Como todos los años, el organismo de Naciones Unidas adoptó una nueva resolución sobre la Cuestión Malvinas que incomoda al Reino Unido. En medio de un turbulento escenario internacional y una crítica situación de la política exterior argentina, se trata de una buena noticia. Sin embargo, la aprobación no disimula las contradicciones de la ultraderecha libertaria y Gran Bretaña las aprovecha usando a los isleños.
Por Guillermo Carmona
Es frecuente que se minimice la importancia del Comité de Descolonización de la ONU y de la ONU misma, y se relativice la relevancia de las resoluciones sobre la Cuestión de las Islas Malvinas que año a año allí se aprueban. De hecho, ese tipo de descalificaciones han sido características en la derecha y ultraderecha occidentalista y atlantista de nuestro país, tanto en su rol de oposición como de oficialismo. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que, buscando capitalizar la aprobación, abandonen su tirria congénita contra el derecho internacional, el multilateralismo y la diplomacia, y celebren como conquista novedosa un logro que, año a año, habían alcanzado todos los gobiernos anteriores. Es lógico que lo celebren. Ahora saben lo que cuesta conseguirla, sobre todo cuando se han cometido desmanes contra los países, bloques y organizaciones regionales e internacionales de las que Argentina depende para su aprobación.
Hay que decirlo sin rodeos: una resolución del Comité de Descolonización favorable para la Argentina parece poca cosa, pero mucho vale obtenerla. Para ello, son muchos los planetas que se tienen que alinear y, por lo general, no se alinean solos.
Luz verde: las ventajas de la inercia
La aprobación es un logro de la República Argentina, de su diplomacia y del gobierno. Insisto en que es muy importante que se haya obtenido, a pesar de lo mucho que hizo la Cancillería libertaria para poner en riesgo el logro.
Su contenido, que es muy favorable para las pretensiones argentinas, es igual al aprobado en años anteriores, cambiando solo las fechas de aprobación y la referencia al periodo de sesiones de la Asamblea General en que se aprueba. En sus considerandos se destacan aquel que lamenta que “no obstante el tiempo transcurrido desde la aprobación de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, esa prolongada disputa aún no haya sido resuelta” y el que expresa “su preocupación por que el buen estado de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido no haya conducido aún a negociaciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas”.
En la parte resolutiva “reitera que la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (punto 1); toma nota de las opiniones expresadas por el Presidente de la República Argentina en ocasión del actual periodo de sesiones de la Asamblea General, es decir del discurso que cada año dan los presidentes en la apertura de las sesiones de la Asamblea que ocurre en setiembre de cada año (punto 2); lamenta que, a pesar del amplio respaldo internacional a una negociación entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que incluya todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas, aún no hayan comenzado a aplicarse las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión (punto 3); pide a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que afiancen el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de soberanía (punto 4); reitera su firme apoyo a la misión de buenos oficios del Secretario General a fin de ayudar a las partes a cumplir lo solicitado por la Asamblea General en sus resoluciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas; decide mantener en examen la cuestión de las Islas Malvinas con sujeción a las directrices que ha dado y pueda dar la Asamblea General al respecto (punto 6).
El procedimiento seguido por el C-24 para el tratamiento y aprobación también ha sido el mismo: como ocurre todos los años, el proyecto fue presentado por el representante de Chile –un gesto mantenido por todos los gobiernos de la democracia chilena que debe ser valorado por su contraste con el papel que jugó el Chile de Pinochet durante la Guerra de Malvinas y la posición probritánica de algunos sectores influyentes de la política y las fuerzas armadas del país trasandino- y también en nombre de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela –que son los otros países sudamericanos integrantes del Comité. La resolución fue aprobada sin votación, es decir mediante el consenso de sus miembros.
Luces amarillas: los costos del doble estándar
Ante este logro, surge la pregunta acerca de cómo logró la Cancillería mileísta capear la animadversión provocada por los constantes ataques de su gobierno al multilateralismo, sumada a las afrentas y desatenciones dirigidas a los miembros latinoamericanos, africanos y árabes del C-24. La respuesta es sencilla y lógica: en primer lugar, se debe a que existe una diplomacia que cumple su tarea y aún funciona, a pesar de los recortes presupuestarios y de la persecución contra el personal que no adscribe a la doctrina mileista de las relaciones internacionales, despreciativa de todo lo que no esté alineado con Estados Unidos e Israel, antimultilateralista y descomprometida con el cumplimiento del derecho internacional. Ante el riesgo de ruptura del consenso, esa diplomacia recibió instrucciones de la Cancillería de asegurar el apoyo mediante gestiones ante los países desairados.
En segundo lugar, el gobierno goza aún de las ventajas de la inercia diplomática, es decir de la tendencia de los organismos internacionales a mantener su rumbo o sus decisiones previas. En las Naciones Unidas, esto significa que una vez que se aprueba una resolución existe una fuerte tendencia institucional y política a renovarla de manera automática en cada período de sesiones, convirtiéndola en parte de la rutina diplomática. El exceso de confianza en este mecanismo puede deparar sorpresas, sobre todo cuando el contendiente en la Cuestión Malvinas cuenta con herramientas no solo diplomáticas para intentar torcer la voluntad de los países que nos apoyan. También expone a la Argentina a los sorpresivos cambios en el escenario internacional. Debe tenerse en cuenta que no se trata del riesgo de que Argentina pierda una votación en el C-24, escenario por ahora impensado, sino el de una ruptura de un consenso que acredita el fuerte apoyo internacional a nuestro país.
En la sesión también aparecieron señales preocupantes en la posición de algunos países que integran el organismo. La permeabilidad a los planteos británicos sobre los Estados miembros del Comité se hizo manifiesta principalmente en las intervenciones de Sierra Leona y Timor Leste que usaron referencias al principio de libre determinación sin considerar la particular situación colonial que existe en la Cuestión Malvinas. Esos planteos suenan muy bien a los oídos de la potencia ocupante. Si bien esto ha ocurrido en años anteriores, en el caso de Sierra Leona debe tomarse en cuenta que una delegación de ese país visitó las Islas Malvinas en abril de 2024. La diplomacia británica no descansa en su intento de debilitar los apoyos a la Argentina.
Sin embargo, la más fuerte señal amarilla debe identificarse en la actuación del canciller Pablo Quirno, quien fingió demencia en su alocución. El contraste de su discurso ante el Comité de Descolonización con las posiciones que sostiene el presidente y la Cancillería a su mando denota un cada vez más marcado doble estándar: la apelación en su discurso al respeto del derecho internacional, al multilateralismo y a la necesidad de poner fin al colonialismo, así como la calificación de la Cuestión Malvinas como una política de Estado que es compartida por los distintos gobiernos, nada tiene que ver con las prácticas y declamaciones que Milei, el propio Quirno y la Cancillería sostienen en otros ámbitos de Naciones Unidas y en sus relaciones con el mundo.
Se trató de un discurso ajustado al canon malvinero, redactado evidentemente por especialistas en la Cuestión Malvinas y que, por lo tanto, contuvo los mismos elementos que los expresados en el C-24 por los cancilleres del gobierno anterior. Es importante destacar que de no haber sido así se habría profundizado el deterioro de la posición argentina provocado por el mileísmo. Sin embargo, lo positivo del contenido del discurso pone de manifiesto el doble discurso y el doble estándar del gobierno: Quirno ponderó al multilateralismo, su gobierno lo ataca y lo abandona retirándose de compromisos asumidos en Naciones Unidas; Quirno pondera el apoyo multilateral de Naciones Unidas por la Cuestión Malvinas mientras su presidente atacó al organismo en sus discursos ante la Asamblea General al referirse al tema; Quirno denunció la violación del derecho internacional en la Cuestión Malvinas, su gobierno avala lo contrario en Gaza, Irán, Venezuela y Cuba, casos en los que también se vio comprometida la integridad territorial; Quirno agradece el apoyo de los países que integran el C-24 contra los que vota Argentina en la Asamblea General cuando se tratan los temas que les interesan; Quirno reafirmó el rechazo a la aplicación del principio de libre determinación en el caso de Malvinas, mientras su presidente y su antecesora Mondino hicieron propio ese argumento británico en reiteradas ocasiones; Quirno cuestiona el avance del proyecto hidrocarburífero León Marino (Sea Lion) mientras su gobierno no ha dado pruebas de haber realizado gestiones efectivas ante el gobierno de Israel para obstruir la participación clave de la compañía israelí Navitas Petroleum; Quirno ponderó a la Cuestión Malvinas como una política de Estado, sin embargo, a diferencia de otros años, no hubo representación parlamentaria en la delegación que lo acompañó en el Comité, la Cancillería ha clausurado el funcionamiento del Consejo Nacional Malvinas y su gobierno se ha resistido a dar explicaciones en el Congreso Nacional sobre asuntos delicadísimos relativos a la cuestión…
De hecho, la más publicitada movida de un supuesto giro en la posición de Estados Unidos en relación con Malvinas estuvo ausente en el discurso del canciller y en la sesión. A diferencia de China, Brasil y gran cantidad de países del Sur Global, ni la potencia del norte ni Israel dieron su presente para hablar a favor de la Argentina en el momento malvinero más importante que tiene Naciones Unidas durante todo el año. Los argentinos deberemos asumir definitivamente que los alineamientos automáticos no implican en lo más mínimo reciprocidades.
La práctica del doble estándar en las relaciones internacionales es siempre una posibilidad. Lo que no se debe dejar de tener en cuenta son las consecuencias negativas nunca uniformes que tiene esa práctica para los países de acuerdo al tamaño de su poder relativo en el escenario internacional. En este campo, la Argentina juega en desventaja frente a un contendiente que, a pesar de sus debilidades internas, es una potencia nuclear y tiene su asiento en el Consejo de Seguridad.
Luces rojas en el horizonte
La prensa argentina reprodujo el tono triunfalista usado por el oficialismo para destacar la aprobación de la resolución. Sin embargo, un hecho que pasó absolutamente desapercibido para los medios enciende una luz roja sobre el estado de la Cuestión Malvinas: en su intervención ante el C-24, uno de los peticionarios británicos, Michael Peter Goss, pasó factura al gobierno de Milei por el incumplimiento del pacto Mondino-Lammy, la ignominiosa reedición del pacto Foradori-Duncan que realiza concesiones al Reino Unido contrarias al interés argentino. Desde diciembre de 2025, Goss es miembro de la ilegítima asamblea isleña, lo que a pesar de la pátina pretendidamente representativa de su función lo posiciona como un funcionario colonial al servicio del gobierno británico. Debe tenerse en cuenta que nada de lo que expresan los peticionarios británicos en el C-24 deja de ser revisado escrupulosamente por el Foreign Office.
En su intervención, Goss enfatizó que tiene a su cargo la cartera de recursos naturales y buscó darle una fachada de sustentabilidad al saqueo de los recursos pesqueros por parte de las flotas extranjeras que operan en las adyacencias del archipiélago con licencias ilegales otorgadas por el gobierno británico. Desde ese posicionamiento, puso al gobierno argentino en el lugar del incumplidor. El argumento que utilizó a tal fin se lo sirvió en bandeja la administración de Milei: el incumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina en el Comunicado del 25 de setiembre de 2024, acordado por Diana Mondino y David Lammy, quienes por entonces eran respectivamente los máximos responsables de la política exterior argentina y británica.
Tras faltar a la verdad afirmando que no hay medidas de protección de los recursos pesqueros fuera de las adoptadas por el régimen colonial, Goss expresó ante el C-24 que “hubo una brecha [en la adopción de medidas ambientales] porque Argentina se niega a cooperar dañando a sus propios intereses a la hora de cooperar”. Refiriéndose al pacto señaló que “En setiembre de 2024 se acordó un paquete entre Argentina y el Reino Unido sobre el intercambio de información sobre recursos pesqueros, conectividad y cooperación, incluido una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja a las islas y también el trabajo para identificar los restos de los soldados argentinos no identificados”. Y agregó que “Las Islas cumplieron su parte. En diciembre de 2024, los argentinos vinieron a visitar sus seres queridos y los acogimos. Pero lamentablemente Argentina no ha cumplido sus términos del pacto. El vuelo no se ha reanudado. No ha habido intercambio de datos sobre la pesca. Seguimos queriendo hacerlo por nuestra parte”.
Sombras, nada más
De esta forma, el gobierno de Milei ha incurrido en el mismo desatino del macrismo de seguir el juego que más sirve al interés británico: Argentina compromete cooperación con la potencia colonial en materias en la que esta viola de manera flagrante el derecho internacional, prestando al mismo tiempo aquiescencia a la maniobra dilatoria que tiene por objetivo evitar a toda costa la negociación sobre la cuestión de la soberanía. Justo lo que prefieren los británicos.
