Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación petrolera británica en Malvinas. Mientras los proyectos avanzan el gobierno libertario se abstiene de votar en la ONU una resolución que condena el colonialismo. ¿Puede sostenerse una causa nacional sin coherencia en la política exterior?
Por Jorge Poblette
La Causa Malvinas todo lo puede. Hasta Javier Milei, un presidente que ha hecho de la entrega de los recursos naturales de la argentina una política de estado, solicitó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, que tome medidas provisionales contra el Reino Unido para impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera del proyecto León Marino, en la Cuenca Malvinas Norte.
Argentina recurre al Tribunal del Mar
El mismo presidente que el 2 de abril de 2025 afirmó que el voto más importante sobre Malvinas era el que se hace «con los pies» y expresó, delante de los Veteranos de Guerra, su deseo de que los isleños eligieran algún día “convertirse en argentinos”, pareció sufrir ahora una conversión patriótica e impulsa ahora una denuncia para frenar la explotación petrolera británica. Aquella declaración que abría la puerta a la autodeterminación de los isleños, contrasta con el reclamo que hoy su gobierno lleva ante el Tribunal del Mar. Mientras tanto, después que el gobierno libertario perdiera tres valiosos años en que no movió uno solo de los reclamos, León Marino en poder de la israelí Navitas Petroleum y la inglesa Rockhooper Exploration, anunció que tiene previsto comenzar su producción comercial en 2028. Si se cumple ese cronograma, el petróleo podría transformar definitivamente la economía de las islas, consolidar los intereses británicos en el Atlántico Sur y, en consecuencia, complejizar aún más la disputa de soberanía plasmada en el Resolución 2065 de Naciones Unidas.
En concreto, la Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que ordene medidas provisionales para impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, restringir el uso de información obtenida durante la exploración petrolera y evitar nuevas medidas unilaterales que agraven la controversia.
El planteo se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y abarca dos instancias jurídicas que están relacionadas, pero son distintas. La primera es el arbitraje internacional iniciado por la Argentina conforme al Anexo VII de la Convención, en el que nuestro país busca que se determinen las responsabilidades del Reino Unido por autorizar unilateralmente actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas marítimas cuyos derechos soberanos reafirma. Este arbitraje deberá examinar la controversia dentro de los límites de su competencia y no implica que se vaya a resolver la soberanía territorial sobre las islas.
La segunda instancia es la solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Su intervención busca preservar los derechos argentinos mientras se constituye el tribunal arbitral, y evitar que la demora en convocar a estos cinco jueces que prevé el Anexo VII, agrave la situación. La concesión de estas medidas preventivas no es automática: el TIDM deberá evaluar si se cumplen las condiciones jurídicas para adoptarlas. En esta etapa no resolverá el fondo del litigio, sino si corresponde disponer medidas urgentes mientras continúa el procedimiento arbitral.
Nuestro país sostiene que el Reino Unido vulnera sus derechos soberanos sobre los espacios marítimos en disputa al autorizar unilateralmente la exploración y explotación de hidrocarburos, en violación de los artículos 2, 56 y 77 de la CONVEMAR, mientras la controversia de soberanía sigue sin resolverse. Argentina también denuncia que el Reino Unido incumple sus obligaciones de resolver pacíficamente las controversias y actuar de buena fe, al autorizar unilateralmente la explotación petrolera mientras permanece sin resolver la cuestión de fondo, contraviniendo lo establecido en la Resolución 31/49 de la ONU.
El petróleo corre más rápido que la justicia.
El problema es que los tiempos de la justicia internacional no coinciden siempre con los del negocio petrolero ni con las urgencias que hoy tiene Argentina. Aunque el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede pronunciarse sobre las medidas provisionales antes de que se resuelva el arbitraje, no existe un plazo que garantice cuándo concluirá este último. En ese procedimiento, iniciado por la Argentina conforme al Anexo VII de la CONVEMAR, nuestro país busca que se determinen las responsabilidades del Reino Unido por autorizar unilateralmente la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental cuyos derechos soberanos reivindica. El tribunal deberá determinar si tiene competencia para examinar las reclamaciones argentinas y, si concluye que la tiene, analizar los argumentos de ambas partes. Su decisión podrá abordar las obligaciones derivadas de la CONVEMAR, pero no resolverá la controversia sobre la soberanía territorial de las Malvinas.
Mientras tanto, las petroleras que operan León Marino tienen prevista su primera producción para 2028 con la expectativa de extraer, en esta etapa inicial, unos 170 millones de barriles. Si el proyecto avanza antes de que se resuelva la controversia, la Argentina podría encontrarse ante un hecho consumado: una explotación en plena producción, inversiones comprometidas y nuevos intereses económicos que consoliden la presencia británica en las islas. Queda claro que esta denuncia no resolverá la disputa de soberanía, pero puede alterar las condiciones en las que se viene desarrollando.
Aquí el problema de fondo es: ¿de quién son los derechos sobre esos recursos? Si el Reino Unido fuera soberano sobre las islas y no un mero usurpador, sus costas podrían generar derechos marítimos británicos y, con ellos, derechos sobre el petróleo de la plataforma continental. Si la soberanía correspondiera a la Argentina, como de hecho lo viene sosteniendo nuestro país desde hace 193 años, esos mismos espacios marítimos generarían derechos argentinos. En este sentido el derecho del mar puede establecer la delimitación de espacios marítimos, pero no resuelven por sí sola quién es soberano sobre el territorio del que nacen esos derechos. Allí reside el núcleo del problema: antes de discutir cómo se explota el petróleo, está en disputa quién tiene derecho a autorizar esa explotación.
Fue justamente la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1965, la que reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. Sin embargo, el Reino Unido ha desoído reiteradamente ese llamado y se ha negado a cumplir ese requerimiento internacional. Este antecedente es fundamental, pero no equivale en términos jurídicos a una adjudicación de soberanía. Por eso, los reclamos sobre los espacios marítimos y sus recursos no pueden confundirse con la cuestión territorial de la que derivan esos derechos.
Sin embargo, la Argentina tiene un argumento importante a su favor: si el yacimiento León Marino se encuentra en espacios marítimos sujetos a disputa, el petróleo podría extraerse y agotarse antes de que se resuelva la denuncia. Esos barriles, una vez extraídos y comercializados, no pueden recuperarse mediante una futura delimitación marítima. Si la posición argentina sobre la soberanía prevaleciera, parte del valor económico de los recursos reclamados ya se habrían perdido de manera irreversible. Es precisamente ese riesgo el que da valor a la solicitud de medidas provisionales que hace nuestro país.
El interés de las ilegítimas autoridades isleñas por León Marino es evidente. Las proyecciones estiman que las dos primeras fases podrían generar unos 2.000 millones de dólares en regalías durante treinta años. Si se suman los impuestos sobre las ganancias empresariales, los ingresos fiscales podrían elevarse a casi 4.900 millones. Si bien estas son estimaciones, muestran la magnitud del negocio. Sin dudas que el petróleo podría transformar una economía hoy dependiente básicamente de la pesca y dotar a las islas de nuevos recursos, reforzando así la presencia británica en el archipiélago.
El Reino Unido, por su parte, ya prepara una respuesta en varios frentes. Ante el Parlamento, además de acusar a la Argentina de prácticas “neocoloniales” anunció que protegerá a las empresas vinculadas a León Marino, utilizará instrumentos legales frente a las medidas argentinas y coordinará acciones diplomáticas con socios del G7 y el G20. También advirtió que podría adoptar nuevas medidas si la confrontación continúa. El Reino Unido pretende así convertir las medidas argentinas en el centro del conflicto, relegando a un segundo plano la explotación petrolera en un territorio cuya soberanía está disputada. Mientras el petróleo promete transformar la economía de las islas, el Reino Unido despliega una estrategia para proteger el negocio y consolidar su posición. La disputa, por tanto, no se juega solamente en los tribunales: también se libra en el terreno diplomático, económico y empresarial.
Milei: alineamiento y contradicciones.
Frente a esta ofensiva británica, qué hace la Argentina para sostener su reclamo. Más allá del arbitraje internacional y de las medidas provisionales solicitadas ante el Tribunal del Derecho del Mar, las contradicciones de la política exterior argentina terminaron, hace pocos días, por sepultar cualquier atisbo de coherencia en el discurso soberanista y malvinero del Gobierno. Su alineamiento incondicional con los Estados Unidos tuvo una nuevo e irresponsable capítulo el pasado jueves 15 de octubre, cuando la representación argentina se abstuvo de votar, en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución que condena las formas contemporáneas de colonialismo. La pregunta cae por su propio peso: ¿con qué autoridad el presidente Milei puede invocar la defensa de la soberanía en Malvinas mientras se abstiene de respaldar en Naciones Unidas una resolución que reafirma los principios de la descolonización y que “reconoce que el colonialismo persiste en formas y prácticas contemporáneas en las relaciones entre Estados”? Debe tenerse presente que esta iniciativa promovida por Rusia, está vinculada a la Resolución 1514 de la Asamblea General, que en 1960 impulsó el proceso de descolonización y que consagra el principio de integridad territorial, pilar fundamental de la Resolución 2065 a través de la cual se reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Esta abstención decidida por el presidente Milei roza el absurdo ya que, mientras reclama frenar la explotación petrolera británica en Malvinas ante un tribunal internacional, elude respaldar una iniciativa multilateral sobre colonialismo, cuya expresión más acabada es el propio Reino Unido.
La presentación ante el Tribunal del Derecho del Mar puede ser una herramienta importante, pero no resolverá por sí sola la disputa ni garantiza que el proyecto se detenga. El Reino Unido se defenderá en el terreno jurídico y ya despliega una estrategia diplomática y económica para garantizar la explotación. La dificultad para la Argentina es que, mientras se discuten los derechos sobre el yacimiento, el petróleo puede extraerse, venderse y agotarse. Si la controversia se prolonga hasta después de que los recursos hayan sido explotados, una eventual decisión favorable difícilmente pueda devolver al país lo perdido. Por eso, la acción judicial debe formar parte de una política de Estado sostenida, que combine diplomacia, derecho internacional y defensa efectiva de los recursos. La soberanía no se sostiene solamente ante un tribunal: también se defiende evitando que el paso del tiempo convierta una disputa abierta en un hecho consumado, y manteniendo la coherencia y las convicciones en la defensa de los recursos que pertenecen al conjunto de la nación.
