Foto: Presidente Javier Milei y Peter Thiel en Casa Rosada
La llegada de Peter Thiel y el proyecto Stargate Argentina revelan que la Patagonia aparece como un lugar clave para inversores en Inteligencia Artificial por su energía, su clima y su infraestructura potencial. Pero el desafío no es solo recibir inversiones subsidiadas, sino en cómo evitar que la Argentina vuelva a ser un proveer de recursos naturales mientras otros se quedan con la innovación y los beneficios económicos.
Por Jorge Poblette
Durante décadas, la geopolítica se explicó, en gran medida, a partir de la disputa por los recursos estratégicos sobre el que se sostenía el poder de cada época: el carbón, el petróleo, la energía nuclear y, en los últimos años, los minerales críticos. Esa lógica no ha desaparecido. Hoy es el avance de la inteligencia artificial, la que además de desplazar a las personas del centro del trabajo productivo, está transformando la disputa geopolítica global. Durante mucho tiempo se pensó que la carrera por esta tecnología dependía solo de los algoritmos, ese conjunto complejo de operaciones que hacen posibles resultados en una variedad cada vez más numerosa de actividades. Sin embargo, a medida que el desarrollo de esta tecnología avanza, se advierte que ya no alcanza solo con desarrollar los mejores modelos. La competencia también depende de la capacidad para construir y controlar la infraestructura física que los hace posibles: energía abundante, centros de datos, chips de última generación, redes de conectividad, agua y territorios aptos para sostener esa nueva arquitectura tecnológica.
El valor estratégico de la infraestructura digital.
Aunque muchas veces se la presenta como un fenómeno puramente digital, la inteligencia artificial depende de una enorme infraestructura física. Detrás de cada IA generativa existe una compleja infraestructura física integrada por gigantescos centros de datos, millones de procesadores especializados, redes de fibra óptica, sistemas de refrigeración y un suministro permanente de electricidad. Cuanto más sofisticados son los modelos, mayor es la demanda de energía, conectividad y capacidad de procesamiento. La inteligencia artificial no hizo que el territorio perdiera importancia. Hizo exactamente lo contrario: volvió a convertirla en un activo estratégico.
La magnitud de esa infraestructura ayuda a comprender el cambio de escala. Los centros de datos que entrenan y operan los modelos más avanzados de inteligencia artificial consumen cantidades de electricidad comparables a las de ciudades enteras y requieren sistemas permanentes de refrigeración, conectividad internacional y disponibilidad energética las veinticuatro horas del día. No se trata de instalaciones tradicionales ni de inversiones marginales. Son proyectos que movilizan miles de millones de dólares y cuya ubicación comienza a decidirse tanto por el tipo algoritmos como por la disponibilidad de energía, territorio y regulaciones que la beneficien.
Si la infraestructura de la inteligencia artificial se convierte en uno de los grandes consumidores de energía del siglo XXI, la discusión dejará de ser exclusivamente tecnológica. También lo será la devastación ambiental, territorial, acuífera y mineral que produce, así como el impacto político que trae como consecuencia. Sin dudas también que la localización de estos complejos, el origen de la electricidad que consumen y el impacto de las nuevas obras de infraestructura pasarán a formar parte de los grandes debates estratégicos que se avecinan. Según un informe Energy and AI (Energía e IA) publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ChatGPT y OpenAI están provocando que el consumo mundial de electricidad se dispare a un ritmo alarmante: para el 2030 las IA consumirán alrededor de 945 teravatios hora (TWh) equivale aproximadamente al consumo eléctrico anual de 250 a 300 millones de hogares promedio a nivel global.
Estados Unidos rediseña el mapa de la inteligencia artificial
La consecuencia de este cambio de paradigma ya empieza a modificar la geografía de las inversiones tecnológicas. Las grandes compañías estadounidenses vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial han comenzado a buscar, dentro y fuera de su territorio, lugares capaces de garantizar enormes volúmenes de energía y condiciones climáticas favorables para desplegar una infraestructura que demandará inversiones incalculables. En ese nuevo escenario, regiones hasta hace poco consideradas periféricas van a adquirir un valor inesperado. La Patagonia argentina reúne varias de esas condiciones: abundantes recursos energéticos, clima favorable para la refrigeración de grandes centros de datos, extensas superficies disponibles y una ubicación geopolítica que comienza a ser observada desde una perspectiva muy diferente a la de hace apenas unos años.
Este cambio de paradigma ya comienza a observarse en las decisiones estratégicas de Estados Unidos. Lejos de concentrar toda la infraestructura de inteligencia artificial dentro de sus fronteras, el complejo tecnológico estadounidense busca diversificar su localización mediante grandes inversiones en territorios capaces de garantizar energía abundante, estabilidad institucional e infraestructura adecuada. En ese nuevo mapa, como se decía antes, la Patagonia argentina comienza a adquirir un valor estratégico inédito. A sus tradicionales ventajas geográficas se suma un marco regulatorio impulsado por Javier Milei, especialmente diseñado para este tipo de emprendimientos.
No resulta casual, entonces, que mientras el gobierno argentino tracciona un régimen especialmente pensado para atraer inversiones tecnológicas a gran escala, comiencen a desembarcar en el país algunos de los principales actores corporativos del complejo tecnológico y militar estadounidense. La llegada a la argentina de Peter Thiel, cofundador de PayPal, presidente de Palantir y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, junto con el anuncio de Stargate Argentina, un proyecto impulsado por OpenAI y la empresa Sur Energy para desarrollar en la Patagonia un gran centro de datos destinado al entrenamiento y operación de modelos de inteligencia artificial, alimentado por infraestructura energética de gran escala, deja de ser una sucesión de hechos aislados para pasar a interpretarse como una estrategia mucho más amplia: ser parte de la expansión territorial de la infraestructura que sostendrá la próxima generación de inteligencia artificial.
Si la Patagonia ofrece las condiciones naturales que hoy demanda la infraestructura global de inteligencia artificial, el gobierno nacional procura completar esa ecuación con un marco jurídico excepcionalmente favorable para el capital extranjero. El denominado Súper RIGI, actualmente en tratamiento legislativo, no diseña una política industrial para desarrollar capacidades tecnológicas nacionales. Prepara, fundamentalmente, un régimen de incentivos para atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares mediante una drástica reducción de la carga tributaria, beneficios aduaneros y cambiarios, estabilidad normativa por treinta años y amplias garantías jurídicas para los inversores. En otras palabras, la competitividad argentina deja de apoyarse en la generación de conocimiento o en la innovación y pasa a descansar, una vez más, en la combinación de recursos naturales abundantes y un régimen de excepciones regulatorias.
El precio de traer inversiones
La cuestión de fondo, entonces, no es si llegarán inversiones. Probablemente lleguen. La verdadera discusión consiste en determinar bajo qué condiciones y con qué beneficios para el país. El Súper RIGI garantiza ventajas fiscales, aduaneras, cambiarias y regulatorias de una magnitud inédita para proyectos cuya rentabilidad potencial ya es extraordinaria por la creciente demanda mundial de infraestructura para inteligencia artificial. Sin embargo, el régimen no exige compromisos equivalentes en materia de transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores nacionales, formación de recursos humanos, investigación científica o agregado de valor local. El riesgo es que Argentina no se convierta en un polo tecnológico, sino en el soporte físico de una infraestructura estratégica cuyo mayor valor económico continuará capturándose fuera de sus fronteras.
Si la Patagonia ofrece las condiciones naturales que hoy demanda la infraestructura de la inteligencia artificial, el gobierno nacional busca sellar esta ecuación con el Súper RIGI, un marco legal excepcionalmente favorable para los inversores extranjeros a través de un inédito régimen de excepciones. Con media sanción en la Cámara de Diputados, esta ley propone atraer proyectos superiores a los 1.000 millones de dólares mediante un régimen de beneficios difícil de encontrar en otras actividades económicas: reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% (frente al 35% del régimen general), fija en el 10% los aportes para nuevas relaciones laborales, elimina los derechos de importación para todos los bienes vinculados al proyecto, exime del pago de derechos de exportación, limita la alícuota de Ingresos Brutos de las provincias adheridas al 0,50% y garantiza estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y previsional durante treinta años. A ello se suma un esquema de libre disponibilidad de divisas que alcanza el 100% al tercer año y la posibilidad de recurrir directamente a tribunales de arbitraje internacional, sin necesidad de agotar previamente la instancia administrativa local. El problema no reside únicamente en la magnitud de estos incentivos, sino en que el proyecto no tiene reciprocidades equivalentes de transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores nacionales, investigación, innovación o agregado de valor en el país.
En cambio, en este esquema reprimarizado, Argentina vuelve a apoyarse en la combinación de recursos estratégicos abundantes y una seguridad jurídica que protege al inversor, pero limita la capacidad regulatoria del Estado nacional, las provincias y los municipios frente a proyectos cuya rentabilidad global ya es de por sí extraordinaria. Una verdadera discusión debería determinar bajo qué condiciones y con qué beneficios reales para el país se instalarán estos mega centros de datos, especialmente cuando la experiencia en el Sudamérica demuestra que su capacidad para generar empleo humano directo es mínima y su consumo de bienes comunes, como el agua, la energía y tierra es alarmante. Mientras países como Brasil condicionan sus incentivos a plazos más cortos, al uso de energías 100% renovables y a la inversión obligatoria en I+D universitario, el Súper RIGI argentino no impone cláusulas vinculantes de transferencia tecnológica, permite prescindir de la oferta de proveedores locales si se demuestran menores costos externos y garantiza por ley que estos emprendimientos puedan operar sin interrupciones, incluso frente a futuras decisiones del Estado que afecten las condiciones bajo las cuales fueron autorizados. En un contexto donde la destrucción de la actividad científica se ha transformado en una política de estado, lo único que la Argentina ofrece para insertarse en las industrias del futuro es tierra barata, energía y recursos humanos y naturales desprotegidos. En estas condiciones, el riesgo cierto es que la Patagonia no se convierta en un polo de desarrollo, sino en un enclave colonial que aportará una infraestructura estratégica cuyo mayor valor económico será capturando fuera de nuestras fronteras.
La inteligencia artificial es una oportunidad que Argentina no debería dejar pasar. Pero la verdadera discusión no es si recibiremos inversiones, sino qué lugar ocuparemos en esa nueva economía del conocimiento. Si nuestro aporte vuelve a limitarse a la energía, el territorio y los incentivos fiscales, mientras el conocimiento, las patentes y los beneficios económicos que se generan no quedan en el país, habremos repetido, una vez más, un modelo de inserción internacional que todos los argentinos conocemos demasiado bien.
