Foto: Diana Mondino, excanciller Argentina y su sobrino Pablo Ferrara Raisberg
Estados Unidos revocó la visa al exfuncionario de Cancillería Pablo Ferrara Raisberg -quien se afirma sería sobrino de la excanciller Mondino, tras ser acusado de favorecer la pesca ilegal. La sanción coincide con un acuerdo de la Armada Argentina para patrullajes junto a la Cuarta Flota bajo el “Programa de Bienes Comunes Globales”, con el que Estados Unidos diluye la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur. El caso involucra al buque factoría Tai An, el mercado premium de alimentos de Nueva York y un gigante conglomerado japonés.
Por Jorge Poblette
El gobierno de Estados Unidos acaba de revocar, por un presunto hecho de corrupción, la visa del ex coordinador general de la Cancillería argentina, el ahora exfuncionario Pablo Ferrara Raisberg.
El miércoles por la tarde, un posteo en la red social X firmado por el subsecretario de Estado Unidos, Christopher Landau, puso en alerta al mundo diplomático y al sector pesquero argentino. El comunicado informaba que, bajo una nueva política migratoria contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), el Departamento de Estado había revocado la visa de ingreso a Estados Unidos a 24 individuos de distintos orígenes. Entre ellos figuraba el nombre de un alto exfuncionario argentino: Pablo Ferrara Raisberg, abogado especialista en Derecho Internacional Público y excoordinador general de la Cancillería argentina durante el inicio de la gestión de Diana Mondino.
La acusación de Washington no dejó margen a la interpretación: la medida se aplicó por considerar que el exfuncionario se había “enriquecido a través de tales actividades”. Para reconstruir el origen de esta decisión de la Casa Blanca, es necesario retroceder en el tiempo y trasladarse a las frías aguas del Atlántico Sur, donde comenzó a tejerse una historia de ribetes cinematográficos.
Febrero de 2024: comienza la pesca ilegal.
La historia comienza el 4 de febrero de 2024. El buque factoría Tai An, una imponente nave de 102 metros de eslora con base en el puerto de Ushuaia, soltó amarras esa jornada. Propiedad de la empresa Prodesur S.A. —cuyo presidente es el empresario de origen chino radicado desde hace 32 años en Tierra del Fuego, Liu Zhijiang—, el Tai An no es un pesquero común: es el único buque en Sudamérica equipado con tecnología de última generación para procesar surimi (pasta de pescado) a bordo y capaz de levantar más de 1.000 toneladas de productos pesqueros por marea.
El barco zarpó con un permiso legal para capturar especies como Polaca y Merluza de Cola, y una autorización de un máximo de cinco toneladas para pesca “incidental” (captura involuntaria) de Merluza Negra, un recurso protegido internacionalmente debido a su lento ciclo reproductivo y cuyo valor en el mercado global supera los 25.000 dólares por tonelada.
Sin embargo, según los informes científicos posteriores de los observadores a bordo del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), entre ese 4 de febrero y el 11 de marzo el buque se dirigió a buscar intencionalmente merluza negra, especie que no tenía autorización para pescar, en “zonas de veda” (prohibidas para la pesca) y a profundidades inferiores a las permitidas, donde se concentran los ejemplares juveniles de la especie, todo dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
15 de marzo de 2024: la foto y el teléfono de la Cancillería
El secreto se rompió cuando a mediados de marzo un marinero de la propia tripulación del Tai An posteó una fotografía en sus redes sociales mostrando la monumental captura de merluza negra en las cubiertas del barco.
La imagen puso en estado de alerta a las tres únicas empresas pesqueras que poseen legalmente cuotas de captura autorizadas de esa especie en el país: Argenova, Estremar y Pesantar. El 15 de marzo, estas firmas presentaron una denuncia ante el Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. Tras verificar los datos de posicionamiento del barco y el volumen estimado, Suárez ordenó que el Tai An debía interrumpir su navegación de inmediato y regresar de forma urgente al puerto de Ushuaia para ser inspeccionado.
Antes de que la orden se hiciera efectiva, Julián Suárez recibió una llamada telefónica intimidatoria directa desde el Palacio San Martín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quien se comunicaba era Pablo Ferrara Raisberg, el que además de su rol de Coordinador General (cargo inexistente) en Cancillería era el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo Federal Pesquero. Ferrara Raisberg intercedió en favor de Prodesur S.A., presionando a Suárez para que se diera marcha atrás con la orden de hacer regresar el barco a puerto. Según trascendió a la prensa, Ferrara Raisberg había llegado al Palacio San Martín en diciembre de 2023 de la mano de su tía, la entonces canciller Diana Mondino, quien fuera eyectada de su cargo por el Presidente Javier Milei a fines de octubre de 2024 por haber permitido el voto en contra del embargo a Cuba en la ONU.
La tensión interna escaló rápido. El superior de Suárez, el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, intervino ordenando una medida intermedia: que el buque saliera de la zona de veda, pero permitiéndole continuar navegando. Ante lo que consideró una desautorización política en sus funciones de fiscalización, Julián Suárez -quien se desempeñaba como Director del área desde octubre del 2020- presentó su renuncia indeclinable. El escándalo tomó estado público en pocas horas y forzó, días más tarde, la salida del propio Ferrara Raisberg como funcionario de la Cancillería.
El desembarco en Ushuaia y las primeras sanciones
Finalmente, escoltado por la Prefectura Naval Argentina, el Tai An ingresó al puerto de Ushuaia para iniciar la descarga bajo el control de una comisión fiscalizadora. El resultado del pesaje final fue categórico: el barco había extraído 175 toneladas de merluza negra. El buque había excedido su límite legal de captura en un 3.400%, provocando un daño directo sobre el ecosistema de especies juveniles, violando el refugio biológico para la supervivencia de la especie.
La Subsecretaría de Pesca de la Nación aplicó un conjunto de sanciones administrativas inéditas hasta el momento: por un lado, decomisó la carga y obligó a Prodesur S.A. a pagar el equivalente en dinero del valor de mercado de ese pescado, unos $2.500 millones de pesos que ingresaron al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE). Aplicó además una multa adicional de $56.700.000 de pesos y decretó la prohibición de despacho de pesca por 45 días, dejando al buque factoría amarrado y sin operar durante un mes y medio.
El giro internacional: Aparecen clientes en Nueva York y Tokio
Hasta aquí, los hechos configuraban una grave infracción pesquera interna y la posible comisión del delito de tráfico de influencias a nivel local. Pero es en la denuncia original del 15 de marzo donde se encuentra el argumento de la posterior intervención de los Estados Unidos. Las empresas denunciantes habían solicitado formalmente a las autoridades que se investigaran las comunicaciones comerciales de Prodesur S.A. previas a la infracción de pesca. De allí surge que el cargamento de 175 toneladas de merluza negra ya tenía un comprador asegurado: el empresario norteamericano Barry Markman, CEO de Mark Foods, una distribuidora de mariscos de alta gama con sede en la ciudad de Nueva York encargada de abastecer de merluza negra a las cadenas de restaurantes más exclusivas de los Estados Unidos.
Mark Foods opera con una facturación anual estimada en 800 millones de dólares gracias a una alianza estratégica de capitales: su socio principal es la filial estadounidense de Mitsui & Co., uno de los conglomerados comerciales, logísticos e industriales más grandes de Japón que opera casi en 70 países.
El circuito comercial quedaba así al descubierto: la merluza negra extraída ilegalmente en las zonas de veda del mar argentino, ingresaba de forma directa a la cadena de suministro premium de una corporación norteamericana respaldada por un gigante financiero asiático. Al comprobarse que la llamada telefónica del funcionario argentino Ferrara Raisberg operó como el facilitador político para proteger un contrabando destinado al mercado interno norteamericano, el Departamento de Estado reaccionó, derivando en la reciente cancelación de su visa.
Este movimiento coincidió con la firma del “Programa de protección de Bienes Comunes Globales”, un polémico acuerdo por cinco años para patrullajes conjuntos entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota de Estados Unidos. Paradójicamente mientras la justicia argentina ratifica que la merluza negra capturada en la ZEEA “no es un “bien común global, sino un espacio bajo derechos soberanos exclusivos de Argentina según el derecho internacional”, este acuerdo beneficia a Estados Unidos al etiquetar recursos argentinos como “bienes globales” y las consecuencias ya comienzan a sentirse. Bajo esa ambigua categoría, se diluye la soberanía marítima nacional y se encuentra la excusa para introducir la flota militar estadounidense en el Atlántico Sur, usando la bandera de la ecología para controlar la región.
El frente judicial: el inicio del proceso colectivo ambiental
Mientras la empresa Prodesur S.A. intentó retomar la normalidad operativa, tras cumplir las sanciones administrativas, el buque Tai An fue enviado al astillero Belgrano en Punta Alta para una renovación total: se le cambiaron los motores principales y auxiliares (importados desde Taiwán) y se le instaló una rampa de pesca completamente nueva preparándolo para una nueva campaña comercial.
Sin embargo, el 31 de marzo, la Prefectura Naval Argentina recibió una denuncia anónima vía correo electrónico referida al daño ambiental configurado por el buque. El 4 de abril, la fuerza presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal, dando inicio formal al expediente caratulado como “Proceso Colectivo Autónomo y Definitivo por daño ambiental, patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo por pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina”. La causa recayó en el Juzgado Federal Civil y Comercial N.º 11, bajo la intervención del fiscal Rafael Alberto Espínola. La demanda apuntó contra la empresa Prodesur por el daño perpetrado al ecosistema marino de la ZEEA y al recurso protegido de la merluza negra —definido en el expediente como un bien o recurso natural ambiental migratorio “interjurisdiccional” del patrimonio nacional—, ampliándose la denuncia de forma solidaria sobre Liu Zhijiang.
El fallo definitivo y el embargo del buque
Tras analizar el informe del Consejo Federal Pesquero y del INIDEP, el Tribunal dictaminó el 31 de mayo que los demandantes resultaron víctimas de un hecho “antijurídico, ilícito, cuasi delictual”, constituido por la captura y apropiación ilegal, intencional y maliciosa para beneficio propio de un recurso que es patrimonio de toda la comunidad. El fallo ratificó que las acciones de Prodesur revistieron suma gravedad al contrariar deliberadamente la política de protección ambiental.
Finalmente, tal como ya se ha señalado, el juzgado determinó el embargo del barco. La resolución judicial exige que Prodesur pague una suma equivalente al valor del mercado internacional de las 175 toneladas capturadas ilícitamente, sumado al costo de recomposición del ambiente dañado más un monto por daño punitivo.
Hoy el buque Tai An de bandera argentina se encuentra legalmente inmovilizado por la justicia federal; Pablo Ferrara Raisberg no es bienvenido a los Estados Unidos quien le retiró su visa; Julián Suárez, renunció como director de Control y Fiscalización Pesquera y el gobierno de Javier Milei sumó otro caso de corrupción a su gestión. De lo que no se tiene noticias es que Estados Unidos haya sancionado al empresario norteamericano Barry Markman, CEO de Mark Foods, pieza clave en la trama corrupta y cómplice de un daño gravísimo para la preservación de la merluza negra en los mares australes.
