El radar de Tolhuin y el fallo judicial que anuló la inscripción de LeoLabs, revelan que la tecnología no es neutral en territorios estratégicos como el Atlántico Sur. La discusión de fondo no es técnica, sino política: qué inversiones aceptamos y quién decide bajo qué condiciones.
Por pAS
Hay decisiones que llegan tarde, pero igual deben celebrarse aunque se tomen cuatro años después. Este es el caso del fallo del juez federal Gustavo González, que tiene su asiento en la ciudad de Ushuaia, quien ha decretado la nulidad de la inscripción de LeoLabs SRL ante la Inspección General de Justicia (IGJ). En términos simples, la empresa que instaló el radar en Tolhuin ha dejado de existir jurídicamente en Tierra del Fuego.
Este proyecto de Estación Terrena en Banda S, como se lo conoce técnicamente, fue presentado por la empresa como una instalación que consistía en un radar espacial destinado a monitorear objetos en la órbita baja terrestre (hasta unos 2.000 km de altura). Esta tecnología le habría permitido escanear literalmente el espacio para detectar y seguir objetos que orbitan la Tierra como satélites, fragmentos y basura espacial, para calcular su posición, trayectoria y velocidad con el objeto de construir un mapa actualizado del tráfico aéreo en el espacio cercano. Este radar pasaría a formar parte de una red global de sensores destinados a mejorar la seguridad en el espacio y evitar colisiones y accidentes en un entorno cada vez más congestionado. De allí que LeoLabs se promueva como una empresa que construye, procesa y vende datos sobre el comportamiento de objetos en órbita, un servicio que vende a operadores satelitales, agencias y gobiernos para “ayudar a sus clientes a evitar colisiones, proteger activos y garantizar operaciones seguras”.
Todo eso es verdad. Pero también es cierto que esa misma capacidad puede utilizarse con fines militares o de inteligencia. En otras palabras: puede ver más de lo que declara. Si hay dudas respecto de estas de estas capacidades, basta con visitar su página web oficial. Allí comunica explícitamente que “LeoLabs es el socio estratégico de confianza para la inteligencia orbital continua, lo que permite a los clientes de defensa e inteligencia proteger activos de alto valor, monitorear la actividad del adversario y evaluar amenazas emergentes. Estos análisis fomentan la transparencia global y la disuasión estratégica para Estados Unidos, sus aliados y socios”. Se trata claramente de una tecnología de doble uso: civil y militar, ubicando su negocio directamente en la órbita de seguridad estratégica de las potencias occidentales.
Un dato no menor es que la estructura societaria del proyecto refería a domicilios como Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña, bajo control de una matriz estadounidense: una conformación que abrió serios cuestionamientos en un área geopolíticamente sensible atravesada por la disputa de soberanía que mantiene Argentina con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como por sus espacios marítimos circundantes, a lo que se suma la proyección sobre la Antártida y la creciente importancia geopolítica y económica del Atlántico Sur.
Historia de una denuncia
La historia, como suele pasar, empezó con menos ruido del que debió generar. Autorizaciones administrativas, avales provinciales y una obra que avanzaba en Tolhuin sin demasiada discusión pública. Recién cuando comenzaron a surgir preguntas, desde sectores políticos nacionales y provinciales, especialistas en defensa, veteranos de la guerra de Malvinas de Tierra del Fuego y algunos organismos técnicos, el tema escaló hasta la opinión pública.
Entre los primeros en intervenir estuvo el ex ministro de Defensa Jorge Taiana, quien siendo funcionario solicitó la cancelación y suspensión definitiva de la instalación y puesta en funcionamiento de la estación AGSR de LeoLabs Argentina S.R.L. Lo hizo acompañado por el canciller Santiago Cafiero y por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, al considerar que el proyecto vulneraba la seguridad nacional y resultaba incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional.
El informe contó con la participación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la empresa INVAP.
Más tarde el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella se sumó al pedido del Ministerio de Defensa y también lo hicieron desde el Municipio de Río Grande, donde intendente Martín Pérez junto a organizaciones de ex combatientes, ratificó su acompañamiento, bajo la figura jurídica “amicus curiae”, al juicio de ejecución fiscal presentado por el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington que solicitaba la demolición y el desarme de dicha estructura.
Finalmente llegó el fallo del juez Gustavo González. Es llamativo que este magistrado no se queda solo en argumentos formales. Va más allá del derecho societario y entra en consideraciones claramente geopolíticas. Habla de “afectación al interés público”, de riesgos sobre “intereses vitales y estratégicos de la Nación” y de un escenario de “vulnerabilidad” para la política de defensa. No es un lenguaje habitual para una causa de este tipo. Ese detalle habla de la naturaleza especial del caso: se trata de una infraestructura tecnológica con capacidad de doble uso, instalada en un punto geopolíticamente sensible y sostenida por una empresa que integran capitales y jurisdicciones que no son neutrales a los intereses que se disputan en el Atlántico Sur.
Surge entonces la pregunta de qué tipo de tecnología estamos dispuestos a aceptar en nuestro territorio. Y también bajo qué criterios definimos lo que es una amenaza o no lo es. Porque mientras festejamos , con toda razón, un fallo judicial que nos protege sobre la posible afectación a la seguridad nacional en el Tierra del Fuego, el propio Estado nacional habilita por ejemplo, en el plano de la Ciberseguridad, acuerdos como el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Argentina firmado el 25/03/2024 donde un asesor estadounidense tiene acceso oficial a datos sobre la infraestructura tecnológica y redes de organismos estratégicos como el IAF, UNDEF, IGN, SMN, TANDANOR, FADEA y Fabricaciones Militares, entre otros. También se lo autoriza a tomar conocimiento a estructuras organizativas, dotación de personal, planes de respuesta ante ciberataques y niveles de resiliencia de sistemas críticos. La contradicción es evidente: lo que en un caso se presenta como una amenaza a la soberanía, en otro aparece como una oportunidad de cooperación. Pero como afirma Oscar Niss, experto en Ciberdefensa: “una cosa es cooperar mediante el intercambio de información, la capacitación de recursos humanos y los ejercicios conjuntos, y otra muy distinta es que un advisor del gobierno de una nación extranjera se interiorice de todos los aspectos clasificados de la seguridad cibernética de otro Estado, o de su Sistema de Defensa.
En un mundo donde los datos y la información son un negocio en crecimiento, pero también en un activo estratégico, es lógico preguntarse quién la produce, quién la controla y quién decide para qué se usa. Si bien es verdad que necesitamos nuevas inversiones, no todas son iguales. Algunas potencian nuestras propias capacidades, otras las reemplazan y algunas directamente nos subordinan y someten. La responsabilidad final recae en el Estado: verificar, controlar y decidir qué inversiones se habilitan y bajo qué condiciones.
.
