Denunciado por la Alcaldía de París, el director Santiago Muzio, designado por Sandra Pettovello, transformó la residencia estatal en sede de cumbres de la derecha europea. Entre la remoción de la placa a las víctimas de la dictadura y la purga de becarios, la gestión bajo el gobierno de Milei aisló diplomáticamente la histórica institución.
Redacción Atlántico Sur
Autoridades de la alcaldía de París solicitaron formalmente la intervención del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia para que investigue la gestión en la Casa Argentina, la histórica residencia universitaria e institución de intercambio cultural ubicada en la capital francesa, según reveló una investigación de La Nación.
A través de una carta dirigida a la cancillería francesa, las funcionarias Melody Tonolli y Audrey Pulvar advirtieron sobre hechos de extrema gravedad cometidos por el actual director de la sede, el abogado franco-argentino Santiago Muzio, designado en septiembre de 2024 por el presidente Javier Milei bajo la órbita de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.
El Estado francés, en su reclamo, pide al gobierno argentino que cumpla con la obligación de respetar los valores republicanos y las reglas de la Cité Internationale Universitaire de Paris, en particular los principios de neutralidad política, pluralismo, libertad académica y no discriminación. Este parque y complejo universitario es único en el mundo y fue creado en los años 1920 tras la Primera Guerra Mundial con un espíritu pacifista y cosmopolita. Alberga a más de 40 pabellones de distintos países del mundo y fueron diseñados para fomentar la convivencia pacífica, la cooperación académica internacional y la mezcla de culturas
Para entender el alcance de esta crisis hay que entender adecuadamente lo que representa la Casa Argentina. Ubicada en el Boulevard Jourdan de la capital francesa, forma parte de la prestigiosa Ciudad Internacional Universitaria de París. Fue gestada, como se señaló, en la década de 1920 por iniciativa del presidente Marcelo T. de Alvear y financiada con recursos del Estado y la donación de la familia Bemberg, según consigna la historia oficial de la institución. Inaugurada en 1928, se convirtió en la primera residencia no francófona del campus y en la principal plataforma de diplomacia cultural del país en Europa. A lo largo de casi un siglo, sus recintos no solo alojaron a miles de investigadores y becarios, sino que fueron el hogar y refugio de figuras centrales de nuestra cultura como Julio Cortázar, Juan José Saer, Julio Le Parc, María Elena Walsh o Miguel Ángel Estrella, entre decenas de otros artistas e intelectuales.
El perfil del nuevo director explica de forma clara el rumbo ideológico de la residencia. Santiago Muzio es un abogado franco-argentino sin antecedentes en la gestión universitaria pública ni trayectoria en el CONICET, pero con un largo recorrido en la extrema derecha europea. Desde 2020 dirigió en España el campus de Madrid del Instituto de Ciencias Sociales, Économiques et Politiques (ISSEP), la escuela privada fundada en Lyon por Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen, para formar las “élites de recambio” de la derecha radical mediante una mezcla de integrismo católico, liberalismo económico y euroescepticismo. Su llegada a París en septiembre de 2024 de la mano del gobierno nacional no respondió a un concurso ni a un criterio académico, sino a las alianzas internacionales de La Libertad Avanza. Muzio actuó como un operador clave para tender puentes entre el espacio de Javier Milei, la Fundación Disenso de VOX, liderada por Santiago Abascal, y los organizadores de la red conservadora CPAC en Hungría y Polonia, siendo promovido ante la cartera de Educación del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello con el objetivo de desplazar la orientación histórica de la sede y transformar esta representación diplomática en un centro logístico para la batalla cultural en Europa.
Esa red de contactos convirtió rápidamente a la Casa Argentina en un centro de operaciones partidario. Muzio ha coordinado encuentros de alto perfil con referentes de la alt-right regional como el argentino Agustín Laje, el dirigente chileno José Antonio Kast y el diputado brasileño Flávio Bolsonaro, según revelaron investigaciones de La Nación. El hecho más grave en términos de violaciones normativas ocurrió el 4 de noviembre de 2025, cuando Muzio abrió formalmente en los salones de honor de la residencia estatal un encuentro a puertas cerradas entre el tink tank húngaro Mathias Corvinus Collegium, organismo financiado por el gobierno de Viktor Orbán, un impulsor de la internacional reaccionaria, la agrupación ultraconservadora polaca Ordo Iuris y cuadros del Rassemblement National francés. El objetivo explícito de la reunión fue diseñar estrategias para el “desmantelamiento de la Unión Europea”, según revelaron investigaciones periodísticas francesas, utilizando las instalaciones del Estado argentino como plataforma privada para una agenda política extremista en pleno suelo parisino.
El punto de máxima tensión estalló con el retiro de la placa conmemorativa en homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado, instalada en 2022 en cumplimiento de la Ley Nacional 25.633. Lejos de ser una mera tarea de “mantenimiento”, como argumentó el Ministerio de Capital Humano, la decisión de Muzio muestra una profunda afinidad ideológica con la posición negacionista que esgrimen los defensores de la dictadura militar argentina. Trece residentes fueron expulsados del lugar por denunciar este delito.
Este acto no es un hecho aislado: reaviva los momentos más oscuro que atravesó esa residencia, la que entre 1976 y 1983 fue convertida por oficiales de la Junta Militar en un enclave de inteligencia y en el “Centro Piloto” con el que Emilio Massera buscó lavar la imagen de la represión en Europa, según documentan investigaciones de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. La consecuencia de esta irresponsabilidad de Muzio fue una humillación diplomática inédita: en un gesto de abierta desautorización hacia la gestión argentina, el propio ministro de Educación Superior e Investigación de Francia, Philippe Baptiste, concurrió personalmente a la sede para reinstalar la placa en el exterior del edificio, señalando así que Francia no tolerará la censura de los crímenes de Estado en su propio territorio.
Las consecuencias internacionales de este manejo discrecional no tardaron en multiplicarse. Muzio se negó explícitamente a suscribir la Carta de Valores de la Ciudad Universitaria, un documento ético que exige a todas las sedes respetar la laicidad, la libertad de pensamiento y los derechos humanos, obligando al propio Comité de Residentes a firmarlo en su lugar. Este desprecio por las reglas comunitarias provocó la reacción inmediata de los países vecinos. Las autoridades de las casas nacionales de Alemania, Japón, Canadá y Dinamarca decidieron pausar o limitar sus acuerdos de intercambio con la sede argentina, rompiendo el histórico principio de reciprocidad que permitía a becarios de nuestro país alojarse en otros pabellones. A esto se sumaron las gestiones de las funcionarias municipales parisinas Melody Tonolli y Audrey Pulvar, quienes, junto al presidente de la institución, Jean-Marc Sauvé, y la rectora Julie Benetti, elevaron la denuncia formal que hoy acorrala diplomáticamente al director designado por la ministra Sandra Pettovello.
La grave conducta de Muzio expone el riesgo de destruir una política de Estado para convertirla en un botín político. Al transformar una institución histórica en un centro de propaganda partidaria, la administración mileísta actual no solo aisló a la representación argentina del sistema educativo europeo, sino que provocó un severo daño al capital diplomático y al soft power que el país construyó durante casi un siglo en el corazón de Europa. Las instituciones culturales y las sedes diplomáticas de la Nación pertenecen al Estado argentino, no al proyecto ideológico ni al gobierno de turno. Cuando el sectarismo sustituye al pluralismo académico, el resultado no es la “modernización”, como se argumentó frente al escándalo la ministra Petobello, ni el prestigio internacional, sino el descrédito, la censura y la cuarentena institucional de un patrimonio que es de todos los argentinos.
