Estados Unidos y otras democracias de occidente recurren cada vez más a terceros países para reubicar migrantes y personas no deseadas. El fenómeno refleja un cambio profundo: la deportación ya no significa el retorno al país de origen, sino una estrategia para deshacerse de grupos humanos considerados indeseables o políticamente problemáticos.
Por Jorge Poblette
Durante años, las democracias occidentales se jactaron ante el mundo de ser defensoras de los derechos humanos y la protección de las personas perseguidas. Hoy, sin embargo, algunas de esas mismas potencias han comenzado a desarrollar mecanismos cada vez más restrictivos para deshacerse de grupos humanos considerados indeseables o políticamente problemáticos: ahora el mecanismo es enviarlas lo más lejos posible y pagar, presionar o negociar con otros países pobres y periféricos para que se hagan cargo de ellas.
Esto va más allá de las deportaciones de rutina. No se discute en esta columna el derecho soberano que tienen los Estados a tener una política migratoria o tomar medidas para resguardar su economía, la seguridad ciudadana o la soberanía nacional; el fenómeno que analizamos es de otra naturaleza. Lo novedoso de estas políticas de “externalización de fronteras”, el eufemismo de moda, es que los países desarrollados ya no buscan devolver a una persona a su país de origen. El objetivo es trasladar a terceros países a personas que no se quieren tener dentro de sus propias fronteras.
Lo que hasta pocos años aparecía como una rareza comienza a mostrarse como una tendencia. Estados Unidos ha firmado acuerdos al menos con 10 países y ha contactado a otros 58 para lleva deportados. La Unión Europea (UE) aprobó solo hace cuatro días un acuerdo para que los gobiernos del bloque comunitario puedan negociar con terceros países la creación de centros de deportación, a donde trasladar migrantes a los que se les ha denegado el asilo y que están a la espera de ser expulsados a su país de origen o tránsito. Desde África hasta América Central, pasando por los Balcanes y Oceanía, y un número creciente de países del Sur Global está siendo incorporado a una red de acuerdos destinada a recibir, custodiar o retener a personas cuya permanencia ha sido denegada por las potencias occidentales.
El mecanismo varía según el país y las circunstancias, pero la lógica es casi la misma. Algunos gobiernos lo hacen con dinero y pagan sumas millonarias para que terceros Estados reciban deportados o detenidos. Otros ofrecen ayuda económica, concesiones diplomáticas o beneficios políticos a cambio de colaboración. En algunos casos, las personas son trasladadas a centros de detención administrados fuera del territorio de la potencia que ordena la expulsión. En otros, quedan bajo custodia de gobiernos con los que no mantienen ningún vínculo previo. Lo que cambia es la modalidad. Lo que permanece constante es el objetivo: desplazar hacia otros países la gestión de poblaciones que se consideran sobrantes.
Los ejemplos abundan. Estados Unidos acordó pagar seis millones de dólares a El Salvador para albergar durante un año a cientos de deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele. En Europa, el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía en 2016 comprometió miles de millones de euros para contener los flujos migratorios hacia el continente. Más recientemente, varios gobiernos europeos han explorado acuerdos con países africanos para instalar centros de retorno fuera del territorio comunitario, mientras Italia avanzó en un controvertido y judicializado entendimiento con Albania para procesar migrantes interceptados en el Mediterráneo.
Lejos de constituir excepciones, el fenómeno se extiende. Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ruanda, Uganda, Esuatini, Albania, Kosovo y Turquía figuran entre los países que, bajo distintas modalidades, han sido incorporados a esta creciente red internacional de externalización migratoria.
Un mecanismo con problemas de legalidad
La legalidad de estos mecanismos continúa siendo objeto de mucha controversia. Mientras los gobiernos sostienen que actúan dentro de sus facultades soberanas para controlar la inmigración y realizar deportaciones, incluso a países alternativos, diversos tribunales, organismos internacionales y organizaciones humanitarias cuestionan la legalidad de esto acuerdos por entrar en conflicto con las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos, asilo y protección de refugiados. Estas instituciones advierten que muchos de estos convenios operan en zonas grises del derecho internacional, dificultan el acceso a garantías básicas y aumentan el riesgo de que personas vulnerables sean enviadas a países donde podrían enfrentar persecución, violencia o condiciones incompatibles con los estándares mínimos de protección, reconocidos por la comunidad internacional. Hoy en Estados Unidos por ejemplo, con su política de deportación masiva, se autoriza al ICE (Policía Migratoria y de Aduanas) a notificar la deportación de una persona con apenas 24 horas previas, o incluso con solo seis horas de anticipación en casos excepcionales. Estas expulsiones cuentan además con respaldo de una sentencia de la Corte Suprema, que habilitó la aplicación de esta política de reasentar a migrantes a terceros países, aunque no sean su lugar de origen, sin necesidad de recibir garantías de seguridad ni de otorgar aviso previo. De allí también la respuesta de la sociedad estadounidense a preservar las jurisdicciones locales como ciudades santuarios para asegurar la protección de las personas migrantes no autorizados y sus familias.
Los cuestionamientos no son meramente teóricos. Diversas iniciativas impulsadas tanto por Estados Unidos como por gobiernos europeos han terminado en los tribunales, mientras organismos humanitarios denuncian que algunos centros de detención extraterritoriales funcionan con una casi nula supervisión pública y bajo marcos legales ambiguos. Si bien estos acuerdos se han multiplicado rápidamente, en muchos casos los términos han sido cuestionables y los procesos poco transparentes y, en muchos casos, estas nuevas restricciones han elevado el riesgo de tortura, desaparición forzosa y tratos inhumanos y degradantes hacia las personas migrantes y racializadas, prácticas que se alejan cada vez más de las obligaciones y normas internacionales.
La controversia refleja un debate más profundo sobre los alcances de la responsabilidad estatal en materia migratoria. Tradicionalmente, el derecho internacional ha sostenido que los Estados conservan determinadas obligaciones respecto de las personas sometidas a su jurisdicción, incluso cuando se trata de extranjeros sujetos a procedimientos de expulsión o deportación. Sin embargo, los nuevos esquemas de externalización de las fronteras, introducen una situación más compleja. Cuando una persona es enviada a un Estado distinto de su país de origen en virtud de acuerdos celebrados entre gobiernos, la pregunta sobre quién debe garantizar efectivamente sus derechos deja de tener una respuesta clara. La responsabilidad jurídica aparece fragmentada entre varios actores, mientras las personas afectadas pueden quedar atrapadas en sistemas administrativos y legales que no siempre ofrecen mecanismos sencillos de protección o reclamo.
El fondo y las formas
La expansión de estos mecanismos no puede entenderse sin atender las profundas transformaciones que experimentó la cuestión migratoria durante las últimas décadas. Conflictos armados, crisis económicas, inestabilidad política y fenómenos ambientales han impulsado movimientos de población de una magnitud que muchos países occidentales no habían enfrentado desde el final de la Guerra Fría. Como consecuencia, los sistemas de asilo y control migratorio comenzaron a recibir una presión cada vez más grande, acumulando retrasos administrativos, mayores costos operativos y dificultades para procesar un número cada vez más elevado de solicitudes. En ese contexto, la situación escaló políticamente, y los gobiernos fueron interpelados por una creciente preocupación social para que demuestren que tenían el control sobre quién ingresa, permanece o es expulsado de sus territorios.
El endurecimiento de las políticas migratorias también estuvo acompañado por el ascenso de fuerzas políticas de derecha, pero no únicamente, que hicieron de la inmigración uno de los temas centrales de sus campañas. La promesa de recuperar el control de las fronteras ganó peso electoral en buena parte de Occidente, en sociedades atravesadas por crecientes preocupaciones económicas, sociales e institucionales que con frecuencia terminaron canalizándose a través de la cuestión migratoria. En ese contexto, los migrantes pasaron a ocupar un lugar cada vez más visible en discusiones sobre empleo, seguridad, vivienda, servicios públicos e identidad nacional, aun cuando muchas de esas tensiones excedían ampliamente el problema de las personas en esa situación.
El resultado fue la aparición de mecanismos cada vez más agresivos para gestionar los flujos migratorios. Reino Unido intentó trasladar solicitantes de asilo a Ruanda. Italia promovió acuerdos para procesar migrantes fuera de su territorio con Albania. Estados Unidos avanzó en convenios con terceros países para recibir personas expulsadas, incluso cuando estas no mantenían vínculos directos con los destinos asignados. Lo que hace pocos años habría parecido una excepción comenzó a transformarse en una práctica cada vez más presente dentro del repertorio migratorio de diversas democracias occidentales.
Los perfiles de las personas afectadas por estas políticas son diversos. Entre ellas aparecen migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron rechazadas, beneficiarios de programas de protección temporal revocados por decisiones gubernamentales e incluso personas condenadas por determinados delitos. En muchos casos, los gobiernos justifican estos traslados argumentando dificultades para concretar las deportaciones hacia los países de origen o la necesidad de reforzar el control migratorio. Sin embargo, los críticos sostienen que estas medidas pueden terminar separando familias, interrumpiendo trayectorias laborales y académicas o trasladando personas hacia países con los que no mantienen ningún vínculo previo y que, en ocasiones, presentan elevados niveles de violencia, inestabilidad política o debilidad institucional.
Entre todos los ejemplos recientes, pocos ilustran mejor esta transformación que los acuerdos impulsados por Washington para trasladar migrantes a terceros países. Un ciudadano asiático puede terminar detenido en Panamá. Un venezolano puede ser enviado a una prisión salvadoreña. Un migrante sin vínculo alguno con Sudán del Sur puede acabar siendo trasladado allí por decisión de las autoridades estadounidenses. La sola posibilidad de que situaciones como estas se hayan vuelto posibles, revela hasta qué punto está cambiando la lógica tradicional de las deportaciones. Ya no se trata únicamente de devolver a una persona a su país de origen, sino de encontrar algún Estado dispuesto a recibirla.
El caso de Sudán del Sur resulta particularmente ilustrativo. En los últimos meses, la administración Trump intentó trasladar hacia ese país africano a migrantes que no eran sudsudaneses y que, en algunos casos, ni siquiera habían residido allí previamente. Fueron a parar a este país un sudanés, dos personas de Myanmar, dos de Cuba y una de Vietnam, Laos y México, respectivamente. La controversia trascendió rápidamente el plano político para llegar a los tribunales y reavivó el debate sobre los límites jurídicos y humanitarios de estas prácticas. Más allá de las particularidades del caso, el episodio puso de manifiesto un cambio de criterio significativo: la deportación dejó de concebirse exclusivamente como el retorno de una persona a su país de origen para transformarse, cada vez más, en un mecanismo destinado a reubicarla en cualquier Estado dispuesto a aceptarla.
Para numerosos países del Sur Global, estos acuerdos también plantean desafíos propios. A cambio de ayuda financiera, cooperación internacional o beneficios diplomáticos, algunos gobiernos aceptan asumir funciones que anteriormente recaían sobre las potencias receptoras de migrantes. El resultado es una transferencia parcial de responsabilidades migratorias hacia Estados con menores recursos institucionales, generando nuevas asimetrías dentro del sistema internacional.
La reforma Argentina.
Argentina no tiene incorporado mecanismos de traslado hacia terceros países, pero tampoco ha permanecido al margen de este debate. El alineamiento del gobierno de Milei con los sectores más duros de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos impulsó una reforma migratoria. A través del Decreto 366/2025, se endureció las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros, se amplió causales de rechazo y expulsión, se reforzó los controles migratorios y restringió determinados beneficios para quienes no posean residencia permanente.
A juicio del gobierno libertario, en los últimos tiempos “ha emergido un nuevo riesgo derivado de la política de deportaciones que está llevando adelante el Gobierno de los Estados Unidos (…) de dicho país han sido deportados más de 1.250.000 inmigrantes nacionales de países americanos (…) permite prever que resulta probable que una proporción importante de esos deportados se radique o intente radicarse en nuestro territorio”, afirma en uno de sus considerando el Decreto de referencia, como argumento para sostener la reforma. Además del terrorismo internacional, la reforma migratoria nacional mercantiliza el acceso a nacionalidad. Para poner en marcha este modelo, el Gobierno crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión bajo el ala del Ministerio de Economía. Así, la condición de ciudadano pasa a tener un precio: se le otorgará la nacionalidad a los extranjeros “cualquiera sea el tiempo de su residencia”, con el único requisito de “haber realizado una inversión relevante en el país”.
Lo que hoy se discute en el mundo ya no es solo el control aduanero y fronterizos, sino cuál es la responsabilidad moral de los Estados cuando decide expulsar personas. La proliferación de pactos para desviar migrantes hacia terceros países deja en evidencia a las potencias occidentales que, tras haber desestabilizado regiones enteras, ahora buscan la manera para sacarse el problema de encima. No estamos ante una simple respuesta pragmática a las crisis actuales. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden global, dispuesto a sepultar para siempre los principios humanitarios que durante décadas funcionaron como el último refugio para los desprotegidos del planeta.
