El Reino Unido extendió por cinco años las licencias petroleras en Malvinas, con opción a otros dos, y volvió a darle horizonte a las empresas que operan ilegalmente en el Atlántico Sur. Mientras la Argentina plantea la cuestión de la soberanía en la ONU, los negocios avanzan condicionando las decisiones políticas.
Por Jorge Poblette
La noticia apareció el 21 de septiembre en el boletín oficial del ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas. A primera vista, parecía uno de esos comunicados anodinos que las autoridades isleñas publican, como una licitación o una modificación administrativa. Sin estridencias ni grandes titulares. Sin embargo, detrás de aquella aparente rutina burocrática había una decisión fundamental: el régimen colonial de las islas extendía por cinco años todas las licencias petroleras offshore vigentes, con la posibilidad de agregar otros dos, y con el respaldo expreso del Gobierno británico.
El Reino Unido extiende beneficios a la petroleras
El comunicado oficial anunciaba la extensión de todas las licencias offshore vigentes en las islas. Aunque no fueron enumeradas, la medida alcanza a todas las licencias petroleras offshore actualmente vigentes en las islas. Entre las compañías beneficiadas se encuentran Navitas, Rockhopper, Falkland Oil & Gas, JHI y Borders & Southern.
Hay otro dato que merece atención. En el mismo comunicado, se autorizó a Navitas Petroleum a quedarse con el 65% de la licencia PL001 y asumir su operación. El 35% restante queda en manos de JHI Falkland, filial de JHI Associates, una compañía canadiense con sede en Toronto que llegó a Malvinas en 2023, cuando compró la totalidad de esta licencia a Argos Resources.
Hay que resaltar que el bloque PL001 no es un área cualquiera. Tiene unos 1.126 kilómetros cuadrados y limita con el área de León Marino. Ahora Navitas, la misma compañía que impulsa ese proyecto, pasa a controlar también la mayor parte de este bloque vecino. Para Navitas, la lógica es evidente: ampliar las inversiones alrededor de un proyecto que ya entró en etapa de desarrollo, como lo es León Marino, y explorar nuevas reservas en un área vecina aprovechando parte de la infraestructura que ya tiene instalada.
Esta decisión británica confirma que la apropiación unilateral de estos recursos estratégicos argentinos no se detendrá: el Reino Unido está proyectando un horizonte de explotación de mayor alcance precisamente cuando el gobierno de Javier Milei intenta tardíamente incrementar el costo jurídico, económico y reputacional de estas actividades ilegales mediante sanciones, denuncias, buscando disuadir la voracidad británica sobre los recursos del espacio marítimo argentino
¿Qué significa esto para la Argentina? Que la exploración petrolera alrededor de Malvinas continúa: a las empresas se les otorga un mayor tiempo para que avancen con sus proyectos. Las empresas tendrán cinco años más para estudiar sus áreas, perforar nuevos pozos y avanzar hacia nuevos yacimientos, con la posibilidad de extender ese plazo otros dos años. El propio Gobierno de las islas lo explicó en términos directos: la prórroga busca dar “seguridad” a los operadores para que continúen invirtiendo y desarrollando sus áreas.
Para la política argentina, la decisión tiene una consecuencia todavía más concreta. Mientras Milei parece a decidirse a aumentar el costo de esa actividad mediante sanciones, denuncias y medidas de presión sobre las compañías que operan en Malvinas, que ya estaban vigentes desde el 2011, el Reino Unido y las autoridades de las islas responden otorgándoles precisamente aquello que necesitan las empresas para continuar: tiempo, permisos y un horizonte de inversión. La disputa por Malvinas tiene como escenario principal al petróleo.
Pero esta decisión tampoco se dio en un vacío internacional. Milei llegaba a Nueva York para colocar, según su distorsionada visión del mundo, nuevamente Malvinas en el centro de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, habiendo previamente realizado gestiones para concretar una reunión bilateral con Trump, la que finalmente no se produjo. Lo recibió un sustituto menor, el secretario de Estado, Marco Rubio, más obsesionado en combatir las izquierdas y expulsar a China de América Latina que interesado por Malvinas. Sin el respaldo público del presidente estadounidense al reclamo argentino, Milei se dedicó a despotricar contra Naciones Unidas, al mismo tiempo que utilizó esa tribuna política apelando a resoluciones de la propia organización para fundamentar el reclamo argentino.
La situación contrastó con lo ocurrido el martes. Trump recibió en Nueva York al primer ministro británico Andy Burnham en una reunión bilateral en la que hablaron de Ucrania, Medio Oriente, comercio, energía y, explícitamente, de las Islas Malvinas. Fue el propio Burnham quien confirmó que había planteado la cuestión al presidente estadounidense y que Trump había escuchado la posición británica. Al día siguiente, ante la Asamblea General de la ONU, Burnham volvió a colocar Malvinas dentro de un discurso falaz e hipócrita sobre la defensa de la Carta de Naciones Unidas y el Estado de derecho. Y allí declaró que el Reino Unido se mantendría firme frente a cualquier amenaza a los territorios británicos, incluyendo las Islas Malvinas.
De la soberanía a la seguridad nacional
El contraste es llamativo. Milei llevó Malvinas a la Asamblea General, pero Burnham lo hizo al escritorio de su aliado Trump y, al día siguiente, la presentó ante la propia ONU como parte de la defensa de los territorios británicos frente a una eventual amenaza. No es un detalle menor. Durante todos los gobiernos democráticos, la Argentina procuró que la cuestión fuera entendida como una disputa de soberanía pendiente de solución. El nuevo escenario corre ese eje: de la soberanía a la seguridad, de la negociación al riesgo y de la descolonización a la defensa de un territorio frente a una supuesta amenaza.
Es difícil no advertir la contradicción. Mientras el Gobierno argentino despliega una política de mayor presión sobre las empresas, anuncia sanciones, habla de disuasión y refuerza el componente militar de su política hacia el Atlántico Sur, Milei debe insistir ante la Asamblea General en que la Argentina busca una solución pacífica a la disputa. Lo hizo de manera explícita en su discurso. La pregunta es otra: ¿estaba equivocada la Argentina al elevar el costo jurídico y económico de la explotación petrolera? No. Esa política tiene antecedentes de más de una década. El problema fue haberla abandona durante casi tres años de gestión mileista y acompañado, ahora, con un creciente discurso securitista, la creación del Consejo Nacional de Seguridad, el énfasis en el componente militar, argumento que alimentó Donald Trump desde Irlanda, que abrió un flanco que Reino Unido pudo aprovechar para desplazar el eje del conflicto: en lugar de discutir sobre una disputa de soberanía y de la explotación unilateral de recursos, comenzó a hablarse de seguridad, de amenaza y de la necesidad de proteger a los habitantes de las islas. O como más claramente lo afirmaba Guillermo Carmona, en Página 12 “…con las sobreactuaciones securitistas y militaristas desplegadas tras la cadena nacional, el mileísmo le ha regalado a los británicos la oportunidad de poner a la Argentina en el lugar de la amenaza y la agresión cuando, como casi todo el mundo ha reconocido, la única amenaza real es la presencia militar británica en las Islas Malvinas. Incurrir en ese tipo de torpezas es, sin lugar a dudas, autolesivo de los intereses argentinos. No hay que ser demasiado perspicaz para identificar a quiénes está favoreciendo “
Trump tampoco se convirtió en un aliado de la Argentina en la cuestión Malvinas. No respaldó públicamente el reclamo de soberanía y, al mismo tiempo, mantuvo abierta la posibilidad de utilizar la cuestión como una variable de presión sobre Londres. En agosto había sugerido ambiguamente que podría revisar la posición estadounidense sobre las islas y, ahora, Burnham volvió a plantearle personalmente el tema en Nueva York. Estados Unidos no está interesado en tomar partido por Argentina, sino en conservar margen de maniobra frente a un aliado al que también presiona por Irán, el presupuesto de defensa de la OTAN y el futuro de la isla Diego García.
La otra batalla: hechos versus anuncios
Y es justamente aquí donde la ampliación de las licencias adquiere otra dimensión. Mientras en la ONU se discute por Malvinas, en las islas se tomaba una decisión mucho más concreta: las empresas petroleras obtenían cinco años adicionales para continuar sus actividades, con la posibilidad de sumar otros dos. La diplomacia hablaba del conflicto mientras que el negocio petróleo avanzaba sobre el territorio.
La verdadera pulseada, entonces, no parece estar solamente en quién eleva más la apuesta, sino en quién consigue convertir sus decisiones en hechos. Argentina puede sancionar, denunciar, advertir y legislar. Las autoridades de las islas pueden otorgar licencias ilegales y extenderlas como lo han hecho hace una semana atrás. Las empresas pueden invertir, perforar y construir la infraestructura necesaria para producir. Mientras unas producen decisiones jurídicas y políticas, las otras producen hechos materiales sobre el territorio y el mar. La decisión del 21 de septiembre pertenece a esta segunda categoría: mientras la Argentina intenta elevar el costo de la explotación, las autoridades de las islas acaban de ampliar el horizonte en el que las empresas pueden invertir y avanzar.
En una disputa prolongada, los hechos materiales tienen una característica que las declaraciones diplomáticas no tienen: generan acumulación. Un pozo petrolero lleva a otro, una inversión exige infraestructura, la infraestructura atrae nuevos capitales y, cuando el proyecto comienza a producir, el recurso deja de ser solamente un tema geológico para convertirse en una realidad económica y financiera.
Milei, por lo tanto, todavía tiene que demostrar que esta nueva estrategia puede transformar decisiones en resultados. Ya hubo procedimientos sancionatorios, denuncias judiciales, un proyecto de ley enviado al Congreso. Pero ninguna de esas medidas ha conseguido hasta ahora modificar la realidad que promete cambiar: las petroleras siguen avanzando y las autoridades de las islas acaban de extender sus licencias. En una disputa en la que los hechos materiales pueden terminar siendo tan importantes como las declaraciones diplomáticas, esa diferencia es decisiva. En este escenario cabe formular algunas preguntas intrigantes: ¿alcanza con la sanción de inhabilitación a las compañías que operan ilegalmente en Malvinas? ¿no deberían establecerse restricciones a nuevas inversiones británicas, israelíes y candienses -países que promueven o toleran el saqueo de nuestros recursos- en Vaca Muerta, Tierra del Fuego u otros sitios del territorio continental y marítimo? ¿Sería lógico que capitales de esos países se queden con el lítio, el cobre, el oro, los hidrocarburos o recursos pesqueros mientras inversiones de esos mismos países se llevan el petróleo y el recurso ictícola argentino de Malvinas?
Es evidente que para cambiar esa realidad no alcanza con sanciones, denuncias o declaraciones. Se necesita recomponer alianzas, mantener las denuncias y sostener una presión constante sobre el Reino Unido y las empresas petroleras y, sobre todo, construir una política exterior autónoma que priorice, en cada decisión, la defensa de los intereses nacionales. Los alineamientos solo debilitan, aíslan y empobrecen.
