Bajo el paraguas del “narcoterrorismo”, el Gobierno avanza hacia una cooperación militar regional que choca con los límites fijados por la Constitución y las leyes de defensa.
Por Marcelo Seghini (*)
En marzo de este año, por iniciativa del Departamento de Guerra de los EE. UU., y ante una convocatoria realizada por el secretario de Guerra Pete Hegesth, se realizó en la sede del Comando Sur, con sede en Florida, la Conferencia de las Americas contra los Carteles, firmándose una Declaración de Seguridad Conjunta. Participaron los Estados Unidos, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
La cobertura de U.S. Southern Command indica que Pete Hegseth y representantes de 17 países firmaron la declaración durante la conferencia inaugural en la sede de SOUTHCOM en Doral, Florida.
¿Por qué es importante señalar este hecho?
El documento es el precursor directo de la alianza “Escudo de las Américas” y establece el marco operativo para la nueva coalición regional de involucramiento directo de las FFAA en la lucha contra las Organizaciones Criminales Transnacionales y los Cárteles de la Droga, tal como lo expresó Stephen Miller, Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, cuando dijo: “Tras décadas de esfuerzo, hemos aprendido que no existe una solución de justicia penal para el problema de los Cárteles” y que “La razón por la que ésta Conferencia es con la cúpula militar de los países aquí presentes es porque estas Organizaciones sólo pueden ser derrotadas por la Fuerza Militar”. Como dirían los romanos, “a confesión de parte, relevo de pruebas”
Veamos los Puntos principales de esa Declaración:
- Coalición Regional: Define la intención de formar una alianza para combatir lo que Washington ahora denomina “narcoterrorismo” y otras amenazas compartidas en el hemisferio occidental.
- Cooperación Multilateral: Acuerda ampliar la inteligencia compartida y la cooperación bilateral en áreas críticas como la seguridad fronteriza y la protección de infraestructura estratégica.
- “Paz a través de la Fuerza” mediante el uso de “Poder Duro”: La declaración reconoce que la región está lista para operacionalizar el poder militar (hard power) para derrotar a las organizaciones criminales transnacionales.
Luego de este acto, en el que participó el ministro de Defensa de nuestro país, Tte Gral Presti, a los pocos días, el presidente Donald Trump formalizó un compromiso regional para combatir los cárteles de la droga mediante la iniciativa “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas).
Esta estrategia marca un cambio significativo hacia la militarización de la lucha contra el narcotráfico en el continente. Este compromiso, firmado por el presidente Milei, anunció la creación de una Alianza Militar Regional, mediante el uso de una Fuerza Letal (militar) para lo cual, esas organizaciones primero son designadas como “grupos terroristas” por Washington.
La “Carta de Doral”, firmada en Miami, autoriza operaciones militares directas y operaciones transfronterizas, para lo cualEE. UU. ya se considera en un conflicto armado y está preparado para realizar ataques en tierra y bombardeos si es necesario, incluso sugiriendo intervenciones directas en México si fueran solicitadas. Esta ofensiva será coordinada a través de los Departamentos de Estado, Justicia y Guerra (Pentágono), bajo la premisa de que los Cárteles representan una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Ahora bien, la Argentina, a través de su presidente —comandante en jefe de las Fuerzas Armadas— y de su ministro de Defensa, ha avanzado en decisiones alineadas con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (NSS) y la Estrategia de Defensa Nacional 2026 (NDS) de los Estados Unidos, sin considerar que la legislación argentina, el Congreso Nacional y la doctrina vigente establecen con claridad que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en este tipo de acciones. De este modo, se generan debilidades jurídicas, legislativas y doctrinales, producto de la tensión estructural entre el alineamiento externo asumido y el marco normativo argentino en materia de defensa y seguridad.
Debemos recordar que las Fuerzas Armadas tienen como misión principal enfrentar agresiones de origen externo, más allá de disposiciones de segundo orden que emitió el gobierno de Macri y Milei, aunque hayan avanzado en designar a algunos Cárteles como terroristas y en reinterpretar amenazas de origen externo.
El delito, al que hace referencia la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. y la declaración que firmamos, debe ser atacado por nuestro país desde la prevención y represión del delito, según nuestras leyes por las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales.
La pregunta es inevitable: ¿por qué aquello que puede resultar válido para otros países debería imponerse en la Argentina aun cuando contradiga nuestras leyes y la doctrina vigente? La única explicación posible parece ser una sobreactuación del Gobierno en su alineamiento de política exterior.
En lo que hace a nuestras Fuerzas Armadas, el documento dice que “EE. UU. las entrenará y movilizará para conformar la fuerza de combate más efectiva”. Esto introduce una lógica de combate militar directo o de operaciones conjuntas contra actores no estatales que, en el derecho argentino, suelen calificarse como problemas de seguridad interior.
En la práctica advertimos que generan riesgos de judicialización y exponen a los militares a responsabilidades penales si actúan fuera del marco estricto (reglas de empeñamiento, uso de la fuerza, debido proceso). Hay que entender que un compromiso internacional de este tipo no deroga automáticamente el derecho interno ni habilita operaciones que la ley prohíbe, más allá de los deseos del presidente y su ministro de defensa.
El gobierno que habla permanentemente de seguridad jurídica genera inseguridad jurídica.
Se asumen obligaciones o expectativas de cooperación militar como intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas, entrenamiento por EE. UU., posible movilización, despliegues, entrenamiento operativo conjunto, ingreso de personal extranjero o participación en operaciones extraterritoriales que necesariamente, por más que no le guste al gobierno, requieren aprobación legislativa. En línea con lo que señalamos, y como ejemplo, el Poder Ejecutivo ha producido una irregularidad seria al autorizar por DNU la entrada de efectivos militares extranjeros al país y la salida de nuestros efectivos al exterior para participar en operativos conjuntos con otras naciones. Son ejercicios positivos y fundamentales en una política de Defensa asociativa, pero la Constitución es clara al señalar –y así se ha hecho siempre– que esos desplazamientos militares deben ser autorizados por el Congreso de la Nación.
Además, genera un doble problema de Doctrina, pues: a. las FFAA no están estructuradas, entrenadas ni equipadas prioritariamente para operaciones de tipo policial o de contrainsurgencia urbana o rural contra redes criminales y b. al incorporar la lógica estadounidense de “narcoterrorismo” introduce una doctrina ajena que puede desprofesionalizar a las FFAA, desviar recursos de misiones de defensa clásicas y generar fricciones con el control civil.
El compromiso obliga a preparar a las fuerzas para misiones para las que la doctrina y el entrenamiento actuales no están orientados, y que puede abrir la puerta a operaciones en el exterior o a una mayor presencia operativa estadounidense en el hemisferio o en nuestro territorio bajo el paraguas de la coalición.
Más allá de estas observaciones, el Gobierno continúa avanzando en una hoja de ruta diseñada desde el exterior, orientada a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas propias del policiamiento.
Recientemente, el viceministro de Defensa, Gral Puebla participó de la reunión en Perú de la XVII Conferencia de ministros de Defensa de las Américas, realizada en Cusco, con la participación de ministros y representantes de 33 países para fortalecer la cooperación hemisférica frente a amenazas transnacionales, infraestructura crítica, asistencia humanitaria y desastres, crimen organizado, narcotráfico, tráfico ilícito de armas, amenazas cibernéticas y cambio climático. Como ejemplo de lo conversado ya se están realizando “operaciones espejo” con Ecuador, Brasil y Colombia contra el crimen organizado en zonas de frontera.
Es importante señalar las palabras del subsecretario de Guerra para Política estadounidense, Elbridge Colby, quien señaló en su presentación lo que él denominó “Corolario de Trump a la Doctrina Monroe”, una estrategia que vuelve a situar al hemisferio occidental como prioridad para la seguridad nacional de Washington y que articula la lucha contra el narcoterrorismo, la protección de infraestructura crítica y la competencia geopolítica con China como ejes de una misma agenda.
También, por parte de EE. UU., se acaba de producir la activación de una fuerza conjunta del hemisferio occidental por parte del Comando Sur, tema vinculado a la coalición contra cárteles.
Descubrimos que en un posteo de X de la SIDE, y en el marco de creación de la Centro Nacional Antiterrorista (CNA), aparece el logo del ministerio de Defensa dentro de la orgánica de ese organismo para la lucha contra el terrorismo.
Y como, frutilla del postre, confirmando mis dichos, el 13 de agosto, el ministro de Defensa, Tte Gral Presti junto al Jefe del Estado Mayor FFAA, Almirante Dalle Nogare participan en Panamá del Foro de Seguridad de las Américas contra los Cárteles de la droga (Americas Counter-Cartel Coalition Forum).
Después de esta descripción, los hechos relatados conducen a advertir que la Argentina estaría siendo incorporada a una estrategia hemisférica de seguridad definida desde Washington, orientada a combatir carteles mediante instrumentos militares. El punto crítico no es negar la gravedad del narcotráfico, sino señalar que, para el caso argentino, cualquier participación de las Fuerzas Armadas en esa materia debería estar estrictamente limitada, regulada por ley, controlada por el Congreso y subordinada a la Constitución. Y que bajo el paraguas de la lucha contra los carteles y el “narcoterrorismo”, se abre la puerta a una militarización de la política de seguridad que tensiona el orden jurídico nacional, debilita el control parlamentario y subordina la doctrina de defensa argentina a una agenda hemisférica diseñada por los Estados Unidos.
(*) Marcelo Seghini es Asesor en la HCDN y Coordinador de Defensa de la Fundación Alem. X: SeghiniM
