Foto: Unidad Flotante Aoka Mizu de Bluewater contratado para León Marino
El Reino Unido y su ilegítimo gobierno colonial en las islas apuran una estrategia económica y política sin precedentes. A través de un plan y un fondo soberano integrado con recursos argentinos, buscan consolidar a largo plazo su presencia en Malvinas.
Por Jorge Poblette
Basta analizar el conjunto de las cartas que el Reino Unido va poniendo sobre la mesa de la Cuestión Malvinas, para advertir que su estrategia es consolidar su presencia colonial en Malvinas mediante un proceso constante de acumulación de diferentes factores de poder. En esta dirección no solo suma recursos económicos, sino que va agregando, como capas superpuestas, nuevas relaciones diplomáticas, comerciales, financieras, logísticas y de infraestructura. Esta orientación no puede entenderse al margen de la política global que el Reino Unido comenzó a formular bajo el concepto de Global Britain después del Brexit y que encontraron continuidad y ratificación en la Revisión Estratégica de Defensa de 2025.
Aquella renovada versión de la vieja nostalgia colonialista, formulada por el gobierno británico luego del Brexit, buscaba recuperar la otrora influencia diplomática, comercial, militar y cultural que el Reino Unido solía ejercer siglos anteriores, y que según ha quedado plasmado en papers oficiales, pasaría a ser el nuevo rol de Gran Bretaña en un nuevo contexto global. Si bien estos documentos estratégicos, presentado en marzo del 2021, bajo la administración Boris Johnson, fueron parcialmente revisados en el 2023, este enfoque está operando en plenitud en este enclave colonial del Atlántico Sur, buscando hacer realidad la fantasía de la fortaleza Malvinas y la autonomía de este territorio de ultramar el que, a pesar de la evolución del lenguaje y de la retórica británica, no son otra cosa que remanentes del antiguo imperio británico.
A las Fuerzas Británicas del Atlántico Sur (BFSAI) ubicadas en Monte Agradable, el Reino Unido agregó durante décadas la pesca como fuente central de riqueza y recursos fiscales. Solo para ilustrar, según las Cuentas Nacionales del gobierno ilegítimo, en el 2024 la pesca y la acuicultura representaron el 58,3 % del PBI isleño, con un valor estimado de 168 millones de libras. Por otra parte, el documento presupuestario del Consejo Ejecutivo, Paper 181/24, registra que las licencias pesqueras generaron 33,9 millones de libras durante el ejercicio 2023/24, aproximadamente el 27 % de los ingresos públicos
A estos recursos suma ahora, la explotación de hidrocarburos en León Marino. Su desarrollo permitiría ampliar los recursos fiscales de la administración isleña, fortalecer la infraestructura marítima y portuaria, desarrollar nuevas cadenas logísticas, atraer inversiones e intereses financieros internacionales y acumular patrimonio para las próximas generaciones. Para entender hasta dónde llega esta apuesta, hay que analizar qué futuro se están imaginando los isleños por estas horas.
El Islands Plan: una hoja de ruta para acumular poder.
Un camino para conocer estas proyecciones es acceder al Islands Plan 2026-2030 que la ilegítima Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas presentó hace pocos días. Esta hoja de ruta es la que fija las prioridades de desarrollo del archipiélago para los próximos cuatro años. Textualmente el documento afirma que se llevará adelante “La ejecución de un programa de inversiones que costará más de 300 millones de libras esterlinas incluye un nuevo puerto, proyectos energéticos, una mejor gestión de residuos, viviendas y el desarrollo de terrenos para su liberación. Estos proyectos, junto con el futuro de las telecomunicaciones y la regulación de una industria de hidrocarburos en desarrollo, se encuentran entre las mayores empresas que el Gobierno de las Islas Malvinas haya emprendido jamás.”
Para asegurar el estatus quo el plan también se propone diversificar la economía, atraer inversiones internacionales y ampliar la presencia de las islas en el exterior. Detrás de estas iniciativas se esconde una apuesta no explicitada: es la retórica de la autosuficiencia económica. Buscan crear las condiciones para un futuro, donde los isleños sueñan con contar con más recursos y mayor capacidad de decisión y autonomía. Aunque menos visible, se trata de una política de hechos consumados, un paquete de medidas orientadas a consolidar la posición británica frente al reclamo argentino. Pero para que estos cálculos políticos se cumplan hay que poner al petróleo en un lugar central de esta nueva aritmética. Y es que el desarrollo del yacimiento León Marino podría cambiar sustancialmente la matriz económica de las islas.
El fondo soberano: convertir el petróleo en garantía de futuro.
Es por ello que también los isleños se han dado a la tarea de crear un fondo soberano, alimentado con ingresos del sector energético, y que fuera presentado ante el Consejo Ejecutivo isleño en marzo de 2026. Su objetivo: establecer un mecanismo para administrar y proteger los ingresos provenientes de las regalías petroleras y de los impuestos que han fijado sobre las ganancias de las empresas que extraigan el crudo, como Navitas Petroleum y Rockhooper, las que podrían generarles ingresos por alrededor de 2.000 millones de dólares durante los próximos treinta años. Para entender estos cálculos, hay que saber que el régimen fiscal isleño establece una regalía del 9 % sobre el valor de mercado del petróleo extraído y un impuesto corporativo del 26 % sobre las ganancias, ajustadas de las actividades de exploración y extracción. Y también hay que subrayarlo, la dirigencia política y empresarial isleña se ha tomado esta tarea con mucha seriedad. No se limitaron a una decisión administrativa local. Las ilegítimas autoridades isleñas establecieron contacto con el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Inversión, con sede en Londres, que ofreció asistencia para desarrollar el proyecto y recomendó recurrir a la experiencia de otros fondos, entre ellos los de Guyana, Sarawak, Shetland y Papúa Nueva Guinea. La intención es darle a la futura institución una estructura y administración basada en experiencias internacionales. La ironía también es difícil de disimular: los isleños arman un fondo “soberano” con los beneficios de una explotación petrolera que se apoya en recursos cuya soberanía territorial está en disputa.
Para que no queden dudas sobre el origen de estos recursos, el mismo Plan de las Islas 2026-2030 textualmente declara: “Establecer un Fondo Soberano de Riqueza para garantizar que los ingresos del sector energético proporcionen a largo plazo valor intergeneracional para los habitantes de las Islas Malvinas”. Es sin dudas una decisión ya adoptada.
Pero el Islands Plan no se limita a proyectar inversiones, diversificar la economía y administrar los futuros ingresos del petróleo. Sus objetivos es también construir capacidades institucionales y una mayor proyección internacional. El documento propone revisar el sistema tributario y migratorio, ampliar la conectividad aérea, establecer un marco para atraer inversiones extranjeras y desarrollar una marca propia para promover las actividades económicas, turísticas y de diplomacia pública. También se ha planteado reforzar la «resiliencia nacional» mediante tecnología, inteligencia, coordinación entre organismos y alianzas internacionales, además de establecer un nuevo marco regulatorio para las telecomunicaciones. No son iniciativas aisladas: integran un paquete de medidas para darle a las islas mayores capacidades económicas, administrativas y de vinculación externa.
A ello agregan la idea de que la voz de las islas sea escuchada en el mundo mediante la diplomacia pública y la promoción de lo que falsamente denominan su derecho a la autodeterminación. La construcción de una identidad política propia y su proyección internacional forman parte, por lo tanto, de la misma hoja de ruta que contempla el desarrollo económico y la expansión de las capacidades institucionales.
Terceros en discordia
Pero detrás de esta búsqueda de autonomía económica, institucional y de proyección internacional aparece una cuestión de mayor trascendencia para la Argentina. Las autoridades isleñas no solo procuran ampliar su capacidad de autogobierno y establecer relaciones comerciales y financieras por canales propios. También buscan fortalecer su identidad política y hacer escuchar internacionalmente una voz que pretende ser reconocida como expresión de un sujeto político diferenciado. Esta estrategia plantea un desafío directo a la posición diplomática argentina, que debe sostener sin ambigüedades el carácter bilateral de la controversia sobre la Cuestión Malvinas. La Resolución 2065 de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía solo entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a los gobiernos de ambos países a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. No reconoció a las autoridades isleñas como una tercera parte de esa controversia. Y hay que subrayar algo sustancial: la resolución habla de los intereses de los habitantes, no de sus deseos, lo que hace inaplicable el principio de autodeterminación que esgrime el Reino Unido.
La Argentina tiene, además, un mandato constitucional que no puede descomnocer. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece que su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable. A su vez, la Ley 23.775 de provincialización, modificada por la Ley 26.552, incluye expresamente a esos territorios dentro de la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este marco jurídico nacional debe acompañar cada una de las acciones diplomáticas argentinas y no puede ser desplazado por la progresiva consolidación de las instituciones que administra el Reino Unido en el archipiélago.
El problema no son las fantasías identitarias de una población implantada por Gran Bretaña. El asunto es que, blindados por la protección británica, los isleños promueven la explotación de los recursos pesqueros e hidrocarburíferos sin autorización argentina, en un territorio y unos espacios marítimos sometidos a una controversia de soberanía. La explotación petrolera proyectada, viola además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a los dos gobiernos a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente la negociación. También la legislación argentina establece sanciones e inhabilitaciones para las empresas y ejecutivos que participan en actividades hidrocarburíferas sin autorización de las autoridades competentes. No se trata, entonces, de una discusión secundaria sobre quién administra los recursos, sino de impedir que la ocupación británica se traduzca también en el ejercicio unilateral de derechos económicos sobre espacios que la Argentina reivindica como propios.
El riesgo para nuestro país consiste en que el progresivo fortalecimiento de las instituciones isleñas, su creciente autonomía de gestión y sus vínculos directos con actores internacionales terminen convirtiéndose en una plataforma para que estos reclamen un lugar propio en la negociación sobre la soberanía. No es una diferencia meramente formal. Aceptar a las autoridades isleñas como una tercera parte en esa controversia significaría apartarse del marco bilateral reconocido por las Naciones Unidas y concederles una legitimidad política que la diplomacia argentina no les reconoce. Se puede escuchar a los habitantes, atender sus intereses y respetar su modo de vida, pero nunca reconocerles una condición de parte ni aceptar pasivamente que decidan unilateralmente sobre los recursos naturales que pertenecen al pueblo argentino.
