En pocas semanas, Malvinas pasó de Trump al petróleo, de las sanciones al arbitraje. Una secuencia de hechos que fue ampliando el conflicto mucho más allá de lo previsto. Milei mantuvo sus decisiones, pero no midió sus consecuencias. Falta una estrategia capaz de anticipar reacciones, coordinar acciones y conducir un proceso que parece escapar a las previsiones del oficialismo.
Por Jorge Poblette
Las políticas públicas, especialmente aquellas que se ocupan del núcleo de un problema de Estado, requieren tiempo, conocimiento, coherencia y compromiso. La Cuestión Malvinas es uno de los mejores ejemplos. No se puede ignorar una historia de décadas de esfuerzos diplomáticos, alianzas, estrategias, argumentos jurídicos y consensos construidos con paciencia y amplitud. Desconocer estos antecedentes supone el riesgo de improvisar, desandar lo construido y abandonar, en los hechos, políticas de Estado. Y en una cuestión de esta naturaleza, las consecuencias pueden ser costosas.
La Cuestión Malvinas no es una página en blanco. La Argentina llega a cada nueva situación con un patrimonio diplomático, jurídico y político construido durante décadas: resoluciones de Naciones Unidas, acuerdos regionales, declaraciones de terceros países, legislación nacional y una posición sostenida sobre la necesidad de reanudar las negociaciones de soberanía. Ese patrimonio no pertenece a un gobierno: es parte de una política de Estado y reconocida hasta por la propia Constitución Nacional.
Por eso resulta necesario detenerse en lo ocurrido en las últimas semanas. Después de casi tres años en los que Malvinas no estuvo literalmente en la agenda política de la administración de Javier Milei, la cuestión reapareció abruptamente en el centro de la política exterior, acompañada por sanciones a empresas petroleras, acciones judiciales, iniciativas legislativas, discursos sobre seguridad y defensa y, finalmente, la intención de presentar un recurso al arbitraje internacional ante la COVENMAR. Aquí se describe una secuencia de los hechos, pero también una interpretación de lo actuado por sus principales protagonistas y de los intereses que parecen haber empujado cada movimiento.
Trump jugando en el Atlántico Sur.
¿Qué hechos sacudieron este escenario? Arbitrariamente se podría comenzar el 31 de agosto, cuando Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba revisando su posición sobre las Islas Malvinas. No habló de un cambio de su posición, pero el gobierno argentino necesitó interpretarla como una oportunidad para descomprimir el ahogo político interno. Cuatro días después, Milei llevó la Cuestión Malvinas a una cadena nacional, anunció sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos y habló de “vientos de cambio” favorables a la posición argentina. El 16 de septiembre fue todavía más explícito: reconoció que el comentario de Trump había sido el motivo de aquella decisión. Los “nuevos vientos” a los que había aludido Milei no eran, por tanto y al menos para el gobierno nacional, una metáfora: expresaban una lectura concreta de un nuevo escenario internacional y una oportunidad que había que aprovechar.
Pero esos vientos podían soplar en otra dirección. El Reino Unido tenía desde julio un nuevo primer ministro, Andy Burnham, que heredaba una relación complicada con Estados Unidos. Cuando se reunió con Trump el 22 de septiembre, Malvinas estuvo entre los temas tratados y Burnham reafirmó que Londres se mantendría firme en la defensa de las islas. En paralelo, presionaba al nuevo gobierno británico por Chagos y Diego García. Malvinas aparecía así dentro de una conversación mucho más amplia entre Estados Unidos y el Reino Unido, en la que la defensa, la guerra de Irán y los Territorios de Ultramar ocupaban un lugar relevante.
El petróleo empuja los cambios.
Mientras la diplomacia se aceleraba, en el Atlántico Sur comenzaban a desarrollar otros hechos. El 21 de septiembre, el Gobierno de las islas extendió por cinco años todas las licencias petroleras offshore, con opción de dos años adicionales, y aprobó que Navitas adquiriera el 65% de la licencia PL001. La decisión contó con el respaldo del Gobierno británico y fue presentada como una forma de dar seguridad a los operadores para continuar invirtiendo y avanzar en la perforación de nuevos pozos. El petróleo dejaba así de ser solamente el objeto de una disputa jurídica y comenzaba a generar su dinámica de inversiones, servicios e infraestructura.
El cambio tampoco fue solamente económico o jurídico. Desde la cadena nacional, Malvinas comenzó a ser presentada como un problema de seguridad nacional. El Gobierno propuso crear un Consejo de Seguridad Nacional, poner en línea el trabajo de la Cancillería, Defensa, inteligencia y Economía, proteger infraestructuras críticas y reforzar las capacidades aeroespaciales y marítimas. Días después, Milei vinculó explícitamente soberanía, riqueza y capacidad militar: una Argentina “militarmente respetable”, dijo, estaría en mejores condiciones de defender sus recursos.
Acusaciones cruzadas
El 23 de septiembre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Milei intentó encuadrar ese giro bajo una fórmula que buscaba preservar su carácter pacífico: “defensa pacífica, práctica y efectiva”. Pero el discurso dio cuenta también del cambio de escala. Acusó al Reino Unido de avanzar unilateralmente sobre los recursos, rechazó la aplicación del principio de autodeterminación a los habitantes de las islas, defendió las sanciones y anunció que la Argentina no esperaría pasivamente a la comunidad internacional. La disputa por la soberanía aparecía ahora asociada al petróleo, al derecho internacional y al desafío de argentina de hacer valer sus decisiones. Tres días después, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, respondió desde Londres afirmando que el Reino Unido tenía capacidad para defender militarmente las islas ante una eventual acción argentina. El lenguaje de la disputa había cambiado: de la soberanía y los recursos comenzaba a desplazarse también hacia la seguridad y la defensa.
Al día siguiente, el Reino Unido publicó su nueva Carta para los Territorios de Ultramar. El documento no fue creado específicamente para Malvinas ni modificó formalmente el régimen legal de los territorios, pero reunió por primera vez en un mismo marco las responsabilidades que el Gobierno británico asume sobre todos ellos. Allí Gran Bretaña reafirma su responsabilidad sobre su seguridad, sostiene el derecho de los territorios a la autodeterminación y establece que sus intereses deben ser considerados por todos los departamentos del Gobierno. Más significativo aún, define a los Territorios de Ultramar como parte del “homeland” cuando se trata de defensa y seguridad. Malvinas quedaba así incorporada así a una estrategia británica más amplia.
El 21 de septiembre apareció una primera respuesta concreta. El Gobierno colonial de las islas extendió por cinco años todas las licencias petroleras offshore, con opción de dos años adicionales, y autorizó a Navitas a adquirir el 65% de la licencia PL001, contigua al área de Sea Lion. El Reino Unido respaldó la decisión. No era solo una respuesta diplomática: mientras el gobierno nacional elevaba el costo jurídico de la explotación, los británicos ampliaban el horizonte de las inversiones para la empresas. León Marino, cuya producción está prevista iniciar para marzo de 2028, comenzaba así a generar algo más que expectativas: se comenzaba a gestar una red creciente de capitales, proveedores, servicios e infraestructura alrededor de las islas.
Y mientras en Chile.
Y en esa trama, Chile merece una consideración diferenciada. Su respaldo a los derechos argentinos sobre Malvinas es una posición histórica que José Antonio Kast volvió a ratificar el 3 de septiembre, durante su encuentro con Milei en Santiago. Pero casi simultáneamente comenzaron a producirse una serie de declaraciones disonantes de funcionarios chilenos y argentinos sobre la región austral. Las afirmaciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina sobre Magallanes y el Estrecho, y luego las respuestas provenientes de Chile, enrarecieron el clima político poco compatible con una relación que ambos presidentes acababan de presentar como estratégica. Mientras los gobiernos nacionales expresaban cercanía y amistad, la Región de Magallanes empezaba a mirar nuevamente hacia las Islas Malvinas como proveedor de los cerca de 5 mil habitantes del archipiélago, quienes actualmente reciben buena parte de sus productos desde Montevideo, Uruguay.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la creación de una ruta marítima con Puerto Argentino y sostuvo que se trataba de un acuerdo entre privados. “Queremos ser el gran supermercado, el gran home center de las islas” graficó el primer edil. El 28 y 29 de septiembre, 53 empresas magallánicas participaron de una rueda de negocios con representantes de las islas: alimentos, construcción, transporte, repuestos, agricultura y otros servicios. La iniciativa busca consolidar una conexión marítima directa y ampliar los vínculos comerciales con un mercado cuya población, infraestructura y nuevas actividades económicas están creciendo. Entre esas está el desarrollo hidrocarburífero alrededor de las islas. No hace falta suponer ninguna conspiración para advertir que empieza a tomar forma, sobre el territorio, una nueva realidad: mientras la Argentina disputa la explotación petrolera, alrededor de las islas comienza a tejerse una red económica regional que vincula empresas, proveedores, servicios y rutas comerciales.
Pero la conexión con Chile no quedó limitada a los negocios. El Gobierno argentino denunció también vuelos realizados sin autorización entre Punta Arenas y las islas Malvinas por una aeronave vinculada a Thales UK Limited, empresa británica proveedora del Ministerio de Defensa de ese país. La denuncia agregó una capa de seguridad a una relación que hasta entonces aparecía principalmente asociada al comercio y la logística. Para Argentina, la cuestión no era solamente quién comercia con las islas, sino también qué redes de transporte, servicios y apoyo permiten sostener su actividad económica. Punta Arenas comenzaba así a aparecer como un punto sensible en la logística de Malvinas.
La Cancillería argentina reaccionó, pero trató de que el episodio se transformara en una crisis con Chile. El 29 de septiembre, Quirno aseguró que la relación con Chile seguía siendo “muy fluida” y mencionó el compromiso alcanzado por Milei y Kast el 3 de septiembre de no brindar apoyo logístico desde Chile a la explotación de recursos en Malvinas. El canciller distinguió además la iniciativa empresarial de Punta Arenas de la posición del gobierno chileno y anunció que la Argentina seguirá la evolución de este proyecto. La contradicción es evidente: mientras la diplomacia intenta preservar el respaldo chileno que considera estratégico, la actividad comercial comienza a producir sus propios resultados y con ello consolida la posición británica.
En busca de un árbitro.
Después de esta secuencia vertiginosa de decisiones, declaraciones, amenazas y tensiones, la Argentina terminó llevando el conflicto al arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería a iniciar ese procedimiento por las actividades de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Un primer aspecto a considerar: la vía elegida no puede resolver la cuestión central de la soberanía sobre las islas. Ese asunto excede la competencia que la propia Convención atribuye a sus mecanismos de solución de controversias. No es una objeción a la CONVEMAR, a la quien Argentina debe importantes avances, entre ellos el reconocimiento internacional de su plataforma continental extendida. La cuestión es que después de décadas de resoluciones de la Asamblea General y de negociaciones que nunca lograron sentar al Reino Unido a discutir la soberanía, resulta difícil imaginar que un tribunal creado para resolver controversias sobre la aplicación del derecho del mar pueda solucionar aquello que constituye el núcleo mismo de la disputa
La paradoja es que la propia secuencia de los acontecimientos parece haber conducido a la Argentina hasta allí. La reacción ante los “nuevos vientos” de Washington, la aceleración de las sanciones, el giro securitario, la respuesta británica y la presión creciente sobre Sea Lion terminaron desembocando en un mecanismo jurídico cuya competencia es necesariamente más estrecha que el conflicto que se pretende abordar.
El arbitraje puede ser una herramienta para discutir la explotación de los recursos pero no será el instrumento que dirima la soberanía argentina sobre Malvinas. Pero hay aquí una cuestión diplomática que no debería tampoco perderse de vista: todavía no sabemos cuál será la respuesta definitiva del Reino Unido al procedimiento argentino, aunque ya ha expresado públicamente su rechazo. Si el Reino Unido aceptara el arbitraje sobre un emprendimiento que considera propio, por sostener ilegalmente que ejerce soberanía plena sobre las islas, abriría una interpretación diplomática poco alineada con sus intereses: admitiría, aunque indirectamente, la existencia de una controversia sobre esa soberanía que dice ejercer. Es improbable que el Reino Unido quiera debilitar voluntariamente su posición.
Por eso, la pregunta central es si se tomaron los recaudos necesarios, si hubo suficiente coordinación dentro del Estado y si se evaluaron las consecuencias derivadas de cada decisión. El 30 de septiembre, el Gobierno británico convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza para transmitirle su rechazo al arbitraje impulsado por Javier Milei. Al día siguiente, la Cancillería respondió reivindicando el procedimiento y cuestionando la posición británica. Y casi simultáneamente, desde Estados Unidos, el embajador ante Naciones Unidas, Mike Waltz, llamó a “desescalar” la situación. Aunque los hechos no reputen para calificar aún de escalada el proceso, hay claramente un aumento en la intensidad y los alcances de cada uno de los hechos que venimos describiendo. Aquí la percepción del conflicto que tenga cada uno adquiere una importancia decisiva: una acción, que para uno puede ser jurídica o diplomática, puede ser percibida por el otro como el cruce de una nueva línea. Herman Kahn la imaginó como una escalera: cada peldaño aumenta la intensidad del conflicto y puede conducir al siguiente sin que necesariamente exista una decisión consciente de llegar hasta allí. Por eso, en una cuestión tan sensible como Malvinas, y con los antecedentes que existen, cada movimiento exige claridad y precisión: no porque estemos aventurando un conflicto de otra naturaleza, sino porque un hecho fortuito o una percepción equivocada puede empujar el sistema hacia un escalón que ninguno de los protagonistas había considerado antes.
Es posible que, después de esta rápida sucesión de decisiones y respuestas, el escenario termine estabilizándose sin grandes modificaciones. El Reino Unido tiene interés en preservar el control sobre las islas y avanzar con la extracción petrolera. Las empresas involucradas tienen inversiones comprometidas y Estados Unidos, por ahora, parece más interesado en evitar una crisis que en alterar el equilibrio existente. El llamado de Mike Waltz a “desescalar” puede leerse como ese tipo de síntoma. Chile, mientras tanto, deberá administrar una relación bilateral que combinará su tradicional posición sobre la soberanía con crecientes vínculos comerciales con las islas. Quizás ese sea el desenlace más probable: que la disputa no cambie sustancialmente de escenario, pero esta conclusión es solo un camino probable.
