La denuncia del diputado Jorge Taiana sacude el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal al revelar el uso de documentación apócrifa atribuida falsamente a la ONU para avalar el pliego. En medio de sospechas de direccionamiento y avales truchos, el escándalo escala a la justicia penal y golpea la credibilidad de del gobierno nacional. Con rentabilidad garantizada para el privado y el desmantelamiento de los controles, el gobierno de Milei hipoteca la última reserva de autonomía nacional, dejando la arteria vital a merced de intereses extranjeros.
Por Jorge Poblette
La transparencia y los resultados en la gestión no se declaman, se construyen. Por eso, cuando aparecen denuncias de documentos falsos bajo el sello de la ONU, con los que el gobierno de Javier Milei intenta justificar la privatización de los servicios de dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal, el relato oficial cruje bajo el peso de las sospechas y la desconfianza. La denuncia presentada por el Diputado del Bloque Unión Por la Patria, Jorge Taiana exigiendo la inmediata suspensión de la licitación de la Vía Navegable Troncal del río Paraná, es el recordatorio de que, en estas latitudes, lo que no se aclara, oscurece. Detrás de la formalidad técnica del segundo llamado lo que asoma es el fantasma de algo que ya hemos visto: los mismos errores institucionales que hicieron naufragar el primer intento licitatorio, ahora maquillados bajo una nueva máscara, pero igual de frágil e insostenible.
La farsa del aval internacional: el “maquillaje” de la UNCTAD
La novedad que debilita aún más el relato oficial es la aparición de documentación apócrifa. Para barnizar de transparencia una concesión floja de papeles, el gobierno presentó un resumen ejecutivo de apenas cuatro páginas como el documento definitivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) cuya función en la licitación es auditar el proceso para garantizar la transparencia, imparcialidad y competitividad. Sin embargo, la realidad es mucho más burda: mientras peritos informáticos denuncian ante la Cámara de Diputados que el documento presentado es falso, el informe completo de la ONU —ese que el Gobierno prefiere no mostrar— ofrece una lectura demoledora que contradice el publicitado optimismo oficial del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor.
Lejos de ser un respaldo sin fisuras, la UNCTAD formula objeciones técnicas, advertencias institucionales y recomendaciones concretas sobre competencia y tarifas, incluido el cuestionamiento a un precio prácticamente blindado desde el pliego, exigencias financieras, mecanismos de control estatal, resolución de controversias y riesgos operativos, señalando que el pliego está diseñado para dificultar la competencia antes de empezar la carrera. Al fijar una tarifa mínima obligatoria y prohibir ofertas menores, el Gobierno ha blindado el negocio desde el escritorio, impidiendo que cualquier empresa más eficiente baje los costos logísticos.
Por el contrario, la ley exige que los pliegos sean confeccionados de forma tal que permitan el acceso de la mayor cantidad de oferentes posibles, siempre que estén en condiciones de satisfacer la necesidad que motiva el contrato. Principio que aquí no se respeta. Esta es una licitación que pierde el sentido económico para la cual fue convocada, para convertirse en un simple trámite de convalidación tarifaria.
La farsa técnica que el Gobierno vende como “previsibilidad”, es un blindaje tarifario escandaloso. Según el propio Plan Económico del Estado, la tarifa básica se duplicará, saltando de USD 4,39 a USD 11,2 por tonelada. No hay “descubrimiento de precio” ni competencia: el pliego diseña un aumento del 155% para asegurar una recaudación que superará los 900 millones de dólares anuales hacia el final del contrato. Es el triunfo del lobby cerealero y las dragadoras: un negocio de 25 años con rentabilidad garantizada por decreto, mientras la Procuradoría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya advertía en 2025 que este diseño violaba los principios de transparencia y economía procesal. Además, esos millones circularán por fuera del control estatal directo, ya que la Administración General de Puertos (AGP) fue vaciada para crear la ANPYN. Esos fondos, cobrados directamente por el privado, son los que Taiana denuncia como parte de la “zona liberada” donde el Estado deja de fiscalizar cuánto dinero se moviliza realmente por el río.
Otro aspecto preocupante y llamativo es el vacío, esta vez imputable a la UNCTAD, sobre el tema ambiental que está literalmente ausente del informe de la UNCTAD. En un texto de más de 100 páginas, la cuestión ecológica es un silencio decepcionante que normaliza la ausencia de monitoreos sobre el Delta y el Paraná. Según especialistas, lo que se presenta como “competitividad logística” es, en los hechos, la consolidación de un modelo que reduce a ambos ríos, el Paraná y el Río de la Plata, a un simple tubo de exportación de commodities, ignorando su valor ecosistémico, su biodiversidad y, sobre todo, su función esencial como fuente de agua dulce para millones de personas. Es en definitiva “una decisión política de crimen ambiental sobre una cuenca, sobre humedales, sobre dinámica sedimentaria, con erosión de costas, con salinización, con degradación biológica, con turbación y contaminación del agua y sobre riesgos acumulativos en un contexto climático crítico.”
Intentar engañar a la opinión pública con un aval fabricado a medida o cercenado no es una torpeza: es la confesión de un proceso que, para garantizar rentabilidad privada, ha decidido sacrificar la fe pública y la soberanía nacional.
La “Zona Liberada”: desmantelamiento federal y opacidad centralizada
Lejos de aparecer como un hecho aislado, la impugnación de Taiana se suma en un rediseño institucional que ya había encendido señales de alerta roja. La disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, donde las provincias ribereñas tenían voz y voto, concentró en la órbita directa del Poder Ejecutivo atribuciones sensibles sin contrapesos. Presentada como “racionalización”, esta medida redujo la fiscalización a un esquema centralizado y opaco donde el Estado nacional, en un gesto de absoluta genuflexión, entrega las llaves del Paraná a intereses corporativos extranjeros supervisados por el gobierno estadounidense.
Las objeciones actuales refuerzan una sospecha difícil de disipar: el segundo llamado no corrigió las debilidades del primero, sino que las profundizó bajo una estructura que Milei gobierna con desprecio por lo federal. Esta fragilidad no es un detalle formal. En una licitación de US$ 10.000 millones, la confianza jurídica es elemental; sin ella, lo que se consigue es el retiro de oferentes serios y una judicialización inevitable. El naufragio del primer intento en 2025 ya lo demostró: sin seriedad institucional no hay mecanismo contractual que resista.
El peso de los antecedentes: una película de irregularidades
Para entender la gravedad del presente, hay que mirar el historial completo que este Gobierno intenta ocultar tras maniobras cosméticas como el hecho de eliminar la AGP y transferir todas sus funciones a la ANPYN. Esta “película” incluye:
- Tres denuncias penales activas: Investigadas por la PIA por presunto abuso de autoridad y falta a los deberes de funcionario público en el manejo de la VNT.
- La impugnación brasileña: la empresa DTA Engenharia ya denunció que el proceso está “manipulado y direccionado”, acusando barreras a la competencia que curiosamente coinciden con las advertencias que la UNCTAD dejó por escrito en su informe completo.
- El silencio ambiental: mientras el titular de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, admite con total liviandad que no hubo monitoreos ambientales en la gestión anterior, organizaciones como la Asociación de Abogados Ambientalistas denuncian un “ecocidio administrativo” por la falta de estudios de impacto para el dragado a 40 pies.
Cuando un pliego arrastra restricciones a la competencia, supuestos económicos frágiles y dudas sobre la integridad de su respaldo técnico, el resultado no es otro que un proceso deslegitimado antes de adjudicarse.
¿Un final anunciado? El costo de la persistencia en el error
Si las objeciones planteadas por Taiana terminan confirmando las denuncias que distintos actores vienen señalando desde el relanzamiento del proceso, la Argentina podría enfrentarse a algo más grave que una nueva licitación frustrada.
Estaría frente a la confirmación de una incapacidad estructural para construir reglas claras para gestionar una infraestructura crítica para su desarrollo productivo, su inserción internacional y el ejercicio efectivo de su soberanía logística. La Vía Navegable Troncal no es un expediente administrativo más ni un simple negocio de dragado: es la principal arteria por la que circula buena parte de la riqueza que el país produce y exporta desde el Atlántico Sur. Según el propio proyecto de resolución presentado por el diputado Taiana, el proceso actual pone en riesgo la transparencia administrativa, el federalismo y la protección ambiental al desmantelar los organismos federales de control.
Cuando un Estado no logra dar previsibilidad, control y legitimidad a la gestión de un corredor de esta magnitud, lo que queda comprometido no es sólo un contrato. Es su propia capacidad de decidir estratégicamente sobre su destino. El gobierno de Milei, en su afán por convertir todo en una mercancía librada a la suerte del mercado o a intereses extranjeros, olvida que quien entrega la llave del río por donde fluye la riqueza de la nación, no está haciendo un negocio: está firmando el acta de defunción de la soberanía argentina sobre su principal corredor fluvial.
