El Reino Unido apela nuevamente al relato conservacionista para ocultar el saqueo de recursos naturales en aguas usurpadas a la Argentina. El nuevo “Fideicomiso Verde” de Navitas y Rockhopper no es una medida de protección ambiental, sino una decisión para profundizar y legitimar la ocupación, poniendo en riesgo la integridad ecológica de todo el Atlántico Sur y la Antártida.
Por Jorge Poblette
El presidente Javier Milei, quien ha declarado en reiteradas ocasiones su admiración por la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, confirmó en diciembre de 2025 al diario The Daily Telegraph su intención de visitar el Reino Unido durante el transcurso de 2026. De concretarse este viaje, casi 23 años después de la histórica visita del presidente Néstor Kirchner a Londres, el encuentro coincidiría con el tratamiento y puesta en marcha, en el territorio usurpado a la Argentina, del “Offshore Petroleum Bill 2026”.
Esta iniciativa del gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas busca crear un fondo de mitigación ambiental financiado directamente por las petroleras, con la empresa de capitales israelíes Navitas Petroleum y su socia británica Rockhopper Exploration como principales operadoras y beneficiarias, en un nuevo intento por presentar la explotación de recursos naturales en aguas bajo disputa territorial, utilizando el paraguas de la sostenibilidad ambiental. A través del denominado “Offshore Petroleum Bill 2026”, se pretende establecer un fideicomiso que obligue a estas compañías a pagar una tasa en función de sus emisiones de carbono, vinculando legalmente la renta petrolera con proyectos de remediación local. De este modo, el Reino Unido busca transformar un acto de extracción unilateral e ilegal de recursos argentinos, en un esquema de “minería responsable” que le permita minimizar las críticas internacionales.
Aunque el Reino Unido pretende erigirse como líder en el desarrollo de economías marinas sostenibles a nivel global, las medidas de conservación destinadas a esta región usurpada del Atlántico Sur han sido una retórica que solo sirve de excusa para mantener y expandir el control de un territorio de alto valor geopolítico. Con este objetivo se declaró, por ejemplo, la Zona de Conservación y Administración de las Islas Malvinas (FICZ) en 1986; una medida unilateral que quintuplicó los ingresos económicos de los isleños.
Una tasa ambiental a la medida de las petroleras.
La iniciativa actual, impulsada por Cheryl Roberts desde el Departamento de Recursos Minerales de las islas, se promociona también como un marco regulatorio ambiental de avanzada. Sin embargo, esta nueva institucionalidad es, una vez más, la estrategia que utiliza el Reino Unido para intentar convertir la extracción ilegal de hidrocarburos en un aporte al medio ambiente. Con este tipo de impuestos al carbono y la creación de fideicomisos, Londres busca revertir la percepción internacional sobre esta situación colonial: el objetivo es que ya no se vea estas concesiones petroleras como, lo que en realidad son, un saqueo de recursos naturales argentinos, sino como una política ambiental destinada a financiar la protección de la fauna y la restauración de los suelos de los archipiélagos.
Pero lo cierto es que la creación de este “Fideicomiso Verde” y el otorgamiento de licencias petroleras por un plazo de 35 años constituyen decisiones unilaterales que buscan consolidar la presencia británica en la región. Estas medidas alteran de forma flagrante el statu quo del territorio en disputa y vulneran nuevamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General (1976), la cual insta específicamente a las partes a “abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación” mientras el proceso de negociación recomendado por la ONU permanezca pendiente.
Es indiscutible que, gracias a un sólido trabajo diplomático y a una legislación dictada en defensa de la soberanía nacional, la Argentina logró convertir estos territorios usurpados del Atlántico Sur en una zona de exclusión para las grandes corporaciones petroleras. Estas compañías priorizan sus inversiones masivas en el continente, desde Vaca Muerta hasta las cuencas offshore de Buenos Aires, y no están dispuestas a arriesgarse a las sanciones de las Leyes Nacionales 26.659 y 26.915, que inhabilitan y penalizan a quienes operen en la plataforma continental sin el permiso de la autoridad competente argentina.
Sin embargo, ante el despliegue de estas maniobras “ambientales” y la presencia de Navitas Petroleum y Rockhopper en el área de León Marino, compañías que no son de primer orden a nivel global, el Reino Unido demuestra ser consciente de que la ocupación por la fuerza tiene un costo reputacional y político que debe minimizar. El objetivo es claro: fabricar un antecedente de “seguridad ambiental” para seducir a las grandes petroleras y alentarlas a que regresen a la zona, pretendiendo que pueden operar sin riesgos legales.
Los riesgos ambientales de la explotación petrolera en León Marino.
El campo petrolero de León Marino (Sea Lion), ubicado en el Bloque 14/10 en la Cuenca Malvinas Norte, situado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de Puerto Argentino, de donde Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, planean extraer millones de barriles de crudo se encuentra totalmente sobre la plataforma continental argentina.
Por la ubicación de estos yacimientos, un eventual derrame de petróleo sería arrastrado por la Corriente de Malvinas, un movimiento oceánico de agua fría que fluye hacia el norte a lo largo de la costa patagónica hasta el área del Río de la Plata, y podría alcanzar las costas patagónicas o el ecosistema antártico en cuestión de días. Hay que tener presente que el océano es un sistema continuo: un desastre ambiental en la zona usurpada es un daño en el mar argentino. Un derrame no solo mataría fauna en las islas, sino que destruiría áreas de alimentación y cría que son vitales para todo el litoral atlántico sudamericano. La pérdida de biodiversidad sería un daño irreparable al patrimonio natural que la Argentina tiene la obligación constitucional de proteger.
Sin embargo, la ocupación británica impide a la Argentina ejercer su derecho de supervisión y control sobre estas actividades de alto riesgo ambiental, en su propia plataforma. Es así como las acciones unilaterales del Reino Unido exponen a todo el Atlántico Sur a una catástrofe ecológica sin que nadie pueda evaluar la seguridad de las operaciones o intervenir en la prevención de un desastre que, de ocurrir, no reconocerá límites geográficos ni políticos.
La Antártida también se encuentra vulnerable ante un eventual derrame. Debido a la interconexión de las corrientes en el Atlántico Sur con la zona de Convergencia Antártica, un vertido de gran magnitud podría transportar hidrocarburos hacia este ecosistema, sin dudas uno de los más sensible del planeta. El daño ambiental resultaría irreversible, afectando especialmente a las colonias de krill, base de la cadena alimentaria global, y a las poblaciones de pingüinos y mamíferos marinos que ya se encuentran bajo el acecho de la Gripe Aviar (IAAP).
Ahora bien, ¿puede pretender el Reino Unido que los países del Atlántico Sur confíen en que el Departamento de Recursos Minerales de las islas, con el Offshore Petroleum Bill 2026, es capaz de controlar por sí solo este riesgo?
Al no existir el reconocimiento de la autoridad de organismos técnicos argentinos, como la degradada Subsecretaría de Ambiente de la Nación o las instituciones científicas del proyecto Pampa Azul, la Argentina y el resto de los países ribereños de la región quedan relegados a la condición de espectadores pasivos frente a una actividad de alto riesgo ambiental. La “seguridad” que promete el Offshore Petroleum Bill 2026 es una ilusión, muy conveniente para los isleños, por cierto, pero en los hechos incapaz de un control efectivo del riesgo, donde se impide el control del Estado ribereño legítimo.
Como lo ha hecho durante 193 años, el Reino Unido apela a los actos unilaterales y a la imposición de hechos consumados. Al final del día, el “Fideicomiso Verde” es solo papel mojado para tranquilizar la conciencia de los potenciales inversores, pero de ninguna manera brinda seguridad a la integridad de nuestras costas ni al ecosistema antártico ante la voracidad de empresas que operan al margen de la ley. En definitiva, esta propuesta es más de lo mismo: un relato conservacionista para justificar la depredación; el uso del falaz argumento del derecho de autodeterminación para sostener la ocupación ilegal y la militarización del Atlántico Sur; y el aprovechamiento político de la ciencia para favorecer su proyección antártica. Todo esto, mientras el Reino Unido continúa incumpliendo el derecho internacional y busca capitalizar las ventajas que le otorga un gobierno nacional que está dispuesto conceder todos los deseos a los países que, según Milei, defienden la causa de la libertad” cuando en realidad violan flagrantemente el derecho internacional: EE. UU, Israel y los miembros de la OTAN.
