El reclamo independentista de tres naciones británicas pone a Londres frente a una pregunta que también resuena en el Atlántico Sur. La declaración conjunta de Escocia, Gales e Irlanda del Norte vuelve a poner en discusión los cimientos de una unión construida durante siglos bajo el predominio de Inglaterra. Mientras estas naciones reivindican su derecho a decidir su futuro, la posición británica sobre la autodeterminación en las Islas Malvinas enfrenta un nuevo interrogante: ¿autodeterminación para quién?
Por Lucía Ríos (*)
El 14 de septiembre, en Cardiff, los líderes de Escocia (John Swinney, del Partido Nacional Escocés), Gales (Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru o Partido de Gales) e Irlanda del Norte (Michelle O’Neill, vicepresidenta del Sinn Féin o “Nosotros mismos”), firmaron un memorando de entendimiento en el que reconocen que, aunque sus naciones tienen historias, identidades y tradiciones políticas distintas, todas poseen el derecho de determinar su propio futuro. Los tres se reunieron en calidad de dirigentes partidarios y no como representantes de sus gobiernos, un detalle que define el alcance del documento.
Para entender cómo se llegó a esta decisión hay que retroceder en la historia y observar el proceso mediante el cual el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte llegó a ser lo que conocemos (o conocíamos) hasta ahora.
Reino Unido: un reino que no nació unido
Las cuatro naciones que integran el Reino Unido se incorporaron por vías muy distintas, y esa diferencia de origen explica buena parte de las tensiones actuales.
Gales fue el primer territorio en integrarse a Inglaterra, y lo hizo por conquista, no por negociación entre iguales. La incorporación definitiva llegó con las Laws in Wales Acts de 1535 y 1542, bajo el reinado de Enrique VIII, que había roto con la Iglesia católica de Roma y consideraba necesaria una expansión hacia el oeste para asegurar sus costas. El texto del acta de 1535 es explícito: declara que Gales quedará “incorporada, unida y anexada para siempre” al reino de Inglaterra. A cambio de otorgarle representación en el Parlamento inglés, estas leyes impusieron el inglés como única lengua en los tribunales, desplazando al Cymraeg, el idioma natal de esas tierras.
Con Escocia el proceso fue mucho más lento y sí se dio entre entidades formalmente iguales. Desde 1603, cuando murió Isabel I sin herederos y el trono inglés pasó a Jacobo VI de Escocia, ambos reinos compartían monarca, pero no Estado: conservaron parlamentos, sistemas legales y administraciones separadas durante un siglo más. Fue, en la práctica, una unión personal, no política. La unificación llegó recién en 1707 con el Acta de Unión, que fusionó ambos parlamentos en uno solo con sede en Westminster y creó el Reino de Gran Bretaña. Escocia conservó su sistema legal y su Iglesia presbiteriana, una concesión clave que explica por qué la identidad escocesa nunca se disolvió del todo dentro de la nueva unión.
La unión con Irlanda, en cambio, nació de una crisis de seguridad y de una represión política. Desde 1782, Irlanda tenía su propio parlamento en Dublín —el Parlamento de Grattan—, aunque dominado casi por completo por la minoría protestante angloirlandesa, lo que dejaba a la mayoría católica y a buena parte de la comunidad presbiteriana excluidas del poder político real. En 1798, la Sociedad de los Irlandeses Unidos organizó un levantamiento armado para fundar una república irlandesa independiente. El episodio encendió las alarmas en Londres: Irlanda podía convertirse en cabeza de puente para una invasión francesa y el arreglo constitucional vigente se mostraba inestable. Así, en 1800, bajo el mando de William Pitt y Lord Castlereagh, se firmaron las Actas de Unión que, desde el 1° de enero de 1801, crearon el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, disolviendo el parlamento irlandés.
Esa unión con Irlanda, además, no duró completa. A comienzos del siglo XX, el auge del movimiento independentista irlandés derivó en la Guerra de la Independencia (1919-1921) y en la firma del Tratado angloirlandés de 1921, que dió origen al Estado Libre Irlandés —hoy República de Irlanda— como dominio autónomo y, más tarde, como Estado plenamente independiente. Seis de los nueve condados del Úlster, de mayoría protestante y unionista, optaron por permanecer dentro del Reino Unido bajo el nombre de Irlanda del Norte. Esa partición dejó dentro de sus fronteras a una importante minoría católica y nacionalista, y sentó las bases de una división comunitaria que décadas despúes derivaría en el Conflicto Norirlandés, o Troubles, resuelto recién con los Acuerdos de Viernes Santo de 1998.
Lo que se produjo en estos casos fue la unión entre reinos, no la fusión de sus culturas, creencias, costumbres o tradiciones. Esas diferencias sostuvieron a lo largo de la historia una línea divisoria muy marcada entre las cuatro naciones, que ante los ojos de un extranjero se perciben como cuatro países diferentes.
Estado y Nación: una distinción importante
El Estado se define por cuatro elementos: un territorio sobre el que ejerce autoridad, una población que lo habita, un gobierno que lo administra y la soberanía, que implica autoridad suprema hacia adentro e independencia jurídica hacia afuera. La nación, en cambio, es una comunidad humana que desarrolla un sentimiento de pertenencia colectiva a partir de elementos compartidos —historia, cultura, lengua, tradiciones, religión, memoria colectiva— y de la percepción de formar parte de un mismo “nosotros”.
Esa distinción es la que permite entender lo ocurrido en Cardiff. Escocia, Gales e Irlanda del Norte forman parte de un mismo Estado, el Reino Unido, pero conservan identidades nacionales diferenciadas, con instituciones y tradiciones políticas propias. Por eso el SNP, Plaid Cymru y el Sinn Féin pudieron reivindicar en un documento conjunto el derecho de sus naciones a decidir su futuro político sin que ello suponga, todavía, una ruptura institucional. El reclamo no plantea únicamente una discusión sobre la independencia, sino una cuestión más profunda: quién tiene derecho a decidir sobre el futuro de una nación y bajo qué condiciones.
El memorando de Cardiff
El documento no altera el estatus constitucional de estas naciones ni equivale a una declaración de independencia. Es una expresión política coordinada de sectores nacionalistas que cuestionan la permanencia de sus territorios dentro del Reino Unido, y que además llegó en un momento singular: por primera vez desde la puesta en marcha de las instituciones autónomas en 1999, las tres naciones devuelta están gobernadas simultáneamente por fuerzas independentistas.
Más allá de su alcance jurídico, el peso político es considerable. Es la primera vez que dirigentes de tres movimientos nacionalistas articulan públicamente una posición común en torno a un mismo principio: la autodeterminación de los pueblos. No se trata, entonces, de tres reclamos aislados, sino de una coincidencia que vuelve a colocar en el centro del debate la propia naturaleza de la Unión. El propio texto lo formula: no puede haber señal más clara, sostienen los firmantes, de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin.
Los firmantes también coinciden en su valoración del Brexit. El memorando sostiene que la salida del Reino Unido de la Unión Europea dañó sus economías y limitó las oportunidades de sus habitantes, y reivindica a Europa como espacio común al afirmar que el futuro de sus naciones está dentro de la Unión Europea, con la necesidad de reconstruir vínculos en materia de comercio, inversión, cultura y cooperación. Al mismo tiempo, el documento admite que las tres fuerzas mantienen “diferentes posturas constitucionales” y que cada nación determinará su futuro a su manera y en su tiempo: el SNP busca un segundo referéndum escocés y el Sinn Féin, una consulta sobre la unificación irlandesa antes de 2030.
Pero el punto más significativo es otro: la reivindicación del derecho de estas tres naciones a determinar democráticamente su propio futuro y la afirmación de que ningún gobierno de Westminster debería poder impedirlo. Es allí donde el memorando deja de ser un asunto interno británico. El Reino Unido invoca ese mismo principio como uno de los fundamentos de su posición respecto de las Islas Malvinas, y surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo entiende Londres la autodeterminación cuando quienes la reivindican son naciones que forman parte del propio Reino Unido?
La autodeterminación y el caso Malvinas
La autodeterminación constituye uno de los principales argumentos utilizados por el Reino Unido para sostener su posición sobre las Islas Malvinas. Desde Londres se afirma que los habitantes de las islas conforman un pueblo con derecho a determinar su propio estatus político y a decidir libremente su futuro, y se remite habitualmente al referéndum realizado en el archipiélago en 2013, en el que la población isleña votó de manera casi unánime por mantener el estatus de territorio británico de ultramar. Bajo esa lectura, la existencia misma de una disputa quedaría subordinada a la voluntad expresada por los habitantes actuales.
Para la Argentina la cuestión se plantea en otros términos. El reclamo se centra en la disputa de soberanía con el Reino Unido, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2065 de 1965, que instó a ambos países a resolverla mediante negociaciones bilaterales, un llamado reiterado en resoluciones posteriores y acompañado por foros regionales como la OEA y la CELAC. La posición argentina sostiene que la aplicación del principio de autodeterminación no puede desvincularse de las circunstancias históricas en las que se configuró la población de las islas: la ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época, que desplazó a las autoridades argentinas e inició una situación colonial que persiste. De allí la noción de población implantada, es decir, cuando una potencia colonial traslada y asienta en un territorio dominado a un grupo de personas tras desplazar a la población o a las autoridades originales.
El punto jurídico central del argumento argentino es que los habitantes actuales de las islas no han sido reconocidos como un pueblo en los términos de las Naciones Unidas y que, por lo tanto, no pueden ser árbitros de una disputa en la que la potencia de la que forman parte es a la vez parte interesada. Por esa misma razón, la Argentina no reconoce validez al referéndum de 2013. La doctrina de la descolonización distingue entre los casos en los que existe un pueblo colonizado con derecho a la libre determinación y aquellos en los que la controversia afecta la integridad territorial de un Estado preexistente; la Argentina sostiene que Malvinas pertenece a esta segunda categoría.
Esa es, precisamente, la diferencia que impide trasladar de manera mecánica un caso al otro. En las naciones británicas se trata de comunidades históricas que reclaman decidir su vínculo político con el Estado del que actualmente forman parte, con instituciones, lenguas y tradiciones propias que anteceden a la Unión. En Malvinas, el reclamo argentino no es de autodeterminación sino de integridad territorial, y abarca tanto a las Islas Malvinas como a las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La distinción cobra especial relevancia frente a la lectura que se ensayó desde Buenos Aires. El canciller Pablo Quirno viene sosteniendo, en línea con la posición histórica argentina, que la invocación británica del principio de libre determinación resulta improcedente en este caso, y en las últimas semanas el Gobierno ha manifestado optimismo respecto del escenario diplomático, alentado también por declaraciones de Donald Trump favorables a la unificación irlandesa. Pero interpretar que los posibles cambios al interior del Reino Unido otorgan por sí mismos otra relevancia al reclamo argentino supone forzar el paralelismo.
Conviene además señalar el estado real de la reacción británica. Hasta el momento, el Gobierno del Reino Unido no ha emitido una declaración formal sobre el memorando: desde Westminster se limitaron a reafirmar la posición favorable a la continuidad de la Unión y a señalar que el Gobierno tiene actualmente otras prioridades, sin asumir el planteo del documento ni fijar una posición específica sobre el principio invocado por los firmantes. El propio primer ministro descartó conceder nuevos referendos, condicionándolos a la existencia de un deseo claro y mayoritario de independencia que, según las encuestas, hoy no se verifica.
Presentar esa reacción como una defensa de la integridad territorial y trasladarla directamente al caso Malvinas constituye, por lo tanto, un análisis erróneo: se trata de dos situaciones que no son asimilables y que discuten reclamos muy distintos entre sí. Lo que sí queda expuesto es algo más sutil pero no menos incómodo para Londres: un mismo principio invocado con firmeza hacia afuera y relativizado cuando se lo reclama desde adentro.
La actualidad se encargó de mantener ese principio en primer plano. Este jueves 17 de septiembre, apenas días después del memorando de Cardiff, el Reino Unido volvió a apelar a la autodeterminación para defender su política sobre las islas, esta vez en el plano comercial. Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los territorios de Ultramar, calificó de inaceptables” y “sin justificación legal” las causas penales y sanciones que la Argentina impulsa contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, y sostuvo que los habitantes de las islas “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente”, derecho que definió como “inseparable” de su autodeterminación. La declaración se dió en medio de una escalada bilateral: desde Buenos Aires se presentaron denuncias penales contra firmas ligadas a Sea Lion, una jueza federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto, y el Gobierno argentino remitió al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que endurece las sanciones sobre la explotación de recursos en el área. Más allá del objeto puntual de la disputa —ya no un reclamo de independencia sino una controversia por hidrocarburos—, la declaración de Kuraman confirma que la autodeterminación de los isleños sigue siendo, para Londres, el argumento de cabecera frente a cualquier cuestionamiento argentino, en el mismo momento en que ese principio es puesto a prueba puertas adentro por sus propias naciones.
Conclusiones
Quedan abiertas algunas preguntas que exceden al propio memorando: ¿qué lugar ocupará Westminster frente a unas naciones que reivindican el derecho a decidir su futuro? ¿Puede la autodeterminación ser interpretada de manera diferente según el territorio en el que se invoque? ¿Y podría llegar a tener implicancias para la posición británica sobre las Islas Malvinas?
Quizás el verdadero desafío no sea determinar si Westminster está llegando a su fin, sino observar qué principios está dispuesto a defender Londres cuando la autodeterminación deja de ser un argumento utilizado hacia afuera y comienza a ser reclamado desde adentro.
(*) Estudiante avanzada de la Lic. en Relaciones Internacionales (UNR). Investigadora en el Observatorio de Política Exterior Argentina (OPEA) y Grupo de Estudio sobre Política Internacional de América del Norte (GEPIAN). Redes sociales: Instagram (@lluciarioss), LinkedIn (linkedin.com/in/lluciarios1), Gmail: lluciarios1@gmail.com
