricta. Esto significa, de aprobarse el proyecto en los términos en los que está redactado, que quedarían prohibida, por aplicación del Artículo 5 de la ley 27.037, “La caza y la pesca en cualquiera de sus modalidades” y “Cualquier tipo de prospección, exploración y actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino”. Es una contradicción evidente ya que mientras que Argentina, a través de COPLA, demostró exitosamente ante la Comisión de Límites de la Convención del Mar (CONVEMAR) la continuidad geológica del territorio nacional bajo el océano, la adopción de esa categoría restringiría el uso de lo que la misma CONVEMAR le permite en el inciso 1 de su artículo 77, que dice textualmente: “El estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales”.
Sancionar hoy una protección estricta sobre el Agujero Azul sería no solo frustraría el trabajo de COPLA, sino que transformaría una conquista soberana en un santuario inaccesible para el propio desarrollo nacional, mientras las flotas extranjeras siguen apoderándose de los recursos pesqueros existentes en la columna de agua sobre esa parte de la plataforma continental argentina. La existencia de recursos hidrocarburíferos y mineros en un área que fue incorporada como uno de los bloques de prospección en los proyectos offshore vigentes, exige la adopción de recaudos que garanticen su aprovechamiento por la Argentina.
Otro de los desafíos que se cierne sobre el proyecto Agujero Azul, en los términos en el que está planteado, es la capacidad de fiscalización y control que Argentina podría ejercer sobre una superficie tan extensa y ubicada en su totalidad en la zona de alta mar. Esta vigilancia presenta desafíos ya que debería realizarse en un espacio marítimo donde existe libertad de navegación y de pesca, y donde aplicar sanciones a potenciales infractores requiere de esfuerzos técnicos y probatorios excepcionales.
Por lo tanto, la consideración por el Senado de la Nación del proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados debería contemplar estas aristas y otras para decidir herramientas que combinen equilibradamente la protección a la biodiversidad, el desarrollo energético y el bloqueo a cualquier intento de presencia británica en esa delicada región de Atlántico Sur.
La política, la diplomacia y la ciencia pueden transitar muchos caminos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y proteger la biodiversidad de esa zona sin sacrificar soberanía energética. En cualquier hipótesis se debería evitar el aislamiento internacional al abordar el debate sobre la aprobación del Tratado de Alta Mar. Los espacios marítimos argentinos siguen dependiendo, ante todo, de las iniciativas y decisiones de su propia ciudadanía y dirigencia política. El país tiene herramientas propias que no están sujetas al control ni al permiso de terceros países, salvo que este se subordine voluntariamente a esos proyectos de injerencia interna, como ocurre recurrentemente con el actual gobierno nacional.
El control INDNR exige profundizar una política de Estado que combine la vigilancia satelital con el patrullaje marítimo y aéreo constante de nuestra Zona Económica Exclusiva, incrementando el presupuesto, aumentando el equipamiento y las tecnologías, endureciendo las sanciones y fortaleciendo la presencia de nuestra Armada y Prefectura en la ZEEA.
Proyectar soberanía es, en definitiva, ocupar el mar con ciencia, con ley y con presencia física. Si Argentina asume su rol de potencia marítima, científica y energética, y blinda su Plataforma Continental de las potencias extranjeras, ni Lord Stevens con sus argucias políticas ni ninguna otra potencia extrarregional podrá impedir ejercer con plenitud la soberanía sobre ese territorio que se extiende promisorio bajo el Atlántico Sur.
