La cooperación entre la Armada y el Comando Sur abre una discusión sobre vigilancia marítima, modernización de capacidades y los márgenes de autonomía estratégica del país.

Por Marcelo Seghini (*)

El acuerdo firmado entre la Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos para poner en marcha el llamado Programa de Protección de los Bienes Globales Comunes instaló una discusión que excede lo estrictamente militar. Presentado como una iniciativa de cooperación para fortalecer la vigilancia del Atlántico Sur y combatir actividades como la pesca ilegal, el convenio también abre interrogantes políticos, estratégicos y económicos sobre el alcance real de esa asistencia.

La iniciativa se realiza a través del Programa 333 (o Sección 333) que es una autoridad legal del Título 10 del Código de los Estados Unidos que faculta al Departamento de Defensa (DoD) para entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad de naciones aliadas. Su propósito principal es desarrollar la capacidad de países socios para enfrentar amenazas globales y desafíos de seguridad compartidos, financiando directamente la entrega de armamento, tecnología y asistencia técnica.

No se trata de un mecanismo creado para la Argentina, sino de una vía habitual de cooperación que Washington utiliza para ampliar capacidades de países socios en áreas como seguridad marítima, control de fronteras, inteligencia, ciberdefensa y combate contra amenazas transnacionales.

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 de esta Agencia alcanza los 1.499.808.000 millones de dólares.

DSCA. Presupuesto DoD 2026. Congreso EE. UU.

En el caso argentino, el foco estaría puesto en reforzar la vigilancia marítima con tecnología, equipamiento y entrenamiento. Entre los recursos mencionados aparecen dos aeronaves de patrullaje, seis drones de despegue vertical para operar desde patrulleros oceánicos, sistemas de vigilancia electroóptica y apoyo para tareas de monitoreo e intercepción. Aunque no hay un detalle público integral del convenio, el paquete sugiere una modernización relevante para una fuerza que arrastra limitaciones operativas en el control del mar argentino.

El punto sensible es que toda “donación” en materia de defensa tiene una dimensión política. La incorporación de equipamiento extranjero puede aliviar déficits inmediatos, pero también puede generar dependencia tecnológica, necesidad de soporte externo y una mayor gravitación del proveedor sobre decisiones futuras. En otras palabras, el beneficio operativo convive con la pregunta por el costo estratégico.

El acuerdo, además, no aparece aislado. Se inscribe en una etapa de acercamiento político y militar entre Buenos Aires y Washington, con ejercicios conjuntos, mayor intercambio con el Comando Sur y una agenda de cooperación en seguridad e inteligencia que se profundizó en los últimos meses al alineamiento automático con un fuerte componente ideológico, estratégico y pragmático, que ha tenido Milei, fundamentalmente con Donald Trump.

En ese marco, para Estados Unidos la relación refuerza su influencia regional y su presencia en una zona de valor geopolítico creciente; para la Argentina, representa acceso a capacidades que hoy son escasas.

Desde una mirada estratégica, el debate de fondo pasa por el equilibrio entre modernización y autonomía. El fortalecimiento de la vigilancia en el Atlántico Sur puede ser leído como una mejora concreta en materia de defensa y control territorial. Pero, al mismo tiempo, especialistas advierten que una cooperación asimétrica y sostenida en el tiempo puede condicionar doctrinas, prioridades y márgenes de decisión si no existe una política propia capaz de ordenar esa relación.

Por eso, más allá del valor material del equipamiento o de la utilidad inmediata del convenio, la discusión que se abre es política: hasta dónde puede la Argentina aprovechar la cooperación con una potencia sin resignar capacidad de decisión propia. En una región donde la disputa por recursos, rutas y posiciones estratégicas vuelve a ganar centralidad, esa pregunta está lejos de ser menor.

(*) Marcelo Seghini es Asesor en HCDN y Coordinador de la Comisión Defensa de la Fundación Alem / X: @SeghiniM

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