Las declaraciones de Rafael Grossi sobre la Cuestión Malvinas activaron las alarmas sobre las consecuencias que puede tener para la Argentina su eventual elección con Secretario General de las Naciones Unidas.
Por Guillermo Carmona
Rafael Grossi, el diplomático argentino y actual director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) que transita la fase final de la campaña para ser el próximo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, hizo la semana pasada unas declaraciones que han provocado consternación y rechazo. En una entrevista realizada por Andrés Fidanza, en el ciclo Playbook del medio multiplataforma El Observador US, Grossi fue consultado acerca de su postura en la Cuestión Malvinas y sobre cuál sería su abordaje del tema en caso de ser electo Secretario General. Su respuesta fue la siguiente: “Imparcialidad total, eso hay que entenderlo muy claramente. El Secretario General es el Secretario General de todos. Y en ese conflicto, en esa controversia como en cualquier otro tiene que imperar la imparcialidad, la imparcialidad absoluta”.
Ante la consulta de si no podría haber un problema con Gran Bretaña, el diplomático afirmó que “no, yo creo que no, de ninguna manera. Yo trabajo mucho con Gran Bretaña hace muchos años en temas muy sensibles. Y, además, desmalvinicemos la cosa: para cualquier Secretario General traer a la mesa un tema donde su propio país de origen estuviese involucrado… Te voy a poner un ejemplo, Ban Ki Moon, Secretario General de Corea del Sur, en un enfrentamiento territorial, político muy fuerte con Corea del Norte, que tenía una posición más cercana o connivente por parte de China, por ejemplo. Sin embargo, él en ese tema, un tema muy delicado, siempre mantuvo una total imparcialidad. Es decir, el Secretario General tiene que sobrevolar esas cuestiones”.
He considerado importante transcribir literalmente todo el fragmento de la entrevista en la que el candidato habla de Malvinas para evitar que el análisis que propongo a continuación pueda considerarse sacado de contexto o sesgado. No solo son relevantes los conceptos que han levantado polvareda –“imparcialidad total” “desmalvinizar la cosa” o “sobrevolar esas cuestiones”. Grossi es un diplomático experimentado que no se puede haber visto sorprendido por esas preguntas de cajón para cualquier argentino o argentina que aspire a ocupar un lugar importante en organismos internacionales y con mucha más razón si se trata de la Secretaría General de la ONU (SGNU). Esos dos párrafos, en un todo, son una construcción discursiva que no fue lanzada al azar, sino concebida para un destinatario concreto: el gobierno británico. Y allí debe ponerse la atención en el análisis de lo dicho y de sus posibles consecuencias.
Anticipo mi opinión de que esa respuesta por la que optó Grossi fue música para los oídos británicos y debe ser motivo de preocupación para la Argentina. También considero central recordar al lector que, aunque en uso de licencia, el candidato en cuestión es miembro del cuerpo diplomático argentino y que fue propuesto formalmente por la República Argentina para conducir la Secretaría General de las Naciones Unidas. Se trata de una decisión que por su relevancia no puede haberse tomado sin el involucramiento directo del canciller, del presidente de la Nación y, atendiendo a las anormalidades institucionales de los tiempos que vivimos, por El Jefe, es decir por la hermanísima presidencial. No exageramos en nada si decimos que Grossi es el candidato de los Milei.
Los límites de la imparcialidad
El argumento de la imparcialidad total alegado por el embajador Grossi tropieza con dos grandes dificultades en relación con las funciones de los Secretarios Generales de la ONU. La primera de ellas es que el Secretario General (SG) no puede, escudado en la imparcialidad, consentir la violación de la Carta de las Naciones Unidas o de los mandatos provenientes de los órganos de la ONU. El artículo 98 de la Carta establece que “El Secretario General actuará como tal en todas las decisiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria” y agrega que “desempeñará las demás funciones que le encomiendan dichos órganos”. La Carta se refiere a “todas” las decisiones de esos órganos, por lo que el Secretario General no puede eludir la necesaria intervención. Las decisiones y mandatos de esos órganos están vinculadas en la mayor parte de los casos con el abordaje de los objetivos trazados por la ONU, con situaciones de conflictos y con vulneraciones del derecho internacional por los Estados parte de la Organización.
El artículo 100 regula el modo en que deberá actuar el SG frente a las decisiones y funciones que le encomienden los órganos mencionados: este artículo de la Carta impone, por un lado, una obligación a dicho funcionario consistente en que “no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales”; por otro, impone a los Estados parte la obligación de “respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General” y “a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones”.
Aunque en la práctica los SG han tenido serias dificultades para sortear los condicionamientos y presiones de las grandes potencias que forman parte del Consejo de Seguridad –y en especial de Estados Unidos y sus socios occidentales- resulta claro que no pueden sobrevolar las disputas y conflictos en ningún caso, como ha afirmado Grossi, ni siquiera cuando involucran a su país de origen. Lo que no deben admitir quienes desempeñan ese rol son “instrucciones de ningún gobierno o autoridad ajena” a la ONU. Deben, en cambio, actuar siempre en favor del cumplimiento de la misión, los objetivos y funciones de la ONU que están definidas en la Carta de la Organización y especificadas en las distintas resoluciones de sus organismos. Entre ellas se encuentra la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), aprobada en 1960, que “proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones” y establece las pautas generales para alcanzar ese objetivo ¿Podría el Secretario General sobrevolar este asunto porque su país de origen padece una situación de colonialismo? ¿Podría alegarse imparcialidad para “no traer el asunto a la mesa” en casos de violación del derecho internacional por parte de una potencia colonial porque el país afectado es el de origen del SG? La respuesta a esos interrogantes es un categórico no que surge de la propia Carta de la ONU.
Descolonización y mandato al SG sobre los buenos oficios en la Cuestión Malvinas
La segunda objeción a lo planteado por Grossi también está vinculada con las obligaciones y competencias del SG, aunque radica en los mandatos que de manera específica y continua le han sido conferidos en relación con la Cuestión Malvinas. La Resolución 37/9 de la AGNU, aprobada el 4 de noviembre de 1982, inauguró un proceso en el que la Asamblea General encomendó un mandato específico de buenos oficios al SG. En esa Resolución la AGNU
- Pide al Secretario General que, sobre la base de la presente resolución, emprenda una misión renovada de buenos oficios a fin de asistir a las partes en el cumplimiento de lo solicitado en el párrafo 1 supra, adoptando con tal propósito las medidas apropiadas;
- Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su trigésimo octavo periodo de sesiones acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución.
Las seis resoluciones que aprobó la AGNU entre 1982 y 1988 reiteraron casi textualmente esos dos párrafos. Se trata de las Resoluciones 38/12 del 16 de noviembre de 1983, 39/6 del 1 de noviembre de 1984, 40/21 del 27 de noviembre de 1985, 41/40 del 25 de noviembre de 1986, 42/19 del 17 de noviembre de 1987, y 43/25 del 17 de noviembre de 1988). El único cambio que se introdujo respecto del texto de la Resolución 37/9 fue formal: en donde decía “emprenda una misión renovada de buenos oficios” se reemplazó por “continué su misión renovada de buenos oficios”. Desde que, en 1989, el examen anual de la Cuestión de las Islas Malvinas quedó radicado principalmente en el Comité Especial de Descolonización (C24), junto con la reafirmación de la vigencia de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General, la reiteración de que la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la solicitud a ambos gobiernos que reanuden las negociaciones de soberanía se ha reiterado anualmente el apoyo a la misión de buenos oficios del Secretario General, lo que implica un recordatorio de que tal funcionario debe cumplir con la misión encomendada.
Como diplomático argentino, Grossi no puede desconocer que el Reino Unido ha rehusado dar cumplimiento a la Resolución 1514 (XV) de la AGNU en 10 de los 17 casos de territorios no autónomos pendientes de descolonización –se trata de las 10 posesiones coloniales británicas que aún se encuentran bajo el tratamiento del Comité de Descolonización-. Tampoco puede ignorar que en la Cuestión Malvinas la comunidad internacional viene exigiendo el cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de la AGNU que se ha visto imposibilitado por la negativa británica a retomar las negociaciones en torno a la cuestión de la soberanía.
Frente al incumplimiento de las resoluciones de la AGNU y del Comité de Descolonización por parte de un Estado miembro, en este caso el Reino Unido, el SG debe actuar en el marco de las Resoluciones adoptadas por esos organismos, pero también debe hacerlo en pos de la concreción de la misión de buenos oficios que le ha sido encomendada. Para ello, debe involucrarse en el asunto en representación de la Organización.
La misión de buenos oficios del SG no es ni abstracta ni de cumplimiento imposible. Durante mis funciones como Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico de la Cancillería argentina tuve la oportunidad de plantear ante funcionarios de la SGNU y ante el actual SG Antonio Guterrez la necesidad imperiosa de que se cumpla ese mandato. Dando continuidad a gestiones precedentes, en mayo de 2022, junto a la representante argentina ante la ONU embajadora María del Carmen Squeff, nos reunimos con el Secretario General Adjunto de Políticas de la ONU, Volker Türk –número dos por entonces del Secretario Guterres y actual Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU- y con el Subsecretario General para Europa, Asia Central y América del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenča. En esa reunión en la que se evaluaron posibles caminos para potenciar los buenos oficios me quedó muy claro que existía predisposición de la SGNU de avanzar en el cumplimiento del mandato de la AGNU y que, al mismo tiempo, Gran Bretaña lograba desactivar las iniciativas en ese sentido a partir del poder que le confiere su carácter de miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Un mes después de ese encuentro, acompañamos al canciller Santiago Cafiero a una audiencia con el SG Guterres y pude exponer también en ese ámbito nuestros puntos de vista sobre el asunto.
En 2023 volvimos a mantener una reunión por el mismo asunto con el Subsecretario Jenca. Tanto en 2022 como en 2023 realizamos advertimos a los Presidentes de la AGNU para esos periodos de la importancia de que se exija a la SGNU el cumplimiento del mandato. Nuevamente el tema fue planteado por el presidente Alberto Fernández, en setiembre de 2023, en una reunión que mantuvo con el SG Guterrez, previa a su discurso en la apertura de Sesiones de la Asamblea General.
Sin lugar a dudas, la exigencia de los gobiernos argentinos de que el SG cumpla el mandato de los buenos oficios es clave para el futuro de la Cuestión Malvinas. Tras los dichos de Grossi surge una pregunta ineludible: ¿cómo podría lograrse eso si el propio SG fuera alguien que considerara que no puede “traer a la mesa un tema donde su propio país de origen está involucrado”? El razonamiento de Grossi sobre cómo abordaría la Cuestión Malvinas si fuera SG nos enfrenta con un panorama sombrío, un camino sin salida durante por lo menos cinco años que otorgaría una ventaja a la diplomacia británica que, a no dudarlo, no dejaría de aprovechar la situación para consolidar aún más su posición colonial.
Tras las huellas de Malcorra
La apelación del embajador Grossi a que “desmalvinicemos la cosa” se convertirá en una de esas declaraciones que quedará por siempre asociada a su persona. Es que no hay en la Argentina una figura relevante de la política, de la academia y menos aún de la diplomacia que se haya animado a utilizar una expresión que tenga una connotación tan negativa para referirse a nuestra causa nacional. En la Argentina hay desmalvinizadores vergonzantes, quienes practican esa suerte de accionar antinacional, aunque son pocos los que se animan a explicitarlo. La grosería conceptual del embajador Grossi compite en gravedad con los alegatos de Milei a favor del reconocimiento de los deseos de los habitantes de las Islas Malvinas en la disputa de soberanía.
Aunque indigna y genera preocupación, lo de Grossi, sin embargo, no sorprende. Así como la política mileista en la Cuestión Malvinas está unida por un mismo hilo conductor con lo actuado por el macrismo, ante la candidatura de Grossi el mileismo repite el modus operandi del macrismo con la postulación de Susana Malcorra, la excanciller de Macri que quiso ser SG de la ONU otorgando por anticipado garantías y concesiones al gobierno británico. Un breve repaso cronológico de los hechos ocurridos en 2016 devela la trama de la entrega de soberanía: el 12 de mayo Malcorra visitó Londres y se reunió con su par británico Philip Hammond. El 20 de mayo Mauricio Macri remitió a la ONU una carta postulando la candidatura de su canciller a la SGNU. El 23 de mayo Macri hizo en la Casa Rosada la presentación pública de Malcorra como candidata; el 2 de agosto, la primera ministra británica Theresa May respondió a Macri una carta a Macri por la cual este había comunicado al predecesor de May –David Cameron- la candidatura de Malcorra. En esa carta, May anticipó que “consideraría cuidadosamente” la candidatura de la canciller argentina y sugirió las condiciones que luego serían las líneas rectoras del pacto Foradori-Duncan: avanzar en las conexiones aéreas entre las Islas Malvinas y terceros países de la región y la remoción de las medidas restrictivas para la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. El 8 y 9 de setiembre Malcorra estuvo en Londres y trascendió que reveló que el gobierno argentino “está trabajando” para “iniciar un diálogo potencial” sobre la cuestión de la exploración petrolera en la zona de Malvinas, y que, en el “corto plazo” podrían ser restablecidos “los vuelos directos a las islas”. El 13 de setiembre se hizo público el Comunicado Conjunto entre los gobiernos británico y argentino conocido, como pacto Foradori-Duncan, en el que se materializaron las concesiones que Londres exigía. Sin embargo, las exorbitantes concesiones no fueron suficientes: el 5 de noviembre se supo que Malcorra había sido vetada en el Consejo de Seguridad. Aunque la votación fue secreta, Clarín aseguró que entre los tres votos negativos que recibió, uno fue el veto británico.
Las concesiones del mileismo al Reino Unido han sido aún mayores a las otorgadas por el macrismo: la desarticulación del accionar multilateral por la Cuestión Malvinas, la aquiescencia ante los actos unilaterales británicos en materia pesquera, hidrocarburífera y militar, el restablecimiento de las concesiones del acuerdo Foradori-Duncan (denunciado por nuestra gestión el 2 de marzo de 2023) a través del pacto Mondino-Lammy y los dichos de Milei haciendo propios los argumentos británicos sobre los efectos de la victoria militar en la guerra y la autodeterminación han sido inestimables favores a los intereses británicos. Grossi no es canciller como era Malcorra en 2016, por lo cual no se puede suponer que haya promovido esas concesiones en favor de su candidatura. Sin embargo, si es imaginable que lo hayan hecho desde el gobierno libertario en busca del rédito que podría significar la llegada de un argentino a la SGNU en tiempos de aislamiento internacional de la Argentina como los que vivimos. Milei sabe que con veto británico no hay SG argentino. Lo claramente diferente en este caso es que nunca Malcorra llegó a decir algo de una gravedad comparable con lo afirmado por Rafael Grossi en la entrevista en cuestión.
No sabemos cuál será la decisión final que adopte el Consejo de Seguridad sobre los candidatos y candidatas que se mantienen en la competencia, decisión que será determinante para la votación por la AGNU de la resolución que ratificará a quien sea nominado por el Consejo. Lo que si está claro es que la Argentina no puede ni debe nunca más poner en riesgo la Cuestión Malvinas sacrificándola en el altar de las candidaturas a cargos en organismos multilaterales, organismos a los que el propio Milei bastardea e insulta sistemáticamente por su supuesta inutilidad e inoperancia.
Lo que fue presentado como una oportunidad se ha tornado de repente en una posible amenaza para los intereses de la Argentina. Una vez más, lamentablemente, la historia se repite.
