En una encendida cuestión de privilegio planteada en la sesión de la Cámara Baja, el legislador de UxP y ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación expuso el silencio oficial frente al saqueo pesquero en Malvinas y la parálisis de Pampa Azul y PROMAR, al tiempo que denunció la desactivación del Consejo Nacional Malvinas y los severos conflictos de interés e incompatibilidades que pesan sobre el canciller Pablo Quirno y la secretaria Paola Di Chiaro.
Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del pasado 3 de setiembre, la Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de un acalorado debate sobre la orientación geopolítica y marítima del Poder Ejecutivo. El diputado nacional y ex Ministro de Agricultura, Gandería y Pesca de la Nación Luis Eugenio Basterra planteó una cuestión de privilegio dirigida contra el Canciller Pablo Quirno, la Secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, y las autoridades de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
El legislador señaló a los funcionarios de ser los “responsables material y formalmente por la desarticulación sistemática de las instituciones y políticas públicas que las leyes de la Nación encomiendan para la defensa de nuestra soberanía nacional y el desarrollo científico del Atlántico Sur”.
1. El gran ausente de la cadena nacional: el saqueo pesquero y el Pacto Mondino-Lammy
Uno de los ejes más incisivos de la exposición fue el contraste entre los anuncios del presidente Javier Milei en su reciente cadena nacional —centrados en la explotación petrolera británica en el yacimiento Sea Lion— y el mutismo deliberado sobre el descontrol y la depredación pesquera en la Zona de Exclusión impuesta ilegalmente en torno a las Islas Malvinas.
Basterra remarcó la paradoja de un Ejecutivo que proclama la defensa de los recursos mientras incurre en “el abandono flagrante de los instrumentos legales y científicos que sostienen nuestros derechos”. En ese sentido, denunció expresamente:
“Corresponde señalar la responsabilidad del Poder Ejecutivo en relación con uno de los temas que estuvo completamente ausente en el discurso del presidente: el saqueo de los recursos pesqueros en aguas de las Islas Malvinas y la cooperación que el gobierno ha puesto a disposición del Reino Unido en materia pesquera mediante el vergonzoso Pacto Mondino-Lammy”.
Para dimensionar la gravedad del problema, el diputado aportó cifras sobre las capturas bajo licencias ilegales otorgadas por la ocupación británica a flotas extranjeras en la temporada 2025: más de 86.000 toneladas capturadas por buques con bandera ilegítima de Malvinas, 49.000 toneladas por la flota de Taiwán, 47.000 toneladas por la de España, 19.000 toneladas por Corea del Sur y 1.180 toneladas por Vanuatu. “Datos que son impactantes y que muestran el valor de nuestros recursos naturales usurpados”, aseveró.
2. Pampa Azul y Ley PROMAR: el vaciamiento de la ciencia marítima
Frente a la depredación en la Plataforma Continental, Basterra vinculó directamente la desatención del problema pesquero con el desmantelamiento de la investigación oceanográfica. Advirtió que la paralización de la Iniciativa Pampa Azul y el incumplimiento de la Ley 27.167 (Programa PROMAR) frenan 15 años de evaluaciones científicas continuadas que permitían fijar vedas y cuotas sustentables para conservar el stock pesquero en el Mar Argentino.
En uno de los pasajes de mayor impacto conceptual de su intervención, Basterra definió el rol estratégico de la ciencia en los mares del Sur:
“Estrechamente ligado al asunto de la pesca está el abandono de la Iniciativa Pampa Azul, orientada al conocimiento científico de nuestro mar. El conocimiento científico no es un insumo secundario ni un lujo presupuestario: es un pilar estratégico e irremplazable de la soberanía argentina. La presencia en nuestros espacios marítimos no se sostiene con discursos, sino con buques oceanográficos, investigadores en el mar y datos rigurosos sobre nuestros bienes naturales”.
Al desfinanciar estas políticas, advirtió el parlamentario, se incurre en un vaciamiento concreto: “Paralizar estas políticas… implica vaciar de contenido la presencia nacional y dejar el Atlántico Sur a merced de la explotación unilateral extranjera”.
3. La parálisis del Consejo Nacional Malvinas
Otro punto central de la denuncia fue la desactivación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558 para articular una política de Estado plural, federal y de largo plazo.
Basterra recordó que la norma concibió al Consejo como un ámbito transversal en el que deben sentarse el Poder Ejecutivo, el Gobernador de Tierra del Fuego, las principales fuerzas parlamentarias del Congreso, juristas, académicos y los Veteranos de Guerra de Malvinas.
“Al desactivar de hecho este espacio, el Gobierno cancela la construcción de consensos, clausura el debate democratíco y deja sin voz a los actores clave de la causa nacional”.
4. Conflictos de interés e incompatibilidades en la Cancillería
La cuestión de privilegio expuso los severos conflictos de interés y las contradicciones ideológicas que atraviesan a la conducción diplomática.
Por un lado, el legislador acusó de flagrante desinterés del Canciller Pablo Quirno por las políticas soberanas, quien en declaraciones periodísticas calificó a la soberanía como un “concepto anticuado”, postura tildada por Basterra como “absolutamente incompatible con el mandato de representar a un país que padece la usurpación colonial de parte de su territorio”.
Por otro lado, señaló directamente a la Secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro, salpicada por un manifiesto conflicto de intereses debido a sus vínculos con la Fundación Argentina Global y la promoción de programas universitarios (Future Leaders Programme) coorganizados en alianza directa con la Embajada Británica en Buenos Aires y el programa Chevening, histórico canal de soft power e influencia del Foreign Office.
“Resulta inaceptable que la funcionaria encargada de defender nuestra soberanía trabaje en iniciativas articuladas con la embajada del país ocupante”, aseveró Basterra al remarcar la incompatibilidad de roles.
El diputado concluyó su discurso enfatizando el compromiso ético que exige la representación nacional:
“Señor presidente, la soberanía no se declama. La soberanía se debe ejercer en cada acto de gobierno y en el compromiso personal y público de los funcionarios argentinos, en especial cuando ocupan posiciones tan críticas como las de estos funcionarios a los cuales va dirigida esta cuestión de privilegio”, expresó.
La Presidencia del cuerpo giró la cuestión de privilegio presentada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su dictamen y tratamiento, lo cual adelanta la continuidad del debate, aunque el escenario será previsiblemente las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otras.
