Foto: directivos de Navitas Petroleum festejan el logro de la Decisión Final de Inversión en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (diciembre de 2025).
Publicamos un pormenorizado informe de Guillermo Carmona y Jorge Poblette que revela el avance alarmante del yacimiento León Marino (Sea Lion) en la Cuenca Norte y el papel clave de las inversiones israelíes, británicas y estadoundenses en el saqueo de los recursos hidrocarburíferos argentinos de Malvinas. El colapso de la actividad petrolera en el Mar del Norte empuja la urgencia británica por extraer el primer barril en 2028, ante una preocupante inacción del mileismo que compromete el futuro del Atlántico Sur.
El Atlántico Sur enfrenta su mayor desafío soberano desde la década de 1970. El inminente paso de la fase de exploración a la de explotación comercial en el yacimiento León Marino (Sea Lion), ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, marca un punto de inflexión crítico que busca consolidar económicamente el colonialismo británico en el territorio argentino ilegalmente usurpado. El informe elaborado por los especialistas Guillermo Carmona y Jorge Poblette (Agosto de 2026) ofrece una radiografía urgente sobre esta amenaza estructural, estructurándose en tres ejes analíticos principales y un plan de acción estatal indispensable para frenar el saqueo.
I. El petróleo como factor de consolidación colonial
El primer bloque del informe detalla cómo las reservas de hidrocarburos modificaron la estrategia diplomática británica en la Cuestión Malvinas tras la publicación de los informes de la Universidad de Birmingham (1975) y la misión de Lord Shackleton (1976). El petróleo se convirtió en el “nuevo factor” que alejó a Londres de las negociaciones de soberanía. El posterior fracaso y denuncia en 2007 de la Declaración Conjunta de Cooperación de 1995 —debido a las licitaciones unilaterales británicas— dio inicio a una serie de campañas de perforación que culminaron en el descubrimiento de Sea Lion en 2010.
II. El andamiaje legal argentino frente a la ilegalidad
El informe analiza la contundente respuesta jurídica e institucional que la Argentina ha desarrollado históricamente para defender sus recursos de la plataforma continental. A través de la Ley 26.659, se prohíbe y sanciona con inhabilitaciones de hasta 20 años a cualquier empresa que participe directa o indirectamente en actividades petroleras no autorizadas. Asimismo, la Ley 26.915 penaliza estas acciones con penas de hasta 15 años de prisión para directivos y multas corporativas equivalentes a millones de barriles de crudo. Bajo este marco, el Estado argentino declaró clandestinas y sancionó a operadoras históricas como Rockhopper, Desire y, notablemente, a la israelí Navitas Petroleum en 2022 con la inhabilitación máxima. El caso penal hoy tramita bajo el fuero del Juzgado Federal de Río Grande, desde donde se impulsan exhortos y pedidos de captura contra los directivos de la petrolera.
III. La red de dinero de Sea Lion y el avance del proyecto
El tercer eje profundiza en la ingeniería financiera y corporativa actual. Tras la retirada por descarbonización de la británica Harbour Energy, la israelí Navitas Petroleum asumió el 65% de participación como operadora en 2022 por el valor nominal de un dólar. En diciembre de 2025, se anunció la Decisión Final de Inversión (FID) con un presupuesto de USD 2.100 millones para la Fase 1.
Este capital no proviene de fondos propios, sino de un complejo entramado de fondos de pensión israelíes (recaudando USD 368,4 millones en la Bolsa de Tel Aviv), crédito bancario garantizado por las propias reservas bajo el lecho marino (Reserve-Based Lending) de USD 1.000 millones, un acuerdo de preventa de USD 100 millones con la comercializadora suiza Trafigura, y el respaldo de la banca comercial israelí. Con la mira puesta en extraer el primer barril (First Oil) a principios de 2028 y producir 50.000 barriles diarios para 2032, la administración colonial ya monta infraestructura física clave: un puerto flotante en 2027, hoteles modulares y helipuertos.
La ecuación geopolítica y la inacción estatal
La urgencia por perforar responde a la agonía del Mar del Norte, cuyas reservas británicas cayeron un 80% desde el año 2000. Malvinas representa la oportunidad del Reino Unido para recobrar independencia energética y, peor aún, autofinanciar la ocupación militar de la Base Aérea de Monte Agradable mediante regalías proyectadas en £280 millones anuales para 2034, liberando al presupuesto metropolitano de esa carga. Ante esto, el informe denuncia la alarmante pasividad del gobierno de Javier Milei y propone una serie de medidas recomendadas urgentes:
- Extender sanciones administrativas y penales a toda la red financiera, aseguradora y logística que sostenga el proyecto.
- Notificar formalmente a las Bolsas de Valores de las consecuencias legales y penales.
- Acción diplomática agresiva en foros internacionales (ONU, Cuarta Comisión de Descolonización) y reclamos formales ante el Estado de Israel por la impunidad de Navitas.
- Restringir inversiones en territorio continental argentino a corporaciones de países que participen en el saqueo de Malvinas, denunciando la incongruencia de abrirles la puerta mediante beneficios como el RIGI.
