Foto: los presidentes Trump y Ramaphosa en la Casa Blanca
Hay una línea invisible que une la la ley de 1913 al veto de Trump en el G20: la defensa de los privilegios económicos de la minoría afrikáner. Una nueva legislación para reparar esta injusticia histórica ha disparado un ataque global, que las nuevas derechas han transformado en el mito del “genocidio blanco” para justificar su propio racismo y que Estados Unidos ha utilizado para castigar la posición geopolítica de este miembro de los BRICS.
Por Jorge Poblette
La reunión en la Casa Blanca entre el anfitrión Donald Trump y Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, transcurría el pasado 21 de mayo de 2025, bajo el incómodo clima de dos países que se necesitan, pero se tienen desconfianza. Sin embargo, nadie esperaba lo que estaba por venir. En un momento del encuentro, el presidente de Estados Unidos ordenó bajar las luces del Despacho Oval y, con una escenografía preparada para las cámaras, las pantallas proyectaron la figura Julius Malema, un opositor al actual gobierno del Congreso Nacional Africano, entonando el polémico “Shoot the Boer”, una canción de protesta de la década de 1980 contra los blancos, cuando la resistencia a más de tres décadas de apartheid y racismo se extendía por todos los barrios marginales de Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Durban y Sharpeville en Sudáfrica. Sin tomar nota de la falacia que se proyectaba en la pantalla del Despacho Oval, Trump afirmó categórico “Es un genocidio” sin el más mínimo interés por la verdad y los hechos y a pesar de los esfuerzos que hizo Cyril Ramaphosa por desmentir estas “pruebas”. Más tarde, lejos de reconocer la mentira, la exageró posteando que “Los afrikáneres están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente”.
Esta emboscada política en el Despacho Oval no fue un arrebato de sensibilidad de Trump por una minoría desprotegida, sino la culminación de un trabajo que venía realizando la llamada “Mafia de PayPal”, los verdaderos fogoneros del mito del “genocidio blanco” en Sudáfrica. Este grupo de millonarios de Silicon Valley está encabezado por Elon Musk, nacido en Pretoria y principal vocero de la supuesta persecución contra los afrikáners, y Roelof Botha, nieto de un jerarca racista sudafricano, especulador financiero y con intereses en empresas tecnológicas como Youtube, Instagram, Square (Block) y MongoDB. Fue director financiero de PayPal y es considerado uno de los inversores más influyentes en Silicon Valley, en California.
Pero, ¿quiénes son los afrikáners? Son descendientes de colonos neerlandeses, franceses y alemanes, una colonia de hugonotes y calvinistas que se asentaron en el cono sur africano desde el siglo XVII, que cultivaban una fanática separación de las otras razas, incluso desanclados originalmente de la propia cultura europea. Esta población no solo construyó una identidad propia vinculada a la tierra, su lengua y religión, sino que fueron quienes diseñaron y ejecutaron el apartheid (1948-1994), un proyecto de reingeniería social que despojó a la mayoría negra de sus derechos civiles y territoriales, para montar un sistema de privilegio exclusivamente para los blancos. Este régimen supremacista fue sostenido por Inglaterra, en especial por Margareth Tatcher que acusó a Mandela de “terrorista”; Francia que se convirtió en el principal proveedor militar del régimen en los años 60 y 70; Alemania, principal socio comercial e Israel, que durante más de una década fue uno de los principales proveedores de armas a Sudáfrica.
El régimen colapsó en 1994 con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia, marcando el fin de la segregación legal, pero dejando intacta la estructura económica y el esquema de privilegios. La transición hacia la “Nación del Arcoíris”, como Desmond Tutu describió a la Sudáfrica democrática tras el fin del apartheid, alcanzó cierta paz política, pero fue postergando una reforma agraria que hoy, treinta años después, el gobierno intenta realizar bajo un cerrado ataque mediático y político de la nueva derecha local que, envalentonada por sus alianzas con el Norte Global, se niega a ceder algo de los privilegios acumulados durante décadas.
Sudáfrica ostenta el ignominioso récord de ser el país más desigual del planeta, con un coeficiente de Gini que roza los 67 puntos, donde el color de piel sigue siendo el factor determinante del destino económico de cada persona. Según datos del Banco Mundial, mientras el 10% más rico de la población acapara el 71% de la riqueza, el 50% más pobre, abrumadoramente negra, carece de cualquier tipo de riqueza. En un país con una población negra del 82%, las tierras agrícolas pertenecen, en un 72%, a la minoría blanca. Con esta distribución de la riqueza, más de la mitad de la población está condenada a la pobreza, extrema, aún antes de nacer.
La lucha por una legislación más justa
La Ley de Tierras para Nativos de 1913, la primera gran norma dictada por el poder afrikáner y británico, recluyó al 80% de la población negra a apenas el 7% del territorio, convirtiéndolos de propietarios en meros sirvientes dentro de su propio país.
Tras el fin del apartheid en 1994, el gobierno de Nelson Mandela hizo un arreglo con la minoría blanca para una reforma agraria, pero bajo un modelo de mercado: el Estado no quitaría tierras; las compraría a los granjeros blancos que quisieran vender para dárselas luego a la población negra. El resultado fue un fracaso ya que los pocos afrikáners que decidieron vender inflaron el valor de las tierras a precios exorbitantes lo que hizo naufragar la iniciativa. Es lo que el Banco Mundial denunció como “barreras de mercado”: la tierra se convirtió en un activo financiero para la minoría blanca, mientras la mayoría negra seguía viviendo en el mismo 7% del territorio. La población sintió como una burla ver como el Estado gastaba presupuestos millonarios para comprar apenas un puñado de granjas a “precios de oro”. Esta indignación por la parálisis de la reforma se tradujo en una pérdida de legitimidad del gobierno del CNA y el rápido crecimiento electoral de los Economic Freedom Fighters (EFF) de Julius Malema con un mensaje sencillo: “Si ellos nos robaron la tierra con una ley, nosotros la recuperaremos con otra”.
Frustrado el primer intento, al Estado sudafricano frenó la distribución al quedarse sin recursos para pagar los precios desmedidos de esas tierras robadas. Ante este fracaso, se dictó la Ley de Expropiación de 2024 en un intento por desbloquear una situación de injusticia social que era necesario corregir. De hecho, la nueva ley ratifica el principio de compensación justa y el reconocimiento de los títulos de propiedad de la minoría blanca. La figura de la “compensación nula”, que la nueva derecha califica falsamente como confiscación generalizada, es un aspecto marginal de la norma, reservada exclusivamente para casos de tierras abandonadas, terrenos fiscales desocupados o suelos sometidos a especulación improductiva. En la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias, el Estado sigue pagando por la tierra, pero ahora bajo un marco que impide la inflación artificial de precios. Hasta hoy, la ley ha servido como un incentivo para la negociación de buena fe y no como pretende la propaganda supremacista, como una herramienta confiscatoria: no hay una ola de expropiaciones, sino un intento de que el derecho de propiedad conviva, finalmente, con la justicia social.
La trampa del genocidio blanco.
Sudáfrica sin dudas sufre una crisis de seguridad dramática con 27.000 homicidios anuales, pero las estadísticas criminales desmienten cualquier síntoma de exterminio racial. Las víctimas blancas representan menos del 2% del total de asesinatos, y en los asaltos rurales, los trabajadores negros sufren la violencia al igual que sus empleadores blancos. Sin embargo, la derecha alternativa sudafricana, organizada en torno a AfriForum y Sindicato de Solidaridad, han logrado transformar la inseguridad general en una ‘limpieza étnica” dirigida a la minoría afrikaners. Pero este relato no busca salvar vidas, sino frenar la Ley de Expropiación: buscan mostrar al gobierno del Congreso Nacional Africano como un asesino racial mientras oculta ante el mundo la defensa de sus privilegios.
Los afrikaners en la red global del supremacismo blanco.
Los afrikaners dejaron de ser un grupo de resistencia local e inocentes granjeros para convertirse en un actor clave de la Internacional Reaccionaria. Han cultivado una relación profunda con la comunidad de MAGA (Make America Great Again), una coalición de derecha que impulsó a Trump a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2016 y 2024. También han estrechado vínculos con Tucker Carlson y la Alt-Right mediática, difusores masivos de la teoría del “genocidio blanco” y con The Heritage Foundation y el Cato Institute, instituciones que han servido de plataforma para presentar la reforma agraria como el “fin de la propiedad privada en Occidente”. También el neofascismo europeo ha utilizado esta narrativa para justificar su rechazo a la inmigración y el multiculturalismo. Viktor Orbán en Hungría que lidera una derecha radical y xenófoba utiliza el caso sudafricano para advertir lo que sucede cuando una mayoría “nativa” pierde el control político. Vox, en España, se ha sumado a la causa afrikáner promoviendo Resoluciones en contra de Sudáfrica y acusando a sus adversarios de “amigos de los expropiadores”. Y por supuesto, el ultra rico Elon Musk y compañía que, aunque políticamente analfabeto, tiene el poder suficiente para validar a través de X (Twitter) y otras plataformas su “guerra cultural” contra los pueblos pobres y de piel oscura.
Las represalias adoptadas por la administración Trump contra Sudáfrica, apoyadas en esta farsa, han sido también costosas y humillantes. Trump firmó una Orden Ejecutiva que califica oficialmente al gobierno sudafricano como perseguidor de la minoría blanca, suspendiendo programas de cooperación y flujos de inversión en infraestructuras. Estas medidas alcanzaron los beneficios arancelarios afectando a productos como automóviles, vino y cítricos. En otro gesto de la decadencia que sufre la política norteamericana este recortó los fondos del Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA (PEPFAR), una enfermedad que sufren ocho millones de personas en Sudáfrica. En otro gesto que roza el ridículo Donal Trump habilitó una cuota especial de refugiados exclusiva para sudafricanos blancos descendientes de europeos. En un reciente artículo de Guillermo Carmona se describen los esfuerzos realizados por Brasil y Sudáfrica para resistir los embates de la administración Trump.
Con esta excusa el presidente de los Estados Unidos tampoco asistió a la Cumbre de G20 que se realizó entre el 22 y el 23 de noviembre del 2025 en Sudáfrica, donde Donald Trump debía recibir de manos de Ramaphosa la presidencia del G20. Esta situación profundamente irregular en este foro, se justificó con el argumento que los afrikáneres “están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas confiscadas ilegalmente”, lo que calificó como “una completa vergüenza” que Sudáfrica sea la sede del foro. Cyril Ramaphosa, frente a este boicot, ha respondido que esas afirmaciones “se basan en acusaciones infundadas y falsas”, argumentos que Trump, mentiroso compulsivo, ha ignorado por completo.
No contento con esta serie de calumnias, el presidente de los Estados Unidos afirmo que “Sudáfrica NO recibirá una invitación a la cumbre del G20 de 2026, que se celebrará el próximo año en la gran ciudad de Miami, Florida”. Más allá de los berrinches del hombre naranja, Sudáfrica es el único país africano que es miembro del G20 por derecho propio y no por decisión de los Estados Unidos. Para confirmar cuáles son las intenciones de Trump con Sudáfrica, acaba de designar como embajador en ese país a Leo Brent Bozell III, un provocador profesional de las redes y un fanático de la causa de los afrikaners, el que ya ha generado una serie de incidentes diplomáticos por inmiscuirse en los asuntos domésticos de los sudafricanos.
Razones geopolíticas
En última instancia, la furia de Trump contra Ramaphosa no nace de una preocupación humanitaria por los granjeros blancos, sino de una diferencia geopolítica. Washington no perdona que Pretoria haya sentado a Israel ante Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas acusándolo de llevar adelante un “patrón de conducta genocida” contra el pueblo palestino. También su enojo se origina en el liderazgo que está ejerciendo Sudáfrica en la expansión de los BRICS, ahora BRICS+ por la incorporación de nuevos miembros como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Le duele además que este bloque avance decidido en la creación de un sistema de pagos del comercio internacional por afuera del dólar.
La reciente designación de un provocador como Leo Bozell III como embajador de los Estados Unidos y las sanciones económicas que sufre Sudáfrica, son parte de los intentos por disciplinar a una nación soberana por el hecho de trabajar por un mundo multipolar, con mayor equilibrio y justicia. Sudáfrica es uno de los campos de batalla donde se decide si el Atlántico Sur seguirá siendo el patio trasero de Occidente Noratlantista o la esperanza de un nuevo orden global.
