El gobierno de Milei protagonizó un bochorno internacional al votar contra una resolución que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia y propicia una reparación histórica. El alineamiento automático detrás de Estados Unidos e Israel pone distancia con las 54 naciones del Grupo Africano, un aliado vital en la lucha contra el colonialismo británico en las Islas Malvinas, dejando a la Argentina “del lado equivocado de la historia”.
Por Jorge Poblette
En una jornada que quedará marcada como otro de los capítulos más bochornosos de la política exterior argentina, el gobierno de Javier Milei protagonizó otro dislate diplomático cargado de prejuicios, ignorancia y torpeza política. Precisamente el 25 de marzo, cuando el mundo conmemora el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud, la delegación argentina votó a favor del colonialismo y en contra de la Resolución A/80/L.48 de la Asamblea General de la ONU, alineándose en solitario con Estados Unidos e Israel frente a un acuerdo global abrumador.
La histórica declaración, denominada «Declaración sobre la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad», fue aprobada por 123 votos a favor y 52 abstenciones. El texto es contundente: define la trata y la esclavitud racializada no solo como un crimen de lesa humanidad, sino como “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad” debido a su escala, su brutalidad y sus consecuencias que, siglos después, siguen estructurando la desigualdad a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital.
Impulsada por la República de Ghana y respaldada por el Grupo Africano de las Naciones Unidas que componen 54 estados miembros, la aprobación de la Resolución A/80/L.48 es un triunfo de la diplomacia del Sur Global. John Dramani Mahama, presidente de Ghana y principal promotor de la iniciativa, calificó el logro como un llamado urgente al mundo para posicionarse “del lado correcto de la historia”. En la misma línea, la Unión Africana celebró el resultado como una “victoria para los ancestros y las generaciones futuras”, un paso que facilita el camino institucional para exigir disculpas públicas oficiales y la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa, como reparaciones económicas, para los pueblos diezmados por este flagelo.
El vergonzoso voto argentino
El voto del gobierno de Javier Milei contra la Resolución A/80/L.48 no es un hecho aislado ni un error ni una excentricidad payasesca más de alguien que ha perdido el rumbo. Se trata de un giro diplomático que rompe los consensos básicos de la Argentina democrática, donde un vergonzoso vasallaje con los intereses de Estados Unidos e Israel, lleva a negar la naturaleza criminal de una empresa racista cuyas víctimas necesitan reconocimiento y reparación. Al rechazar la propuesta de que la esclavitud sea reconocida como el crimen más grave cometido contra la humanidad, el gobierno nacional rompe con una tradición sobre los derechos humanos que posicionó a la Argentina como un líder global por sus políticas de memoria, verdad y justicia implementadas tras la dictadura, así como por su participación activa en organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Sistema Interamericano. Este alineamiento automático, que la comunidad internacional observa con desencanto e incomprensión, arrastra al país a una marginalidad política donde la soberanía argentina ha sido sustituida por una subordinación ideológica autodestructiva.
La decisión de la Cancillería argentina no solo es un agravio moral para todos los argentinos, sino que incurre en contradicciones jurídicas con otros compromisos internacionales de cumplimiento obligatorio. La Constitución Nacional, a través de su artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados que hoy el Poder Ejecutivo decide ignorar. Debe tenerse presente que nuestro país es signatario del Programa y el Plan de Acción de Durban (2001), el marco de la III Conferencia Mundial contra el Racismo de las Naciones Unidas, donde Argentina se comprometió a sostener la tesis que la esclavitud y la trata transatlántica son crímenes de lesa humanidad. Al votar en sentido contrario, el gobierno de Milei desconoce estos compromisos asumidos por el estado argentino.
Con esta conducta, el país profundiza su aislamiento internacional, sacrificando el interés nacional en beneficio de las agendas de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. Estas posiciones diplomáticas no solo generan incertidumbre, sino que ponen en riesgo la defensa de la Causa Malvinas. La torpeza de enemistarse con el Grupo Africano en la ONU, el mismo bloque que hoy impulsó la histórica resolución de Ghana, pone en jaque el apoyo que estas naciones brindan año tras año en la ONU para exigir al Reino Unido el cumplimiento de la Resolución 2065 (XX). Esta desconexión con el Sur Global deja a la Argentina en una soledad internacional que no tiene beneficio alguno, salvo para la potencia ocupante: el Reino Unido.
Un modelo extractivista que no ha terminado
El rechazo de la administración de Javier Milei en la Asamblea General de la ONU no solo ignora el dolor humano, sino que desconoce la base misma sobre la que se construyó la economía esclavista en el Atlántico Sur. Como se ha analizado anteriormente en este Portal en el informe “Barcos y Tambores: La resistencia cultural contra la esclavitud”, el tráfico transatlántico de personas no fue solo un negocio, sino el primer modelo extractivista que sufrieron nuestros territorios. Bajo una máquina geopolítica manejada por las potencias del Norte Global, millones de vidas fueron sacrificadas para asegurar la riqueza de los imperios europeos.
Este sistema de dominación, que la Resolución A/80/L.48 busca hoy reparar, fue prolijamente legalizado y militarizado por las potencias coloniales. Entre 1525 y 1866, se estima que 12,5 millones de personas fueron capturadas, de las cuales 11 millones sobrevivieron a los horrores del “Paso Medio” para ser desembarcadas en las costas americanas. De ese total, cerca de cinco millones llegaron a Brasil y al menos doscientas mil fueron introducidas en la región del Río de la Plata a través de los puertos de Buenos Aires y Montevideo, bajo el sistema colonial de “Asientos de Negros”.
Resulta alarmante que, mientras la resolución de la ONU, promovida por Ghana, intenta establecer una justicia restaurativa, el gobierno argentino elija alinearse con las potencias que históricamente utilizaron el derecho internacional para ejercer control militar y económico sobre la cuenca atlántica. Utilizando la misma fuerza militar que ayer protegía el tráfico de esclavos sobre el mar, hoy se usurpa y se controla la región con la presencia británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Al votar en contra de la reciente resolución, Argentina no solo desconoce el reclamo de las víctimas, sino que debilita la posición soberana del país frente a los intereses coloniales británicos que aún persisten en el Atlántico Sur.
La construcción de un Sur Global más inclusivo, a través de espacios como los BRICS o la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, es inseparable de la lucha contra el racismo y la desigualdad. Como señalaba la investigación de este Atlántico Sur, “la lucha por la justicia siempre empieza por recuperar la propia voz”. Sin embargo, con su vergonzoso voto en la ONU, el gobierno de Javier Milei ha decidido entregar esa voz, resignando nuestra soberanía diplomática para alinearse con quienes, durante siglos, han reducido al Atlántico Sur a un mero recurso a ser explotado. En ese inventario del horror, se contaban millones de seres humanos que hoy, a pesar de la deserción moral de la Argentina, han logrado un principio de reconocimiento y justicia ante los ojos del mundo.
