Argentina recurrió ante la CONVEMAR para que se detenga la explotación unilateral del petróleo de Malvinas. El Reino Unido defiende su continuidad y cuestiona la competencia del Tribunal para intervenir.  ¿Llega Argentina demasiado tarde a esta instancia judicial?

Por Jorge Poblette

Con el objetivo de impedir que avance el proyecto de explotación petrolera en torno a las Islas Malvinas, impulsada por empresas que operan con licencias otorgadas por las ilegítimas autoridades isleñas, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, participantes del proyecto León Marino, el Gobierno argentino inició un procedimiento arbitral contra el Reino Unido conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Asociado con el inicio de ese procedimiento, la República Argentina solicitó ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM), órgano judicial independiente creado por la CONVEMAR con sede en Hamburgo (Alemania), medidas provisionales urgentes para detener concretamente el avance del proyecto León Marino, que tiene previsto iniciar su etapa de explotación el año próximo. El Reino Unido también expuso sus argumentos en una disputa que tiene como telón de fondo la apropiación y explotación unilateral de recursos naturales en una zona marítima que atraviesa una disputa de soberanía. Argentina solicitó estas medidas cautelares con el fin de congelar estos proyectos mientras se constituye el tribunal arbitral, el que deberá examinar la controversia y resolver si el Reino Unido está legalmente habilitado para avanzar con la explotación de esos recursos.  Los alegatos de ambas delegaciones concluyeron el 11 de noviembre. Ahora, la decisión está en manos del Tribunal que pronunciará su veredicto 28 de noviembre de 2026, a las 12:00 hora de Alemania.

Argentina no solo solicitó la suspensión de las perforaciones, sino que también pidió suspender el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de Malvinas, vinculada al proyecto León Marino. También reclamó que se preserve la información obtenida durante las tareas de exploración, se proteja el medio marino y se eviten nuevas decisiones que agraven la controversia, como el otorgamiento de licencias para explorar y explotar hidrocarburos en el área disputada.

En concreto, en esta instancia este TIDM, integrado por 21 miembros permanentes, no debe decidir ni resolver a quién pertenecen las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, sino analizar si corresponde proteger provisionalmente los derechos invocados por la Argentina y si se cumplen los requisitos para adoptar esa protección urgente que pide nuestro país.  Será el Tribunal Arbitral establecido por el Anexo VII de la COVEMAR, integrado por cinco miembros y cuya constitución se está negociando, el que deberá resolver las cuestiones de fondo como los derechos argentinos sobre la plataforma continental, si el Reino Unido está autorizado legalmente para otorgar licencias y autorizar la exploración y explotación petrolera, o si las actividades hidrocarburíferas proyectadas cumplen las obligaciones de prevención, protección y preservación del medio marino, entre otros puntos sensibles.

No se trata, por lo tanto, solamente de detener un proyecto petrolero. Lo que está en discusión es la preservación de los derechos que la Argentina reivindica sobre esos espacios marítimos y de un esfuerzo por impedir que la explotación unilateral de sus recursos altere, en los hechos, las condiciones de una controversia que todavía espera una solución.

Para que el TIDM conceda las medidas cautelares pedidas por Argentina, tampoco resulta suficiente con denunciar la explotación petrolera que considera ilegal ni con que alerte sobre sus posibles consecuencias. Debe probar que existen razones jurídicas para intervenir antes de que se resuelva el conflicto de fondo. Esto es, demostrar que existe un riesgo concreto de que, si se espera hasta la resolución del arbitraje, esos derechos puedan sufrir un daño ambiental irreparable. En otras palabras, el Tribunal no tiene que decidir ahora quién tiene razón sobre la soberanía ni resolver la legalidad definitiva de la explotación petrolera. Debe determinar si hay motivos suficientes para adoptar medidas urgentes que eviten que la situación avance y pueda volverse irreversible antes de que llegue la decisión de fondo.

Durante las dos jornadas de audiencias ya finalizadas, la delegación argentina desplegó su argumentación a través de tres intervenciones. El consejero legal de la Cancillería Argentina, embajador Mario Oyarzábal, realizó el planteo jurídico y procesal de argentina. Luego le siguió el jurista Marcelo Kohen, quien desarrolló el encuadre de la controversia en el derecho internacional y la Cuestión de Malvinas, y finalmente fue el abogado holandés Nico Schrijver quien se encargó de complementar esta presentación abordando los derechos invocados, la irreversibilidad de la explotación y los riesgos ambientales.

Mario Oyarzábal: la estrategia jurídica argentina

A Oyarzábal le correspondió hacer el planteo jurídico central. Su intervención se apoyó sobre tres ideas centrales. Primero, legitimó la vía elegida. Recordó que la Argentina había seleccionado al Tribunal del Mar como primera opción al adherir a la CONVEMAR y trajo al recinto el antecedente de la Fragata Libertad, cuando el Tribunal dictó medidas provisionales solicitadas por nue.stro país en 2012. Buscó transmitir confianza en la institución y presentar la actuación argentina como el ejercicio legítimo de un mecanismo de solución pacífica de controversias. Luego fue al centro de la petición: sostuvo que «Una controversia no se agrava por someterla a decisión judicial. Se agrava por la acción unilateral mientras esta sigue pendiente». Este planteo resume la posición argentina: acudir a la Justicia no agrava un conflicto entre dos países, pero sí lo agudiza el hecho de que el Reino Unido continúe avanzando con la explotación petrolera.

Presentó luego cuatro medidas provisionales que ya se han señalado: impedir el comienzo o la continuación de la explotación petrolera, evitar el uso perjudicial de la información obtenida durante la exploración, permitir que nuestro país cumpla sus obligaciones de protección del medio marino, y evitar nuevas decisiones que agraven la controversia, especialmente el otorgamiento de licencias. A criterio de Oyarzábal, Argentina había demostrado de forma convincente las razones para que se le reconozcan la petición cursada al TIDM. Añadió que las medidas solicitadas eran necesarias y proporcionales, que no prejuzgaban la soberanía ni el resultado del arbitraje y que permitirían preservar los derechos de ambas partes mientras se buscaba una solución.

Marcelo Kohen: la disputa de soberanía y el derecho del mar.

Kohen se concentró en demostrar que la controversia de soberanía sobre Malvinas no deja los espacios marítimos circundantes fuera del alcance de la CONVEMAR. Reconoció que determinar quién es el Estado ribereño depende de resolver la cuestión territorial, pero a su juicio el Tribunal no necesitaba pronunciarse sobre ese asunto para examinar las obligaciones que ambos países deben respetar mientras la disputa permanezca abierta. Aludió a antecedentes, donde se  adoptaron medidas provisionales sin resolver previamente la soberanía o la titularidad definitiva de los espacios marítimos. Citó el caso de Ghana contra Costa de Marfil, en el que el Tribunal del Mar ordenó detener nuevas perforaciones en una zona marítima disputada. Kohen argumentó que Argentina no pretendía que el Tribunal del Mar reconociera su soberanía sobre Malvinas ni su condición definitiva de Estado ribereño, sino que preservara los derechos que reclama sobre la plataforma continental mientras se resuelve la controversia. En otras palabras, pidió que la falta de una decisión sobre la soberanía no habilitara al Reino Unido a disponer unilateralmente de los recursos petroleros en disputa. Se trata de preservar esos derechos sin que el Tribunal tenga que reconocerlos definitivamente ya que esto excede las facultades del TIDM. Este será un punto que atacarán los representantes británicos.

El núcleo más importante de su exposición fue la obligación de abstenerse de introducir modificaciones unilaterales e irreversibles en el área disputada. Kohen también recurrió a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que exhortó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales mientras continuara el proceso de negociación sobre las islas. El abogado argentino también invocó la Resolución III de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982. Recordó que el Reino Unido participó en su elaboración y que la resolución insta a considerar las decisiones de Naciones Unidas, buscar acuerdos provisionales y evitar acciones que dificulten una solución definitiva.

Desde esa perspectiva, Kohen argumentó que la explotación petrolera unilateral no era una actividad ajena a la controversia de soberanía: podía alterar materialmente la plataforma continental, comprometer los derechos que Argentina reclama y dificultar una futura solución negociada. Por eso, la suspensión de las perforaciones debía entenderse como una medida de preservación de derechos, no como un pronunciamiento anticipado sobre quién ejerce la soberanía sobre las islas.

Kohen construyó un argumento jurídicamente consistente, al menos en su primera parte:  la disputa territorial no suspende por sí misma la aplicación de la CONVEMAR ni libera a las partes de sus obligaciones. Su principal desafío fue demostrar que esas obligaciones y las resoluciones de Naciones Unidas no solo establecen principios generales, sino que también obligan al Reino Unido a detener la explotación petrolera mientras la controversia siga sin resolverse. Ese fue precisamente uno de los argumentos que la delegación británica cuestionó.

Nico Schrijver: los riesgos ambientales de la explotación

La exposición de Schrijver se orientó a demostrar que la explotación petrolera anunciada para León Marino podía causar un menoscabo irreparable a los derechos argentinos y un daño grave al medio marino. Afirmó que la situación había cambiado sustancialmente: durante años hubo exploraciones y perforaciones aisladas, pero ahora el proyecto había entrado en una fase de explotación comercial, con decisión final de inversión, financiación, contratos para las instalaciones y una fecha anunciada para comenzar las perforaciones de desarrollo. Schrijver afirmó: «Lo que cambió no fue la posición argentina, lo que cambió fue el proyecto». Según su exposición, León Marino ya no radicaba en buscar petróleo, sino en extraerlo mediante un sistema de hasta 26 pozos, infraestructura submarina y producción continua durante aproximadamente treinta años. La extracción de más de 300 millones de barriles, la modificación física de la plataforma continental y la obtención de información geológica que no podría ignorarse si existiese una falla grave que ninguna decisión posterior podría reparar.

El segundo eje fue el riesgo ambiental. Schrijver sostuvo que el proyecto podía ocasionar un daño grave al medio marino, especialmente porque Argentina no podía en los hechos fiscalizar las operaciones o exigir medidas de mitigación ambiental o coordinar una respuesta ante un accidente petrolero. Citó los propios estudios de impacto ambiental de las empresas, que contemplaban escenarios de derrame, y donde ellas mismas  reconocían limitaciones para recuperar el petróleo en determinadas condiciones. También cuestionó la comparación británica entre las perforaciones exploratorias del pasado y el desarrollo de un yacimiento destinado a producir durante décadas. No se trataba de actividades equivalentes, argumentó.

Finalmente defendió la urgencia de las medidas. Las perforaciones  estaban previstas para marzo de 2027, mientras que el tribunal arbitral del Anexo VII todavía debía constituirse y comenzar a funcionar. Para Schrijver, esperar a que ese tribunal estuviera operativo podía significar llegar demasiado tarde: una vez iniciadas las perforaciones y removido el lecho marino, cambiaría la  situación que las medidas cautelares debían preservar.

La intervención de Schrijver fue probablemente la más concreta de la delegación argentina. Apoyó su planteo en elementos que el TIDM puede verificar: sus instalaciones, los volúmenes de extracción y los propios documentos ambientales de las empresas. Su mejor argumento fue la diferencia entre una perforación exploratoria y el inicio de un sistema de explotación permanente.

La respuesta británica: soberanía, competencia y continuidad petrolera

La representación del Reino Unido estuvo encabezada por Sally Langrish, asesora jurídica del Foreign Office, Paul McKell, director jurídico de ese organismo, Ellie Reeves KC, fiscal general del Reino Unido, que intervino como abogada litigante. También estuvieron  Sir Michael Wood KC, Sam Wordsworth KC, Lord Verdirame KC, Amy Sander KC y Belinda McRae, en calidad de consejeros y abogados litigantes y Naomi Hart, como consejera. La delegación incluyó, además, a representantes del Gobierno ilegítimo de Malvinas.

La representación del Reino Unido organizó su defensa en torno de tres argumentos. Previsiblemente el primero fue la objeción de la competencia. Sostuvo que, aunque Argentina presenta el caso como una controversia en el ámbito de la CONVEMAR, el planteo lleva inevitablemente a una disputa de soberanía sobre Malvinas. Según el Reino Unido, los derechos sobre la plataforma continental corresponden al Estado ribereño y determinar quién lo es requiere zanjar previamente la cuestión territorial, algo que el Tribunal del Mar no tiene atribuciones para hacer. Según esta interpretación, Argentina pretende obtener por vía indirecta un reconocimiento de derechos que el Tribunal no podría conceder de manera directa. Una posición muy conveniente para el Reino Unido ya que este planteo favorece a quien ejerce el control efectivo del territorio, permitiéndole avanzar sobre los recursos antes de que exista una resolución definitiva.

Su segundo argumento fue que no existe una norma jurídica que le impida al Reino Unido continuar con la explotación petrolera. Los británicos refutaron la interpretación argentina de la CONVEMAR y negaron que tanto sus disposiciones como la Resolución III de la Conferencia de 1982 o las resoluciones de Naciones Unidas sobre Malvinas establezcan una prohibición para desarrollar actividades hidrocarburíferas en el área. El Reino Unido, al cuestionar el valor jurídico de la Resolución III, recordó que Argentina había objetado expresamente su aplicación al caso Malvinas en 1982. Solo para tener presente, en aquella oportunidad, nuestro país sostuvo que la disputa debía regirse por las resoluciones específicas de Naciones Unidas sobre descolonización y rechazó cualquier interpretación de ese instrumento que pudiera amparar derechos británicos sobre los espacios marítimos en disputa. Para Londres, por lo tanto, no existe una norma que la obligue a suspender el proyecto León Marino mientras persista la controversia.

El tercer eje fue negar la urgencia y el perjuicio irreparable. El Reino Unido recordó que durante décadas se realizaron perforaciones exploratorias sin que Argentina solicitara medidas de esta naturaleza. Sostuvo que las tareas de desarrollo y producción todavía no habían comenzado, que el tribunal arbitral podría constituirse antes de que se iniciaran las perforaciones y que el proyecto cuenta con evaluaciones y mecanismos de protección ambiental. También se puso en tela de juicio que los escenarios de derrame presentados por Argentina demostraran una probabilidad concreta de accidente. Finalmente, advirtió que una suspensión tendría consecuencias económicas importantes para los habitantes de las islas y afectaría sus perspectivas de desarrollo.

Si bien la defensa británica  obligó a Argentina a demostrar que la CONVEMAR permite adoptar medidas sobre actividades desarrolladas en un espacio cuya soberanía permanece en disputa, sin que el Tribunal deba resolver esa cuestión territorial también los británicos  tienen una debilidad: el hecho de que el Tribunal no pueda decidir la soberanía no significa que deba desentenderse de las consecuencias marítimas de esa controversia. Que el Reino Unido ejerza el control efectivo sobre las islas no significa que pueda disponer libremente de los recursos de una plataforma continental cuya soberanía está en disputa. La cuestión es si puede avanzar unilateralmente con la explotación petrolera y modificar la situación de esos espacios marítimos antes de que se resuelva el conflicto.

El derecho frente a los hechos consumados.

La Argentina llegó a Hamburgo con una pretensión ambiciosa: impedir que el Reino Unido avance sobre un recurso que nuestro país considera propio, sin pedir al Tribunal que resuelva la soberanía de Malvinas. El Reino Unido intentó demostrar que esa separación es jurídicamente imposible y que, en cualquier caso, no existe urgencia para intervenir. Entre ambas posiciones, el Tribunal debe decidir si el derecho del mar ofrece instrumentos suficientes para evitar que una explotación unilateral consolide una situación material difícil de revertir.

No tengo dudas de que a la Argentina le asisten razones y derechos legítimos para sostener sus reclamos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Es deseable que el resultado de este litigio sea favorable a nuestro país, aunque sería imprudente confundir esa expectativa con la certeza de obtener una decisión en ese sentido. La experiencia internacional aconseja mantener cierta cautela. Basta recordar que, pese a las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas —entre ellas la 2065 y la 31/49—, que reconocieron la existencia de la disputa de soberanía e instaron a ambos países a negociar y abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación, el Reino Unido ha mantenido su posición y continuado desarrollando actividades que la Argentina considera contrarias a esos pronunciamientos.

Hay otra cuestión que merece una reflexión más política: el costo de haber llegado tarde. Esta reflexión contrafáctica no exime de formular algunas preguntas inevitables como: ¿Qué habría ocurrido si la Argentina hubiera recurrido a la justicia internacional antes de que las empresas anunciaran la decisión final de inversión? ¿Se podría haber sostenido la argumentación de la existencia de peligro de daños graves, inminentes e irreversibles durante la etapa de exploración que, en general, es considerada de impactos significativamente menores a los que provoca la explotación? ¿Y si el Gobierno de Javier Milei no hubiera mantenido paralizadas durante tres años las acciones destinadas a impedir la actuación del Reino Unido en el territorio usurpado y la explotación unilateral de sus recursos? Es imposible saberlo con certeza. Pero la pregunta no pierde valor: una intervención anterior del Poder Ejecutivo, tanto en el plano diplomático como en la aplicación de las sanciones previstas por las leyes 26.659 y 26915, quizá habría introducido dificultades jurídicas y financieras cuando el proyecto de León Marino todavía necesitaba consolidarse. Hoy, con la decisión de inversión adoptada y los compromisos financieros en marcha, esa posibilidad pertenece al terreno de lo que pudo haber sido. La reflexión, sin embargo, conserva toda su vigencia: en una disputa de soberanía y sobre recursos naturales estratégicos, no actuar a tiempo también tiene graves consecuencias. La decisión de recurrir a instancias judiciales internacionales no disimula que las notorias omisiones del mileismo durante casi tres años han comprometido seriamente la posición argentina. El fallo del Tribunal del Mar permitirá comprobar hasta qué punto esta hipótesis tenía fundamento.

Jorge Poblette
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