El Gobierno nacional dio vía libre a la venta de un terreno de la Armada Argentina en la Base Naval de Ushuaia al declararlo “innecesario” y “sin destino”. La desafectación del predio reabre una preocupación de fondo: ¿quién protege los activos estratégicos vinculados al Atlántico Sur y la Antártida cuando el Estado los evalúa únicamente con criterios fiscales?
Por Jorge Poblette
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de venta de inmuebles estatales al desafectar un terreno perteneciente a la Armada Argentina en la ciudad de Ushuaia, una decisión que permite su futura venta y vuelve a poner en debate el destino de activos estratégicos vinculados a la defensa y a la proyección del país sobre el Atlántico Sur y la Antártida. La medida, formalizada mediante la Resolución 101/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), alcanza un predio ubicado dentro del área de la Base Naval Ushuaia, en una ciudad considerada la principal puerta de acceso argentina al continente antártico.
La operación no constituye un hecho aislado. Forma parte de una política más amplia de desprendimiento del patrimonio inmobiliario estatal impulsada por el Gobierno nacional. En los últimos meses la AABE avanzó con la venta o desafectación de terrenos del Ejército Argentino, inmuebles del Ministerio de Defensa, edificios de Cancillería, propiedades del INTA y ahora también hoteles, complejos turísticos y centros recreativos pertenecientes históricamente a las Fuerzas Armadas. Para la administración de Javier Milei, estos activos representan una fuente de recursos fiscales dentro de un proceso de achicamiento del patrimonio estatal, en línea con la concepción expresada por el propio Presidente cuando afirmó que era “el topo que destruye el Estado desde adentro”.
Mucho más que un inmueble
Sin embargo, el caso de Ushuaia presenta una diferencia sustancial respecto de otras operaciones realizadas por la AABE. El terreno desafectado no pertenece a un organismo administrativo cualquiera, sino a la Armada Argentina y se encuentra emplazado en uno de los principales puntos logísticos argentino hacia la Antártida y en uno de los espacios de mayor relevancia geopolítica del país, por su proyección sobre el Atlántico Sur, la Antártida y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La relevancia del caso se comprende mejor al considerar que el terreno desafectado forma parte del entorno de una ciudad donde el Estado argentino impulsó, desde 2022, la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. El proyecto, presentado por el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, tenía como objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur, ampliar las capacidades logísticas para las campañas antárticas y consolidar a Ushuaia como la principal puerta de acceso argentina al continente blanco.
La importancia del predio excede entonces ampliamente su valor inmobiliario. Ushuaia constituye el punto más cercano del territorio continental argentino a la Antártida y concentra buena parte de la infraestructura logística destinada a las campañas antárticas nacionales. Su puerto, su base naval y su ubicación sobre el Atlántico Sur la convierten además en un enclave de creciente importancia para la política de defensa, en un escenario marcado por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, la competencia entre grandes potencias y el creciente interés internacional por el continente blanco.
Contradicciones
No deja de llamar la atención que el Gobierno declare ahora “innecesario” un terreno perteneciente a la Armada cuando ese mismo sector formaba parte de un proyecto destinado a ampliar las capacidades logísticas argentinas en esa provincia austral. En 2022 comenzó la construcción de la ampliación de la Base Naval de Ushuaia, concebida para fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur y mejorar el apoyo a las campañas antárticas mediante nuevos galpones, muelles, edificios administrativos e infraestructura de servicios.
La ejecución de esta política recae en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), actualmente presidida por Tania Alejandra Yedro. Bajo su conducción, el organismo tiene por objetivo avanzar con la venta de alrededor de 180 inmuebles estatales, de acuerdo con la información publicada en su sitio oficial. La estrategia continúa con la tarea comenzada por su antecesor, Nicolás Pakgojz, quien informó que entre 2023 y 2025 el Estado obtuvo más de 321 millones de dólares por la venta de inmuebles públicos.
De Petri a Presti
La decisión tampoco puede entenderse como un acto administrativo sin responsables políticos. La propia Resolución 101/2026 deja constancia de que fue el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, quien mediante una nota oficial del 6 de agosto de 2025 puso el inmueble a disposición de la AABE al considerar que resultaba “prescindible” para la gestión del Ministerio, que la Armada no lo utilizaba y no lo haría en el futuro. Esa definición política fue la que habilitó el proceso de desafectación y la futura venta del predio. El sucesor de Petri, el teniente general Carlos Alberto Presti, apenas tres meses antes, había asegurado públicamente que los inmuebles bajo su jurisdicción conservarían su función institucional y su carácter estratégico. Sin embargo, la Resolución 101/2026 contradijo sus afirmaciones y el predio de Ushuaia terminó siendo declarado “innecesario”, desafectado y quedó disponible para su venta.
El Diputado de Todos por la Patria Agustín Rossi, adelantó que citará al Ministro de Defensa al Congreso para que explique las razones que están detrás de esta decisión. Es oportuno señalar que fue el mismo diputado Rossi quien presentó en marzo de este año un proyecto de ley que busca prohibir la venta, cesión o cualquier forma de disposición de bienes inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa sin la autorización expresa del Congreso de la Nación. La iniciativa declara a estos bienes de interés estratégico para la Defensa Nacional y establece que cualquier decisión sobre su destino deberá estar debidamente fundamentada en razones técnicas y contar con aval legislativo.
Soberanía en juego
La discusión coincide con el actual debate parlamentario sobre la reforma del régimen de propiedad de las tierras rurales impulsada por el Poder Ejecutivo. Durante ese tratamiento legislativo, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, advirtió que la Argentina carece de una ley específica de protección de activos estratégicos y cuestionó que la regulación sobre tierras sensibles pueda quedar librada exclusivamente a las provincias. “La soberanía hoy no está en juego sólo cuando se define quién tiene potestad sobre un territorio, sino también sobre los recursos críticos o estratégicos que ese territorio contiene”, sostuvo el militar.
Aunque la venta del predio de Ushuaia no forma parte de ese proyecto de ley, ambas discusiones remiten a una misma cuestión de fondo: cuáles son los bienes cuya importancia estratégica trasciende su valor económico y, por lo tanto, deberían quedar sujetos a criterios especiales de protección antes que a una lógica exclusivamente patrimonial.
La decisión adoptada por el Gobierno trasciende la venta de un inmueble. Plantea una discusión sobre el modo en que la Argentina administra su patrimonio estratégico en una de las regiones de mayor importancia geopolítica del siglo XXI. Mientras el Atlántico Sur y la Antártida adquieren un valor creciente por sus recursos, sus rutas marítimas, la competencia entre las grandes potencias y la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede un terreno de la Armada emplazado en Ushuaia ser considerado innecesario y sin destino?
