La expansión de la insurgencia yihadista desde el Sahel hacia el Golfo de Guinea ya no es un problema africano: es un desafío estratégico para todo el Atlántico Sur. La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur debe entender que la seguridad del océano también se juega en la estabilidad política de sus costas. Evitar que una de sus orillas se convierta en refugio de la insurgencia, la fragmentación estatal y la violencia crónica es hoy una cuestión vital para toda la región.
Por Jorge Poblette
Enero de 2026. Mientras el mundo seguía con atención los conflictos entre las grandes potencias disparados en Eurasia y Medio Oriente, en África Occidental se producía un hecho mucho menos visible pero potencialmente crítico para el equilibrio del Atlántico Sur: el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial regional de Al Qaeda más poderosa del Sahel, daba forma a una nueva estructura organizativa orientada a consolidar su expansión hacia los países costeros del Golfo de Guinea sobre el Atlántico Occidental. No fue un hecho propagandístico ni una maniobra intrascendente. Fue la señal más clara hasta ahora de que el yihadismo saheliano ha dejado de mirar solo hacia el desierto y ha comenzado a mirar también hacia el Atlántico.
Para entender la magnitud de esa amenaza hay que mirar el Sahel, esa vasta franja semiárida que atraviesa África de oeste a este a lo largo de unos 5.500 kilómetros. Durante siglos fue mas que una frontera un corredor estratégico: por allí circularon por siglos mercancías, personas e ideas entre el África subsahariana y el Mediterráneo. Muchas de esas rutas siguen vivas, aunque hoy alimentan también circuitos de comercio informal, tráfico ilícito y migraciones hacia Europa. En los últimos años, ese viejo corredor se convirtió en uno de los grandes epicentros de violencia del planeta: una combinación letal de pobreza extrema, debilidad estatal y crisis climática que alimenta al crimen organizado y al yihadismo.
En los últimos años esa franja se transformó en uno de los principales focos de violencia del mundo, un territorio donde las antiguas rutas caravaneras se han convertido en redes del crimen organizado y el terrorismo yihadista. La combinación de marginación política, social y económicamente es la materia prima con la que se alimentan los ejércitos que aterrorizan la región.
El yihadismo que hoy amenaza las costas del Golfo de Guinea no apareció de la nada. Tiene fecha de origen bastante precisa: 2011, cuando la intervención de la OTAN en Libia demolió un régimen sin pensar demasiado en lo que vendría después. Con el asesinato a instancias de la OTAN de Muammar Gadafi no solo colapsó un Estado: se abrió un corredor por la que armas, combatientes y redes enteras de organizaciones criminales y grupos yihadistas se derramaron hacia el sur. El Sahel heredó ese caos y aún sigue pagando esa factura de violencia y anarquía.
La caída del régimen libio liberó hacia el sur enormes arsenales que terminaron nutriendo a milicias tuaregs, redes criminales y células yihadistas en Mali, Níger, Chad y Burkina Faso. Lo que siguió no fue un accidente imprevisible sino la consecuencia directa de una intervención militar de las grandes potencias con Estados Unidos a la cabeza, que derribó un orden regional sin prever cómo administrar el peligroso y caótico vacío político que dejaba atrás.
La primera pieza en caer fue Mali, ex colonia francesa. En 2012, las milicias tuaregas del norte, fortalecidas con las armas y los combatientes que regresaban de Libia, lanzaron una ofensiva que desbordó al ejército maliense y precipitó un golpe de Estado en Bamako. En cuestión de meses, el norte del país — un territorio del tamaño de Francia — quedó fuera del control oficial. El proyecto de un Estado tuareg independiente llamado Azawad duró apenas unos meses. Lo que comenzó como una rebelión de reivindicación territorial se transformó rápidamente en algo más peligroso: los grupos yihadistas, mejor armados, mejor financiados y con una disciplina que las milicias nacionalistas no tenían, desplazaron a sus propios aliados circunstanciales y tomaron las principales ciudades del norte, incluyendo Tombuctú y Gao. Así se sembró la primera semilla del califato saheliano, subordinados a Al Qaeda. Luego se sumó el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), que reclutó más fuertemente entre poblaciones subsaharianas, que luego se transformaron en grupos armados islamistas con discurso religioso, pero profundamente insertadas en las redes del crimen organizado regional.
Burkina Faso y Níger fueron el siguiente escalón. A partir de 2015, los grupos insurgentes desplazados desde Mali comenzaron a infiltrarse en estos países siguiendo las mismas rutas caravaneras que durante siglos conectaron el Sahara con el África subsahariana. Las condiciones que encontraron eran idénticas a las que habían explotado en Mali: tensiones étnicas irresueltas, gobiernos débiles y fronteras trazadas en Berlín en 1884 sin ninguna consideración por las realidades tribales de la región, otra perla del legado colonial europeo. Esas fronteras sin control ni presencia estatal alguna, facilitó un avance que ningún ejército nacional podía contener. En 2017, la arquitectura yihadista del Sahel dio un salto cualitativo decisivo: varios grupos dispersos se fusionaron bajo el JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes) , liderado por el tuareg maliense Iyad Ag Ghali. Nacía así la filial regional de Al Qaeda más poderosa y de más rápido crecimiento del mundo.
El JNIM no funciona como la caricatura clásica del terrorismo promovido por la prensa occidental. No vive de golpes espectaculares ni de atentados pensados para la televisión. Avanza de otro modo: ocupa territorio, reemplaza al Estado donde el Estado nunca terminó de llegar y ofrece algo que muchos gobiernos de la región dejaron de ofrecer hace tiempo: orden, arbitraje y una forma brutal, pero eficaz, de autoridad. Esa es su fortaleza más difícil de combatir exclusivamente por medios militares.
La ruptura con Francia cristalizó entre 2020 y 2023 en la sucesión de golpes de Estado que llevó al poder a juntas militares en Mali, Burkina Faso y Níger, luego articuladas en la Alianza de Estados del Sahel (AES). Su promesa fue recuperar soberanía expulsando la tutela militar francesa y diversificando alianzas estratégicas, incluida una creciente cooperación con Rusia y el despliegue del sucesor operativo del Grupo Wagner, el Afrika Korps. Pero ni el repliegue de París ni la llegada de Moscú alteraron el hecho central: mientras las capitales redefinían su alineamiento geopolítico, el JNIM siguió expandiendo su control territorial hacia el sur.
El problema se vuelve todavía más delicado porque el avance yihadista ya está siendo aprovechado por Estados Unidos como argumento para reconstituir influencia estratégica sobre África bajo el argumento del contraterrorismo. Documentos recientes del AFRICOM vinculan de manera explícita la lucha contra estas insurgencias con la necesidad de recuperar acceso militar, asegurar minerales críticos y contener la expansión de China y Rusia en el continente. La amenaza existe y debe ser tomada en serio. Pero convertirla en pretexto para una nueva disputa tutelada entre potencias externas sería repetir, con otros nombres, la misma lógica que ayudó a generar buena parte del desastre actual.
No se trata de una amenaza marginal ni de un puñado de células dispersas en el desierto. El ecosistema yihadista saheliano opera hoy, con distinta intensidad, sobre franjas de Mali, Burkina Faso, Níger y zonas de influencia que se proyectan hacia Benín, Togo y el norte de Costa de Marfil. Allí disputa rutas, impone reglas, recauda recursos y condiciona la vida cotidiana de millones de personas. En vastas áreas rurales, la autoridad estatal es apenas nominal: quien fija horarios, administra justicia y decide quién circula y quién no son estructuras armadas que hace una década parecían periféricas y hoy actúan como poderes territoriales de hecho.
Su objetivo final no es sembrar caos por el caos mismo. Tampoco se agota en expulsar a Francia, a Rusia o a cualquier otra potencia extranjera. Su proyecto es más ambicioso: vaciar de legitimidad a los Estados actuales y sustituirlos, paso a paso, por una red de emiratos locales gobernados bajo una interpretación extremista de la ley islámica, formando una red de lealtades religiosas, organización militar y control económico del territorio. No buscan solo hostigar gobiernos: buscan debilitarlos aún más para ocupar su lugar.
Durante demasiado tiempo América del Sur miró la crisis del Sahel como quien mira un fenómeno lejano, ajeno a sus intereses más directos. Esa visión ya quedó vieja. Lo que está en juego en África Occidental no termina en África. El Atlántico no separa esos mundos: los conecta.
Si ese proyecto logra hacer pie sobre la costa atlántica africana, la naturaleza del problema cambia por completo. Mientras el yihadismo permaneció confinado al Sahel, muchos gobiernos pudieron tratarlo como una crisis africana más, trágica pero periférica. Esa lectura ya no traduce la gravedad del problema. El Golfo de Guinea no es solo un accidente geográfico: es uno de los corredores marítimos, energéticos y digitales más sensibles del Atlántico Sur. Por sus puertos circulan recursos estratégicos, mercancías y rutas comerciales que conectan crecientemente a África Occidental con América del Sur. Bajo esas aguas oceánicas viaja buena parte de la información digital del mundo. Lo que para millones parece una abstracción depende, en realidad, de cables físicos tendidos en el fondo del océano. Su estabilidad es condición material para una integración Sur-Sur que Brasil impulsa desde hace décadas y que países como Uruguay y Argentina observan como una oportunidad creciente de cooperación económica, tecnológica y diplomática.
Una avanzada sostenida del yihadismo salafista sobre ese frente atlántico, alteraría inevitablemente esa dinámica. No hace falta imaginar la toma por parte de grupos terroristas de grandes capitales portuarias para dimensionar el riesgo. Bastaría una expansión gradual de enclaves insurgentes sobre corredores logísticos, infraestructura energética o nodos de conectividad para encarecer seguros marítimos, interrumpir inversiones, amenazar rutas comerciales y convertir una de las regiones más prometedoras para la cooperación interregional en un nuevo espacio de incertidumbre estratégica.
La declaración final de la última reunión de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur reconoce, en su artículo 9, la importancia de profundizar la coordinación estratégica contra la piratería y el robo armado en el Golfo de Guinea, además de saludar la creación de la Fuerza de Tarea Marítima Combinada como respuesta cooperativa regional. Es un paso relevante en esta sociedad que, para beneficio de sus integrantes, está destinada a jugar un papel estratégico en el Atlántico Sur. Pero también revela el límite del enfoque actual: la amenaza sigue siendo pensada casi exclusivamente desde el mar, cuando el desafío más profundo proviene desde tierra firme. La expansión territorial de la insurgencia yihadista desde el Sahel hacia la costa atlántica exige ampliar esa mirada.
La ZOPACAS fue concebida como un espacio de paz y cooperación entre iguales. Si pretende seguir siendo relevante, deberá asumir que contener esta amenaza ya no es un problema exclusivo de los Estados africanos. Exige inteligencia compartida, cooperación tecnológica, asistencia institucional y una visión común de seguridad estratégica. Porque si el Atlántico Sur quiere consolidarse como uno de los grandes espacios de articulación del Sur Global, deberá empezar por defender las costas donde ese futuro hoy está siendo hoy disputado.
Pensar el Atlántico Sur exclusivamente desde el mar es un error estratégico. La seguridad del océano depende de la estabilidad política de sus costas. Ningún proyecto de Sur Global sobrevivirá si una de sus orillas se incendia mientras la otra mira para otro lado.
